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Un fraude electoral con sabor a golpe de Estado imperial


La palabra “fraude” define hoy la situación en Honduras. No sólo porque el 26 de noviembre se desarrolló un descarado fraude electoral, sino porque desde mucho antes buena parte de la sociedad hondureña entendió que todo el proceso hacia las elecciones estaba salpicado por fraudes, especialmente desde que se impuso la candidatura de Juan Orlando Hernández, no sólo polémica sino ilegal. El resultado inmediato de este colosal fraude es una convulsión política y social y un futuro de ingobernabilidad complejo de superar.

Ismael Moreno, SJ
www.envio.org.ni / febrero 2018

Las elecciones generales del 26 de noviembre han significado una nueva tragedia política para Honduras. Los promotores del fraude anunciado y ejecutado antes, durante y después de esa fecha, siguen siendo dueños de las leyes y de las armas, que apuntan a quienes rechazan la dictadura de Juan Orlando Hernández.

Unas 40 personas asesinadas entre el 27 de noviembre y el 27 de enero -al menos la mitad en los primeros diez días de diciembre, cuando el usurpador de la Presidencia decretó toque de queda y ordenó a la Policía Militar del Orden Público que les disparara-, 1,500 personas golpeadas, torturadas y heridas y más de 50 personas encarceladas, acusadas de sedición y de realizar actos violentos, son los saldos más visibles de la respuesta militar a la vibrante protesta social contra el fraude.

TODOS LO SABÍAMOS

El 17 de diciembre, después de continuas incongruencias y contradicciones, después de retrasos injustificados, caídas del sistema, recuento de actas, David Matamoros, al frente del desacreditado Tribunal Supremo Electoral, anunció finalmente que Juan Orlando Hernández era el vencedor de las elecciones, a pesar de las voces que, dentro y fuera de Honduras, denunciaban que eran fraudulentas y hasta exigían nuevas elecciones.

Washington no secundó de inmediato el anuncio de Matamoros. Todos sabíamos que Juan Orlando Hernández era el candidato de Washington. Lo que no sabía Washington es que, pese a todo lo que preparó para garantizar su victoria, su candidato perdería las elecciones, por haber cosechado tanto repudio popular. Cuando Matamoros ratificó la victoria de Hernández, a Washington le urgía hablar. Un último episodio terminó de decidir al Departamento de Estado.

21 DE DICIEMBE: UN DÍA DIFÍCIL PARA ELLA

El jueves 21 de diciembre no fue para Elizabeth Flores Flake un día alegre, aunque amaneció tan espléndido que invitaba a dar un paseo por el siempre atractivo Central Park de Nueva York. El calendario marcaba el solsticio de invierno, el día más corto del año, pero para Lizzy, fue un día eterno, difícil de olvidar en su brillante carrera política y en sus siete años como embajadora de Honduras ante la ONU.

Después de una noche sin dormir, cargada de sentimientos encontrados, eligió un maquillaje que lograra ocultar su angustia. Nunca pudo imaginar que su padre y maestro, el ex-Presidente Carlos Roberto Flores Facussé, de ascendencia palestina, la iba a llamar, conminándola a cumplir con tan amarga tarea.

Llegó al salón de sesiones y ocupó su asiento. Ese día, en sesión especial, la Asamblea General de Naciones Unidas debatía y votaba sobre la polémica decisión del Presidente Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
La sesión la habían solicitado Turquía y Yemen, en nombre del grupo de países árabes, después que Estados Unidos vetara el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU estableciendo que cualquier decisión sobre el estatus de Jerusalén carecía de efecto legal.

“O ELLOS O NOSOTROS”

Lizzy había recibido de su padre no una solicitud, una orden. Tendría que respaldar la decisión de Trump. “Tenés que dejar los sentimientos a un lado. De ese voto depende nuestro futuro. O ganan ellos, que están listos para ajustar cuentas con nosotros o gana Juan Orlando, que nos garantiza estabilidad política y familiar”. Algo así le debió decir el padre a la hija, que nunca le había dicho un NO a su padre.

Llegó la hora de votar. Trató de olvidar los latidos de su corazón, por el que corre sangre palestina, y de evitar las miradas de sus colegas árabes. Y votó como un autómata, con la mirada perdida, en contra de la moción y a favor de la decisión de Trump.

La acompañó el voto del embajador de la Guatemala que hoy está en manos de ese payaso convertido en político que es Jimmy Morales, y los votos de los representantes de varios diminutos países-islas del Pacífico. 128 países respaldaron a los árabes oponiéndose a la decisión de Trump.

Mientras Lizzy abandonaba apresuradamente el salón de sesiones sin hablar con nadie, su padre, tan acostumbrado desde la década de los años 80 hasta el día de hoy a manejar a su antojo a periodistas, políticos de poca monta y piadosos religiosos, respiró satisfecho.


Sólo horas después, el 22 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos reconocía el triunfo electoral de Juan Orlando Hernández.

UN NUEVO GOLPE DE ESTADO

Con el reconocimiento de Washington se hizo efectivo, en menos de una década un nuevo golpe de Estado, en esta ocasión, paradójicamente, por la vía electoral y con el mismo propósito del de 2009: sacar del juego a Mel Zelaya, el “fantasma” que atormenta las noches de Flores Facussé por venganzas pendientes…

El Departamento de Estado no tuvo en cuenta el llamado dramático que había hecho ya el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiendo que se realizaran nuevas elecciones.

Tampoco tuvo en cuenta el silencio de Europa y de varios gobiernos de América Latina, conscientes todos de las flagrantes irregularidades del proceso y las dimensiones que estaban alcanzando las protestas populares.

