Carlos Sandoval García / Karina Fonseca Vindas
Envio.org.ni
/ julio 2020
Con la pandemia ha cobrado fuerza la xenofobia. Sin embargo, la responsabilidad por la propagación del virus no debe pesar sobre las espaldas de los nicaragüenses que viven y trabajan entre nosotros. Los responsables van desde un Ortega inoperante hasta los empresarios de agronegocios en Costa Rica. Hoy más que nunca es tiempo de reconocer que la sociedad costarricense y la nicaragüense son profundamente interdependientes. Por la historia y la geografía. Y también por la demografía, la economía y la cultura.
La investigación y el debate sobre las migraciones internacionales se interesan más en la migración sur-norte que en la migración sur-sur, más todavía si las personas migrantes llegan a Estados Unidos y a la Unión Europea. Sin embargo, las migraciones en el sur global son casi el 45% de toda la migración internacional y en esas rutas las personas son más vulnerables y corren mayores riesgos.
Costa Rica es uno de los destinos más frecuentes en la migración sur-sur en
América Latina, sólo superado por los países a donde llegan masivos
contingentes de personas venezolanas, colombianas y haitianas. Las personas
nicaragüenses tienen un lugar central en la realidad y en el imaginario de la
sociedad costarricense. Hoy, en tiempos de pandemia, la relación histórica
entre dos países que comparten más de 300 kilómetros de frontera tiene nuevos
matices.
NICARAGÜENSES PRESENTES
De acuerdo con el censo de 2011, la población inmigrante en Costa Rica
representa un 9% del total de la población total de nuestro país. Un 76.4% de
la población inmigrante nació en Nicaragua. Se concentra en la zona norte,
frontera con Nicaragua, y en áreas centrales del país. La mayoría tiene entre
15-49 años, por tanto, en edad de trabajar. Hay sectores de la economía
costarricense, como la agricultura de exportación, la construcción, la
seguridad y el trabajo doméstico, que dependen en gran medida de hombres y
mujeres nicaragüenses.
MILES DE SOLICITUDES DE REFUGIO
La crisis política, económica y social desencadenada en Nicaragua a partir de
abril de 2018 ha forzado a miles de nicaragüenses a dejar su país. La mayoría
de estos exiliados llegó a Costa Rica. Desde ese abril y hasta febrero de 2020
se registraron en nuestro país y ante la Dirección General de Migración y
Extranjería, 74,056 solicitudes de refugio, lo que ha significado un enorme
desafío para la institucionalidad tica y para todas las organizaciones y
organismos responsables de atender a estas personas.
Las cifras exactas son difíciles de estimar. No todas las personas solicitantes
de refugio en la coyuntura de la represión orteguista ingresaron al país
recientemente. Las hay que ya estaban en Costa Rica, pero durante años no
habían logrado acceder a alguna modalidad de regularización. También están las
que no salieron de Nicaragua por la crisis política.
Lo que sí es indiscutible es que, después de abril de 2018, la sociedad y el
Estado nicaragüense ya no son los de antes de esa fecha. Cuáles podrían ser los
desenlaces de la crisis política en Nicaragua no son fáciles de prever a dos
años del inicio de las protestas, mucho menos ahora, con la crisis sanitaria
mundial a la que el régimen Ortega-Murillo ha respondido con tanta
irresponsabilidad y cuando es difícil entender qué pretenden provocando el
contagio y negando la gravedad de la pandemia.
Más allá de sus fronteras, Nicaragua empieza a ser vista como epicentro de la
pandemia en Centroamérica. Y en Costa Rica cobra fuerza la xenofobia. Sin
embargo, la actual crisis pone de manifiesto que estamos más unidos de lo que
pensábamos, en términos geográficos e históricos, económicos y, sin duda,
familiares.
REFUGIADOS, EXILIADOS, MIGRANTES
La crisis política en Nicaragua ilustra cuán borrosa, y a veces problemática,
puede ser la distinción entre “refugiado” y “migrante”. Y pone de relieve los
retos que existen en los esfuerzos organizativos de las personas solicitantes
de refugio en Costa Rica -desplazadas por el régimen orteguista- y los
migrantes nicas de más larga data. Fortalecer los vínculos entre unos y otros
es un desafío no siempre exitoso.
