Boaventura de
Sousa Santos
www.pagina12.com.ar / 300917
El referéndum de
Catalunya del próximo domingo formará parte de la historia de Europa y
ciertamente por las peores razones. No voy a abordar aquí las cuestiones de
fondo que, según las diferentes perspectivas, pueden leerse como cuestión
histórica, cuestión territorial, cuestión de colonialismo interno o como una
cuestión más amplia de autodeterminación. Son las cuestiones más importantes
sin las cuales no se comprenden los problemas actuales. Sobre ellas tengo una
modesta opinión.
Es una opinión que
muchos considerarán irrelevante porque, siendo portugués, tengo tendencia a
tener una solidaridad especial con Catalunya. En el mismo año en que Portugal
se liberó de los Felipes, 1640, Catalunya fracasó en los mismos intentos. Por
supuesto que Portugal era un caso muy diferente, un país independiente hace más
de cuatro siglos y con un imperio que se extendía por todos los continentes.
Pero, a pesar de ello, había cierta afinidad en los objetivos y, además, la
victoria de Portugal y el fracaso de Catalunya están más relacionados de lo que
se puede pensar. Tal vez sea bueno recordar que la Corona española solo
reconoció la “declaración unilateral de independencia” de Portugal veintiséis
años después.
Sucede que, siendo
estas las cuestiones más importantes, lamentablemente en este momento no son
las más urgentes. Las cuestiones más urgentes son las cuestiones de la
legalidad y la democracia. Me ocupo aquí de ellas por ser del interés de todos
los demócratas de Europa y del mundo. Tal como fue decretado, el referéndum es
ilegal a la luz de la Constitución vigente del Estado español y, como tal, en
una democracia, no puede tener ningún efecto jurídico. Por sí mismo no puede
decidir si el futuro de Catalunya está dentro o fuera España. Podemos tiene
razón al declarar que no acepta una declaración unilateral de independencia.
Pero la complejidad emerge cuando se reduce la relación entre lo jurídico y lo
político a esta interpretación.
En las sociedades
capitalistas y profundamente asimétricas en que vivimos, siempre hay más de una
lectura posible de las relaciones entre lo jurídico y lo político. La oposición
entre ellas es lo que distingue una posición de izquierda de una posición de
derecha frente a la declaración unilateral de independencia. Una posición de
izquierda sobre las relaciones entre lo jurídico y lo político, entre la ley y
la democracia, se basa en los siguientes supuestos.
Primero:
la relación entre ley y democracia es dialéctica y no mecánica.
Mucho de lo que consideramos legalidad democrática en un determinado momento
histórico empezó por ser ilegalidad como aspiración a una mejor y más amplia
democracia. Hay, pues, que dar mucha atención a los procesos políticos en toda
su dinámica y amplitud y nunca reducirlos a su coincidencia con la ley del
momento.
Segundo:
los gobiernos de derecha, sobretodo de la derecha neoliberal, no tienen ninguna
legitimidad democrática para declararse defensores de la ley, dado
que sus prácticas se asientan en violaciones sistemáticas de la ley. No hablo
de la corrupción endémica. Hablo, por ejemplo, de la Ley de Memoria Histórica,
de los Estatutos de autonomía en lo que se refiere a la financiación e
inversión pactada con las Comunidades Autónomas, del cumplimiento fáctico de
derechos reconocidos constitucionalmente, como el derecho a la vivienda, del
recurso a políticas de excepción sin previa declaración constitucional. En
estas condiciones la apelación del gobierno neoliberal al Estado de derecho es
siempre una apelación disfrazada a un Estado de derechas. La izquierda debe
cuidarse de no tener la menor complicidad con esta concepción oportunista de la
ley.
Tercero: la
desobediencia civil y política es un patrimonio inalienable de la izquierda.
Sin ella, por ejemplo, no habría sido posible hace unos años el movimiento de los
indignados y las perturbaciones que causó en el orden público. Desde la
izquierda, la desobediencia debe ser igualmente juzgada dialécticamente, no por
lo que es ahora, sino como una inversión en un futuro mejor. Este juicio sobre
el futuro debe ser hecho no solamente por los que desobedecen (normalmente
pagan un precio alto por ello), sino también por todos los que podrán
beneficiarse de ese futuro mejor. O sea, la pregunta es si del acto de
desobediencia se puede deducir con gran probabilidad que su dinámica es
conducir a una comunidad política más democrática y más justa en su conjunto y
no solamente para los que desobedecen.
