Frédéric Thomas
El fundamento
ideológico que tuvieron todos los gobiernos progresistas de América del Sur fue
el “consenso de los commodities”. Todos fueron extractivistas, explotando y
exportando masivamente recursos naturales. Todos aprovecharon el “boom” de las
materias primas y la emergencia de China en la economía mundial demandándolas.
Todos argumentaron a favor del extractivismo para luchar contra la pobreza. ¿Qué
ha dejado esta voracidad extractiva?
La ola de cambios
gubernamentales iniciada en 1999 tras la llegada al poder de Hugo Chávez en
Venezuela, seguida en 2003 por el triunfo de Lula en Brasil y de los Kirchner
en Argentina, y luego -en orden cronológico- por la victoria en las urnas de
Tabaré Vásquez en Uruguay (2004), de Evo Morales en Bolivia (2006) y de Rafael
Correa en Ecuador (2007), ha chocado estos últimos años con una realidad: el debilitamiento
de estos gobiernos. ¿Se debe esa debilidad únicamente a la caída de los precios
de las materias primas en el mercado internacional?
A pesar de las especificidades de diferentes contextos nacionales, los
gobiernos resultantes del “giro a la izquierda” en América del Sur pueden ser
calificados de regímenes post-neoliberales, a pesar de que se trata, de un
“giro de geometría variable, parcial, atípico, múltiple, coyuntural, limitado,
reversible, pero de todos modos un giro efectivo e inédito”, como lo describe
Bernard Duterme.
COINCIDIERON CON
EL AUGE DE CHINA
Todos estos gobiernos intentaron pasar la página de la hegemonía neoliberal
imperante en el continente desde la década de los años 80. Todos priorizaron la
lucha contra la pobreza y el acceso a los servicios públicos, especialmente a
la salud y a la educación y eso dio como resultado el regreso del papel del
Estado y la proyección diplomática de estos países en la escena regional,
incluso en la escena mundial, reafirmando la soberanía nacional, a menudo
articulada con un enfoque en la cooperación Sur-Sur.
Ese “giro a la izquierda” operó y se desarrolló en una coyuntura muy
particular: el boom de las materias primas y la emergencia de China en el
mercado mundial catalizándolo. Años después, la desaceleración de la economía
mundial, sumada a la caída de los precios de las materias primas, parece haber
conducido al final del ciclo de los gobiernos progresistas. La finalización de
este ciclo económico, coincidente con la crisis política que ha sacudido al
Brasil y a Venezuela, que siguió gestándose en Ecuador y en Bolivia y que ha
significado el regreso de la derecha al gobierno en Argentina, hace pertinente
la pregunta de si estamos presenciando el final de una fase histórica.
La respuesta es objeto de intensos debates en América Latina y más allá del
continente. Se trata de una discusión que mezcla un análisis sobre el balance
que dejan estas experiencias y sobre las perspectivas que surgen para el
futuro.
Nos concentraremos en los cuatro casos más emblemáticos del giro
post-neoliberal: Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador.
SIGUIERON LA
LÓGICA TRADICIONAL: EXPLOTAR Y EXPORTAR MATERIAS PRIMAS
Según los trabajos de Eduardo Gudynas, entendemos por extractivismo un modelo
de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales no
transformados o ligeramente transformados que son destinados principalmente a
la exportación: extracción minera, producción de petróleo y de gas,
monocultivos de soja…
El desarrollo histórico del continente latinoamericano y su inserción en la
economía mundial ha seguido siempre la lógica tradicional del modelo exportador
de materias primas. Desde el comienzo del nuevo milenio, y a lo largo de unos
diez años, independientemente del color político de los gobiernos, todos los
países de la región participaron en el boom de las explotaciones, y de las
exportaciones, de materias primas.
En los países que
giraron a la izquierda se consolidó el extractivismo en una forma
“progresista”, caracterizada por el rol central que jugaba el Estado ejerciendo
un mayor control en el proceso -nacionalización del petróleo y el gas en
Venezuela, Bolivia y Ecuador- apropiándose de una mayor cantidad de los
dividendos y reorientando las ganancias hacia programas sociales y políticas de
lucha contra la pobreza. Actuando así, América Latina -y en particular, América
del Sur- acrecentó su dependencia de los commodities,
las materias primas.
