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Los papeles de Mossack Fonseca  


José Eugenio Stoute*

Revista Portada

Noviembre/Diciembre



El pasado tres de abril de 2016, un terremoto legal y financiero estremeció inicialmente la opinión pública nacional: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) hizo entrega simultanea a 109 medios de comunicación de 76 países los primeros resultados de una investigación, en la que participaron más de 400 periodistas, referida a la filtración de 11.5 millones de documentos (2.6 terabytes) confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, la mayor parte de ellos pertenecientes a sociedades offshore cuyo objetivo es el ocultamiento de propiedades, empresas, activos, ganancias y evasión de impuestos.


Un año antes el periódico alemán Süddeutsche Zeitung los había recibido de un informante anónimo, cuya intención declarada fue “el hacer públicos estos delitos”.


Ramón Fonseca Mora, uno de los fundadores de la firma, ocupaba en ese momento la presidencia provisional del Partido Panameñista y era Asesor Presidencial, por lo que tuvo que renunciar a ambos cargos, declarando el Presidente Juan Carlos Varela en cadena nacional el seis de abril, tras una reunión con el cuerpo diplomático convocado para recibir explicaciones sobre el escándalo, que “Panamá se encuentra comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia”, rechazando que el país pudiese ser considerado un paraíso fiscal y ser utilizado como “chivo expiatorio”.


El nueve de mayo ICIJ publicó la base de datos completa, y para entonces el escándalo ya había alcanzado niveles internacionales sin precedentes. Inicialmente fueron identificados 12 jefes o exjefes de Estado y a 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas vinculadas a diversas sociedades offshore con dudosas finalidades. Deportistas del relieve de Lionel Messi, funcionarios deportivos como Michel Platini, directores de cine como Pedro Almodóvar, actores tales como Jackie Chan, y presidentes como Mauricio Macri, por solo mencionar  unos pocos. Emblemático fue el caso del Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, que tuvo que dimitir poco después de conocerse su vinculación y la de su esposa con varias sociedades offshore. Igual le ocurrió a José Manuel Soria, Ministro español de Industria y Presidente del Partido Popular de Canarias.


La lista de altos funcionarios de África, América Latina, Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica involucrados con sociedades offshore generadas por el bufete de Mossack Fonseca sería interminable y sigue siendo sorprendente. No en vano todo el entramado ha sido calificado como una “red global de crimen y corrupción”. Por supuesto, no toda sociedad anónima es constituida con fines ilícitos, muchas lo son con el ánimo de guardar la privacidad de sus propietarios. Pero es inocultable que al menos 33 personas y compañías estaban en la “lista negra” (¿lista Clinton?) de los Estados Unidos de Norteamérica por haber realizado negocios con capos de la droga mexicanos y organizaciones terroristas como Hezbola, tal cual afirman estudiosos de la documentación filtrada.


Tal fue el impacto de las revelaciones de los “Panamá Papers” que innumerables países abrieron de inmediato investigaciones: España, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, etc., y muchos de ellos han enviado solicitudes de asistencia judicial a Panamá. En Perú, El Salvador, Ecuador, Brasil y otros muchos se han producido allanamientos a las oficinas y delegaciones de la firma Mossack Fonseca. Hace solo unos pocos días las autoridades brasileñas han vinculado sociedades offshore panameñas con el escándalo Lava Jato, y desde hace unos meses se investigan los posibles nexos de Odebrecht con el pago de coimas en Panamá. De igual manera, el gobierno de Inglaterra acaba de anunciar la apertura de una amplia investigación contra 30 grandes evasores que utilizaron compañías offshore del bufete Mossack Fonseca, y otras 43 grandes fortunas están siendo evaluadas judicialmente. Pocos meses después de iniciado el escándalo, el gobierno alemán compró a un desconocido una base de datos de las firmas offshore generadas por Mossack Fonseca que incluía a importantes evasores de impuestos, y hace sólo unos días su Ministro de Economía anunció la puesta a punto de un proyecto de ley agravando las sanciones por la evasión de impuestos y determinando que los bancos que faciliten tales actividades incurran en responsabilidades.