Antes de los comicios, Washington había desestimado la ilegalidad de la candidatura de Hernández a la reelección. Realizados los comicios, obvió las maniobras fraudulentas que caracterizaron la jornada electoral, no dio importancia al masivo repudio popular e hizo caso omiso de los posibles vínculos de Hernández con el crimen organizado.

EL AMBIGUO RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Washington respaldó a Juan Orlando Hernández porque en Honduras es él quien más docilidad y servilismo le garantiza para llevar adelante su política de seguridad para Centroamérica.
Una vez que habló Washington, el reconocimiento del resto de países comenzó a llegar, uno tras otro, como cuando caen las hojas de los árboles en el otoño del hemisferio norte. Sin embargo, al reconocer al nuevo Presidente, todos sin excepción se hacían eco de la necesidad de un diálogo nacional, al que había convocado el propio Hernández.

De todas formas, ningún mandatario de ningún país del mundo llegó el 27 de enero a la toma de posesión, celebrada en el estadio nacional bajo estrictas medidas de seguridad. En las afueras del estadio centenares de manifestantes eran violentamente reprimidos con armas estadounidenses e israelíes, mientras Ana García, la esposa de Hernández, con una estrella de David al cuello, agradecía a Dios la oportunidad de seguir siendo, él y ella, “sus instrumentos” como gobernantes.

El reconocimiento internacional de la necesidad de un diálogo nacional llevaba entre las líneas del lenguaje diplomático la evidencia de que en Honduras hay una crisis y que, en importante medida y paradójicamente, la crisis la provoca el gobierno al que reconocían.

GANÓ EL MIEDO A UN FANTASMA

El miedo a un fantasma determinó la aceptación del fraude en las oficinas del Departamento de Estado en Washington. Ese fantasma revoloteó por oficinas políticas, negocios empresariales y sedes de la llamada “sociedad civil” y de embajadas...

El fantasma tiene nombre, se llama Manuel Zelaya Rosales, convertido por muchos en Honduras en un auténtico mito, algo así como el monstruo de la laguna “negra” con el que los padres amenazan a sus hijos.
Analizando las dimensiones que llegó a alcanzar el miedo a ese fantasma, podemos afirmar que en estos comicios no ganó Juan Orlando Hernández ni se impuso el fraude. Quien ganó fue el miedo a ese fantasma y lo que se impuso fue el prejuicio de Washington a un gobierno en el que participara Zelaya.

Nunca separó Washington a Nasralla de Zelaya. A lo sumo, veían con sarcasmo a Nasralla de Presidente. La convicción que predominó en Washington fue que el hombre del sombrerón, Manuel Zelaya, sería quien gobernaría tras Nasralla.

SE IMPUSO LA LÓGICA DE LA “BANANA REPUBLIC”

Con el fraude impuesto y este golpe de Estado que tiene sabor imperial se han impuesto nuevamente en Honduras los intereses de la geopolítica global por sobre los intereses nacionales. De nuevo ha pesado la lógica de que somos una “banana republic” y, por tanto, los intereses hondureños se definen sin el país, fuera del país y en contra del país.

Dejando a un lado a los tibios demócratas que ocupan la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, el Departamento de Estado y el Comando Sur decidieron cerrar filas contra el peligro que veían venir en el imprevisible gobierno que harían un Salvador Nasralla y un Zelaya Rosales, a los que les achacan vasos comunicantes con el agónico “Socialismo del Siglo 21”.

Ante ese peligro, cualquier cosa, incluso seguir respaldando a un rufián y mafioso como Hernández. Mejor lo malo por conocido que… el fantasma, aun cuando tropiecen de nuevo con la misma piedra.

Y tropezarán. Porque Washington sabe quién es Juan Orlando Hernández y sabe que él perdió. Lo sabe Juan Orlando, lo sabe Matamoros, lo saben los observadores de la OEA y los de la Unión Europa. Lo saben, más que nadie, y convierten ese saber en rechazo, rabia y resistencia, sectores mayoritarios de la población hondureña que no votaron por Nasralla ni por su liderazgo ni por su capacidad, sino que votaron contra JOH, un personaje que se ha labrado él mismo su imagen: el más repudiado político de la historia de nuestro país en los últimos años.

MANDATARIOS EN LA MEMORIA POPULAR

Los gobernantes que ha tenido Honduras en las últimas cuatro décadas son recordados por el pueblo acentuando en la memoria determinados rasgos.

A los militares que dieron golpes de Estado en los años 70 los recuerdan burlescamente por su patética ignorancia. Después vinieron los mandatarios civiles. En el país todo mundo se mofa de Suazo Córdova, el primer presidente en la etapa de las democracias representativas, por sus alardes pueblerinos y su estilo de alcalde de pueblo. A Azcona Hoyos se le recuerda por la mezquindad con la que abordó la demanda internacional de sacar a la contrarrevolución nicaragüense de territorio hondureño. A Callejas lo ha hecho el pueblo el símbolo del gobernante corrupto, el icono de la cleptocracia.

Después de ellos, Carlos Roberto Reina quedó en el imaginario popular como quien quiso adecentar la institucionalidad promoviendo una inoperante “revolución moral”… aunque dejó algo positivo al abolir el servicio militar obligatorio.

Vino después Carlos Roberto Flores Facussé, el padre de Lizzy. Su nombre va unido al devastador huracán Mitch, que ocurrió durante su período. Se le recuerda por su hábil y deshonesta compra de periodistas y por ser el constructor del “cerco mediático” que se mantiene hasta hoy.

Ricardo Maduro ha quedado en la memoria popular como el hombre de la mano dura, el que pasó todo su gobierno vengándola muerte de su hijo y capitalizando las ayudas que llegaron por el Mitch.