Las materias primas, que a inicios de los años 80 significaban el 27% de las
exportaciones del continente, alcanzaron el 40% en 2009 y llegaron a ser el 42%
en 2013. Ese año, el 73% de las exportaciones se dirigían a China, ya
convertida en el segundo socio comercial del continente. Esas tendencias se
vieron más acentuadas en América del Sur: en 2012-2013 el 75% de todas las
exportaciones de América del Sur eran ya materias primas.
China es la primera fuente de las importaciones que recibe Brasil, como también
es el primer destino de las exportaciones de Brasil y de Bolivia, y es el
segundo destino de las exportaciones de Ecuador y Venezuela. Y el 69% de todo
lo que el continente importa del resto del mundo son productos manufacturados.
Ese porcentaje aumenta hasta un 91% con respecto a las importaciones que llegan
procedentes de China. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) habla de un proceso de “re-primarización” del sector exportador de
América Latina y el Caribe, en el que China no es la causa, sino el
catalizador.
Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador están particularmente envueltos en este
proceso. Según datos de 2015 (de 2013 para Venezuela), el gas y los minerales
representaban cerca de dos tercios de todas las exportaciones de Bolivia. El
petróleo era el 36% de las de Ecuador y algo más del 85% de las de Venezuela.
En Brasil la concentración de las exportaciones en materias primas era menor:
la soja, los minerales y el petróleo representaban un 25% del total de sus
exportaciones.
Entre 2011 y 2015, los precios internacionales de los metales y de la energía
(petróleo, gas y carbón) cayeron un 50%. En 2015 los precios del hierro (7.5%
de las exportaciones brasileñas), del cobre y del zinc (10.6% de las
exportaciones bolivianas) cayeron un 30%. Teniendo en cuenta que los recursos
procedentes de la explotación y exportación de estas materias primas
constituyen segmentos tan importantes en los presupuestos de estos países, es
fácil imaginar la afectación que sufrieron. Esto es particularmente válido para
Ecuador y para Venezuela, donde el rédito de los hidrocarburos representaba en
2014 alrededor de un 40% de los ingresos de ambos Estados.
REPITIERON LA
MATRIZ EXTRACTIVISTA
Esta matriz extractivista, característica histórica de los países
latinoamericanos, plantea importantes problemas. Los hace dependientes de
algunos recursos naturales que experimentan serias fluctuaciones de sus precios
internacionales, sobre los que tienen poco o ningún control.
Más problemático resulta que los programas sociales que lanzaron estos
gobiernos estaban ampliamente financiados por la explotación y exportación de
esos recursos naturales. Además, la matriz extractivista adoptada se convirtió
en un obstáculo para la industrialización y la diversificación productiva,
tendiendo a atraparlos en una economía rentista y encerrando a todo el
continente en un papel subordinado en una división internacional del trabajo
que reproduce el modelo colonial, convirtiéndolos en meros proveedores de
recursos naturales baratos para el Norte y para China, a cambio de recibir de
China y del Norte productos manufacturados.
¿Por qué estos
países acentuaron ese modelo tan tradicional de comercio? ¿Por qué estos
gobiernos post-neoliberales, que se proclamaron impulsados por un profundo
deseo de cambio, que tradujeron en una retórica radical y en reformas
legislativas -incluso constitucionales-, con incentivos tan destacados en esa
transición como conceptos tan originales como el Buen Vivir, los Derechos de la
Naturaleza o la economía social y solidaria, no sólo no transformaron la matriz
extractivista, sino que la reforzaron? Las respuestas a esta pregunta se pueden
agrupar en dos bloques: las que lo justifican como “una etapa” y las que hablan
de “una transición”.
LO HICIERON PARA
LUCHAR CONTRA LA POBREZA
Independientemente de sus diferencias y sus retóricas más o menos radicales o
reformistas, los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela presentan el
extractivismo como “una etapa”. Resaltan una priorización de objetivos y una
vía particular para conseguirlos y denuncian los juegos de poder que esconden
los cuestionamientos a este modelo de desarrollo. Parten de la premisa de que
su prioridad como gobiernos es, antes que cualquier otra, reducir los niveles
de la pobreza, sacar a millones de personas de la miseria y eso implica,
necesariamente, crecimiento y desarrollo, confundiendo o vinculando ambos
conceptos y metas.
