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VALORES EN CRISIS

Miguel Antonio Bernal V.

El Siglo lunes 29 de mayo de 2017

 Hace un año, destacaba a mis lectores que desde la llegada y caida de la dictadura, Panamá mantiene una  crisis de valores que nos impide determinar  qué valores debemos instituir.

Una sociedad sin brújula, dónde las autoridades se recrean practicando y encubriendo la corrupción y venerando la Constitución de 1972, símbolo del autoritarismo y totalitarismo, le está  llegando la hora -quieralo o no- de las definiciones de su presente y de su futuro inmediato.

La partidocracia mantiene su norte de impedir- la libertad y la participación política de la ciudadanía. Estamos hablando de la urgente necesidad de instituir una real, efectiva y transparente libertad política que elimine la interminable cantidad de obstáculos existentes en nuestro medio que impiden el actuar de la voluntad responsable de los ciudadanos.

Apelo, una vez más a Fernando Savater cuando nos enseña que: “Al hablar de libertad no me refiero a nada especialmente místico, sino a la autonomía de los individuos en la colectividad para establecer y revocar leyes, elegir y deponer a los gobernantes, disfrutar de garantías jurídicas y de la posibilidad de explorar por cualquier medio no lesivo para otros la plenitud de su subjetividad”.

Es obligatorio fotalecer los pasos, mecanismos y procedimientos favorables a nuestras libertades políticas.  Hoy más que nunca, debemos emanciparnos de la miseria, de la tiranía de la pobreza establecida, de la desigualdad, de la ignorancia. Para ello no podemos permitir que se continue reduciendo la función de las instituciones y servicios públicos a la defensa y protección de los privilegiados y sus privilegios.

En los  meses por venir la crisis de valores sin duda se acentuará y aumentará el peligro de nuestras libertades políticas. El gobierno está dispuesto a reprimir para salvar su cleptocracia.  Por ello, debemos repudiar seguir siendo una guarida financiera y rescatar nuestra pisoteada dignidad ciudadana  nacional y nuestra identidad nacional.

1er Congreso de Cultura Investigativa en la Educación Superior de Panamá


Profesores, investigadores, administrativos y estudiantes podrán participar en el Congreso de Cultura de Investigación del Instituto de Investigación de AUPPA. 

Pueden acceder al siguiente vínculo para inscripciones: http://idia.org.pa/inscripcion/ 

Pearl Island: Investment in Panama


La exisla Pedro González

Jorge Sarsaneda del Cid
Panamá, 010517

En un reportaje-anuncio de un canal de tv aparece la “maravillosa Pearl Island” (isla Perla, supongo) y se ve una muchacha muy bonita, morena, sirviéndole unos refrescos (¿tragos?) a una pareja de blancos, en una piscina, con un mar turquesa en el fondo. Luego anuncian un proyecto turístico, precioso, paradisíaco, “en un lugar de Panamá”, con una inversión de unos 150 millones de dólares y presentan la inauguración y bendición en marzo 2017. En ningún momento se menciona otros habitantes en la isla. En resumen: ¡una maravilla exclusiva para el turista!

¿De dónde surgió la tal “isla Perla”? ¿No había sido ‘descubierta’? Pues resulta que está en el golfo de Panamá y es la isla Pedro González, según todos los mapas. En ella habitan, desde tiempos coloniales, hermanos panameños de origen africano. Actualmente, hay unas 300 personas que, de golpe y porrazo (o ‘dolarazo’) se han visto asustadas, divididas, engañadas, invadidas, rebautizadas, perseguidas, ‘electrificadas’ y casi expulsadas. Gente que vivía en un paraíso, ahora están en un infierno.

El asunto no viene de hace unos días. La gente que vive en la isla Pedro González (no Pearl Island) alega que, desde 1971 tiene derechos posesorios ahí. Sin embargo, los caminos normales ahora se encuentran con cercas electrificadas (sin avisos), resulta que ‘aparecieron’ personas con “títulos sobre toda la isla” encima de los derechos de ellos. Ha habido protestas en 2009, 2010, 2013, 2014 y 2016. ¿Resultados? Tres heridos, tres presos, varios ‘huidos’, 37 amenazados de arresto, la comunidad dividida, y el “ejército” (ilegal) panameño, llamado –en este caso- Servicio Nacional Aeronaval, disparó y persigue a la gente (¡!!!???) y es percibido como aliado de la empresa (¡obvio!).