JOH: EL MÁS REPUDIADO DE TODOS

Los dos mandatarios que precedieron a JOH, Manuel Zelaya y Pepe Lobo, también dejaron impronta en la población. A Zelaya se le asocia con un “poder ciudadano” que puso a temblar todo lo que de neoliberalismo se había consolidado desde Callejas hasta Maduro. Zelaya es el hombre de la Cuarta Urna y la víctima del golpe de Estado.

De Micheletti, quien lo sustituyó, apenas se recuerda su estridente tripleta de gritos ¡Viva Honduras! propios de un “gorilete”, como le llamaron.

A Pepe Lobo se le asocia con la mano extendida a la comunidad internacional suplicándole reconocimiento y tapando los agujeros que dejaban a su paso las prácticas corruptas de sus más cercanos colaboradores, incluyendo las de su amada “mi Rosa”.

¿Y Juan Orlando Hernández? Será recordado, cuando ya no esté, por su crudo cinismo y su desmedida ambición, por ser el más descarado representante de la oligarquía hondureña. Ningún mandatario pasará a la historia tan repudiado como JOH.

ESTE FRAUDE SE PUDO EVITAR

La permanencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández y la situación convulsa y dramática a la que nos llevó el fraude del 26 de noviembre pudo evitarse. Pudieron evitarla, en primer lugar, los partidos de oposición, que estaban claros que la candidatura de Hernández era en sí misma un fraude por su ilegalidad. Participar en el proceso electoral era, de algún modo, avalar esa ilegalidad.

Si en lugar de participar se hubiesen dedicado a conformar un frente nacional de ciudadanía opositora contra el fraude que representaba esa candidatura, hubiesen forzado al grupo fraudulento a negociar una salida distinta a las elecciones. Sabíamos todos que, en las circunstancias en que se desarrollaban, las elecciones no iban a ser solución, sino que provocarían un conflicto mayor.

Si ya se sabía eso, ¿por qué participó la oposición? Porque las elecciones son siempre una competencia atractiva para la población y porque lo que mueve a la inmensa mayoría de los actores políticos hondureños, tanto a los de los partidos tradicionales como a los de los partidos opositores, es la búsqueda de cuotas de poder.

ESTRATEGIA PARA BLANQUEAR EL FRAUDE

El frente nacional contra el fraude no se construyó y Honduras tiene ahora en el gobierno a un mandatario repudiado, que comprobó con las masivas protestas populares que siguieron a su “triunfo” que no se impondrá fácilmente. Para Juan Orlando Hernández y su equipo el desafío es cómo “blanquear” el fraude y hacer legítima la ilegitimidad. Para eso han puesto en marcha una estrategia con cinco líneas simultáneas de trabajo.

La primera línea es la internacional. Buscan reconocimiento y respaldo. Dirige esto Arturo Corrales, ex-Canciller y ex-Ministro de Seguridad, experto en el uso de encuestas para crear tendencias y ahora, para blanquear fraudes. Corrales inició su trabajo en Estados Unidos: fue él quien planeó ofrecer a Washington el voto de Honduras para respaldar la decisión de Trump de declarar Jerusalén capital de Israel a cambio del pronto reconocimiento de Hernández, sabiendo que cuando hablara el Departamento de Estado los reconocimientos del resto de países vendrían por añadidura.

La segunda línea es la nacional. Se trata de maquillar la dictadura por dos vías: que el gobierno insista en llamar a un diálogo nacional y que se reinstale y se re-institucionalice el Ministerio de Derechos Humanos. Ambas vías cuentan con un unánime respaldo internacional, porque, ¿qué país en el mundo rechaza el diálogo y el respeto a los derechos humanos?

DE NUEVO, UN “DIÁLOGO NACIONAL”

A la estrategia de convocar un diálogo nacional para apaciguar un problema ya recurrió el equipo de Hernández en 2015 en el fragor de la crisis que motivó el destape de la enorme corrupción que había en el Seguro Social. En aquel momento decenas de marchas de indignados con antorchas encendidas repudiaron a Hernández.

Fue entonces cuando se estrenó la consigna ¡Fuera JOH!, repetida una y otra vez durante el fraude electoral, y sin duda la más popular de las consignas que se han conocido en Honduras en mucho tiempo. Esa consigna dio origen a la canción “¡Es pa’ fuera que vas!”, cantada en todo el país y presente continuamente en las redes sociales. Según una encuesta musical realizada en Internet, al terminar 2017 ocupaba el tercer lugar entre las 50 canciones más escuchadas este año en Honduras.

En aquella ocasión, cuando Juan Orlando y su equipo se vieron acorralados por las presiones para que se investigara, se enjuiciara y se sancionara a quienes habían saqueado el Instituto Hondureño del Seguro Social, el gobierno convocó a un diálogo “incluyente, abierto y sin condiciones”. Pero en ese diálogo sólo participaron los afines a la mafia gubernamental.

DE AQUEL DIÁLOGO NACIÓ LA MACCIH

Del diálogo de 2015 surgió la MACCIH (Misión de Apoyo a la lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras). Esta nueva instancia fue la respuesta gubernamental a la crisis. La arregló Arturo Corrales, entonces Canciller, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En las marchas de las antorchas lo que la gente pedía no era eso, sino una institución como la CICIG (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad) instalada en Guatemala con el patrocinio de la ONU. La MACCIH fue una especie de híbrido. Y su misión nunca ha cuajado, a pesar de la buena voluntad de algunos de sus integrantes.