Consideran que el principal motor para cumplir con la prioridad definida es el
extractivismo. Así aparece en la declaración de los Jefes de Estado de la
Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de
los Pueblos (ALBA-TCP), del 30 de julio de 2013, que integra a Cuba, Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y a las islas caribeñas Antigua y Barbuda,
Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Se sintetizan en el texto
las líneas gruesas de esta visión cuando leemos sobre “el derecho y la
necesidad” de que estos países se beneficien de sus recursos naturales no
renovables, que constituyen “una importante fuente para financiar el desarrollo
económico, la justicia social y, en definitiva, el bienestar de nuestros
pueblos, teniendo claro que el principal imperativo social de nuestro tiempo -y
de nuestra región- es combatir la pobreza y la miseria”.
Ciertamente, después de años de neoliberalismo, y dada la emergencia social que
representan los altos niveles de pobreza, ¿no es prioritario luchar para
erradicarla? ¿Y no es cierto también que todo lo que no esté directamente
relacionado con esa lucha, es un lujo? ¿Y pueden estos gobiernos permitirse ese
lujo aquí y ahora? Estos gobiernos llegaron al poder por las urnas con
programas que prometían terminar o reducir de manera drástica la pobreza. ¿No
era ésa la primera cláusula del contrato que los comprometió con sus ciudadanos
y que exigía ser verificada y evaluada en el tiempo corto de los plazos
electorales, más que en el tiempo estratégico de un cambio de modelo?
¿Y no se cumplió esta promesa? Según la CEPAL, entre los años 2000 y 2011 el
porcentaje de la población pobre pasó del 34.9% al 5.7% en Argentina. Del 37.5%
al 20.9% en Brasil. Del 49% al 32.4% en Ecuador. Del 48.6% al 29.5% en
Venezuela. Y del 62.4% al 22.4% en Bolivia, entre 2002 y 2010. En total, entre
2002 y 2011, 54 millones de personas salieron de la pobreza en América del Sur.
¿CÓMO RESPONDEN
DEFENSIVAMENTE ANTE EL EXTRACTIVISMO?
Siguiendo esta secuencia lógica, de los éxitos en la lucha contra la pobreza se
verifica la exactitud de la ecuación: extractivismo ®crecimiento ®desarrollo,
y también la legitimidad de las políticas extractivas. Por eso, el
extractivismo visto como “una etapa” se justifica con análisis defensivos y
programáticos.
El énfasis de quienes justifican a la defensiva el modelo extractivista como
una etapa está en la dualidad contradictoria entre temporalidad y
oportunidades. Los gobiernos progresistas deberían haber modificado sus
matrices productivas… pero no pudieron hacerlo.
En la entrevista que a fines de 2006 realizó la revista “Iris” a Christophe
Ventura, él ofrece una buena síntesis de este tipo de análisis. A la pregunta
sobre si la emergencia brasileña habría debido / podido traducirse en un cambio
de modelo económico, responde: “Debido sí, y los acontecimientos actuales están
ahí para recordarlo de manera dolorosa. El problema de Brasil es el mismo de
todos los demás países latinoamericanos… Podido es diferente. Al igual que los
otros gobiernos progresistas, el gobierno brasileño intentó responder a la
urgencia social. Era su mandato imperativo. Para eso fue elegido y respetó ese
mandato”.
Sería utópico cambiar en tan sólo diez años el legado de cinco siglos. Además,
estos gobiernos se enfrentaban a oposiciones, tanto nacionales -incluso dentro
de su mismo seno- como internacionales, además de a trabas estructurales que no
les permitían responder a todo lo que tenían pendiente. Insisten sobre los
límites. En Brasil, el PT representaba, en el mejor de los casos, un tercio de
la fuerza dentro de las coaliciones con las que gobernó. El imperialismo
norteamericano no desapareció por arte de magia durante el gobierno del PT. Era
necesario forjar compromisos, incluso alianzas, con las burguesías locales y
con los actores transnacionales…
La justificación defensiva nos recuerda que, aunque el proceso que llevó a
estos gobiernos al poder fue innovador y participativo, no fue una revolución.
