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Un mes atrás,
Eduardo Galeano fue el invitado de honor para inaugurar la Bienal del libro de
Brasilia. En el auditorio del Museo Nacional, una obra diseñada por el
arquitecto comunista Oscar Niemeyer, el gran escritor eligió compartir con los
asistentes “Treinta de agosto”, un poema suyo dedicado a los detenidos
desaparecidos.
“Desaparecidos: los
muertos sin tumba, las tumbas sin nombre
Y también:
/los bosques
nativos,/ las estrellas en la noche de las ciudades,/ el aroma de las flores,/
el sabor de las frutas,/ las cartas escritas a mano,/ los viejos cafés donde
había tiempo para perder el tiempo,/ el fútbol en la calle,/ el derecho a
caminar,/ el derecho a respirar,/ los empleos seguros, las jubilaciones
seguras,/ las casas sin rejas,/ las puertas sin cerradura,/ el sentido
comunitario/ y el sentido común.”
Aplausos, lágrimas.
La Bienal se hacía a medio siglo del golpe militar en Brasil. El mismo año 1964
en que una Dilma Rousseff de 17 años se incorporaba a una organización
revolucionaria marxista, como muchos que luego forjaron el Partido de los
Trabajadores que está en el gobierno desde hace 12 años y que en octubre
próximo pondrá en juego esa continuidad en una nueva elección libre.
Galeano habló, como
siempre, con humor y franqueza. Y tuvo la ocurrencia de decir que en la
actualidad sería incapaz de leer Las venas abiertas de América latina,
su obra cumbre, publicada en 1971 cuando apenas tenía 31 años y era habitué del
Café Brasilero en la Ciudad Vieja de Montevideo, el mismo donde todavía recibe
a periodistas o escritores con el mismo aplomo de siempre.
Porque Galeano es el
de siempre y no se espanta al decir que esa prosa de izquierda –la de Las
venas abiertas– es aburridísima. Estos días, un mes después, esa frase y
otras, todas entrecomilladas, para dar más verosimilitud, recorrieron portadas
y portales: que tendrían que meterlo en un hospital porque su cuerpo no
aguantaría ese texto.
Mucho puede
aprenderse de la sinceridad del poeta. De su necesidad de ser auténtico y de,
si se acepta el convite, a dialogar con aquellos años revolucionarios desde un
presente al menos incierto para soñar con cambios o para profundizar los que se
hicieron.
En Las venas
abiertas está narrado el genocidio de los incas y los aztecas. Está
contado, entre otras tristes historias, cómo Francisco Pizarro mandó capturar
al inca Atahualpa en Cajamarca y cómo los conquistadores le prometieron paz si
previamente entregaba toneladas de oro y de plata. El inca cumplió. Pero luego
lo condenaron a morir.
Eso sí, la propia
historia confesional y monárquica española registra que el Atahualpa aceptó el
bautismo cristiano y también cambiar su nombre por el de Francisco, el mismo
del jefe de los invasores. Tras la ceremonia bautismal, en 1533, al inca lo
acogotaron con el garrote vil. El mismo método criminal con que Francisco
Franco mandó ejecutar a quienes sometía, no ya en las indias occidentales de
los reyes católicos sino en la propia península.
Por el garrote vil
era ejecutado Puig Antich en 1974, cuando el tirano balbuceaba, no le quedaba
mucho tiempo de vida, pero quería perpetuarse a través de su obra. Así eran los
setenta, así eran los tiempos en que Galeano paría Las venas abiertas.
Unos años antes, otro poeta, Héctor Roberto Chavero, decidía cambiar de nombre
por voluntad propia, y se bautizó como Atahualpa Yupanqui: “Me galopaban en la
sangre 300 años de América”.
Cinco siglos igual
Cajamarca, donde fue
tomado prisionero el inca Atahualpa, la Minera Yanacocha explota desde 1992 la
mina de oro más grande de América latina. El capital mayoritario es de la
Newmont Mining Corporation, con sede en Colorado, Estados Unidos. Así como los
golpes de Estado militares se desparramaban como el viento en los sesenta y
setenta por el continente, a principios de los noventa, los Andes se inundaron
de códigos mineros diseñados en América del norte. Casi calcados los textos.
Tanto en Perú, como en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y en Chile. Grandes
beneficios fiscales y toda la logística para que los metales salgan hacia los
países centrales. En 1992, la onza de oro valía alrededor de 100 dólares.