Más de 350 mil nicaragüenses han migrado a Costa Rica en las últimas décadas
por falta de trabajo y de condiciones dignas para vivir. Es una migración
también forzada, pero diferente a la de quienes han buscado refugio huyendo de
la represión política. Y aunque todos pertenecen al mismo pueblo, que demanda
democracia, derechos y oportunidades en su país, los migrantes laborales ven a
veces con sospecha a sus compatriotas refugiados, intuyendo que tienen ventajas
para recibir apoyo de organizaciones humanitarias y organismos internacionales,
o mejor atención en los servicios migratorios o en los beneficios que el Estado
costarricense brinda a quienes son solicitantes de refugio o ya fueron
reconocidos como tales.
Superar la dicotomía entre refugiados / exiliados y migrantes nicaragüenses en
Costa Rica resulta crucial para forjar proyectos políticos más inclusivos en
Nicaragua. Como será de suma importancia en las elecciones que tienen que
celebrarse en Nicaragua en noviembre de 2021 que la oposición a Ortega consiga
que la legislación electoral nicaragüense incluya el derecho al voto de los
nicaragüenses en el extranjero.
LA MIGRACIÓN FORZADA NO ES DE AHORA
La migración nicaragüense a Costa Rica es histórica. La lucha contra la
dictadura de Somoza, derrocada en 1979, el conflicto armado de los años 80
entre el gobierno sandinista y los grupos contrarrevolucionarios, las políticas
neoliberales puestas en marcha por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y
mantenidas desde entonces, y no se diga la devastación que produjo el huracán
Mitch, han obligado a miles de nicaragüenses a dejar su país. Durante la década
de la guerra de los años 80, hubo una importante migración de nicaragüenses
hacia Estados Unidos, pero buena proporción vino a Costa Rica.
Estos flujos migratorios constantes han dejado en nuestro país una generación,
muy poco conocida y reconocida, de niños, niñas y jóvenes costarricenses, hijos
e hijas de padres o madres nicaragüenses, quienes usualmente no reivindican sus
antecedentes familiares o incluso los ocultan.
También es poco conocida o reconocida la existencia de familias binacionales,
en donde uno de los padres o madres es nicaragüense. Estimaciones realizadas a
partir de datos disponibles en el Instituto de Estadística y Censos muestran
que un 17% de los nacimientos ocurridos en Costa Rica en 2018 fueron de madre o
padre nicaragüense, y un 3.98 % nacieron de padre y madre nicaragüenses.
Las familias mixtas representan una cantidad considerable, que generalmente
pasa desapercibida, tanto en Costa Rica como en Nicaragua.
UN PAÍS EN TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
La llegada de migrantes a Costa Rica coincide con la transición demográfica que
experimenta nuestra sociedad. En la actualidad, Costa Rica es el país con la
tasa de natalidad más baja de América Latina y con una esperanza de vida que
alcanza los 80 años, ligeramente superior a la de Estados Unidos.
La tasa global de fecundidad pasó de 1.84 en 2012 a 1.67 en 2017. La proporción
de personas adultas mayores alcanzará el 20% de la población total en el año
2040, una transición que en países de la Europa mediterránea tomó mucho más
tiempo. Esta drástica transición demográfica no parece asumirse aún en el
imaginario colectivo de la sociedad costarricense, aunque en el mediano plazo
tendrá repercusiones en términos de empleo, pensiones y provisión de salud,
entre otros. El tema es importante, pero no se reconoce aún fuera de algunos
círculos especializados.
EL PESO ECONÓMICO DE LOS NICARAGÜENSES
Se estima que un 11% del PIB de Costa Rica lo producen nicaragüenses residentes
en nuestro país. Las remesas que las personas nicaragüenses que trabajan en
Costa Rica envían a sus familias en Nicaragua son vitales para la economía
nicaragüense: se estima que en 2017 fueron equivalentes a un 27% del valor de
las exportaciones nicas y que en 2019 representaron el 14% del PIB
nicaragüense.