En consecuencia, las opciones estratégicas estaban sujetas a una red de
instituciones económicas y políticas ya establecidas previamente, que
condicionaban, e incluso bloqueaban, cambios más profundos. Era necesario
enfrentar a fuerzas ya presentes en el escenario y lograr un margen de maniobra
para llegar a un consenso -aunque fuera parcial- hasta encontrar acuerdos. La
justificación defensiva del extractivismo como “una etapa” es un recordatorio
de lo que es la realpolitik y es también una lección de estrategia.
“USAMOS
TEMPORALMENTE EL EXTRACTIVISMO”
La justificación defensiva del modelo extractivista viene acompañada de razones
más programáticas: se afirma que se trata de una etapa transitoria. Desde esta
perspectiva, conviene pasar por una etapa extractivista para después llegar a
una etapa post-extractivista. Quien mejor ha explicado esta lógica ha sido el vicepresidente
de Bolivia, Álvaro García Linera.
Durante una reunión internacional en Quito, a fines de septiembre de 2015,
García Linera dijo: “¿Tenemos que salir del extractivismo? Sí, tenemos que
salir. Pero no se sale congelando las condiciones de producción ni regresando a
la edad de piedra. Se sale del extractivismo utilizando temporalmente el
extractivismo. Hay que acabar con el extractivismo sí, pero simultáneamente hay
que acabar con la miseria… ¿Cómo nos piden a nosotros acabar en cinco años lo que
ha durado quinientos años?
Necesitamos un período de transición, un puente que cree las condiciones
técnicas, materiales y culturales de una nueva generación capaz de superar el
extractivismo. Vamos a seguir, porque hay que satisfacer las necesidades materiales
de la gente. Pero a la vez iremos creando las condiciones para un reencuentro
con la naturaleza, rescatando la tradición indígena… Extractivismo sí,
temporalmente y sí necesariamente. Hasta crear la nueva sociedad del
conocimiento y de la cultura”.
Desde esta óptica, el modelo extractivista terminaría al final de un camino más
o menos largo. Y mientras, se materializaría la paradójica dialéctica de que la
intensificación del extractivismo daría paso a una sociedad post-extractivista.
El desacuerdo se reduce a una cuestión de temporalidad y de medios, de
estrategia y de más o menos paciencia hasta llegar a un objetivo común y
compartido…
DESCALIFICAN LOS
CUESTIONAMIENTOS
Dentro del tipo de justificaciones que se dan al extractivismo como una etapa
está también la descalificación pura y simple de todo cuestionamiento que se le
haga. En el mejor de los casos, las críticas son consideradas incongruentes o
son prueba de un izquierdismo o un ecologismo o un indigenismo infantil. Es lo
que ha repetido en Ecuador Rafael Correa. En el peor de los casos, las críticas
son prueba de un “ambientalismo colonial”, según García Linera en la misma
reunión internacional. En cualquier caso, las críticas vendrían de dos campos:
el de quienes se oponen al desarrollo y el de la oposición con una agenda
oculta.
Aquí entra la famosa anécdota de “la rana enemiga del desarrollo”, que tanto le
gustaba repetir a Lula durante su presidencia. Una especie de rana en peligro
de extinción se había descubierto cuando se construía un túnel y ese hallazgo
interrumpió la obra... La moraleja que Lula señalaba era que resulta de mínima
importancia todo lo que dificulta, obstaculiza y retrasa el desarrollo, que él
identificaba con los megaproyectos gubernamentales que hubo durante su gestión:
presas, carreteras y otras infraestructuras de lo que fue el plan estratégico y
emblemático de su gobierno, el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento).
En su relato, en defensa de la rana estaban los ecologistas ingenuos y los burócratas
que ejercen un control ambiental meticuloso. Y al lado de esos dos grupos, los
pueblos indígenas. Las moralejas de esos discursos y la falta de comprensión de
Lula de la cultura indígena fueron denunciadas muy acertadamente por Saulo
Ferreira Feitosa, secretario adjunto del CIMI (Consejo Indígena Misionero) en
el texto “Lula, los indios y las ranas”.
