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El 10 de octubre
de 1947, Gendarmería cometió una matanza en las comunidades indígenas de
Formosa. El recuerdo sobrevivió en la región, pero el Estado nunca pidió
disculpas. El juicio comenzó hace doce años aunque no avanza.
Fue en la tarde del 10 de octubre de 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. La Gendarmería Nacional abrió fuego sobre comunidades indígenas en Formosa. Cientos de pilagá asesinados, violaciones de mujeres, muerte de ancianos y niños. La matanza fue invisibilizada durante años, pero permaneció en la memoria regional como la “masacre de Rincón Bomba”. El pueblo pilagá nunca olvidó, ni perdonó. Ningún gobierno pidió perdón ni propuso reparación. Ninguno de los tres poderes de Estado dio respuesta, y el juicio lleva doce años cajoneado. Hoy, a 70 años de la masacre impune, el pueblo pilagá reitera: “La memoria sigue, solo falta justicia”.
Luciano Córdoba
(su nombre indígena era Tonkiet) era un sanador para los pilagá. Su presencia
convocaba a cientos de indígenas. Y así sucedió a inicios de octubre de 1947,
cuando las comunidades originarias se movilizaron hasta el paraje La Bomba (en
las afueras de Las Lomitas) en busca de sanación.
La Gendarmería
Nacional, bajo el falso argumento de “malón”, llegó hasta el lugar y fusiló con
rifles y ametralladoras. Incluso un avión disparaba y asesinaba pilagá desde
los cielos. No fue solo el 10 de octubre, al menos 20 días duró la matanza. Los
gendarmes persiguieron a los indígenas hasta monte adentro, los fusilaban y
violaban a las mujeres y niñas. A los heridos los dejaban morir sin atención
médica ni agua. Hubo cientos de detenidos, que fueron trasladados a las
colonias de Bartolomé de Las Casas y Francisco Muñiz, que funcionaron como
campos de concentración, donde fueron obligados a trabajo esclavo, 134 años
después de ser abolida la esclavitud en Argentina.
“Para nosotros,
hace más de 500 años la justicia es muy lenta. Ya han muerto la mitad de los
testigos de esta terrible matanza. Nos sentimos profundamente tristes ya que
hemos esperado 12 años desde que iniciamos la demanda judicial. Nos entristece
ver que nosotros, como pueblo pilagá, hemos esperado mucho para ver un juicio
que se posterga durante años. Queremos justicia para los ancianos que ya no
están y para los que aún esperan con su salud frágil, como así también para los
hijos y nietos de los sobrevivientes”, denunció la Federación Pilagá en abril
pasado, ante el fallecimiento de uno de los acusados, Carlos Smachetti, de la
Fuerza Aérea, que ni siquiera fue llamado a declarar en la causa.
Valeria Mapelman
es la no-indígena que más ha hecho para visibilizar la matanza de Rincón Bomba.
Realizadora del documental y el libro “Octubre Pilagá. Relatos sobre el
silencio”, acompaña a las comunidades indígenas desde hace más de una década y
realizó una investigación detallada que confirmó la decisión política de
asesinar a los pilagá, dejó en evidencia que el malón no existía y perforó el
silencio mediático que ocultaba el asesinato masivo de indígenas.
“La masacre de La
Bomba no es un hecho aislado, se inscribe en un proceso genocida, y convive con
otros hechos similares. Este proceso no tiene una fecha de caducidad y podemos
ver su continuidad en la falta de reconocimiento de las víctimas como tales, la
falta de acceso a la justicia, y el silenciamiento de estos casos que ni siquiera
cuentan con el acompañamiento de organismos de derechos humanos y ONG. El pueblo
pilagá jamás recibió ningún reconocimiento oficial por los crímenes sufridos.
Sin embargo sus memorias han logrado penetrar la historia oficial. Ancianos y
ancianas atestiguaron y transformaron la historia probando que la prensa de la
época y el relato de Gendarmería que los acusaba de haber realizado un ‘malón’
era totalmente falso”, afirmó Mapelman.
La investigadora
detalló que el ministro de Guerra, Humberto Sosa Molina, ordenó la movilización
de tropas, incluso el despegue de un avión desde El Palomar. Fue una decisión
política del gobierno. Los efectivos contaban con fusiles y ametralladoras
pesadas que disparaban hasta 5000 balas por minuto. De la reconstrucción que
realizó Mapelman junto a los ancianos pilagá estiman que había unas 4000
personas y escaparon 500. “Falta saber qué pasó con 3500 personas”, alertó. Es
el trabajo que debiera hacer el Estado, para determinar el número de víctimas.
Se hallaron tres fosas comunes pero se abrió solo una, y se encontraron 27
cuerpos. El pueblo pilagá afirma que fueron “cientos” de asesinatos.
“La masacre de La
Bomba fue ocultada porque como tantas otras masacres contra pueblos originarios
es la vergüenza de una Nación. Se ocultó también para encubrir a los asesinos y
sus cómplices”, alertó Mapelman.
Denunció la demora
del juicio y destacó la lucha de los pilagá, pilar fundamental para visibilizar
el crimen. Un ejemplo de esa resistencia es la recuperación territorial que hicieron
las comunidades pilagá Oñedie y Penqole. Luego de la matanza de 1947,
Gendarmería Nacional se apropió del territorio indígena que fue epicentro de
los asesinatos, en Las Lomitas. Las comunidades indígenas volvieron a su lugar
ancestral. “Aquí la sangre pilagá fue derramada”, solía resumir Julio Suárez,
abuelo indígena, sobreviviente de la matanza, que dedicó sus años a recordar y
difundir lo sucedido.
En el mismo lugar
hoy habrá conmemoración de la masacre.