Son tan impenetrables la corrupción y la impunidad en las estructuras del poder en Honduras que cuando la MACCIH ha tocado a algunos diputados para que sean investigados sus actos de corrupción, el régimen ha saltado defendiéndolos, con el argumento de que nadie del exterior puede hacerlo porque Honduras tiene fiscales y jueces capaces de investigar y juzgar. Después, cuando vieron que la MACCIH estaba decidida a investigar rutas de corrupción en el Congreso Nacional, que alcanzan al menos a unos 60 diputados, éstos decidieron reformar las leyes con el propósito de impedirlo y de que nada ponga en riesgo la impunidad que los protege.

¿MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS?

El fruto del diálogo de 2015 fue “normalizar” la situación que hizo tambalear a JOH. Aplacada la crisis, el equipo de Juan Orlando tuvo allanado el camino para prepararle la reelección, lo que ha provocado ahora una crisis mayor que aquella, una convulsión política y social, que de nuevo tratan de solventar con la reedición de un diálogo cuyo punto de partida es dejar intactas las reglas del juego que permitieron los polémicos resultados electorales.

El diálogo de 2015 no fue ni abierto ni incluyente. Buscaba solamente calmar la crisis, no resolverla. Actuó como lo hace una tapadera puesta a una olla de presión hirviendo. La olla siguió hirviendo y dos años después ha estallado con el fraude electoral, haciendo más intensos todos los conflictos latentes.

La otra vía en la línea nacional de blanqueo del fraude es conformar de nuevo el Ministerio de Derechos Humanos, una institución que el propio Hernández eliminó cuando llegó al gobierno en 2014 y que ahora reabrirá por la presión internacional.

Aunque lo reabra, este Ministerio es un auténtico contrasentido si se tiene en cuenta el peso que en su gobierno tiene la inversión en armar a los cuerpos represivos para que respondan más eficazmente a las protestas populares, violando los derechos humanos. Es muy probable que lo que haga este Ministerio no represente otra cosa que la sonrisa del verdugo y la palmadita del torturador a sus víctimas.

“BLANQUEAR” EL FRAUDE EN LOS MEDIOS

La tercera línea de trabajo para blanquear el fraude es el reforzamiento de la alianza con los propietarios de los principales medios de comunicación del país. Para que eleven en sus medios el perfil humano, profesional, espiritual y familiar de Juan Orlando Hernández. Para que destaquen los beneficios del diálogo nacional con el fin de reconciliar a la familia hondureña. Para que resalten el vandalismo de quienes se resisten a aceptar las reglas “del juego de la democracia, en donde siempre hay un ganador y un perdedor”.

Para que insistan en el reconocimiento que ha dado la comunidad internacional a la democracia hondureña.

Se estigmatizará también el trabajo de los periodistas y sus vidas privadas, presentándolos como enemigos de la paz, aliados del crimen organizado, promotores del vandalismo y del desorden. Se les cooptará o se les sobornará, como quisieron hacerlo con Salvador Nasralla, a quien consideraron el eslabón más débil de la alianza opositora.

Se estrechará el “cerco mediático” en defensa del nuevo gobierno por las vías de siempre y nuevas vías. El sabotaje que derribó una antena y una torre de Radio Progreso en la noche del 9 al 10 de diciembre fue apenas una advertencia de lo que podría ocurrir a los medios que no se sometan a las líneas de ese “cerco”.

COMPRAR VOLUNTADES ARMADAS

La cuarta línea de trabajo para blanquear el fraude es la compra de gobernabilidad -no de gobernanza-, invirtiendo más recursos económicos para afianzar la alianza con los oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Militar del Orden Público, de la Policía Nacional, y con otros colaboradores.

Esta línea comenzó a implementarse con los oficiales y clases del Batallón Cobras de la Policía Nacional, que protagonizaron un conato de sublevación pocos días después de las elecciones. Hernández atajó personalmente la crisis con mucho dinero. El éxito que logró con esa maniobra lo decidió a aplicarlo a todos los mandos de las diversas estructuras armadas, y también a civiles a los que le interesa mantener contentos, para evitar que en la crisis post-fraude le surjan sorpresas que no pueda controlar.
CON REPRESIÓN PURA Y DURA

Y la quinta línea de trabajo que blanqueará el fraude es la pura y dura represión contra los opositores. Se criminalizará a los manifestantes de oposición al nuevo gobierno que tengan algún nivel de liderazgo y trabajen en zonas con mayor índice de movilización. Esto ya ocurre: se ha capturado a decenas de ellos, levantándoles procesos judiciales. También se eliminará físicamente a los principales líderes de base de la oposición cuando sea necesario.

Para garantizar el éxito de esta línea, Hernández decidió nombrar nuevos comandantes del Ejército. Entre ellos, al general René Orlando Ponce Fonseca, su amigo personal, formado en el Batallón 3-16, que actuó como escuadrón de la muerte y fue responsable de asesinatos y desaparición de decenas de personas en la década de los 80.

Mientras se organiza un nuevo diálogo, “amplio e incluyente”, las fuerzas represivas persiguen, capturan, torturan y desaparecen. Y cuando los perseguidos tienen suerte los entregan a la fiscalía para que los acuse por delitos de terrorismo, daños a la propiedad privada y sedición y les apliquen condenas de varios años de cárcel sin derecho a fianza o a medidas sustitutivas.

EL PEOR DE LOS ESCENARIOS

Honduras ha entrado a partir del golpe de Estado que significó el reconocimiento por Washington del gobierno de Juan Orlando Hernández en el peor de los escenarios, el que confronta y polariza sin posibilidad de una negociación que ponga límites y contrapesos al proyecto de dictadura, al que se oponen al menos las tres cuartas partes de la población hondureña y una oposición no sólidamente articulada, pero sí unida en el repudio a esta dictadura y a este dictador.