“ESTÁN CONTRA EL
DESARROLLO”
Descalificar las críticas al extractivismo en nombre del desarrollo no ha
sucedido sólo en Brasil. Es un reflejo de la visión modernizadora y
productivista de la izquierda latinoamericana en su conjunto, como demuestra
Maristella Svampa. Donde la descalificación ha tendido a ser más violenta es en
Ecuador, donde el ex-presidente Correa declaró el 1 de diciembre de 2008: “No
crean a los ambientalistas románticos. Todo el que se opone al desarrollo del
país es un terrorista”.
El terrorismo que denunciaba englobaba a varios sectores: a quienes se oponen
al interés nacional y estratégico que significa el desarrollo, a quienes son
instrumentalizados políticamente por la oposición de derecha y/o por el
imperialismo, y a quienes tienen una agenda oculta de oposición, en la que el
medioambiente no es más que un pretexto.
Los puntos de vista favorables al extractivismo no dejan de incluir la
importancia de preservar el medioambiente, pero insisten en que la agenda
ambiental debe estar subordinada a la lucha contra la pobreza y a la convicción
de que para vencer en esa lucha la prioridad es el desarrollo.
En el Día Mundial del Medio Ambiente de 2009 Lula decía: “Queremos preservar la
Amazonía, pero también tenemos que cuidar de 25 millones de seres humanos que
viven ahí, que quieren un auto, un refrigerador, un televisor, que quieren
tener las cosas que todo el mundo desea tener”. Un año después, regresando de
la reunión de Copenhague sobre el cambio climático, Lula aseguró que los países
ricos no estaban interesados en aplicar el Protocolo de Kyoto. “Lo que quieren
-dijo- es impedir que los países en vías de desarrollo alcancemos las mismas
metas que ellos”.
Lula reiteró que no aceptaría ningún obstáculo al desarrollo de Brasil. Y
repudió las críticas de los países del norte al consumismo del sur, recordando
que el norte se desarrolló “a espaldas” del medioambiente mundial y del
medioambiente de los países del sur. Y confirmó la opción neo-desarrollista de
Brasil, compartida ya por otros gobiernos “progresistas” vecinos, eliminando
así la posibilidad de un debate y simplificando así la cuestión: en el sur
están quienes quieren el desarrollo, tener auto, refrigerador y televisor y en
el norte está la hipocresía ecologista.
Si criticar el desarrollo significa detener la lucha contra la pobreza y
boicotear los intereses nacionales, es legítimo rechazar esa crítica por
absurda o por ser un caballo de Troya del enemigo interno, las derechas
conservadoras o neoliberales, que si regresaran al gobierno destruirían el
medioambiente a una escala mayor, o por estar al servicio del enemigo externo,
el imperialismo. ¿Una visión tan simplificadora no justifica la represión y la
criminalización de quienes se oponen al desarrollo..?
POR UNA TRANSICIÓN
POST-EXTRACTIVISTA
Quienes consideran el extractivismo “una transición” tienen la intención de
tomar en serio los nuevos conceptos:
-Buen Vivir, Derechos de la Naturaleza y otros- que surgieron de las luchas de
estos últimos años y que fueron apoyados¬ por los movimientos sociales
bolivianos y ecuatorianos y que hasta fueron incluidos en la Constitución de
ambos países.
Más allá de lo específico de sus posturas, quienes así ven las cosas (Alberto
Acosta, Eduardo Gudynas, Maristella Svampa) comparten una crítica doble al
extractivismo y al desarrollo, proponen volver a integrar la dimensión
económica en las relaciones sociales y medioambientales y plantean revalorizar
y redinamizar los conocimientos locales, principalmente los de los pueblos
indígenas. Abren así una alternativa: su propuesta es una transición
post-desarrollo y/o post-extractivista.
El documento “Propuestas para transitar al post-extractivismo” a nivel
regional, hecho público en Lima en 2015 representa una buena síntesis de las
medidas propuestas para lograr esa transición. A falta de espacio para
discutirlas, baste recordar, para distanciarnos de la caricatura que han hecho
los gobiernos extractivistas de estas propuestas, que los defensores de la
transición no son ni utopistas desconectados de las realidades concretas ni
románticos desfasados “anti-minería” y “anti-petróleo”.
Lo que proponen es adoptar medidas transitorias tanto urgentes como de mediano
plazo, diferenciando la extracción depredadora de la extracción sensible y
prohibiendo la depredadora. Proponen comenzar ya desde ahora la transición,
confiando firmemente en la capacidad de los movimientos sociales, confiriendo
un rol más importante al Estado y reorientando la matriz productiva de los
países.
