Impunidad en el Caso Buko Millonario
Luego de 17 meses de haber iniciado la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de descarga Anticorrupción por los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos en el caso Buko Millonario, en el que fueron investigados los señores Frank de Lima, Giselle Brea y Luis Felipe de Icaza, el Juez Decimoquinto de circuito penal, Leslie Loaiza, los sobreseyó provisionalmente sin haber realizado audiencia preliminar.
La denuncia penal por el caso Buko Millonario, presentada por la empresa afectada con el resultado de esta licitación, logró completar un expediente de 8 tomos, donde se pretendía demostrar que estos exfuncionarios, al no cumplir con sus obligaciones de fiscalizar y supervisar la explotación de juegos de suerte y azar y al ocultar información, produjeron una concesión otorgada en violación a la Ley e infringiendo normas penales. Lo escandaloso y que todo el país conoció por los medios de comunicación fue que el grupo Martinelli tenía el 55% de las acciones de la empresa que obtuvo la licitación y que en nueve meses lograron recaudar 12.5 millones en ganancias según fue ampliamente divulgado en medios de circulación nacional. Dicha concesión fue cuestionada por la ciudadanía y la investigación subsecuente debió generar un juicio que permitiera a la justicia examinar y llegar al fondo de este caso.
El sobreseimiento provisional dictado por el Juez de circuito penal sin haber realizado audiencia preliminar, negando a la Fiscalía de Descarga Anticorrupción la posibilidad de presentar en una audiencia los resultados de su investigación y sustentar la acusación en el caso, es sumamente preocupante y decepcionante para la ciudadanía que espera justicia en estos casos que escandalizaron a la opinión pública.
La preocupación es mayor cuando nos percatamos que este mismo juzgado fue el que dictó sobreseimiento definitivo para tres funcionarios en el caso de comida deshidratada, que aún se encuentra en apelación, y será el juez que tiene en sus manos los casos de bolsas de comida, compraventa de granos, piso techo, mochilas escolares y alquiler de aeronaves que están esperando desde hace más de un año audiencias preliminares.
La corrupción en este país proliferó porque hubo funcionarios que se prestaron para realizar licitaciones dudosas que buscaban favorecer a los amigos del círculo cercano al gobierno de turno, lo que causa un gran daño al entorno social y empresarial del país y una lesión patrimonial al estado panameño que se estima en más de 670 millones de dólares, sin contar el caso Odebrecht.
Nuestro sistema de justicia delega el rol de imputación de cargos e investigación al Ministerio Público y de valoración y juzgamiento al Órgano Judicial, mal puede llegarse a la Justicia si una de las dos instituciones no cumple su misión. Quedamos pendiente de la apelación ante el Segundo Tribunal Superior.
Exigimos jueces probos que actúen con independencia, respeto al debido proceso y que con sus fallos envíen un mensaje claro a la sociedad de que la corrupción no paga y que la impunidad no es una opción.
¡Alto a la impunidad! ¡Comisión Internacional contra la impunidad!
Panamá, 15 de junio de 2017
ASAMBLEA DE ACCIÓN CIUDADANA
ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA-CAPITULO PANAMEÑO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
MOVIMIENTO INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA
CENTRAL GENERAL AUTONOMA DE TRABAJADORES DE PANAMA (CGTP
CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCIÓN SOCIAL PANAMEÑO
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO POPULAR
ASOCIACION DEVECINOS DE COCO DEL MAR Y VIÑA DEL MAR
MESA DE ANALISIS DE LEYES Y POLITICAS PÚBLICAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ESPACIO ENCUENTRO DE MUJERES
FRENTE POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES DE AREAS DEL CANAL
SINDICATO DE PERIODISTAS DE PANAMÁ
