Carlos del Castillo
www.publico.es
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La principal característica de la industria militar española es que no
existe. Desde los grandes grupos multinacionales a las empresas familiares, los
fabricantes de armas operan en un sistema diseñado para ocultarlos. No producen
misiles, ametralladoras, ni explosivos, sino material de defensa. No
existen para el Parlamento, que solo puede supervisar su actividad cuando sus
productos ya han sido fabricados y vendidos. Productos que ni siquiera existen
cuando llegan al país de destino, puesto que el Gobierno no supervisa nunca en
qué se emplean.
"La ley española de comercio de armas solo obliga al Gobierno a
informar de los países a los que se exporta armamento y del volumen total de la
exportación, en euros. No requiere que se haga mención a la empresa ni al tipo
de arma que vende, sino que permite que se hagan epígrafes tan amplios como material
aeronáutico para definir sistemas de reabastecimiento de combustible en
vuelo, que se utilizan en bombardeos. La ley está diseñada para avalar el
secretismo", resume Pere Ortega, del Centre
Delás d'Estudis per la Pau.
Las 78
empresas de armas españolas facturaron 10.700 millones de euros en 2016
Dicha ley establece que un órgano gubernamental, la JIMDDU, evalúe cada
exportación de armas por si hay riesgo de que se utilicen para violar derechos
humanos o cometer crímenes de guerra. No obstante de cara al ciudadano este
órgano tampoco existe, puesto que las actas de sus deliberaciones son
documentos clasificados y, por tanto, secretos. En cualquier caso, el
porcentaje de autorizaciones denegadas ronda cada año el 1%, por lo que no está
muy claro que exista tampoco para los vendedores de armas.
"Cuando nos hemos reunido con ellos, el Gobierno aduce a que como
son tan rigurosos, las empresas presentan solo aquellos contratos que saben que
se van a autorizar", relata, incrédulo, Alberto Estévez, portavoz de Armas
bajo control. Esta iniciativa, integrada por Amnistía Internacional, FundiPau,
Greenpeace y Oxfam Intermón para regular el comercio de armamento, señala en su
último informe que España tiene vastas áreas de mejora en cuanto a la
transparencia del proceso, el control parlamentario y la supervisión de las
armas sobre el terreno.
Sin embargo, en la industria inexistente hay un factor que todos
publicitan: el dinero. Según Tedae (la patronal de empresarios de armamento), las
78 empresas de armas españolas facturaron 10.700 millones de euros en 2016.
Exportaron el 83% de sus productos, convirtiendo a España en el séptimo
exportador mundial de armas, y dieron trabajo a 55.861 personas. Estas son
algunas de las personas tras esta boyante y opaca industria:
José
Fernando Sánchez-Junco Mans
“Nuestro objetivo es que nuestra
aportación a la cadena de valor de nuestros clientes, en cualquier punto del
mundo, se transforme en progreso y desarrollo sostenible para el conjunto de la
sociedad”. Aunque parezca increíble, con estas palabras presenta José Fernando
Sánchez-Junco Mans a la empresa que preside, Maxam, el primer fabricante de
explosivos de Europa y el segundo del mundo.
MaxamCorp ejemplifica cada una de las generalidades que se atribuyen a
la industria militar española. Pese a su envergadura (el grupo presume de más
de 140 compañías en los cinco continentes, 6.500 empleados en todo el mundo,
fábricas en más de 45 países y ventas en más de 100 que le suponen más de 1.000
millones de euros al año de facturación) es una gran desconocida para los
ciudadanos.
Prueba de ello es que, pese a su envergadura, ni siquiera cuenta con una
entrada en la Wikipedia. Esconde su división armamentística, que incluso recibe
otro nombre, Expal, y cuando debe hacer referencia
a su volumen de negocio militar defiende que solo es "un 20%". Cierto,
teniendo en cuenta que el armamento es una de sus cinco divisiones de negocio.
Además, asegura que la mayor parte de ese porcentaje viene de "la
destrucción y reciclaje de todo tipo de municiones y explosivos, de la
descontaminación y de la limpieza y mantenimiento de vehículos aéreos".