Es falso que los movimientos indígenas se opusieron a los gobiernos
progresistas por priorizar el desarrollo por la vía extractivista. Al igual que
todos los movimientos sociales y de izquierda están divididos con relación a
este tema.
Además, si bien los indígenas están habitualmente en la primera línea de las
movilizaciones -entre 2010 y 2013 se produjeron 226 conflictos
socio-ambientales relacionados con la oposición a proyectos mineros y de
hidrocarburos en tierras indígenas- estos pueblos no están solos. En la lucha
contra el neo-desarrollismo, los indígenas van junto a los movimientos
campesinos, a las mujeres, a los afrodescendientes, y, de manera más general,
van con el conjunto de actores que han introducido en la lucha social lo que
Svampa llama “el giro eco-territorial”.
Aun teniendo en cuenta tiempos, medios y estrategias, la realidad es que se
trata de dos visiones, de dos lógicas que se confrontan. Quienes defienden “una
transición” se basan en un balance más crítico de la experiencia de los
gobiernos post-neoliberales y en un cuestionamiento de la lógica del paso
obligado por “una etapa” extractivista. Aunque reconocen muchos logros en estos
gobiernos, ponen en duda la durabilidad y el impacto que tengan, y hacen
hincapié en los costos no visibles del modelo y en la oportunidad perdida para
transformarlo.
¿FRACASÓ LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA?
Al extractivismo concebido como “una etapa” quienes hablan de una “transición”
oponen argumentos coyunturales, estructurales y estratégicos.
La lucha contra la pobreza, el logro más evidente y el más emblemático de los
gobiernos post-neoliberales, debe ser cuestionado. La reducción de la pobreza,
si bien fue más marcada en los países que hicieron el “giro a la izquierda”, ha
sido una tendencia general en todo el continente, en países con gobiernos que
no dieron ese “giro”. Según datos de la CEPAL, entre 2002 y 2011 en Colombia la
población que vive en pobreza se redujo de 49.7% a 34.2%. En Chile bajó de
20.2% a 11%. En Paraguay, de 61% a 49.6%.
Otro dato. Si entre 2002 y 2011, fueron 54 millones las personas que salieron
de la pobreza en el continente, entre 2011 y 2014 no superaron los 4 millones.
En Venezuela, el porcentaje de pobreza y de indigencia ha aumentado desde 2012.
En Brasil, la caída de la tasa de pobreza coincidió con el aumento de la tasa
de indigencia. Este descenso en los logros está directamente relacionado con el
cambio en la coyuntura económica mundial y, particularmente, con la caída de
los precios internacionales de las materias primas, lo que demuestra la
fragilidad de las bases en las que se sustentó la lucha contra la pobreza, su
carácter insuficientemente estructural y su dependencia de las fluctuaciones
del mercado mundial.
NO TOCARON EL
SISTEMA DE IMPUESTOS
Estos datos cuestionan las decisiones políticas que tomaron los gobiernos
progresistas y ponen de relieve las que no tomaron. En América Latina los
sistemas fiscales han sido tradicionalmente inequitativos y la recaudación de
impuestos ha tenido reducidos resultados en la distribución de la riqueza. Los
gobiernos de América del Sur que giraron a la izquierda apenas tocaron el
sistema fiscal. Y en vez de asegurar una redistribución más equitativa de las
riquezas del país con una justa captación de impuestos, buscaron financiar la
lucha contra la pobreza con otros recursos, los que obtenían de la explotación
y exportación de materias primas.
En este sentido, se puede afirmar que la elección de acentuar el extractivismo
se hizo a expensas de eludir una reforma del sistema fiscal y así evitar una
confrontación directa con las oligarquías tradicionales, las que no pagan los
impuestos que deberían pagar. Esa
decisión política permitió a los gobiernos progresistas “servir a Dios y al
diablo”, mantener pactos, explícitos o implícitos, con la oligarquía y
garantizarse así estabilidad. El caso de Venezuela es el más particular, porque
desde el gobierno se creó una “boliburguesía” (burguesía bolivariana), en
competencia con la oligarquía tradicional.
