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Los pescadores del lago más grande de Guatemala se ven afectado por una
contaminación preocupante. La mina más grande de extracción y transformación de
níquel de América Latina, la sulfúrica CGN-Pronico, es señalada por los
pobladores. En mayo pasado, en pleno territorio q’eqchi’, el segundo bloqueo de
camiones de la empresa suiza se volvió un drama: la policía mató a un pescador.
“Cuando mi marido se fue a la reunión de los pescadores no sabía que
había tantos policías… De pronto comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y de
una vez a disparar. Cuando salió de la casa no pensó que sería peligroso… Se
fue y no volverá jamás”. Cristina Xol Pop se deshace en lágrimas. El padre de
su hijo de 8 años, un pescador de 27 años originario de El Estor fue asesinado por un policía el pasado 27 de mayo. Una bala al
pecho disparada a menos de 40 metros, delante de decenas de testigos que
estaban ahí para bloquear el paso a los camiones de níquel. La Policía Nacional
Civil reportó que al menos cinco de sus agentes sufrieron heridas durante ese
incidente.
Carlos Maaz Coc formaba parte de la Gremial de Pescadores de El Estor.
Como él hay cientos de pescadores artesanales que todas las noches navegan en
su lancha por las aguas del lago de Izabal para hacerse de unos cuantos
quetzales. La mejor de las pescas les aportará hasta Q34 la libra. Nada con lo
que se pueda hacer fortuna. La casa de Carlos Maaz Coc está hecha de tablas
apiladas. Tiene una mesa adentro, una cama y tres sillas plásticas afuera, una
para cada miembro de la familia. Un poco de pollo y nada más. Nada superfluo.
Aquí, como para la mayoría de habitantes indígenas q’eqchi’ de El Estor, el
dinero siempre falta.
Cuando los pescadores perciben capas espesas y
rojas en las aguas del lago, se preocupan. Y aunque regularmente se pierden
sobre las playas de El Estor y se confunde con la basura que no recogen, ya
nadie pone mucho caso a ese fenómeno. Pero ellos sí se alarman.
“Aprendí a pescar con mi padre cuando era un niño. No he cambiado nada a
mi forma de pescar y todo el mundo sigue haciéndolo igual. ¡Y nunca habíamos
visto algo así!”, explica Luis García de 42 años, cuyo hijo menor de 11 años
sueña con ser pescador. “¡Hasta las fuentes de agua cuenca arriba dejaron de
ser claras! ¿Qué es esta contaminación?”, se pregunta Eduardo Bin, portavoz de
la Gremial de Pescadores, quien pide directamente “que se cierre la mina”.
El lago de Izabal es el más grande de Guatemala y su ribera alberga
áreas protegidas donde la biodiversidad sirve de ejemplo. Sin embargo, frente a
El Estor la empresa de aceite de palma africana Natur/Aceites vierte a diario
aguas servidas al lago. Y a seis kilómetros al norte, sobre la misma ribera, se
encuentra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN)-Pronico. Visto de fuera, son
dos chimeneas de varias decenas de metros de alto que human las 24 horas del
día los siete de días de la semana, una montaña expuesta para su minera y un
canal privado que va de la empresa al lago. ¿Qué vierte ese canal? ¿Agua
contaminada?
“El agua que se usa en el procesamiento es para enfriar el sistema, no
existe ningún proceso químico en la separación del ferroníquel y el agua se
descarga en el lago de Izabal sin ninguna alteración”, afirmaba el 2 de junio
de 2014 Erick Archila, entonces ministro de Energía y Minas del partido
Patriota y hoy prófugo de la justicia. En mayo pasado un responsable técnico de
la mina dijo a un periodista local que únicamente utilizan agua de lluvia y que
ésta se reciclaba al infinito. De este modo, el agua se reutilizaba en permanencia
y se evitaba cualquier expulsión al lago. En ese caso, ¿cuál sería la utilidad
del canal? ¿Qué pasa con los sulfatos, el aluminio, el nitrato, el amonio y el
cloro utilizados en la mina?