El armamento de Maxam ha aparecido en zonas de conflicto, ese al que se
supone que nunca debería llegar. En 2015 las autoridades turcas interceptaron
un cargamento de 21 toneladas de sustancias explosivas a punto de cruzar a
Siria. “Lo que hizo saltar las alarmas a los agentes fronterizos era la vía
elegida: el cargamento iba dirigido a Amán, la capital de Jordania, a través de
Siria, un país sumido en una cruenta guerra civil, por una ruta controlada por
grupos rebeldes, algunos de ellos de corte yihadista”, reveló entonces Vice News. Según los expertos, había muy pocas
probabilidades de que el cargamento llegara a su destino. Es cuestionable
incluso que alguien lo estuviera esperando en Jordania.
Maxam también hace gala de otro de los baluartes de esta industria: un
fuerte apoyo del Estado, que ha financiado su internacionalización con créditos
del ICO, así como de "la banca armada". Así denomina el Centre Delàs
a los bancos que financian la industria armamentística y que, recoge su último
informe, tienen a Maxam como uno de los objetivos favoritos de sus
inversiones.
¿Y qué hay de Sánchez-Junco, el capo del grupo? Pues sí, es un ejemplo
de puerta giratoria. Llegó a Maxam en 1990, entonces Unión Española de
Explosivos, tras ocupar los cargos de director general de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales y la Dirección General del Ministerio de Industria
con Felipe González. Sánchez-Junco y otros representantes de Maxam ocupan
varios cargos en Defex, la empresa pública que intermediaba en las ventas de
armamento español al exterior que fue intervenida por la Guardia Civil al
constatar que actuaba como una “organización criminal”.
Enrique
Sendagorta
Sener es una de las principales productoras de misiles españolas,
especializada en todo lo que les permite matar: cubiertas, sistemas de
propulsión, de guiado, etc. Esta empresa vasca, de hecho, fabricó a principios
de los 80 la SBGL (Sener Bomba Guiada por Laser) para el Ministerio de Defensa,
la primera bomba inteligente con capacidad de autoguiado producida en España. En
su página web, Sener encuadra esta división de negocio bajo la confusa denominación
de "sistemas de actuación y control para la industria aeroespacial".
Enrique Sendagorta fundó la empresa en 1956 apoyado por empresarios de
la industria militar alemana y ha permanecido en manos de su familia desde
entonces, detalla el colectivo pacifista Gasteizkoak en Estas guerras son muy nuestras, donde analiza las
empresas vascas de armamento. Los Sendagorta, reconocidos empresarios de la
región, son uno de los clanes fuertes del Opus Dei y tienen intensos vínculos
con el ultraconservadurismo y el franquismo. El padre de Enrique Sendagorta fue
el primer alcalde de la localidad vasca de Plentzia tras la Guerra Civil; su
primo, Agustín Cotorruelo Sendagorta, fue ministro de Comercio del dictador. Al
propio fundador de Sener (autor de El Opus Dei como empresa humana y sobrenatural) se le atribuyen las
siguientes palabras: “La guerra de España se había hecho en necesaria defensa
de la religión perseguida y martirizada y contra la revolución comunista,
porque si no la combatíamos, nos destruiría a todos”.
A pesar de que, como el resto de la industria, Sener intenta camuflar su
actividad militar en su imagen institucional, las operaciones armamentísticas
son vitales para la empresa. Prueba de ello es su mayor movimiento de 2016,
cuando vendió su participación mayoritaria en el Grupo ITP (parte del consorcio
europeo de fabricantes del caza Eurofighter Typhon, uno de los más jugosos
negocios de la industria militar del Viejo Continente) por 720 millones de
euros, una de las operaciones empresariales más destacadas del año.