A MÁS
EXTRACTIVISMO, MENOS DEMOCRACIA
Las decisiones políticas de los gobiernos progresistas dieron lugar a una
reconfiguración de la alianza con los movimientos sociales que los habían
llevado al poder. Y cuando los logros comenzaron a disminuir, cuando cayeron
los precios de las materias primas, se hizo evidente la fragilidad del modelo.
Lo demostró lo ocurrido en Brasil cuando la oligarquía, viendo sus intereses
amenazados, rompió repentinamente los pactos que había hecho con el PT.
Los resultados del modelo extractivista deben ser evaluados también desde
perspectivas que no aparecen en los balances: daños al medioambiente,
dependencia externa, conflictos sociales… Cuando el medioambiente no es tenido
en cuenta como se debe, el costo económico y social de su destrucción resulta infravalorado
sistemáticamente. ¿Cómo valorar el impacto negativo del extractivismo en la
salud humana? ¿Cómo valorar adecuadamente el confinamiento de los países que
apostaron por el extractivismo en una división internacional del trabajo que
les dificulta su diversificación económica?
Los conflictos socioambientales, los relacionados con el uso, el control o el
destino de la tierra y de sus recursos naturales, se han multiplicado y se han
intensificado hoy en todo el continente. Además del costo inconmensurable de la
pérdida de los territorios de los pueblos indígenas, el extractivismo ha
agudizado el incremento de la inseguridad alimentaria y la des-ruralización de
los países.
En el corazón de este balance existe un
círculo vicioso, que en última instancia, condena el modelo extractivista: es
el endeudamiento. La caída de los precios de las materias primas, agravada
por el deterioro de la balanza de pagos (las exportaciones captan menos
divisas, mientras las importaciones de bienes manufacturados mantienen su costo
o incluso lo elevan), incrementó el extractivismo: explotar y exportar más para
compensar la caída de los precios. Y así, aunque la rentabilidad financiera del
extractivismo disminuyó, el volumen de recursos naturales exportados aumentó,
provocando más conflictos y conflictos cada vez más diversos. Es un auténtico
círculo vicioso. Svampa lo sintetizó en esta ecuación: “A más extractivismo
menos democracia”.
¿ROMPIERON CON EL
NEOLIBERALISMO?
El balance del modelo extractivista de estos gobiernos no es positivo. Por su
dependencia, parcial y sesgada, del mercado internacional y de la oligarquía
local, por no tomar en cuenta todos los “costos ocultos” y todos los efectos
negativos del modelo que hacen que el costo-beneficio sea más problemático, y
por su concepción distorsionada del desarrollo, que presenta este modelo como
el único posible, han puesto en peligro las reformas agrarias, la soberanía
alimentaria, la redistribución de las riquezas, la construcción de otro proyecto
de sociedad más viable.
Por eso, algunos análisis de lo sucedido afirman que en estos gobiernos
progresistas el retorno del papel del Estado no ha significado otra cosa que
ajustar ese papel con el fin de atraer inversión extranjera. Y en ese sentido,
no han hecho ninguna ruptura con el neoliberalismo, apenas lo han reorientado.
El vicepresidente de Bolivia, García Linera, pretendió reducir conceptualmente
el sentido del extractivismo a una “relación técnica con la naturaleza”,
olvidando, como recuerda Edgardo Lander, que el extractivismo no sólo produce
riquezas. Produce también relaciones sociales, un tipo particular de Estado,
caracterizado por posiciones autoritarias y rentistas. Produce un imaginario
colectivo y un modelo de sociedad. Por consiguiente, no se puede dejar así
nomás el extractivismo como se deja una herramienta, porque el extractivismo
configura políticas, influye en la relación entre el Estado y la sociedad y
también influye en el proyecto de sociedad.
Resulta paradójico que estos gobiernos, con el clima económico favorable que
significó el importante aumento de los precios de las materias primas, con un
clima político tan positivo como fue el amplio apoyo popular que los llevó al
poder, y con un clima internacional tan novedoso como tuvieron con el
fortalecimiento de la imagen de la región, no iniciaran al menos la transición
hacia otro proyecto de sociedad. Si, a pesar de todos estas circunstancias
positivas, no les fue posible romper con el modelo extractivista tradicional,
¿cuándo y cómo, en qué circunstancias y con qué condiciones, más favorables y
duraderas, sería posible el cambio? ¿Será que es imposible la transición,
relegada siempre a un “después” hipotético?
