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José Mauricio Rodríguez Sánchez, el único
acusado que quedaba para responder por las atrocidades contra el pueblo ixil,
quedó absuelto por segunda ocasión. El Tribunal B de Mayor Riesgo señaló que el
Ministerio Público no pudo demostrar su responsabilidad penal. Lo que sí se
pudo probar es que el alto mando del Ejército que gobernó el país de marzo de
1982 a julio de 1983, sí tuvo la intención de exterminar a los habitantes de
tres comunidades mayas. Pero los responsables de ese crimen, según el tribunal,
ya están muertos. La única que razonó su voto fue la jueza Sara Yoc, para ella
el acusado sí era culpable.
Las víctimas recibieron con amargura el
fallo del Tribunal B de Mayor Riesgo, que el miércoles 26 de septiembre declaró
por unanimidad que sí hubo genocidio, pero absolvió al único acusado en este
juicio.
Ana de León López, víctima sobreviviente
que viajó para escuchar la sentencia desde una aldea de Nebaj, en el
noroccidental departamento de Quiché, cuenta que apenas pudo mantenerse sentada
y en silencio mientras los jueces leían la resolución. “No somos mentirosos.
Aguantamos sed, frío, sin comida, sin tener sal, los hijos se murieron de pura
hambre, igual los ancianos y los jóvenes. Me da cólera porque lo que sufrí no
me lo van a quitar”, decía en las afueras de la sala judicial.
Llegó ilusionada y salió decepcionada.
Para ella no es suficiente que el Tribunal reconozca que sí hubo genocidio. No
es suficiente escuchar que las acciones militares fueron inhumanas y que los
efectos de las masacres, violaciones sexuales, el pillaje, el sometimiento y la
persecución, siguen presentes en las familias ixiles. Para esta mujer solo
queda la pobreza y el abandono. La justicia que llegó después de 36 años le
sabe amarga. Le sabe a impunidad.
El único acusado por estos hechos quedó
absuelto y en libertad porque el Ministerio Público no pudo probar su
responsabilidad. Aunque la fiscalía argumentó que él dirigió, coordinó y
supervisó las masacres y que fue el responsable de identificar a la población
no combatiente como el enemigo interno, ni los testimonios ni los documentos y
peritajes convencieron al Tribunal.
El juez Jaime Delmar González dijo que el
acusado no fue el autor del Plan de Campaña Victoria 82. Rodríguez Sánchez sí
ayudó a elaborar y dirigir los planes de inteligencia, pero estos se anexaron
tiempo después al plan de campaña. El militar no tenía la jerarquía para dar
órdenes. Esto solo podía hacerlo el alto mando militar, expuso el togado.
Justamente esto fue lo que señaló por la
mañana el acusado. “Se dice que yo hice el Victoria 82 y que de ahí salieron
las masacres de las aldeas. Yo los invito a que me digan en qué parte del
Victoria 82 dice eso -vaya y mate, vaya y queme-. Por supuesto, se trataba de
eliminar a la guerrilla, porque estábamos en un conflicto armado. No nos
estábamos tirando flores”. Para separarse de la responsabilidad, Rodríguez
Sánchez cuestionó a los jueces. “¿Por qué se me quiere responsabilizar de todo
lo que hizo el Ejército, cuando yo no era ministro de la Defensa, no era Jefe
de Estado?". Los mandos del Ejército que Rodríguez Sánchez mencionó están
muertos.
Con base en el peritaje del peruano
Rodolfo Robles Espinoza, el Tribunal concluyó que al acusado no se le podía
acusar de la autoría del genocidio ni de los delitos contra los deberes de la
humanidad. Fue absuelto y lo dejaron en libertad después de siete años de haber
iniciado el proceso penal en su contra.
La
sombra de Ríos Montt
En la fundamentación de la resolución el
tribunal hizo un repaso por la época en la que el país vivía liderado por
militares. La jueza Sara Yoc recordó que la violencia contra la población ixil
tenía como referencia la discriminación y el racismo que se originó desde los
tiempos de la conquista. Esto empujó a las poblaciones a la marginación, la
pobreza y la falta de desarrollo.
La apreciación del Ejército hacia el
indígena no era mejor. Los tachaban de “coches” y les ponían sobrenombres
denigrantes como “chocolates”, en referencia al color oscuro de su piel.
A la población civil la vincularon a la
guerrilla y para “rescatarlos” el Ejército se propuso concentrarlos y
mantenerlos sometidos.