Si bien el gobierno panameño ha hecho todos los esfuerzos por rebajar la gravedad que ha tenido el impacto del escándalo a nivel interno, incluso declarando el Presidente Varela que se trata de un “problema global”, lo cierto es que hemos sido afectados gravemente como país. Francia nos volvió a incluir en su “lista gris”, y la Comisión  Europea en su última evaluación del pasado 15 de septiembre incluyó a Panamá entre los países que cumplen con los criterios de falta de transparencia. Igualmente del Foro Global de la OCDE dio a Panamá una calificación “no satisfactoria” en la evolución de la implementación de los estándares de transparencia e intercambio de información para fines fiscales.


Ciertamente, Panamá se ha visto enfrentada a serios problemas internacionales derivados directamente del escándalo que significó la divulgación de la información surgida del bufete Mossack Fonseca, y  si bien las presiones sobre nuestro sistema fiscal tienen su historia ha sido a partir de dicho escándalo que el gobierno se ha visto forzado a pisar el acelerador y proceder con urgencia a realizar importantes reformas de nuestra plataforma legal y financiera, todo ello con vistas a ofrecer información fiscal de ciudadanos de otros países y dificultar la utilización de nuestro sistema legal para la comisión de delitos extraterritoriales, en especial la evasión fiscal.  


¿ Por qué hemos sido tan lentos para adecuarnos a las exigencias derivadas de la crisis fiscal del Estado en los denominados países desarrollados? No podemos ocultar la existencia de lo que se ha llamado “la dictadura de los bufetes de abogados en Panamá”. En efecto, un reducido grupo de firmas de abogados han jugado un papel extraordinariamente importantes en la deriva política del país y por tanto también en la defensa de un mercado multimillonario centrado en parte en la generación de sociedades offshore.


No es de extrañar entonces la teoría conspirativa de la “agresión” al país y a nuestro exitoso sistema legal y fiscal, o los llamados a la defensa de nuestra soberanía agredida e irrespetada. En verdad no hemos evolucionado al compás de una crisis fiscal instalada en los países desarrollados y exasperada por una economía global estancada y en crisis. 


Inicialmente nos escandalizamos porque la ICIJ denominó a la filtración Panamá Papers. Dicho nombre era la prueba indiscutible de que “venían a por nosotros”, sin detenerse a observar que igual denominaron a otros escándalos investigados por dicho organismo: Bahamas Papers, Suisse Leaks, Luxemburgo Leaks, etc. Se trata titulaciones periodísticas que permiten ubicar la investigación.


El reconocimiento tardío de la gravedad de la situación y de las necesarias reformas, por tibias que sean las mismas, dado el tira y jala del gobierno con los poderosos bufetes de abogados, quedó establecido con el nombramiento por parte del gobierno del Comité Independiente de Expertos para que analizaran y evaluaran el sistema económico y financiero panameño, cuyas recomendaciones servirían para realizar mayores reformas a nuestra plataforma de servicios legales y financieros, haciéndola aún más transparente. Lamentablemente, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Mark Pieth, prestigioso profesor de Derecho y Criminología de la Universidad de Basilea, renunciaron al comité acusándolo de falta de independencia y transparencia, lo que indiscutiblemente le ha restado credibilidad a las conclusiones a que pueda llegar dicho comité, aunque la mayor pérdida de credibilidad viene dada por la impunidad en la que permanece el bufete Mossack Fonseca, y sus fundadores, pese al estremecimiento mundial y nacional que generó la divulgación de los documentos secretos de sus clientes offshore.



* Analista político



      

      

  

  

Fundaciones de firmas offshore ( Mossack Fonseca ) para clientes a través de bancos

Sede
Banco
Cantidad de
fundaciones
Experta Corporate & Trust Services (100 % subsidiaris del BIL)
1659
Banque J. Safra Sarasin – Luxembourg S.A.
963
Credit Suisse Channel Islands Limited
918
HSBC Private Bank (Monaco) S.A.
778
HSBC Private Bank (Suisse) S.A.
733
UBS AG (filial Rue du Rhône en Ginebra)
579
Coutts & Co Trustees (Jersey) Limited
487
Société Générale Bank & Trust Luxembourg
465
Landsbanki Luxembourg S.A.
404
Rothschild Trust Guernsey Limited
378
119
19







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