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Sambo Creek, agosto 15 de 2017.-
Como era de esperar, en un país donde impera la democracia zombi, el Congreso
Nacional con su abrumadora mayoría “nacionalista”, aprobó la Ley de Fomento al
Turismo (LFT), elaborada por la Consultora
Mckinsey. Sin mayores cambios el anteproyecto presentado en el
hemiciclo por el actual mandatario Juan Orlando Hernández, será publicado el
día de hoy en la Gaceta Nacional. El actual gobierno demuestra una vez más su
tendencia a subastar el país, como ya intentaron con las fracasadas ciudades
modelo, las que tratan de resucitar a través del Programa Honduras 2020.
La LFT incluye además de los
incentivos fiscales, y la subasta de los territorios indígenas, la entrega
entre otros de las áreas protegidas, parques nacionales, refugios de vida
silvestre, parques arqueológicos, en las cuales empresarios del rubro podrán
efectuar “inversiones puntuales”.
Según lo manifestado por los
diputados, las leyes nacionales contemplan la expropiación forzosa, lo cual
indica que las obras de “utilidad y necesidad pública” puedan dar lugar a
expropiaciones, tal como lo señala el artículo 2 de la Ley Expropiación
Forzosa (1913).
La comunidad garífuna de Río Negro,
Trujillo, fue demolida entre el 2009 al 2010, amenazando a la población de
utilizar la vetusta ley, para que el rey del porno canadiense, construyera un
centro de recepción de un muelle de Cruceros, bautizado como el Banana Coast.
Con la aprobación del LFT pretenden
solidificar la nueva estrategia de la actual administración Honduras 2020, la
que aparentemente cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y promueve entre otras la supuesta creación de más de medio millón de
puestos de trabajo, en un país con una tasa de desempleo
según del FOSDEH del 49% y una decrépita inversión extranjera directa
que ha decaído estrepitosamente después del golpe de estado.
Organismos
financieros y la disolución de la propiedad comunitaria
Desde el año 2004, cuando fue
emitida la ley de propiedad auspiciada por el Banco Mundial, las lumbreras
encargadas de elaborar la ley, convenientemente redactaron el artículo 100 del capítulo
III, con el cual se da inicio al proceso de diluir la propiedad comunitaria, la
que ha permitido resguardar los exiguos territorios de las comunidades garífunas.
El Banco Mundial (BM), de la misma
manera que el BID, ha promovido la disolución de la propiedad comunitaria en
todo el orbe, a través de los programas de administración de tierras, que han
tenido un severo impacto sobre todo en África, situación que ha dado lugar a
millones de indígenas
desplazados como resultados de las políticas del BM.
Con el advenimiento de la dictadura
en el 2009, las agresiones contra los territorios de las comunidades garífunas
se intensificaron, hasta el punto que entre el 2009 al 2010, la comunidad de
Río Negro fue demolida. Los habitantes de Río Negro -uno de los primeros
asentamientos garífunas en Honduras- fueron amenazados de expropiación forzosa,
y ante el enrarecido ambiente que prevaleció en Honduras como resultado del
golpe, además de la ausencia de un estado de ley en el país, muchos de los
presionados procedieron a vender sus casas a precio de “gallo muerto”. El
efecto dominó de la demolición de Río Negro, se expandió por toda la Bahía de
Trujillo, a pesar que se habían presentado las denuncias pertinentes al
Ministerio Público, los proyectos inmobiliarios propiedad de extranjeros se
apoderaron de buena parte de la bahía, hasta el punto que hoy se le conoce como
“Little Canada”.
Existen casos probados de
desmembramientos de las comunidades a través de patronatos falsos o impuestos
por las municipalidades, tal como el caso de Laguna Negra en Triunfo de la Cruz
y las usurpaciones ilegales de tierras en la bahía de Trujillo.
Estado y
Crimen Organizado
La costa norte de Honduras es parte
esencial del Honduras 2020, especialmente las comunidades garífunas, que desde
hace más de dos décadas, son objetivo de especulación inmobiliaria por parte de
empresarios nacionales y extranjeros, además del crimen organizado el que viene
controlando vastos sectores del país y maneja hasta la fecha municipalidades y
juzgados.