En 2014 Enrique Sendagorta, hoy presidente de honor de la compañía
capitaneada por su hijo Jorge, recibió de manos del rey Juan Carlos I el Premio
a la Trayectoria Empresarial. Sin embargo fue su sobrino Andrés Sendagorta, vicepresidente, el que
ofreció una de las claves para entender por qué las empresas no abandonan el
negocio militar a pesar de diversificar sus operaciones: "La Defensa no es
el área más amplia dentro de SENER pero, cualitativamente, es muy importante
porque es la cuna de mucha tecnología que luego utilizamos y nos permite ser
líderes en otros sectores. Es decir, concebimos los programas de Defensa más
como una oportunidad, porque tienen un factor multiplicador muy importante y
posibilitan entrar en mercados que nada tienen que ver con la Defensa".
Carlos
Gómez Arruche
Algunos quizá le recuerden por ser el último militar en ser nombrado
director general de la Guardia Civil, justo después de que José Luis Rodríguez
Zapatero prometiera en la campaña electoral de 2004 que desmilitarizaría el
cuerpo. El caso es que Carlos Gómez Arruche, teniente general del Ejército del
Aire, ex responsable del Mando Aéreo General, pasó del cuartel al rascacielos e
ingresó en Airbus tras su pase a la reserva. Como él, unos doce altos cargos de
Defensa trabajan para las empresas de armas, la versión militar de la puerta
giratoria.
Gómez Arruche no es ni mucho menos uno de los hombres fuertes de Airbus.
Al contrario, su figura responde al intenso lobby que despliegan las empresas
de armamento para conseguir que los estados aumenten más y más su gasto
militar. Para ello les resultan extremadamente útiles los altos mandos
militares, capaces de hablar sobre las necesidades de los ejércitos y con
contactos entre los responsables de la compra de material. Airbus, consorcio
británico-germano-español, es una de las empresas que ejerce más presión en
este sentido. Este lobby dejó frutos recientemente, al conseguir que la UE
dedicara una partida a la inversión para el desarrollo de armamento en los presupuestos
comunitarios para 2017-2020, la primera vez en la historia que la UE pondrá
dinero en el negocio militar.
Airbus ha fabricado gran parte de las aeronaves militares de los
ejércitos europeos. A saber: el caza Eurofighter, el helicóptero de combate
Tigre, el de transporte EC-135 o el NH-90 (multifunción). Sin embargo, el plato
principal es sin duda el tristemente célebre A400M, un proyecto de avión de
transporte de largo alcance que la empresa aún no ha conseguido poner en
servicio a pleno funcionamiento tras más de 20.000 millones de euros de
inversión. Su accidente en Sevilla en 2015, en el que fallecieron 10 personas,
lo puso en el ojo del huracán. Y es que, aunque a día de hoy nadie asegura que
el aparato pueda cumplir todas las condiciones que Airbus prometió a los
estados que los compraron por adelantado, ya ha empezado a entregar unidades
con funciones limitadas con la promesa de mejorarlas en breve.
La fuerza aérea española tiene encargados 27 A400M, número que el propio
mando general tuvo que asumir como desproporcionado. Defensa anunció que
renunciará a 13 de ellos, no obstante, esto supondrá que las Fuerzas Armadas
tendrán que abonar una multa de 243 millones de euros a Airbus, según reveló el
secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde. La única opción para salir de
este pozo sin fondo es que España consiga reexportar esos 13 aparatos, algo
improbable en estos momentos por la mala imagen del avión.
Esteban
García Vilasánchez
Nombrado presidente de Navantia en abril por la SEPI, Esteban García
Vilasánchez tiene la misión de consensuar el plan estratégico de la empresa
pública, con diferencia la más deficitaria del Estado. No es casualidad que el
rey haya realizado varios viajes a Arabia Saudí para rogar a esta dictadura
teocrática la firma definitiva del contrato de las famosas corbetas por algo
más de 2.000 millones de euros: Navantia y los 37.000 empleos directos e
indirectos que genera en zonas deprimidas de A Coruña, Cádiz y Murcia están
verdaderamente en la cuerda floja. La empresa acumula 303 millones de deuda.