Sin embargo, como sucede en tantos otros países, la migración internacional, en
este caso la nicaragüense, suele asociarse en Costa Rica al deterioro de los
servicios públicos: salud, educación o vivienda. Hasta hace pocos años, también
se vinculaba a la inseguridad. En la actualidad la violencia criminal en
nuestro país está relacionada más con las disputas territoriales por la venta
de sustancias ilícitas entre grupos integrados en su mayoría por costarricenses
y, por eso, este prejuicio ha cedido terreno.
NUESTRA SINGULARIDAD ANTE LA PANDEMIA
A finales de junio de 2020 a Costa Rica le tocó enfrentar una segunda ola de la
pandemia. A pesar de esto, la tasa de letalidad del Covid-19 en nuestro país
era para esas fechas de 0.5% y la de mortalidad de 2.4%, sólo superadas por las
tasas de Singapur.
El acceso universal a la salud pública -entre el 90-95% de cobertura para
atención médica-, el acceso a agua potable por tubería pública para más de un
90% de la población y el liderazgo de las universidades públicas puestas al
servicio del Ministerio de Salud son algunos de los factores que explican tan
buenos indicadores. Otros, sin duda, son la capacidad de generar articulaciones
oportunas entre ministerios e instituciones prioritarias y el muy alto nivel de
confianza de la ciudadanía costarricense en la información oficial y en el
manejo que han hecho las autoridades de la crisis sanitaria.
Si hay una institución pública que causa admiración a propios y extraños, es la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Hoy más que nunca se aprecia su
importancia central. Muy golpeada por desfinanciamientos, acciones
privatizadoras, corrupción y el declive en la recaudación, no deja de ser una
de las instituciones más fuertes y consolidadas del país.
En la capacidad de responder adecuadamente a la pandemia ha estado el disponer del equipo de protección necesario para todo el personal de salud y la habilitación en tiempo récord de un hospital especializado para pacientes de Covid-19, que antes era un hospital de rehabilitación por traumas.
La rigurosa gestión de la pandemia ha permitido que los hospitales nacionales
no se hayan saturado: a finales de junio de 2020 en cada hospital nacional
había 30 personas internadas y 5 en las unidades de cuidados intensivos.
Varias innovaciones llenan de orgullo a nuestro país en esta crisis sanitaria.
La posibilidad de que el Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa
Rica (UCR), produzca un tratamiento para pacientes graves, tomando como base el
plasma de pacientes convalecientes y recuperados. La creación en la UCR del
primer ventilador no invasivo con aislamiento incorporado para tratar pacientes
positivos. Y la secuenciación del genoma del virus que circula en Costa Rica.
Todo esto revela una institucionalidad sólida y profesionales con capacidad de responder adecuadamente a la pandemia. Sin lugar a dudas, la inversión que a largo plazo ha hecho el país en instalaciones de salud pública es el secreto de la muy buena respuesta costarricense a la emergencia.
También hay que destacar otros aspectos institucionales en la acertada gestión
técnica, especializada y oportuna de la pandemia. El presidente Carlos Alvarado
no acapara los medios de comunicación como conocedor de la materia o como
portavoz de noticias o disposiciones. Ha cedido a las autoridades sanitarias
todo el protagonismo y el liderazgo. El ministro de Salud, el presidente de la
Caja Costarricense del Seguro Social, el presidente ejecutivo de la Comisión
Nacional de Emergencias, el ministro de Seguridad Pública, las ministras de
Comercio Exterior, de Planificación y de Trabajo, entre otros, han tenido la
mayor presencia mediática en toda esta etapa, destacando la transparencia y la
claridad en todas sus comparecencias públicas.
POLÍTICAS SOCIALES ANTE LA PANDEMIA
La política social en respuesta a la pandemia ha sido objeto de escrutinio y
crítica. Entre los sectores más afectados en Costa Rica sobresale el turismo,
que representa cerca del 8% del PIB. Se calcula que a finales de este año se
perderán más de 100 mil empleos en este ramo.
A finales de junio de 2020 se habían perdido ya casi 450 mil empleos en todo el
país. Sin duda, hay un importante subregistro por la informalidad laboral en la
que se gana la vida mucha gente, entre ellas las personas migrantes.