Por ese escenario riesgoso, que conduce inevitablemente a la ingobernabilidad, optó el gobierno de Estados Unidos al respaldar a Juan Orlando Hernández. Riesgoso, porque el estigma del fraude no sólo no podrá quitárselo de encima su gobierno, sino que seguirá siendo un factor detonador de conflictos, movilizaciones y protestas.

El régimen inaugurado el 27 de enero de 2018 será el gobierno más débil de la historia hondureña en las últimas décadas. Ya el primer gobierno de Hernández se caracterizó por su escasa legitimidad, dados los niveles de corrupción de los bienes públicos que se descubrieron. Ahora, carecerá también de legalidad, por haber irrespetado la voluntad soberana del pueblo al cometer fraude y haberse impuesto inconstitucionalmente.

“A este usurpador hay que hacerle la vida imposible”, “No puede gobernaren paz un gobierno que le ha quitado la paz a la sociedad”, dice la gente.

EL GOBIERNO QUE VIENE

Para sostenerse será enorme la inversión que tendrá que hacer este gobierno en la compra de voluntades, conciencias y estómagos en todos los niveles de la sociedad. El presupuesto de casa presidencial y el presupuesto discrecional del Presidente deberán elevarse exponencialmente. Será un gobierno mercenario que no podrá mantenerse sin invertir mucho en comprar lealtades.

Será dramático el recurso al miedo y a la fuerza de las armas que tendrá que hacer este gobierno para lograr acallar las protestas. Incapaz de promover consensos y provocando disensos se fortalecerá sólo con amenazas, control y con los ardides de la inteligencia militar.

Será continuo el esfuerzo de este gobierno para diseñar alianzas con la clase más rica del país y con el capital transnacional. La privatización de los bienes públicos, la multiplicación de proyectos extractivos y los contratos basados en sobornos y chantajes caracterizarán a un gobierno que necesita congraciarse con quienes tienen el poder del dinero, tanto en Honduras como en Estados Unidos.

Será importante la inversión en propaganda en los medios de comunicación que tendrá que hacer este gobierno para construir un más sólido “cerco mediático” y una opinión pública favorable y distraída con otros temas.

Será permanente el acomodo de la legislación que aprobará el Congreso, donde Hernández cuenta, por el fraude, con mayoría de diputados. Y también será permanente el recurrir a alianzas con líderes, tanto católicos como evangélicos, para que fortalezcan con el poder divino la enorme debilidad de su gobierno.

UN ESCENARIO DE FICCIÓN

El ciclo electoral se cerró el 27 de enero desde la perspectiva de Washington, desde la perspectiva del nuevo gobierno hondureño y desde la perspectiva de la comunidad internacional. ¿También desde la perspectiva del pueblo hondureño?

En un escenario ideal, propio de una película de ficción, se revierte el fraude y se convocan nuevas elecciones bajo estricta supervisión internacional. Eso supondría que Washington rectifica.
Una variable de ese escenario es lo que sostiene el partido LIBRE y su coordinador, Manuel Zelaya, que demandan un mediador internacional que en breve plazo examine el proceso electoral y que al confirmar el fraude reconozca el triunfo de Nasralla o si no, que ordene repetir los comicios, sólo entre dos candidatos: Hernández y Nasralla. Esto también parece película de ficción.

EL ESCENARIO POSIBLE

El otro escenario es posible. Se trata de construir y fortalecer en el mediano plazo una coalición amplia de ciudadanía en rebeldía contra la dictadura, capaz de presionar desde los más diversos ámbitos, restando poco a poco espacios a la dictadura.

El punto central de la presión ciudadana apuntaría a la ilegalidad de la reelección de Hernández y a la ilegitimidad de su gobierno por el fraude electoral y por el delito, imprescriptible, de traición a la patria cometido por el Tribunal Electoral al inscribir la candidatura de JOH. Desde esta perspectiva la exigencia de anular las elecciones de noviembre de 2017 puede ser permanente, pues en su origen todo el proceso está viciado por el fraude.

Este escenario sólo podría fundamentarse en una muy amplia alianza, que incluiría a los sectores más radicales del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y a otros sectores políticos radicales de la izquierda, hasta el Partido Liberal que lidera Luis Zelaya, pasando por quienes conformaron la Alianza Opositora contra la Dictadura y extendiéndose a los sectores ciudadanos y populares que hoy se aglutinan en la Convergencia Contra el Continuismo, espacio en donde convergen las iniciativas más relevantes de diversos sectores sociales y ciudadanos.

¿CÓMO LOGRARLO?

Lograr este escenario exige que quienes se unan para hacerlo posible reconozcan que, más allá de las coyunturas efervescentes, la organización social, comunitaria y popular sigue siendo muy débil en Honduras. Exige que muchas organizaciones sociales salgan de su encierro y superen sus agendas específicas. Exige tener en cuenta todas las diversidades, superar la dispersión y dedicar todas las energías a lograr la anulación de las elecciones.

Este escenario requiere de estrategia de calle y de alianzas internacionales. Juan Orlando Hernández ha hecho méritos para ser acusado de crímenes de lesa humanidad y, considerando que Honduras sigue siendo un laboratorio de golpes de Estado y de gobiernos de extrema derecha, hay que lograr que este personaje sea identificado internacionalmente como un peligro para la democracia, no sólo para Honduras sino para toda América Latina.