¿REALMENTE
QUISIERON HACERLO?
Maristella Svampa definió el “consenso de los commodities” como el fundamento
ideológico común que tuvieron los gobiernos latinoamericanos, hayan o no
realizado el “giro a la izquierda”. Ese consenso consiste en apostar por el
desarrollo ampliando el extractivismo. Las diferencias entre los distintos
gobiernos, sean post-neoliberales o sean neoliberales, no aparecen si miramos
la común voracidad extractiva.
A posteriori se ven diferencias: ¿Cómo ha evolucionado la política fiscal? ¿La
renta generada por la explotación de los recursos naturales a quiénes ha
beneficiado, a qué sectores? Según las respuestas, y sin subestimar la
resistencia y las limitaciones que enfrentan los gobiernos progresistas se
puede decir si ha habido éxito o fracaso en la transición. El dilema se plantea
más en términos del poder que del querer.
¿No pudieron o no quisieron? Pareciera que fue el “consenso de los
commodities”, del que nunca se desprendieron por completo, el que atrapó a
todos los gobiernos. ¿Hasta qué punto creyeron poder hacer esta transición… o
realmente quisieron hacerla?
Hay que luchar
contra la pobreza y también contra la dependencia. Los gobiernos
post-neoliberales prometieron algunas políticas que quedaron en el camino. ¿Qué
decir de lo incoherente y contradictorio de sus acciones comparándolas con sus
declaraciones iniciales, con las Constituciones que ellos mismos, junto con la
sociedad civil, reelaboraron? En la práctica, la negación de los Derechos de la
Naturaleza y del Buen Vivir, reduciéndolos a mera retórica para usar en foros
nacionales e internacionales, causa confusión, arriesga esas alternativas y la
confianza que en ellas pusieron los movimientos sociales.
NO DEBEMOS
ENGAÑARNOS
Este análisis, demasiado sintético, merece más matices según los países y según
las fases que ha atravesado cada gobierno. Cada país que ha enfrentado un
conflicto emblemático (Belo Monte en Brasil, Tipnis en Bolivia, Yasuní en
Ecuador) pone en evidencia las contradicciones entre las pretensiones y las
prácticas. Mientras, el neo-extractivismo continúa actuando como una oleada
estructural en todos esos países. A la hora del balance y del debate sobre
futuras perspectivas, hay que formular una doble pregunta: ¿qué actores?
¿cuáles cambios?
Hoy, los actores que llevaron a los gobiernos progresistas al poder aparecen
divididos y debilitados, atrapados con frecuencia en la red de la subordinación
o de la autocensura. La alianza, implícita o explícita, de los gobiernos
progresistas con las grandes empresas agroindustriales, con la oligarquía y con
los actores transnacionales, reconfiguraron las relaciones de poder dentro del
poder empresarial, escondiendo así los antagonismos bajo el discurso
desarrollista, o incluso bajo el discurso “pachamamista”, el que prometía un
desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo.
Los movimientos sociales que llevaron al poder a estos gobiernos están ante un
importante dilema. Dependiendo del caso, del país, de las circunstancias,
podrían configurarse alianzas concretas, estratégicas y defensivas entre los
gobiernos post-neoliberales y los movimientos sociales. Actualmente no existe
una alternativa electoral a los gobiernos progresistas y “lo que se viene”
marca el regreso de la extrema derecha neoliberal, aliada del neocolonialismo.
A pesar de ese
peligro, los movimientos sociales no deben engañarse sobre las contradicciones
que vieron en estos años de gobiernos progresistas. Más allá de que estas
alianzas sean viables o no, es importante un trabajo teórico y práctico sobre
la reconfiguración de las fuerzas sociales de estos países al margen y más allá
de los gobiernos. En el centro de los problemas que se han generado estos años
están en juego la autonomía y el fortalecimiento de los movimientos sociales,
su capacidad en convertirse en verdaderos contrapesos del poder, y su capacidad
de forjar una nueva dinámica institucional y estatal. Para enfrentar este juego
hay que mover el cursor y colocarlo de nuevo en la emancipación.
POLITÓLOGO DEL CENTRO TRICONTINENTAL (CETRI).