Por si fuera poco, la gente perdió un ojo de agua que le servía porque ahí hicieron la pista de aterrizaje (¿??); la empresa sacó arena y piedra de una playa que el pueblo usaba para sus lanchas; ninguno fue consultado sobre la tramitación de “título” por parte de la empresa; para la gente, su pueblo son 1,467 hectáreas, para la empresa, el pueblo sólo posee 9.5 hectáreas (que se las “concedió” la empresa); según las personas del pueblo, el Senan los acusa de cargadores de droga y prostitutas (dice una habitante). Todos estos datos y más, pueden ser consultados en el informe de la Red de Derechos Humanos de Panamá, que realizó una gira de campo hace unos meses (19-20 noviembre 2016).

¿Qué hacer? Dice una señora: “No nos oponemos al turismo, pero la empresa nos quita la tierra”. Otra añade: “Ahora me siento presa aquí, mi esposo no sale porque lo apresan”. “Estamos peleando con un monstruo, tenemos la isla por cárcel”, tercia una señora mayor.

Por lo pronto, hay que hacer una investigación más profunda de esta situación. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de dar continuidad al trabajo hecho por la Red de DDHH y acompañar a la comunidad de la isla Pedro González. Hay que aclarar quién dio títulos sobre esa isla, cuando ahí viven pobladores desde hace muchos años. ¿Qué dicen la Anati, el ministerio de Ambiente, el Inac, el Ministerio Público, sobre todo esto? ¿Por qué el Senan defiende a la empresa? ¿Por qué en una sociedad que se dice cristiana los más pobres tienen tanto problema para defender sus derechos?

Esto tiene que cuestionarnos profundamente.

 

 

 

 

LA RUTA DE LAS COIMAS


Miguel Antonio Bernal

Coimas van y coimas vienen, pero a los coimeados nadie ni nada los detiene. Ello es así dado que estamos ante un "Estado comiero" y no, ante un Estado Constitucional que es lo que debería imperar.

   Los "negocios del Estado" han logrado que la codicia de los factores reales de poder, hayan podido secuestrar los mecanismos de control del poder ciudadano para actuar a sus anchas, en desmedro de las funciones inherentes a los órganos del Estado y sus dependencias.

  Así vemos como, tanto la Contraloría como la Procuraduría, no son más que instrumentos encubridores y no investigadores de los múltiples delitos que se dan en la ruta de las coimas.  Ello ha acrecentado y acelerado la descomposición de nuestra sociedad y la indefensión ciudadana e todos los campos de la vida cotidiana.

  Los implicados que, por acción u omisión, han participado de la orgía de corrupción, se pavonean desde sus lujosos despachos y residencias, confiados cómo están que, aquí, no pasa no pasara nada.

 El megaescándalo impune de la criminal empresa Odebrecht, ha trancado e inmovilizado todas las obligatorias rutas de investigación de todas las entidades llamadas a cumplir y hacer cumplir los Convenios internacionales contra la corrupción, aparte de la Constitución y las Leyes que juraron cumplir sus responsables.

  La ruta de las coimas de Odebrecht, encontró, en nuestro país, más que un camino real, un canal  ampliado para la impune circulación de sus actos ilícitos apadrinados por los cuatro costados de los enquistados.

    Ni la "delación premiada", ni los "acuerdos verbales formales" servirán para sancionar debidamente a todos los que, desde el 2006, se cobijaron con Marcello y Ravello. Sólo una decidida voluntad ciudadana, de exigir y adelantar las transformaciones institucionales, nos permitirá impedir que acaben con la ardiente esperanza de días mejores en nuestra calidad de vida.
 
   La hora de acabar con la ruta de las coimas ha llegado. Si no actuamos, si claudicamos ante los verdugos de nuestras libertades, estamos condenándonos a ser un lugar dónde vive gente.