Polo Ciudadano
Leyes de una moratoria: una de cal y otra de arena
El presidente Laurentino Cortizo, forzado por la presión popular,
que realizó más de 50 protestas callejeras en comunidades la última semana de
abril y el pailazo generalizado del domingo 3 de mayo, por un lado; por otro,
por las denuncias de corrupción sobre compras de respiradores y otros insumos
para combatir la COVID-19, en las que la ciudadanía pedía la renuncia del
vicepresidente José Gabriel Carrizo; se vio obligado a firmar parcialmente la
moratoria de deudas y pagos a servicios públicos que exigíamos las
organizaciones populares para aliviar un poco la crítica situación económica de
miles de familias trabajadoras afectadas por la pandemia de la COVID.
Ha sido una victoria parcial porque Cortizo sancionó el proyecto
de Ley 295, relativo a la moratoria en el pago de servicios públicos, como
agua, luz, telefonía y la cancelación de los lanzamientos de familias que no
puedan pagar sus alquileres de vivienda en estas circunstancias. Todo lo cual
es un alivio que la gente celebró con justificada razón, pero que no ha sido un
regalo del gobierno, sino producto de la presión popular.
Pero el presidente NO firmó el proyecto de Ley 287, relativo al
pago de hipotecas, préstamos, tarjetas de créditos, etc. Al contrario,
Laurentino Cortizó anunció su veto a este último proyecto de ley para regocijo
de los banqueros que controlan la economía panameña.
En lugar de sancionar la Ley 287, Cortizo agachó la cabeza frente
al poder económico del sector financiero, que en todo momento se negó
rotundamente a ser regulado por el estado bajo ninguna forma. Lo que se
presentó al país, en vez de una ley, fue un “acuerdo” de la Asociación Bancaria
Nacional que establece una moratoria hasta diciembre próximo.
La moratoria acordada por los banqueros, sin duda es un alivio
para asalariados que han perdido sus empleos, para profesionales y PYMES que se
encuentran paralizados. Pero este alivio de las deudas es momentáneo, parcial y
controlado por los propios bancos ante los cuales hay que acudir a negociar
individualmente las nuevas condiciones.
Conviene tener presente que, a partir de enero, los deudores
deberán enfrentarse a los pagos correspondientes a 2021 más el acumulado del
capital e intereses de 2020, al margen de si han conseguido recuperar sus
empleos o restaurado sus negocios a la normalidad.
El regalo para los banqueros ha sido enorme, porque el presidente
anunció que los “sacrificios” que supuestamente harían con la moratoria hasta
diciembre sería resarcido con 500 millones de dólares de un préstamo del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el cual terminaremos pagando todos los panameños
y panameñas.
Tómese en cuenta que ya el gobierno de Cortizo, a inicios de la
crisis del COVID-19, permitió a los banqueros usar B/. 1,300 millones del fondo
de reserva para responder por los depósitos de los ahorristas dejando a estos
sin ese respaldo y que, además la banca panameña había anunciado que el año
2019 había obtenido utilidades por más de B/. 1,800.00 millones. Es decir,
sacrificio para los banqueros ninguno, para el pueblo todo.
Ante las protestas barriales por el ineficiente y politiquero
manejos de las ayudas del Plan Panamá Solidario, con bonos y bolsas mal
repartidas pese a que no alcanzan para una canasta básica de alimentos, el
gobierno agilizó el pago del “vale solidario” mediante la cédula personal a
decenas de miles de personas, aunque sigue sin llegar a otras decenas de miles
que lo necesitan. Una de cal y otra de arena.
No olvidamos
que estos logros parciales son una victoria de miles de pobladores que se
echaron a las calles, pese al temor al contagio, a exigir al gobierno una
respuesta acorde con el drama del momento que se vive. No olvidemos que varias
de esas protestas fueron duramente reprimidas y sus participantes
judicializados, lo cual va a requerir una campaña de solidaridad para que se
levanten los procesos.
Se evidencia
que un sistema de explotación de clase como el capitalista es incapaz de
practicar la solidaridad humana ni siquiera en situaciones trágicas como las
que está padeciendo la humanidad en estos momentos con la pandemia. Los
capitalistas siempre buscan sacar ventajas y hacer negocios a costa de la salud
pública, ya vendiendo con sobrecostos medicinas y equipos médicos, ya sea pasando
la factura a los salarios de la clase trabajadora.
Una vez más
queda demostrado que solo tendremos una sociedad solidaria y humana si sacamos
a los oligarcas corruptos del poder e instauramos un gobierno que responda a
las demandas de los explotados.
¡La lucha continúa!
Panamá, 8 de
mayo de 2020.