CGN-Pronico necesita mucha agua. La empresa no sólo extrae (deforesta y
excava) del suelo el metal del diablo, como se conocía al níquel en la
antigüedad. Su punto fuerte es la transformación del metal en ferroníquel: una
mezcla de 65% de hierro y 35% de níquel. Por eso, el consorcio Solway Group,
con sede en Suiza, compró en 2011 la empresa a los canadienses de HMI Nickel
Inc (fusión de Skye Resources y Hubday Minerals) por US$250 millones menos del
precio por el que fue adquirida. Con ambición clara, Solway Group pretende ser
el primer productor de ferroníquel de toda América Latina.
Entre mayo 2007 y diciembre 2008, el precio del níquel se desplomó con
la crisis mundial de materias primas: -81%. El curso del metal no se repondrá
enteramente y la competencia china impone a los metalúrgicos girar hacia el ferroníquel.
Lograr esto supone imponer inversiones importantes que los canadienses no están
dispuestos a hacer, entre otras causas, por estar atados de manos por la
controversia en relación a las comunidades indígenas locales y los procesos
jurídicos internacionales.
El metal del diablo despoja a los q’eqchi’ de su
tierra
En 2004 el gobierno otorgó una nueva licencia de explotación a la
CGN-Pronico por 40 años y se retiró progresivamente del capital financiero (hoy
el Estado mantiene únicamente 1.8%). Esto sin consultarlo a la población como
ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los
canadienses destacan la falta de títulos de propiedad de un territorio cuyos
habitantes no los tienen y nunca los han tenido, por ser de propiedad
ancestral. Un musculoso equipo de seguridad privada la hace de policía para
proteger los intereses de la mina, a veces, según los pobladores, en detrimento
de sus derechos. En una zona donde 67% de los habitantes viven fuera del pueblo
y se concentran en comunidades (rurales), en condiciones de pobreza extrema y
donde no todos hablan español: el choque es fuerte.
Los habitantes del Lote 9 recuerdan muy bien a “la empresa”. “En 2006,
vinieron armados y nos peleamos contra ellos tres veces”, cuenta Mariano Caal
Chub’, catequista de 60 años. La comunidad decidió entonces separarse en dos;
la mitad se fue a vivir en la parte codiciada por la empresa”, y la otra mitad
se quedó. Sigue: “Si los dejamos, nos quedamos sin nada. Sembramos milpa,
naranjas, bananos, cardamomo”. A sus 36 años Arturo Maz Pop también se siente
orgulloso de la decisión que tomó su comunidad. “Venimos aquí para proteger
nuestro territorio, nuestras riquezas naturales. Es la tierra de mis abuelos.
Yo nací aquí, crecí aquí y quiero que mis hijos sigan aquí”, dice.
Su líder, Rodrigo Tot, le pagó su tierra al Estado. Pero, hecho
inesperado, la página en la que estaba inscrito su pago fue arrancada,
desaparecida. Y después de 43 años de lucha jurídica que llegó hasta la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y el asesinato de su hijo, en abril pasado
recibió el Premio de Medioambiente Goldman, aunque el Lote 9 siga sin su título
de propiedad.
El 8 de enero de 2007 el barrio La Unión vio llegar a 450 policías y 250
soldados para desalojar a sus centenares de habitantes, considerados ocupantes
ilegales. Uno de ellos gritaba “¿a dónde vamos a ir? Nosotros somos de aquí.
Somos los dueños de la tierra, no la compañía. La compañía es extranjera.
Tenemos derecho de vivir aquí. Somos indígenas, somos q'eqchi’, somos dueños de
nuestra tierra. Ellos hacen nuestro desalojo. Vamos a desalojar la compañía”. Al
día siguiente quemaron decenas de casas de otra comunidad. La población está
traumatizada y la lucha por el cierre de la mina comienza en medio de una
cólera que no calla.
El 17 de enero de ese año, un grupo de hombres que vestía los uniformes
de seguridad de la CGN, violaron a 11 mujeres de la comunidad del Lote 8. A
ellas les tomará años antes de poder hablar y denunciar.