Entre las medidas de alivio que el gobierno estableció está el “Bono Proteger”
que llegó a más de 500 mil personas. Consiste en un apoyo mensual y durante
tres meses de 300 dólares aproximadamente por familia. Y el plan de las
municipalidades “Con vos podemos”, en el que la Comisión Nacional de
Emergencias provee de alimentos y artículos de limpieza a las familias.
Transcurridos los primeros tres meses de la adopción de estas medidas queda la
duda de si habrá viabilidad financiera para continuar brindando estos apoyos,
que no han llegado, por ejemplo, a todas las personas extranjeras que los
necesitaban.
Lamentablemente,
hay que resaltar que la pandemia encontró a los gobiernos centroamericanos sin
una perspectiva regional y de largo plazo con la que enfrentar juntos y mejor
la exclusión estructural, que está en la base de que los sistemas de salud
regionales sean o muy precarios o mejores, como lo ha podido ser el nuestro.
EL PAC GOBIERNA DE NUEVO
La crisis de 2018 en Nicaragua coincidió con unas reñidas elecciones generales
en Costa Rica, seguidas por un proyecto de ley para una reforma fiscal que
generó fuertes tensiones entre muchos sectores de la sociedad tica.
El partido neoconservador de derecha cristiana, Restauración Nacional, ganó la
primera ronda en las elecciones, pero no alcanzó la mayoría requerida para
hacerse con la victoria. Obtuvo el 25% de los votos y requería el 40%. En la
segunda ronda ganó la presidencia para el período 2018-2022, con el 21.7% de
los votos, Carlos Alvarado Quesada, candidato del Partido Acción Ciudadana
(PAC).
Con Alvarado, el PAC consiguió un segundo mandato, pero sólo obtuvo una pequeña representación parlamentaria (9 de las 57 diputaciones). Si bien Costa Rica se rige por un sistema presidencial, el aumento del número de partidos políticos en la Asamblea Legislativa ha derivado en la práctica en una especie de sistema parlamentario, en el que para legislar y obtener mayoría de votos, las fuerzas políticas deben trabajar arduamente.
EL RETO DE LA REFORMA FISCAL
Alvarado heredó un déficit fiscal de aproximadamente el 5.57% del PIB. El
Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto de reforma fiscal necesario y
siempre pospuesto en los últimos 20 años. Entre las principales propuestas
estaba el reemplazo del impuesto a las ventas por el IVA, el aumento del
impuesto a empresas y personas de altos ingresos y el control de la evasión
fiscal. No todo lo propuesto fue aprobado y quedaron pendientes las políticas
necesarias para prevenir la evasión y la elusión fiscal.
Qué tan regresiva o progresiva ha resultado la reforma que se le hizo a la
reforma fiscal propuesta ha sido tema de controversia política. El hecho de que
el PAC, como partido de gobierno, esté débilmente representado en la Asamblea
Legislativa y el que la izquierda haya elegido sólo un diputado, impidió quizás,
la aprobación de las políticas destinadas a evitar la evasión fiscal y a
incrementar un sistema de impuestos progresivo.
Durante los debates sobre la reforma fiscal algunos sectores de la oposición de
derecha y de extrema derecha argumentaron que los ingresos que el gobierno
obtendría de la reforma fiscal se utilizarían en beneficios sociales para los
nicaragüenses recién llegados. Así, la xenofobia se agregó a la retórica
homofóbica, tan recurrida durante la campaña electoral en las redes sociales para
retratar al PAC como un partido “permisivo” que apoya el aborto y el matrimonio
igualitario, principales preocupaciones de políticos y analistas
neoconservadores.
Facebook registra una serie de perfiles de iniciativas de extrema derecha, como Alt Right Costa Rica, que se parece a Steven Bannon y el sitio Breitbat news. Según esta corriente, la homosexualidad y los extranjeros amenazan lo que suponen es la identidad nacional costarricense.