La Consultora Mckinsey parece ser
que en sus análisis ha descartado el trasfondo del fracaso del turismo en
Honduras, rubro que crece en un porcentaje mucho menor al de los países
vecinos, los que a pesar de presentar características similares en cuanto a
pobreza y violencia, han tenido un crecimiento sostenido del rubro. La clave
radica en que la putrefacción estatal no llega al nivel de Honduras. donde
parte de la élite política del país es reclamada por la Fiscalía de Nueva York
como cómplice en el narcotráfico.
El informe de la Carnegie Endowment
for International Peace intitulado “Cuando la
corrupción es el sistema operativo: el caso de Honduras”, saca a
flote una de las razones primordiales del escaso crecimiento económico del
país. Las medidas recomendadas por la cuestionada Consultora Mckiney, afectarán
enormemente a los pueblos indígenas que habitamos en Honduras, los que nos
veremos expuestos a una intensificación de los despojos, persecución y
encarcelamiento de líderes opositores a los planes de “desarrollo”.
La bahía de Trujillo y los despojos
cometidos en contra de la población garífuna han sido apadrinados por un serie
de personajes macabros asociados a los partidos políticos en el país. Si bien
han sido mencionados en las audiencias efectuadas en los juzgados de Nueva
York, el Ministerio Público en Honduras aparentemente descarta emprender acción
alguna en contra de los caciques que han dominado la bahía de Trujillo.
Áreas
protegidas en subasta
El artículo 3 de la LFT es muy
preciso en indicar que las 91 áreas protegidas que existen en Honduras, pueden
ser objeto de intervenciones promovidas por la industria turística. Por
supuesto que los proyectos serán disfrazados como turismo sostenible.
Buena parte de las áreas protegidas
existentes se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas, a
los que no se nos ha reconocido la tenencia de dichos territorios justificándose
el estado la inacción en nombre de la conservación.
De las 47 comunidades garífunas que
existen en Honduras, 28 de ellas encuentran dentro de las zonas núcleo o de
amortiguamiento de las áreas protegidas. Tenemos presente cómo se han dado
desplazamientos silentes de comunidades ante la implementación de planes de
manejo inconsultos. Basta recordar el caso de las comunidades garífunas de
Cuero y Salado, expulsadas de su hábitat a inicios de la década de los años 90.
Situación que trataron de replicar en el año 1994, cuando el Instituto Smithsoniano
firmó un contrato para el manejo del Parque Nacional Cayos Cochinos, donde el
magnate de los asbestos y director de la supuesta fundación ecológica AVINA, el
Sr. Stephan Schmidheiny había adquirido una serie de islotes.
En el caso de
cayos Cochinos – el que se encuentra a punto de llegar a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos- se puede vislumbrar lo que sucederá con las
poblaciones indígenas que se encuentran dentro de las áreas protegidas a
subastar. Desde hace más de una década se viene dando una oleada de turismo en
el archipiélago donde encuentran ubicadas tres comunidades garífunas, Los
constantes tours, además de los realities shows televisivos, poco o nada aportan económicamente a las
comunidades garífunas.
El Honduras 2020 además de no haber
sido consultado con los pueblos indígenas y exponer nuestros territorios a ser
expropiados, nos están convirtiendo en mercancía bajo el rótulo de culturas
vivas. La capacidad de distorsión de la actual administración ha llegado al
extremo que el Sr Emilio Silvestri, director del Instituto Hondureño de Turismo
aseveró en
una entrevista que “la ley no solo es de incentivos fiscales, sino
que viene a configurar varios elementos necesarios para impulsar la industria,
como la protección de los diferentes grupos étnicos del país”. Silvestri
asegura que las culturas de los pueblos indígenas, a las que denomina cultura
vivas – probablemente en contraposición con la cultura dominante, la que se
encuentra muerta- forma parte de las mercancías que ofrecerá el país en su
acelerada subasta a los empresarios el turismo.
Con la aprobación de la LFT, el
Estado violó no solamente el Convenio 169 de la OIT, en relación a no haber
efectuado consulta previa alguna; además de transgredir el Convenio de
Diversidad Biológica, al colocar las áreas protegidas como lugares disponibles
a la inversión turística.