Esas acciones ocurrieron mientras Efraín
Ríos Montt dirigía el país. El general, fallecido el pasado 1 de abril, asumió
el mando a través de un triunvirato que al poco tiempo terminó por disolver.
Ríos Montt se convirtió en el “todopoderoso” recalcó Yoc.
Con Ríos Montt al mando, el país se
militarizó. Se anuló el Congreso y el Consejo de Estado. Ríos Montt instauró
los tribunales de fuero especial, y repartió un estilo de justicia rápido que
no permitía una adecuada defensa y terminaba casi siempre en fusilamientos.
Ríos Montt, el ausente, el que fue
condenado en 2013 como responsable del genocidio y delitos contra los deberes
de la humanidad, tenía que enfrentar un segundo juicio, pero fue diagnosticado
con demencia senil. La enfermedad lo alejó de los tribunales y se lo llevó de
este mundo sin enfrentar un nuevo debate.
El tribunal resaltó que durante la gestión
de Ríos Montt el país pasó del estado de Sitio al estado de amenaza. Todo el
tiempo estaban vigilados, con prohibición para reunirse, para expresarse y
organizarse. Y los ixiles tenían por costumbre la organización comunitaria.
Para acabar con la insurgencia, el
Ejército atacó a la población civil que la apoyaba. Al área ixil llegaron los
pelotones con sus bombas, aviones y armas de alto impacto. Los ixiles
indefensos y temerosos ante tal representación de fuerza huían a las montañas.
Cuando el Ejército descubrió que volvían a sus casas cada vez que la tropa se
retiraba, resolvieron quemarles las casas, las cosechas, matar a los animales o
comérselos.
Los que huían eran tachados de
subversivos. Los que se quedaban debían concentrarse, someterse al dominio
militar sin derecho a movilizarse para buscar empleo en otras comunidades. A
los que se rindieron se les obligó a convertirse en patrulleros para vigilar y
delatar a sus propios vecinos. Los obligaron a quemar los cultivos de maíz para
impedir que los que huían tuvieran un medio de sobrevivencia.
Los que huyeron a la montaña murieron de
inanición, reconoció el tribunal. Los sobrevivientes sufren hoy las
consecuencias de los padecimientos. “Solo el Señor sabe cómo sobrevivieron a
todo esto” reflexionaba la jueza María Eugenia Castellanos.
Todas estas acciones eran dirigidas por el
alto mando. De eso tiene certeza el Tribunal. Y de ese alto mando solo queda el
recuerdo, porque todos han muerto.
Al finalizar la lectura de la sentencia el
fiscal Erick de León aseguró que analizarían el fallo para determinar si
solicitarán la apelación. Los querellantes que representan a las víctimas,
también tomarán un tiempo para analizar la sentencia.
Es una justicia a medias, lo saben. Las
víctimas que asistieron a la lectura de la sentencia volverán a sus casas con
la noticia de que nada cambió. El Tribunal reconoció el genocidio, pero eso
ellos ya lo sabían. Nadie les resarcirá lo que sufrieron. Ana de León asegura
que a ella se le pasará el dolor que sufrió cuando muera, pero mientras tanto
sufre por sus hijos y sus nietos a los que ni un terreno les puede heredar,
porque en su juventud su familia lo perdió todo.
El segundo juicio por genocidio que se
realiza en el país inició en marzo de 2016. Casi tres años después de que la
Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el debate, y después de surcar los
obstáculos de los recursos legales de la defensa de Efraín Ríos Montt, el
proceso se retomó en octubre de 2017.
Los jueces Sara Yoc, María Eugenia
Castellanos (presidenta) y Jaime Delmar González, aseguraron que estaban
extenuados después de tantos meses de trabajo. Sesionaban una vez por semana y
tuvieron que viajar a Nebaj para escuchar algunos testimonios.
Resolvieron por unanimidad, aunque la
jueza Sara Yoc razonó su voto. Para ella, José Mauricio Rodríguez Sánchez era
culpable. “Él no era cualquier persona, era el G2, el jefe de la segunda unidad
de inteligencia. Qué casualidad que lo nombran el 23 de marzo de 1982, el día
en que tomó posesión el general Efraín Ríos Montt como jefe del Estado”, dijo a
la audiencia en un discurso espontáneo.
Rodríguez Sánchez está libre. Los
responsables del genocidio han muerto.