Con una alianza y con una convocatoria opositora ciudadana tan amplia el proyecto de la dictadura no tendría éxito y llegaría un momento en que se vería obligado a negociar una salida, que podría ser un gobierno transitorio, cuya única tarea sería convocar nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Electoral y con supervisión internacional, en las que Hernández no podría ser candidato por la ilegalidad de su reelección. El gobierno que surgiera de esas nuevas elecciones podría organizar una consulta nacional para que el pueblo, ejerciendo su soberanía, decida si se convoca o no una asamblea nacional constituyente que escriba una nueva Constitución que redefina la institucionalidad democrática de nuestro país.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

Equidad en salud, desigualdad y pobreza multidimensional


Por: Jorge Prosperi
www.elblogdejorgeprosperi.com / 250218

Antecedentes internacionales recientes
Hace más de diez años la organización Mundial de la Salud en el documento de información preparado para la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud titulado “Aprender de las experiencias anteriores”, nos subrayaba que para alcanzar la equidad en salud, era (y es) imprescindible “mejorar la salud en las comunidades más pobres y vulnerables del mundo atacando las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas, conocida como determinantes sociales de la salud…”

Posteriormente en el 2008, la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, nos ofrece su magnífico informe: Subsanar las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud, en el cual subraya que “…dentro de cada país hay grandes diferencias sanitarias estrechamente ligadas al grado de desfavorecimiento social. Semejantes diferencias no deberían existir, ni dentro de cada país ni entre los países. Esas desigualdades y esa inequidad sanitaria, que podría evitarse, están determinadas por fuerzas políticas, sociales y económicas, y del tipo de sistemas que se utilizan para combatir la enfermedad…” La Comisión formuló tres recomendaciones generales que mantienen su vigencia plena y los invito a releerlas y seguirlas: 1. Mejorar las condiciones de vida cotidianas; 2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos; 3. Medición y análisis del problema.

Haciéndose eco de esas recomendaciones, Resolución WHA62.14 de la 62ª Asamblea Mundial de la Salud (que aprobamos junto con los demás países del planeta): “Reducir las inequidades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de la salud”, insta a los Estados Miembros: “a que luchen contra las inequidades sanitarias…mediante el compromiso político sobre el principio fundamental de interés nacional de “subsanar las desigualdades en una generación; a que desarrollen y apliquen objetivos y estrategias para mejorar la salud pública, centrándose en las inequidades sanitarias; a que tengan en cuenta la equidad sanitaria en todas las políticas nacionales relativas a los determinantes sociales de la salud…a establezcan políticas de protección social integrales y universales, que prevean el fomento de la salud, la prevención de la morbilidad y la atención sanitaria, y promuevan la disponibilidad y el acceso universales a los bienes y servicios esenciales para la salud y el bienestar…”

En seguimiento a nuestros compromisos y promesas, durante la pasada 29.a Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS, se presentó y aprobó el informe del estado de los  Determinantes sociales de la salud en la Región de las Américas. Dicho informe nos recuerda que de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, en la Declaración de Río sobre determinantes sociales se establecieron cinco áreas clave de acción relativas a los determinantes sociales de la salud en los planos mundial, nacional y local. Recomiendo la lectura del documento y la evaluación nacional de los avances y progresos logrados durante los últimos cinco años para abordar los determinantes sociales de la salud, y alcanzar la equidad en salud.

Informe del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá
Durante el Septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Panamá, aparte de suscribir la Agenda 2030, contentiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como pauta para el desarrollo al año 2030, manifestó el compromiso de adoptar el IPM basado en la metodología Alkire-Foster, desarrollado por la Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) y propuesto por las Naciones Unidas como instrumento para medir la pobreza multidimensional a nivel nacional.

Cumpliendo con el compromiso, el año pasado el Gobierno Nacional, llevó a cabo el diseño y cálculo del Indice de Pobreza Multidimensional en el país, con el propósito de “Identificar y medir la incidencia e intensidad de las principales carencias o privaciones no monetarias que afectan las condiciones de vida de los panameños, y emplearlas como criterio complementario a la medición de pobreza por ingreso en la reorientación de la política social, para lograr una efectiva reducción de la pobreza de modo integral”. Comparto a continuación, citando literalmente (en cursiva), algunos antecedentes y los principales resultados de dicho estudio, el cual debe ser referente obligado para alcanzar la equidad en salud y el pleno desarrollo humano.

Mediante un proceso participativo, se definió que el IPM para Panamá estaría conformado por 17 indicadores distribuidos en 5 dimensiones, las cuales representan las principales carencias que sufren los hogares y personas en pobreza en el país. La Composición y peso de las dimensiones e Indicadores del Índice de Pobreza multidimensional de Panamá se aprecia en la siguiente gráfica.


Resultados del IPM de Panamá

Incidencia de la pobreza multidimensional
El IPM-Panamá nos permite identificar la cantidad de personas que se encuentran en una condición de pobreza multidimensional. Los resultados para el año 2017 indicaron que el porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional se ubicó en 19.1%, lo que representó en términos absolutos 777,752 personas. En cuanto a hogares, se encontraron en condición de pobreza multidimensional el 12.2%, lo equivalente a 138,410 hogares.

Porcentaje de personas pobres multidimensional: Año 2017


Al desagregar la información por áreas geográficas, los resultados de esta medida fueron consistentes con la tendencia de los valores mostrados en otros métodos de medición de pobreza utilizadas y aplicadas en el país. Por ejemplo, en las comarcas indígenas fue en donde se presentó las mayores proporciones de personas pobres multidimensionales e inclusive, en el mismo orden observado cuando se realizan los análisis de pobreza monetaria. En el caso de pobreza multidimensional la incidencia fue: Comarca Ngäbe Buglé (93.4%), Comarca Guna Yala (91.4%) y Comarca Emberá (70.8%). El promedio de estos tres valores supera en 4.5 veces el valor del promedio nacional, lo que evidencia también con esta medida una la disparidad existente y que ya era previamente conocida.