Veinte años después vale tres veces más.
La pregunta es:
¿cómo está ahora la Cajamarca donde murió Atahualpa y donde la Newmont Mining
se adueñó del oro en los neoliberales años noventa?
La respuesta se
escuchó esta semana en Lima, donde se lleva a cabo la reunión bianual de la
Cepal y, por supuesto, lastima a cualquiera que albergue un mínimo sentimiento
de igualdad: Cajamarca está entre las
cinco regiones más pobres de Perú. El 55% del millón y medio de habitantes
es pobre. Desde ya la minería no es la principal ocupación, pero de esa riqueza
no queda nada. Según la prensa del sistema, la pobreza arreció porque los
“antimineros” sabotearon a la Newport Mining y su proyecto Conga, resistido por
la comunidad de Cajamarca. Las autoridades del gobierno de Ollanta Humala dicen
que por culpa de las protestas ya no va el turismo a Cajamarca. Es posible que Las
venas abiertas sean de una pesadez insondable. Más cruel es la colonización
cultural.
La desigualdad
También es pesado el
documento “Pactos para la igualdad – Hacia un futuro sustentable” con el cual
Alicia Bárcenas abrió en la capital del Perú el pasado lunes 5 el encuentro que
duró hasta el viernes 9 y que contó con la presencia de representantes de 40
países. El 27,9% de los habitantes de América latina y el Caribe son pobres
según las mediciones de la Cepal, un organismo que sigue definiendo a esta
región como la más desigual del planeta aunque la más pobre sea el continente
africano.
Pese a que los
precios de los productos primarios se mantienen favorables en el mercado
internacional, el crecimiento del PBI de la región está estancado desde 2011.
La mexicana Bárcenas
advirtió que hay un “escenario externo mucho más problemático: hoy América
latina no es la misma de 2010 y 2012, está enfrentando una encrucijada muy compleja,
ante un escenario externo mucho más problemático, de cara a la fase menos
dinámica del ciclo y con problemas de sustentabilidad ambiental”.
Las crisis
financieras que se desataron en Estados Unidos y en Europa en 2008 y 2009
acentuaron los procesos de desregulación, de debilitamiento de los Estados de
los países centrales. A la par, crecieron los llamados refugios fiscales donde
las grandes multinacionales derivan parte creciente de sus transacciones
comerciales y financieras para pagar menos impuestos y atemperar la menor
actividad económica.
Aunque China aumentó
sus vínculos con América latina, no plantea una matriz diferente a la que
vincula al continente con las multinacionales norteamericanas y europeas. El
crecimiento fue extraordinario en la última década, en la actualidad llega al
billón de dólares. Casi el 70% de esa relación comercial queda en manos de
México y Brasil, que tienen un equilibrio entre exportaciones e importaciones.
Ambos países les venden a China algo de productos industrializados. Muy de
lejos, en tercer lugar, está Venezuela, que vende petróleo y compra productos
industrializados.
El cuarto lugar es
de Argentina, que vende a China oleaginosas en granos y una parte en aceites de
soja y girasol. Contra los productos primarios o levemente industrializados,
Argentina compra a China productos industrializados, desde leds –o partes, para
las armadurías de Tierra del Fuego– hasta material ferroviario. China hace
inversiones directas en la región y tiene planteado firmar un tratado de libre
comercio para profundizar los vínculos.
Está claro que con
la actual ecuación un convenio de ese tipo dejaría a gran parte de América
latina sin perspectivas de salir de una economía primaria que deja buenos
saldos comerciales, con capacidad de financiar al Estado sin entrar en la
espiral de dependencia financiera de la banca privada y pública
internacionales. La contraparte es que posterga la industrialización, ergo, la
soberanía.
Propuestas
La Cepal, en este
documento, subraya que no todo se debe a factores externos. La economista
mexicana explicó que “a pesar del esfuerzo por hacer políticas sociales muy
activas se requiere otras para reducir la informalidad en el empleo. Hay
emergentes clases medias que demandan seguridad, transporte, educación y salud,
han tenido más ingresos puertas adentro –de sus casas–, pero puertas afuera
está el desafío del Estado para dar mejores bienes públicos”.