La CGN demandada aquí y en Canadá
“En abril de 2009 se firmó un acuerdo para facilitar el regreso
voluntario de los ocupantes ilegales a sus hogares en el pueblo cercano de Las
Nubes”, afirma CGN. El 27 de septiembre de 2009 una nueva reunión a propósito
del mismo tema marcó un poco más la fractura que existe entre los dos mundos.
Los enfrentamientos estallan. Adolfo Ich, líder del barrio La Unión, fue
asesinado frente a la mirada de su hijo. German Chub’, un agricultor de 22
años, fue herido de bala. Él se dirigía a ver un partido de fútbol. Hoy es
parapléjico. El jefe de seguridad de CGN, el exmilitar Mynor Ronaldo Padilla
González, fue acusado de esos hechos. Lo capturaron en 2012, después de tres
años de escapar de la justicia.
“El proceso duró dos años en Puerto Barrios. Y las víctimas fueron
criminalizadas. La jueza se disculpó incluso con Padilla. Lo dejaron libre en
abril pasado”, explica Grahame Russel, responsable de la ONG Rights Action.
Se trata de la jueza Ana Leticia Peña Ayala, presidenta de Tribunal de
Sentencia Penal de Izabal, quien en abril pasado lo desligó del proceso.
Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Ontario, en Canadá, ordenó
en 2013 iniciar proceso penal en contra de Hudbay Minerals, subsidiaria de CGN
cuando ocurrieron los hechos, como responsable de la conducta de sus agentes en
Guatemala. “Es una primera acción en la historia del país. Las empresas no
podrán actuar bajo impunidad en países corruptos”, señaló Russel.
En El Estor la mayoría de víctimas asegura haber sido abordadas por
miembros de CGN para que retiraran sus testimonios. Uno de los campesinos
recibió cinco visitas. “Las últimas fueron muy directas: ¿por qué no parás ya?
Ellos son poderosos, ellos son muchos y tú no tienes nada”, le insistieron.
Frente a la presión, el campesino mantiene su postura: “ellos tienen que pagar
por el mal que me hicieron. No quiero decir nada más”. Y la presión persiste.
“Dos personas en moto vinieron y me dijeron que los mandaba Padilla y sus
abogados (pagados por CGN). Te pedimos que retires tu denuncia, me dijeron,
aquí y en Canadá y te damos Q13 millones”. Eso sería una fortuna para él que ya
no puede trabajar ni le alcanza para sus necesidades de familia, tampoco recibe
ni un quetzal de ningún organismo y sus hermanos ganan Q50 por día en el campo.
“Yo me negué. Lo que está hecho, hecho está. Ellos
deben también sufrir. Ellos me cortaron mi vida. Estoy postrado en una silla.
Ellos tienen que sentir este sufrimiento. Yo tengo que luchar. Me he negado
repetidas veces. Yo sabía que tratarían de callarme. Mucha gente me advirtió
que la CGN me ofrecería dinero. Pero yo no me callaré. Y si quieren terminar de
matarme, otros hablarán por mí”, dice.
Durante el proceso este campesino se sintió “insultado”. “Sentí que se
burlaban de mí. En la justicia de Guatemala no hay esperanza para nosotros los
indígenas. La justicia no nos ayuda.”
Misma cólera es la que siente Rosa, víctima de la violación colectiva
que ella describe como orden de Mynor Padilla. “La jueza (Peña Ayala) fue muy
racista con el pueblo indígena. Fuimos discriminados. Él (Padilla) salió libre
y es como si nosotros no fuéramos seres humanos”. La fachada de la casa de
Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, fue baleada la noche del 27 de septiembre
del año pasado. “Para mí es un abuso y más aún en tanto mujer indígena. La
justicia en Guatemala es una justicia sucia donde no hay orden. Nosotros sólo
defendemos nuestros derechos”.
“Aquí es la peor mina del mundo”
Solway Group (US$1.3 billones en mayo de 2016) prometió mucho a El Estor
con el apoyo del expresidente Otto Pérez Molina, hoy detenido y procesado por
corrupción. Primero, alrededor de 400 personas rusas y ucranianas (grupo que ya
produce ferroníquel) se instalaron en “la colonia”, aislados del pueblo,
separadas por altos muros, alambre espigado y guardianes armados las 24 horas.