EL RIESGO SANITARIO DE NICARAGUA
En medio de la pandemia, el 27 de mayo el ministro de Salud de Costa Rica,
Daniel Salas, afirmó en conferencia de prensa: “El principal riesgo sanitario
que enfrenta Costa Rica en este momento con la pandemia del Covid-19 es el alto
nivel de circulación del virus que existe en Nicaragua. Existe ese riesgo y lo
hemos tratado de abordar lo mejor posible. Ya ustedes saben todo el despliegue
que se ha hecho por parte de Seguridad y todo el movimiento sanitario que hemos
estado haciendo en las dos fronteras, pero Nicaragua ya fue ubicada por la
Organización Mundial de la Salud como un país con transmisión comunitaria
riesgo cuatro. Tenemos que cuidar toda la actividad que se hace en nuestra
sociedad y seguir los protocolos”.
El tema ya estaba en la agenda de los medios de comunicación y en las redes
sociales. A pesar del claro aumento de controles fronterizos en el norte del
país para contener el ingreso irregular de nicaragüenses y el muy dudoso manejo
de situaciones con personas indocumentadas o solicitantes de refugio que varias
organizaciones denunciaron, el gobierno había evitado poner una excesiva
atención en el contagio de personas extranjeras.
¿CÓMO DISTINGUIR ENTRE LAS CIFRAS Y LA XENOFOBIA?
Al inicio de la pandemia, estos casos se mantuvieron estables, representando el
6-7% del total. Sin embargo, ya para mediados de junio, el porcentaje había
crecido a casi el 25% de los casos y al final del mes esos casos representaron
el 40% de los registrados diariamente.
A pesar de la presión ejercida por los medios de comunicación, el ministerio de
Salud no desglosa la nacionalidad de los extranjeros contagiados. Sin embargo,
existen múltiples narrativas que asocian el aumento de los casos durante el mes
mayo a migrantes, especialmente nicaragüenses.
¿Cómo distinguir entre el hecho de que la población extranjera está
sobre-representada entre quienes son diagnosticados a nivel nacional, de la
evidencia de los casos positivos que se están registrando en mayor número en
personas extranjeras, y de la xenofobia? Es éste probablemente uno de los desafíos
más apremiantes en esta crisis sanitaria.
LA VORACIDAD DE LOS AGRONEGOCIOS
Poco a poco fue emergiendo un secreto a voces: los agronegocios asociados
especialmente a la piña y a la yuca eran responsables de contratar a
nicaragüenses sin seguridad social, que vivían en condiciones de hacinamiento,
lo que favorecía el incremento de los casos de Covid-19.
Primeramente, fue noticia el ingreso de 69 nicaragüenses en territorio
costarricense por un punto no autorizado amontonados en un camión ganadero. Después
se reveló que llegaban reclutados por empresas que cultivan piña y que urgen de
mano de obra y que los mantienen en condiciones precarias y clandestinas para
hacer más rentable su monocultivo.
El ministerio de Salud recordó que las empresas que contraten a inmigrantes
indocumentados serían multadas, como lo establece la normativa migratoria. Pero
desde la experiencia de las organizaciones que defienden los derechos humanos
de trabajadores migrantes, este tipo de sanciones nunca suelen hacerse efectivas.
¿Cambiará algo ahora con la crisis sanitaria?
“ES FÁCIL BUSCAR CULPABLES”
Recogemos las palabras del diputado José María Villalta, del partido Frente
Amplio, quien se expresó así en la Asamblea Legislativa al conocerse lo que
ocurría con estos trabajadores: “Hay una pandemia que afecta a nuestro país y a
la humanidad y que nos ha afectado mucho antes de la llegada del coronavirus.
Me refiero a la pandemia del odio, de la discriminación, del racismo y de la
xenofobia”.
“Esa pandemia también está azotando a Costa Rica y en estos tiempos de crisis
vemos cómo se desata. Tiempos de crisis en los que estamos afectados por un
virus microscópico que no podemos ver. Es muy fácil querer buscar culpables en
las personas más vulnerables de nuestro país. Y eso es lo que está pasando en
Costa Rica hoy, cuando uno escucha por las redes sociales discursos de odio, de
xenofobia hacia la población nicaragüense que trabaja en nuestro país. He visto
discursos encendidos denunciando el racismo en otros países. Hay que denunciarlos
con vehemencia, pero no olvidemos que contra esos discursos de odio tampoco
estamos vacunados en Costa Rica”.