Cuarto: el
referéndum de Catalunya configura un acto de desobediencia civil y política y,
como tal, no puede tener directamente los efectos políticos que se propone.
Pero esto no quiere decir que no pueda tener otros efectos políticos legítimos
e incluso que pueda ser la condición sine qua non para que los efectos
políticos pretendidos se obtengan en el futuro mediante futuras mediaciones
políticas y jurídicas. El movimiento de los indignados no logró realizar sus
propósitos de “¡democracia real ya!”, pero no cabe duda de que, gracias a él,
España es hoy un país más democrático. La emergencia de Podemos, de otros
partidos de izquierda autonómica y de las mareas ciudadanas son, entre otras,
prueba de eso mismo.
A partir de estos
presupuestos, una posición de izquierda sobre el referéndum de Catalunya podría
consistir en lo siguiente. En primer lugar, declarar inequívocamente que el
referéndum es ilegal y que no puede producir los efectos que se propone
(declaración hecha). En segundo lugar, declarar que ello no impide que el
referéndum sea un acto legítimo de desobediencia y que, aun sin tener efectos
jurídicos, el pueblo de Catalunya tiene todo el derecho a manifestarse
libremente en el referéndum (declaración omitida). Y que esta manifestación
constituye en sí misma un acto político democrático de gran transcendencia en
las actuales circunstancias.
La segunda
declaración sería la que realmente distingue una posición de izquierda de una
posición de derecha. Y tendría las siguientes implicaciones. La izquierda
denunciaría al gobierno español en las instancias europeas y lo demandaría
judicialmente ante los tribunales europeos por violar la Constitución al
aplicar medidas de estado de excepción sin pasar por su declaración legal.
La izquierda sabe
que la complicidad de Bruselas con el gobierno español se debe exclusivamente
al hecho de que España está gobernada en estos momentos por un gobierno de
derecha neoliberal. Y también sabe que defender la ley sin más, es moralista y
sin ningún efecto, pues, como afirmé arriba, bien sabemos que la derecha
neoliberal (como la que está ahora en el poder en España) solo respeta la ley
(y la democracia) cuando sirve a sus intereses.
La izquierda
social y política se organizaría para viajar en masa y desde todas las regiones
del Estado español a Catalunya el domingo para apoyar presencialmente en las
calles y plazas a los catalanes en el ejercicio pacífico de su referéndum y ser
testigo presencial de la eventual violencia represiva del gobierno español.
Buscaría la solidaridad de todos los partidos de izquierda de Europa,
invitándolos a viajar a Barcelona y a ser observadores informales del
referéndum y de la violencia, en caso de que esta se produjera. Se manifestaría
pacífica e indignadamente (repito, indignadamente) por el derecho de los
catalanes a un acto público pacífico y democrático. Documentaría minuciosamente
y presentaría queja judicial de todos los actos de violencia represiva. Si el
referéndum resultara violentamente impedido, quedaría claro que lo habría sido
sin ninguna complicidad de la izquierda.
Al día siguiente
del referéndum, cualquiera que fuera el resultado, la izquierda estaría en una
posición privilegiada para tener un papel único en la discusión política que se
seguiría. ¿Independencia? ¿Más autonomía? ¿Estado federal plurinacional? ¿Estado
libre asociado distinto de la caricatura que trágicamente representa Puerto
Rico?
Todas las
posiciones estarían sobre la mesa y los catalanes sabrían que no necesitarían
las fuerzas de derecha locales, que históricamente siempre se coludieron con el
gobierno central contra las clases populares de Catalunya, para hacer valer la
posición que la mayoría entendiera ser mejor. Es decir, los catalanes, los
europeos y los demócratas del mundo conocerían entonces una nueva posibilidad
de ser de izquierda en una sociedad democrática plurinacional. Sería una
contribución de los pueblos y naciones de España a la democratización de la
democracia en todo el mundo.