Dentro de esta zona prohibida al público, una clínica de alta calidad. Y la
mano de obra local cuenta únicamente con un centro de salud decrépito y mal
equipado. Diferencias de trato que saben mal, aunque el grupo se jacta de ser
“el empleador más grande dentro la región económica más empobrecida de
Guatemala.”
Frente a sus mecánicos, Milton Gutiérrez selló la puerta, empalagado de
la productividad sin fe ni ley de la dirección ejercida por los rusos, que
además es peligrosa según él. Trabajó 35 años en una decena de minas en África
y América Latina. Según él, esta “es la peor mina del mundo: falta de
seguridad, contaminación, falta de competencia, represión y corrupción son sus
métodos. Es una mafia política y financiera. Hay mucha discriminación. A los
extranjeros se les paga entre US$3 mil y US$5 mil por mes y los guatemaltecos
mejor calificados no ganarán más de Q5 mil. Nuestros equipamientos de seguridad
son mínimos y limitados”. Desde que abrieron la mina, asegura, nunca hubo
controles. “En cambio vi gente borracha trabajar de noche”. En agosto del año
pasado, la explosión de una caldera en la planta dejó seis muertos y un herido.
La planta nunca fue evaluada ni controlada por el ministerio de Trabajo. “Se
contrató a gente sobre demanda, pero sin la formación necesaria para hacer uso
de material nuevo y de baja calidad”, afirma Gutiérrez. “Es pura negligencia”.
No existe ningún sindicato en la empresa y muchos testimonios cuentan
sobre el chantaje de perder su empleo en caso de reivindicaciones. “Nosotros
defendemos los derechos individuales y colectivos de nuestro pueblo, de los
q’eqchi’. Los hombres que trabajaron para la CGN-Pronico describen el uso de la
gente como una estrategia militar”, explica Robin Macloni, director de la
Asociación Defensoría Q’eqchi’.
No fue posible obtener la versión de los ejecutivos de CGN-Pronico sobre
los hechos que se consignan en este reportaje.
La inversión más grande nunca antes hecha en el
país
Cuando Solway Group llegó a Guatemala, la comisión de Energía y Minas
del Congreso estaba en manos de los diputados del partido Patriota. Las
reservas de níquel se estiman a 30 años de explotación. Y “la exportación de
níquel dejará cada año a Guatemala unos US$470 millones en divisas”, anunciaba
CGN-Pronico. “Además, el fisco percibirá US$50 millones (unos Q400 millones) en
concepto de impuestos y pagos al Estado”.
Luis David, entonces director de Invest in Guatemala aseguraba que “al
final, por cada dólar que sale, Guatemala se queda con la mitad”. La producción
minera es una veta jugosa: 365 licencias fueron otorgadas en 2014, y 600 en
están en curso. Las empresas extranjeras invierten con el acuerdo de los
dirigentes que no les queda más que cultivar su dinero.
Solway Group fue recibido por el gobierno de Otto Pérez Molina con los
brazos abiertos por el proyecto “Fénix”. Invirtieron US$551 millones en una
nueva planta y se aseguró que su costo se elevaría a US$1,500 millones (unos
Q12,250 millones). Cifras asombrosas que encantaron al presidente de entonces.
“Esta es la inversión más grande que llega a Guatemala, lo que demuestra que en
el país se puede invertir”, dijo Pérez Molina durante la inauguración, el 30 de
mayo de 2014. Con una producción de 25 mil toneladas de ferroníquel previstas
al año, la mina exige la autorización de la construcción de un puerto privado en
Puerto Barrios, el puerto San Martín, evaluado aproximadamente en US$27
millones. Esto fue autorizado sin problema.
Un pueblo dividido y un miedo difuso
A cambio de ese trato, Solway Group anunció un aumento de la retribución
al gobierno. “Un nuevo convenio de acuerdo voluntario donde aumentaron el pago
de regalías de 3%”, dijo Fernando Castellano, director general de la Minería.