“HUYEN DE UN GOBIERNO IRRESPONSABLE”
“La población nicaragüense que viene a trabajar a nuestro país huye de un
gobierno irresponsable al que hemos denunciado en este plenario legislativo, un
gobierno irresponsable que ha expuesto a su población, que no ha tomado las
medidas para enfrentar adecuadamente esta pandemia”.
“La población migrante viene a trabajar a Costa Rica. Y no nos engañemos, ¡no
seamos hipócritas!, hay muchas actividades productivas que no se sostienen sin
la mano de obra de los trabajadores nicaragüenses. Es lo que pasa con las
actividades agrícolas en la zona norte. Y a mí me llama la atención oír
discursos de odio contra trabajadores que estaban laborando sin seguridad
social, sin regularidad migratoria, pero que están laborando en Costa Rica y
que están enfermos o podrían estarlo. Pero no hay ni una palabra contra los
irresponsables, explotadores, esclavistas que explotan a esos trabajadores y
que se han enriquecido históricamente con ellos en las plantaciones de la zona norte
de nuestro país y en otras muchas regiones”.
“HAY UNA CÚPULA EMPRESARIAL IRRESPONSABLE”
“Hay redes de tráfico de migrantes, redes de trata que operan impunemente en
este país, representados al más alto nivel por una cúpula empresarial
irresponsable que los alcahuetea. Esas redes no sólo violentan los derechos
humanos de estos trabajadores. Hoy están poniendo en peligro la salud de toda
la población. Y yo desearía ver un discurso más vehemente, una actuación firme
del ministerio de Salud, que es muy bueno para cerrar parques públicos, pero
¿por qué no actúa con toda la fuerza de la ley contra estos irresponsables?”
“La solución no va a ser nunca negarle la atención en salud a estas personas
trabajadoras. Con eso sólo vamos a agravar la pandemia. No es violando los
derechos humanos que vamos a enfrentar esta crisis. Es con responsabilidad, con
solidaridad, con el aporte de todos los sectores”.
EL DESPUNTE DE LA XENOFOBIA
En el año 2020 la pandemia del COVID-19 proporciona un lenguaje para hablar
sobre xenofobia sin necesidad de nombrarla directamente. El “racismo
inferencial”, como lo calificó Stuart Hall, resulta muy persuasivo pues quienes
emplean términos despectivos hablan en nombre de la salud pública y por eso no
son reconocidos como “racistas”. El “racismo inferencial” potencia el “racismo
manifiesto”, que recurre al odio de manera abierta.
En el contexto del Covid-19 volvió a aparecer, por ejemplo, un perro rottweiler en la bandera de Costa Rica.
Evocaba un hecho de 2005, cuando varios rottweilers
atacaron y mataron al nicaragüense Natividad Canda ante la indolencia de
policías y civiles costarricenses. En las redes sociales abundaron los mensajes
sugiriendo que son necesarios rottweilers
en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para frenar el contagio.
Al racismo inferencial y manifiesto hay que agregar la gran cantidad de
noticias falsas que circulan profusamente, especialmente en el whasapp, que
hacen evidente que existe una intención consciente de producir miedo y odio.
“NO HAY EXCUSA PARA DISCRIMINAR”
En general, durante los últimos dos años (2018-2020), el aumento de la xenofobia
ha tenido su contracara, y esto es muy importante. La descripción de esta
coyuntura sería parcial si se dejara de lado la solidaridad y la defensa de los
derechos humanos que han emprendido muchas organizaciones y personas.
“Xenofobia” se ha convertido ya en una palabra familiar más allá de los
círculos académicos, que presiona sobre comentarios que puedan percibirse como
xenófobos. Voces hostiles hacia los nicaragüenses, procuran desmarcarse de la
xenofobia y ya se escucha con cierta frecuencia: “Yo no soy xenófobo, pero...”,
lo que parece confirmar que la crítica hacia la hostilidad y el racismo
interpelan a quienes llaman al odio.
Hoy, en el contexto de la pandemia no es fácil distinguir entre los riesgos de la transmisión comunitaria debida a la irresponsabilidad de Ortega y a las empresas de agronegocios, y la xenofobia sin vínculos con la pandemia.