El texto completo
presentado por Bárcenas es algo más corto que Las venas abiertas. Tiene
400 páginas con material de diagnóstico y, como suele hacer la Cepal, con un
final propositivo, tan abierto como difícil de concretar. Basa la propuesta en
la realización de pactos al interior de cada nación y también en los ámbitos
supranacionales.
De los siete pactos
enumerados, el primero es “el pacto para
una fiscalidad con vocación de igualdad” destinado a asegurar la
estabilización macroeconómica contracíclica, apoyar el crecimiento y contribuir
a la redistribución del ingreso disponible:
“El pacto fiscal no es un pacto más,
sino el pacto a partir del cual los
demás pactos se hacen financieramente viables y que vincula del modo más fuerte las obligaciones y los
beneficios de la sociedad.
Además, el pacto fiscal es una de las claves para construir una institucionalidad estatal más robusta y con
mayor capacidad de incidir para
transformar las estructuras productivas y sociales
de la sociedad”.
Este enunciado pone
en aprietos a buena parte de la dirigencia política y empresarial de la región,
incluyendo a la Argentina, claramente. Aunque hayan mejorado la recaudación y
el fondeo de programas de inclusión social desde 2003 hasta la actualidad,
Argentina lleva tres décadas de democracia sin un debate profundo ni en el
Congreso ni en el Ejecutivo sobre cómo hacer impuestos progresivos –que paguen
más los que más ganan– ni cómo hacer bajar el coeficiente de impuestos directos
(el IVA a nivel nacional, los ingresos brutos a escala de las provincias) y
aumentar los indirectos (ganancias y bienes personales), centrando en las
personas y no en las sociedades para evitar las maniobras de elusión y evasión.
A su vez, es
imposible optimizar la recaudación de impuestos y retenciones derivadas del
comercio exterior sin cambios drásticos en los organismos de impuestos y la
Aduana, así como un control de los puertos, la gran mayoría concesionados a
actores privados.
El segundo pacto planteado por Cepal es para la inversión, la política
industrial y el financiamiento inclusivo. Subraya los bajos
niveles de inversión en la región que limitan el crecimiento sustentable en el
mediano y largo plazo. La reducción de la inversión pública adoptada para
enfrentar la crisis de la deuda durante los ochenta y noventa, provocó un gran
déficit de infraestructura.
Luego, aborda el desafío de la igualdad en el mundo del
trabajo. Persiste una alta heterogeneidad salarial. Informalidad, brechas
de género y de etnia en el acceso al empleo son parte del mapa laboral
latinoamericano. Conviven trabajadores de empresas con alto coeficiente tecnológico,
generalmente filiales de multinacionales, con sectores excluidos de todos los
derechos.
En cuarto lugar, plantea el desafío de los servicios públicos. Los
pactos enunciados en quinto y sexto
lugares son los de sustentabilidad ambiental y la gobernanza de los recursos
naturales. Llevados a fondo, ambos temas ponen a la minería a cielo abierto
y las técnicas de fracking en el tapete. Las multinacionales mineras y
petroleras no parecen dispuestas a realizar inversiones si los gobiernos de la
región asumen este desafío con compromiso.
El texto, en esto,
es medular. Sólo un párrafo como para graficar la magnitud del desafío:
“En la
competencia entre países por captar mayor inversión en la explotación de los
recursos naturales, se implementaron políticas que a veces reforzaron el poder
de los inversionistas y de las grandes corporaciones mediante la desregulación,
la liberalización comercial y financiera y la reducción de impuestos y
exenciones fiscales, y debilitaron el rol del Estado y su capacidad para
promover la gobernanza de los recursos naturales.
Estas
reglas del juego llevaron a resultados poco deseables, como la apropiación de
tierras sin tener en cuenta los ecosistemas, la extracción intensiva de
minerales y la explotación de los mares y otros recursos naturales con un
consiguiente aumento de la concentración de recursos naturales en grandes
corporaciones transnacionales, especialmente en los sectores mineros,
petroleros, madereros y pesqueros.
Ningún
otro sector de la sociedad ganó más privilegios a nivel global y local que las
grandes empresas, sean nacionales o transnacionales. Pese a los incipientes
intentos de autorregulaciones voluntarias y la responsabilidad social
empresarial, la concentración y el ejercicio de poder de las corporaciones
juega un papel perjudicial para el medio ambiente y la preservación de recursos
estratégicos en muchas zonas del planeta”.