“25% para el Estado, 17,5% para la municipalidad de El Estor, por medio de
aportación directa; 17,5% será distribuido entre las comunas de Puerto Barrios,
Los Amates, Morales, Linvingston y Panzos. Con este pago, el monto anual
alcanzará aproximadamente Q50 millones al año entre regalías y aportes al
Estado”. Hasta el momento se desconoce si el convenio fue cumplido por la minera.
En el mercado capitalista este es un buen negocio, como dicen los
especialistas. Pero en el plano local, el costo social y cultural es enorme. Y
luego está la gente a favor, es decir los que benefician de un empleo, y la que
está en contra, básicamente el resto de pobladores. La empresa asegura que da
empleo a 1.779 personas, además de cientos de contratistas locales. El tema
divide y la desconfianza se siente de manera permanente, amenazas a penas
encubiertas se difunden también. El otro tabú que ronda las cabezas es el
narcotráfico, el lago de Izabal sería una de las rutas las más utilizadas en el
país.
En ese contexto, la Gremial de Pescadores pidió a la municipalidad de El
Estor a finales de abril un análisis del agua del lago. Sin respuesta
satisfactoria, decidieron el 3 de mayo hacer un primer bloqueo en la carretera
de exportación del níquel por 10 días hasta que se llevó a cabo una mesa de
diálogo. El 27 de mayo, esta debía retomar el diálogo con los resultados
esperados. Sin embargo, la asamblea general de la Gremial de Pescadores, en la
que participó Carlos Maaz Coc, decidió renunciar. “Hay siete denuncias al
alcalde Rony Méndez y su consejo municipal dentro de las cuales una contra mí”,
explica Eduardin Bin, su portavoz. “Me enteré anoche. No sé si hay orden de
captura, pero no puedo tomar el riesgo de ir a la mesa de diálogo y terminar el
día en prisión”.
Los pescadores decidieron entonces retomar el bloqueo de la carretera.
Pero decenas de policías (dentro de los cuales estaba el comandante –hasta
ahora el conciliador– que cambió la noche anterior) estaban ya posicionados y
equipados para el enfrentamiento. La tensión subió rápidamente, las primeras
bombas lacrimógenas dispersaron a la multitud y las fuerzas del orden forzaron
el bloqueo. Pero rápidamente tuvieron que retraerse. Fue en ese momento que se
escucharon los tiros seguidos de un gran silencio de miedo. El padre Ernesto
Rueda Moreno, cura del pueblo, estaba a menos de diez metros de la víctima. “La
policía comenzó. Yo sólo vi gente con piedras, no con armas. Se veía bien y se
veía bien que había gente. No se puede tirar pensando que no hay gente. Tampoco
había humo de las bombas lacrimógenas en ese momento”, dice. Una ola de
indignación invade el pueblo inmediatamente. La multitud agresiva, quema la
estación de policía y saquea la casa del alcalde.
Evacuaron a un herido. Carlos Maaz Coc queda
tendido sobre el suelo. Nadie buscó hacerle autopsia al cuerpo. Su misma
familia recogió el cuerpo, y lo enterró al día siguiente frente a 500 personas.
El Estado guatemalteco negó primero la muerte por bala del manifestante. El
mismo día, Solway Group declaró que “la contaminación del agua es mínima (…)
que esta viene del río Polochic (…) Si no se hace nada, el lago se verá
fuertemente afectado. (…) Después de análisis, la prueba presentada a la
investigación del comité ministerial concluyó que la CNG-Pronico no puede ser
responsabilizada por el cambio en la calidad de agua”. La muerte de Maaz Coc se
mantiene impune.
En El Estor desplegaron un cuerpo armado de 500 policías. El alcalde,
Rony Méndez, rechazó cualquier tipo de conciliación y abandonó el pueblo tras anunciar la decisión de no
suspender las operaciones de la mina, por temor a los pobladores. La Gremial de
Pescadores espera retomar una mesa de diálogo y considera que hay “un mártir de
la lucha” por el que se debe hacer justicia. “Queremos pruebas del análisis del
agua y pruebas de la legalidad de la mina. Como pueblo indígena, exigimos una
consulta”. CALAS pidió una copia de la licencia otorgada a CGN-Pronico. Otras
luchas a favor de la consulta se perfilan.