Porcentaje y número de personas pobres multidimensionales, según provincias y comarcas indígenas: Año 2017


En cuanto a las provincias, las tres con mayor porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional y por encima del promedio nacional, fueron: Bocas del Toro (44.6%), Darién (40.0%) y Coclé (22.6%). En las dos primeras habitan una amplia población indígena, 62.6% y 31.1% respectivamente, Mientras en el resto tienen menores proporciones: Los Santos (4.2%), Herrera (7.2%) y Panamá (8.5%). 

Una comarca indígena y dos provincias concentran el 53.7% de las personas en pobreza multidimensionalmente (417,851 personas), estas son: la comarca Ngäbe Buglé (24.6% o 191,634) y las provincias de Panamá (17.1% o 133,237) y Panamá Oeste (12.0% o 92,980). Esta comarca es la que mayores niveles de pobreza ostenta, mientras que en las provincias la misma se sitúa por debajo del 16.0%. Por el contrario en una comarca indígena y tres provincias se encuentra el 5.5% o 42,581 personas privadas: Darién (2.8% o 21,606), comarca Emberá (1.1% u 8,603), Herrera (1.1% u 8,456) y Los Santos (0.5% u 3,916). En esta comarca aproximadamente 7 de cada 10 personas y en Darién 4 de cada 10 están en pobreza multidimensional, mientras que en Herrera y Los Santos esta relación es apenas de 7 y 4 de cada 10 personas.

Índice de Pobreza Multidimensional
Teniendo en cuenta el proceso de interconexión entre la incidencia de pobreza multidimensional y la intensidad de la misma, se obtiene el IPM. El resultado obtenido para 2017 del IPM nacional de Panamá fue de 0.083. Lo que significa que, los pobres multidimensionales experimentan el 8.3% del total de posibles carencias que la sociedad podría llegar a sufrir. 

Una de las principales ventajas del IPM es que puede ser descompuesto, es decir nos indica que dimensión o indicador es el que más está aportando a explicar los niveles de pobreza multidimensional. En el caso del IPM-Panamá, cuatro dimensiones aportan casi en igual medida, alrededor del 20% cada una al IPM, Educación (23.9%), Trabajo (20.9%), Ambiente, entorno y saneamiento (20.7%) y Vivienda y servicios básicos (19.8%). En el caso de salud la misma solamente contribuye a explicar el 14.7%.

Contribución porcentual de cada dimensión al índice de pobreza multidimensional: Año 2017 
Cada parte del siguiente gráfico representa el porcentaje de contribución de cada indicador en el IPM nacional. Considerando esta contribución, se encontró que siete indicadores explican el 60.2% del índice: logro educativo insuficiente (12.4%), precariedad del empleo (11.9%), manejo inadecuado de los desechos (8.4%), desocupado y trabajador familiar (7.7%), carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada (7.1%), acceso a servicios de salud (6.4%) y repitencia escolar (6.4%). Por lo anterior, cualquier intervención que afecte alguno de estos indicadores, tendrá un mayor impacto potencial en los cambios de la pobreza multidimensional. 


Contribución porcentual de cada indicador al índice de pobreza multidimensional: Año 2017
















Otro hecho interesante es que, aunque la dimensión salud en su totalidad tiene un aporte menor comparado con otras dimensiones al IPM, dos de sus tres indicadores están entre los sietes que más contribuyen a explicar la pobreza (carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada y acceso a servicios de salud). La dimensión de vivienda y servicios básicos que aporta en su totalidad 5.1% más que la dimensión de salud, no tiene ningún indicador dentro del grupo de indicadores con una alta contribución individual. 

Al realizar el análisis por regiones, las comarcas indígenas fueron las que presentaron los mayores Índices de Pobreza Multidimensional. Entre los principales factores que contribuyeron a que las personas multidimensionalmente pobres de las comarcas vivan en esta condición estuvieron: logro educativo insuficiente, precariedad del empleo, el manejo inadecuado de los desechos, el desempleo y trabajo familiar sin remuneración, y la precariedad de los materiales de la vivienda, la carencia de servicio sanitario, hacinamiento, manejo inadecuado de los desechos y repitencia escolar.

La lectura del informe aclara sin lugar a dudas que, aunque nuestro crecimiento económico es robusto y sostenido, seguimos siendo uno de los países con mayor desigualdad en el planeta, lo cual contribuye a que el desarrollo y el bienestar no se distribuyan en forma equitativa en nuestro suelo patrio. Y “Para alcanzar la equidad en salud y las metas de Salud, es fundamental abordar el problema de la desigualdad”.

Pobreza, enfermedad y muerte
La necesidad de mejorar la salud en las comunidades más pobres y vulnerables del país atacando las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas, queda demostrada al examinar los indicadores que demuestran con mayor claridad el impacto de la pobreza multidimensional en la salud de las personas: la esperanza de vida, la mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. Veamos las siguientes gráficas.


Mientras que la esperanza de vida de un panameño de la ciudad es de 80.6 años, en nuestras Comarcas Indígenas apenas llega a 71 años. De hecho, los habitantes de nuestras provincias más ricas, viven casi diez años más y en mejores condiciones que los panameños de nuestras tres Comarcas.

Peor ocurre para la mortalidad infantil, la cual es dos o tres veces mayor es en las Comarcas que en las provincias más ricas; y con la mortalidad materna que es cuatro veces mayor en las Comarcas que en las provincias con menor IPM. Sin embargo, aunque a mayor Indice de Pobreza aumenta claramente la mortalidad materna, para la mortalidad infantil es irregular este aumento, lo que hace suponer que las madres cuidan más a sus recién nacidos, que a ellas mismas, o la existencia de otras intervenciones no evaluadas, o un subregistro.