Pese a esta confusión, llaman la atención los esfuerzos institucionales de
Costa Rica para rebatir la asociación entre riesgo de contagio y xenofobia. Es
el caso de la campaña del ministerio de Justicia y Paz, en la que la xenofobia
se presenta como un virus que debe evitarse, como se evita el SARS-CoV-2. La
campaña se acompaña de frases como éstas: “Que el miedo no dé espacio a la
xenofobia, que esta pandemia sirva para transformarnos en mejores personas”,
“Ni el Covid-19, ni ninguna otra cosa, pueden ser excusa para discriminar”, “El
planeta está en crisis… y todos somos ciudadanos y ciudadanas de ese mismo
planeta”.
TAMBIÉN TENEMOS MIGRANTES
También las personas costarricenses emigran, aunque en número menor que las del
resto de países centroamericanos. Nuestra migración representa aproximadamente
el 3% de la población total.
También costarricenses han perdido la vida por el coronavirus en el extranjero.
A finales de junio, 25 costarricenses habían muerto en Estados Unidos por la
pandemia. Un número importante de costarricenses en ese país vive en Nueva
Jersey y Nueva York, dos estados donde el Covid-19 ha sido especialmente letal.
En comparación, en esas fechas de junio eran sólo 12 las personas que murieron
de Covid-19 en Costa Rica.
La muerte de costarricenses migrantes víctimas de la pandemia se menciona en
los medios de comunicación, pero no hay una narrativa sobre los elementos
asociados a la pérdida de sus vidas: irregularidad migratoria, limitado o nulo
acceso a servicios de salud, trabajos precarios y con alta exposición a la
enfermedad…
La débil opinión pública costarricense parece no estar preparada para
considerar a los costarricenses como “latinos” o “migrantes”. Eso significaría
reconocer que los costarricenses en Estados Unidos son “otros”, lo que podría
contribuir a reflexionar sobre las formas en que esos “otros”, los
nicaragüenses, están representados en Costa Rica.
“SOMOS UNA FAMILIA”
La literatura sobre migración y exclusión demuestra que aquellos que son
rechazados son al mismo tiempo indispensables. Esta paradoja se vuelve aún más
difícil de reconocer en tiempos de pandemia, cuando aumentan las amenazas en
torno al contagio y, simultáneamente, se requiere que los migrantes recojan las
cosechas, cuiden a nuestros hijos y a nuestras hijas o construyan la
infraestructura de nuestro país.
Las narrativas de la migración se enmarcan en términos de costos y casi nunca
en términos de contribuciones. Por lo general, el sector privado no reconoce
que los nicaragüenses son vitales en ámbitos clave de la economía
costarricense. Hubo una hermosa excepción al terminar la marcha contra la
xenofobia de agosto de 2018. En esa ocasión una gran empresa constructora colgó
una pancarta en la que aparecían juntas las banderas nicaragüense y
costarricense acompañadas de la frase: “Somos una familia”.
Dado que el sector privado apenas reconoce el grado de interdependencia que
caracteriza el mercado laboral en nuestro país, fue un símbolo excepcional y
prometedor, que confirmó que el sector privado podría hacer una gran
contribución para que las personas migrantes tuvieran un mayor reconocimiento.
Desde ambos lados de la frontera, esa interdependencia no suele estar presente.
Tampoco el gobierno de Nicaragua reconoce lo que aportan sus migrantes.
LA INTERDEPENDENCIA QUE NOS UNE
Esta pandemia nos recuerda cómo la interdependencia está en el centro de la
agroexportación nacional y de otras industrias, y reclama su lugar. Las
fronteras están cerradas, pero se requieren migrantes que las crucen, mientras
las empresas apenas admiten públicamente que dependen de la fuerza laboral
migrante. El 22 de junio el diario “La Nación” titulaba: “Agro requiere ayuda
de 74 mil migrantes para recoger cosechas”. Cristian Vargas, un cafetalero de
Tarrazú declaraba: “Los trabajadores son de suma importancia. Sin ellos en esta
zona no recolectamos el café. Sin ellos se puede perder hasta la mitad de la
cosecha. En mi caso, se me perdería hasta el 75% de mi cosecha”.