Desde que se constituyera en 2005, Navantia solo ha producido beneficios
en 2007 (menos de 200.000 euros). El resto de ejercicios ha tenido pérdidas que
en los últimos años están batiendo récords, llegando a los 230 millones en
2016. De ahí que hasta uno de los alcaldes más populares de Podemos, José María
González “Kichi”, pida ponerse una pinza en la nariz y negociar con la
monarquía absolutista saudí. Así lo aprobó la diputación de Cádiz en 2016, con
los votos a favor de PP, Por Cádiz Sí Se Puede, PSOE, IU, Partido Andalucista y
la abstención de Ganemos Jerez. Pese a todo, la tabla de salvación de Navantia
no está en Oriente Medio sino en Australia, donde es finalista de un concurso
para construir nueve fragatas por 30.000 millones de dólares.
Una de las primeras medidas de García Vilasánchez al frente de la
empresa pública ha sido dar el paso de rejuvenecer la plantilla: el 68% de los
más de 5.200 empleados tiene más de 50 años. Mientras, el Estado sigue
inyectando dinero para mantener la empresa a flote y subvencionar proyectos de
I+D que le permitan comercializar nuevos productos (como los criticados submarinos
que no flotan S-80, en cuyo desarrollo se han invertido ya más 1.800
millones de euros) cabe preguntarse qué habría pasado si dicha inversión se
hubiera destinado al desarrollo social de las zonas de Ferrol o la Bahía de
Cádiz que viven de los astilleros, en vez de profundizar su dependencia de la
construcción de buques militares.
Jokin
Aperribay
Los Aperribay son otra de las familias profundamente ligadas a la
industria de las armas. Son los accionistas mayoritarios de Sapa (Sociedad
Anónima de Placencia de las Armas), la decana de las fábricas de armas
españolas.
Euskadi tiene una larga tradición de producción de armas, de la que
quedan muestras en la cultura popular como la denominación de Éibar como
"ciudad armera". Sapa es otra de ellas: su origen se remonta al siglo
XVI, cuando se fundaron las Reales Fábricas de Armas Portátiles de Fuego de la
Villa de Placencia, produciendo desde entonces de artillería pesada, antiaérea
y armas ligeras.
En la actualidad, el Aperribay al frente de la compañía es Jokin,
conocido por presidir el equipo de fútbol Real Sociedad. Dicho conjunto,
miembro de la primera división, apareció en los papeles de Panamá por pagar a
sus jugadores a través de paraísos fiscales, práctica por la que ahora Hacienda
le reclama 15 millones de euros. Sapa destaca, precisamente, por reunir en su
consejo a un gran número de políticos, miembros de la nobleza y personalidades
reconocidas por la sociedad por su perfil público, quedando a la sobra su
faceta empresarial como vendedores de armas. Entre ellos se eleva sobremanera
la figura del ex ministro de Defensa Pedro Morenés, el mesías de las empresas
de armas españolas, artífice de los Programas Especiales de Armamento (PEAs) y "conflicto de intereses andante".
Carlos
Villar Turrau
Uno de los militares con más peso en la industria armamentística
española es sin duda Carlos Villar Turrau, general retirado y ex Jefe del
Estado Mayor del Ejército (JEME), el más alto mando del Ejército de
Tierra.
Turrau es consejero delegado del principal suministrador de carros de
combate y blindados del Ejército, Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la
estadounidense General Dynamics. Entre sus mayores contratos se encuentra el
tanque Leopardo, de diseño alemán y que, por su tamaño, no puede ser aerotransportado
con las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas. Por tanto, su utilidad ha
quedado reducida a la defensa de invasiones terrestres producidas desde Francia
o Portugal. Numerosas fuentes militares explican que gran parte de los 219
Leopardo que recibió España se encuentran inoperativos por el gran coste en
mantenimiento y combustible que llevan aparejado.
Santa Bárbara también ha vendido al Ejército 261 blindados de combate
Pizarro, 682 blindados ligeros BMR; produjo los míticos fusiles Cetme y otras
armas ligeras con sus respectivas municiones.