La persistencia de condiciones adversas de salud principalmente entre la población más pobre del país, hace suponer que esta problemática no ha sido una prioridad real en la agenda política de nuestros gobernantes, que han estado más preocupados en construir e inaugurar edificaciones, muchas veces innecesarias y, en no pocos casos, sin equipamiento ni recursos humanos adecuados. No se han ocupado de manera efectiva en fortalecer la capacidad de resolución del sistema de salud y mucho menos para promover lo suficiente las condiciones sociales que permitan actuar sobre los factores determinantes de éstas.

No obstante, reconozco el esfuerzo de las actuales autoridades de salud, que han dado muestras de compromiso genuino con alcanzar el sistema nacional de salud que necesitamos y queremos. Sospecho que les ha faltado el suficiente respaldo político efectivo pues el gobierno no ha superado el discurso y la promesa, que ya nadie cree, de un compromiso con un sistema público fuerte y equitativo. Elaboraron una hoja de ruta para implementar la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Pero luego de más de tres años, seguimos esperando…
No menos importante es la necesidad de contar con el compromiso y acompañamiento sincero por parte de los gremios que componen el sector salud, que favorezca una con una distribución más equitativa de los recursos humanos de salud, lo cual no es el caso actual, pues en las provincias más ricas hay un médico por cada 480 habitantes, una enfermera por cada 450 habitantes y un odontólogo por cada 2,000 habitantes. Mientras que en las Comarcas indígenas estas cifras son 4,800, 7,800 y 19,000 respectivamente. Lo cual es inaceptable, injusto e inhumano. No omito subrayar que para mejorar esta distribución se requerirá de promover las condiciones favorables en nuestro interior y comarcas, de suerte que los profesionales y técnicos tengan los recursos e incentivos adecuados para el trabajo digno y se sientan atraídos por irse al interior en lugar de ser parte del modelo biomédico de salud predominante en nuestro sistema, con grandes hospitales públicos y privados en las capitales de provincias.

Al final me queda claro que estamos obligados a formular políticas que integran acciones en salud, sociales y económicas, y a desarrollar un sistema de salud que incorpore intervenciones multisectoriales, introduciendo la cobertura universal de salud para mejorar la salud y sus determinantes. Pero antes debemos resolver los asuntos que tenemos pendientes con la justicia social, la desigualdad y la inequidad sanitaria.

La respuesta nacional: el “Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030”
En mi opinión nuestras posibilidades de disminuir la pobreza y la desigualdad que nos caracteriza, aumentarán en la medida que seamos capaces de unir esfuerzos y desarrollar todos juntos las estrategias que propone el PEN Panamá 2030. Repasemos las partes relacionadas directamente con el tema que nos ocupa.
El documento reconoce que “los altos niveles de pobreza y desigualdad según territorios, ocasionan que grupos importantes de la población no acumulen capital humano ni social, así como tampoco desarrollen capacidades que les permitan generar los niveles de ingreso requeridos para satisfacer sus necesidades básicas”. En ese contexto para fomentar el desarrollo se proponen cinco objetivos meta, todos interrelacionados. No obstante, por razones de espacio, me referiré a continuación a dos de ellos: Buena vida para todos y; Crecer más y mejor. Les invito a la lectura en el documento original, de los efectos, objetivos y acciones relevantes propuestas para cada objetivo y sus estrategias.

Buena vida para todos. Para el año 2030 Panamá contará con políticas sociales de impacto nacional, regional y local, desarrollará intervenciones integrales y tendrá una red de servicios públicos que permitirá la acumulación de capital humano y social y que además garantizará el desarrollo humano sostenible de la población, según sus características étnicas, sociales y económicas. Para determinar el grado de bienestar en una sociedad es necesario construir un acceso equitativo a los recursos, derechos, bienes y servicios de educación, salud, vivienda y empleo que aseguran la calidad de vida de los ciudadanos. Construir bienestar es garantizar la ciudadanía social. Este reto se ve acrecentado en el escenario actual donde los importantes resultados obtenidos por Panamá en materia de crecimiento económico y riqueza, no han venido acompañados de una distribución equitativa de la misma, ni de un aumento de la inclusión y la cohesión social. Por ello, promover la buena vida para todos es básico y fundamental. 

Crecer más y mejor. Para el año 2030 Panamá implementará políticas públicas que impulsan el crecimiento económico, generan oportunidades, desarrollan capacidades y crean empleo decente. La internacionalización de la economía panameña es un capítulo importante a desarrollar para apuntalar el crecimiento económico y la competitividad. Los países que no emprenden un proceso activo, dinámico e integral en la internacionalización de su economía, confrontarán serias dificultades para crecer en el futuro. Panamá viene arrastrando desde hace muchos años un déficit comercial, que se convierte en un problema crónico al no tener perspectivas de resolverse a corto plazo. Esta situación obliga a trabajar mecanismos para equilibrar la balanza comercial y depender menos de las importaciones. El promover un sector exportador y el desarrollo rural sostenible, es una tarea por lo tanto inaplazable. Aprovechar la ventaja comparativa y competitiva de tener control de la vía por donde pasan un porcentaje alto de los insumos industriales, materias primas, al mismo tiempo que es puerta de salida para las mercancías, es un reto inaplazable. En materia de economía debe promoverse el desarrollo productivo y la competitividad, en la dinamización de sectores estratégicos, y el desarrollo de plataformas con uso intensivo de tecnología ambiental.


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