La experiencia de tantas familias mixtas y la de la primera generación de
costarricenses, cuyos padres son nicaragüenses, junto con la realidad de
nuestra economía, es un amplio escenario de interdependencia.
Las familias binacionales están presentes en la sociedad costarricense y un
número importante de niños y niñas costarricenses tienen al menos un progenitor
nicaragüense. Sin embargo, hasta ahora esos antecedentes familiares y esa
importante primera generación de costarricenses no se traducen aún en
reconocimiento.
Más allá de la retórica nacionalista, el desafío será compartir las experiencias
de quienes se ven obligados a abandonar Nicaragua con la de quienes tienen
menos oportunidades en esta sociedad a la que llegan.
Todos experimentan exclusión, enfrentan desigualdades, pobreza y falta de
oportunidades. Comparten clase, nacionalidad, raza, género, por mencionar sólo
unas pocas condiciones sociales. Este compartir podría ofrecer rutas alternas
para superar las narrativas del “divide y vencerás”, según las cuales los
“extranjeros y los locales” son diferentes.
A pesar de que el análisis económico, demográfico y social proporciona pistas
para pensar -y para sentir- sobre la interdependencia, las narrativas que lo
asumen no son todavía muy frecuentes. La experiencia vivida tiene que
traducirse en un proceso pedagógico y político. La existencia de la diversidad
y de la interculturalidad no garantiza por sí misma su reconocimiento. Más
bien, en ciertas coyunturas y situaciones, como las que ha creado esta
pandemia, las voces del odio parecen ser mayoritarias y se imponen.
RESPONSABLES SON ORTEGA Y LOS EMPRESARIOS TICOS
Aunque este coronavirus no reconoce fronteras, sus representaciones están
altamente nacionalizadas. Y aunque en eso se esconde una de las mayores
dificultades para las personas migrantes, esto puede significar también una gran
oportunidad para confrontar y para revertir, con datos y evidencias, los
discursos retrógrados y de criminalización que han tomado fuerza con la
pandemia.
La responsabilidad de la propagación del virus no debe pesar sobre las espaldas
de la gente pobre que vive y trabaja hacinada, que no puede seguir las medidas
sanitarias o que teme buscar atención médica por estar indocumentada. El
hacinamiento es una de las expresiones más claras de exclusión social.
Los responsables de la propagación del virus van desde un Ortega evasivo e
inoperante en Nicaragua, hasta los empresarios de los agronegocios en Costa
Rica, que hoy han quedado al descubierto con sus prácticas de siempre, basadas
en la explotación sin misericordia de los trabajadores más vulnerables.
ESPERANDO UN NUEVO
TIEMPO
Hoy más que nunca es tiempo de reconocer que la sociedad costarricense y la
nicaragüense son profundamente interdependientes, no sólo por la historia y el
territorio, también por los procesos demográficos, económicos y culturales. Sin
embargo, siguen existiendo más narrativas que reproducen la xenofobia y que
buscan imponerse sobre las que resaltan la Diversidad y el reconocimiento
mutuo.
Cómo encontrar narrativas oportunas para dar relieve a la interdependencia,
teniendo entre sus prioridades la generación de recursos pedagógicos en la
educación formal temprana es un camino a explorar.
Plataformas culturales, la literatura, la música, las artes visuales y los
medios digitales pueden ayudar mucho y ya hay en curso muchas acciones
prometedoras. De suma importancia son la gente dispuesta a hablar, a hacer
sentir su voz, basándola en experiencias vividas de interdependencia. Aún más
necesarias quizás, son sociedades con una mayor disposición a la escucha,
capaces de sobreponerse a los estigmas, a la desinformación y a los miedos.
Corre hoy una época de demasiado dolor y mucha incertidumbre y ojalá venga
pronto un nuevo tiempo que permita que afloren mejores maneras de ser
humanidad. Sin el odio que busca culpables donde sólo hay hermanos y hermanas.
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).
DIRECTORA
DEL SERVICIO JESUITA DE MIGRANTES (SJM).
