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África en un espejo chino



Según la ONU, de los cuarenta y ocho países más pobres del mundo, treinta y seis son africanos. Nigeria, República Democrática del Congo, Mali, Burundi, República Centroafricana, Somalia, Sudán del Sur y Libia son los países con guerras y conflictos abiertos, y, además, se viven situaciones muy críticas en Sudán, Eritrea y Mozambique. África: un continente de mil doscientos millones de habitantes, la mayoría menores de treinta años (en cuarenta países, el cuarenta por ciento de la población tiene menos de veinte años), con casi la mitad en situación de pobreza, con varias guerras en curso y una sangría de jóvenes que, jugándose la vida, atraviesan el Sahel y el desierto intentando alcanzar Europa.

Y, sin embargo, África se mueve: el 21 de marzo de 2018, 44 de los 55 países que integran la Unión Africana se reunieron en Kigali, Ruanda, para firmar el Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA, en inglés). Nigeria, la mayor economía africana, quiere examinar cuidadosamente las consecuencias del acuerdo antes de adherirse, así como Sudáfrica y Uganda. Ese Tratado es una de las iniciativas de la Agenda 2063 de la Unión Africana.

Estados Unidos, que contempla el despegue asiático y el fortalecimiento chino, no quiere perder pie en África ante Pekín. En agosto de 2014, Obama impulsó una cumbre USA-África en Washington, a la que asistieron presidentes de cuarenta y siete países africanos: era un claro mensaje de que Estados Unidos no iba a resignarse a los cambios que llegan de oriente e iba a disputar a China su presencia en el continente negro.
Obama lanzó también el plan Power Africa para llevar electricidad a algunas zonas del Sahel, y visitó Kenia y Etiopía, para hacer frente a la creciente actividad china: desde 2010, China se ha convertido en el principal socio comercial de África, superando a Estados Unidos, hasta el punto de que algunos estudios consideran que el intercambio comercial de China con África ya duplica al estadounidense-africano.

La preocupación norteamericana llevó al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes a aprobar, en marzo de 2018, una investigación sobre los planes de China para “reforzar su poder militar y económico en África”. En 2018, el gobierno de Xi Jinping tiene previsto realizar en Pekín el Foro de cooperación China-África, el mayor encuentro sobre colaboración económica, que reunirá a todos los países del continente. El anterior Foro se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2015, y supuso un nuevo impulso a la colaboración entre China y África.

Todo ello, cuando la Unión Africana, que reúne a todos los países africanos, ha definido la Agenda 2063, un ambicioso programa de desarrollo a cincuenta años vista, basado en proyectos previos como el Plan de Acción de Lagos, el Programa de Integración Mínima, el Programa de Desarrollo de Infraestructura en África (PIDA), el Tratado de Abuja o el Programa de Desarrollo Agrícola Integral de África (CAADP). Los desafíos son ingentes.

África enfrenta el problema del desarrollo y la corrupción, además de las guerras y hambrunas: la trigésima cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba, celebrada en enero de 2018, puso el acento en la lucha contra la corrupción y en el impulso al desarrollo, y la asociación con China es la apuesta de futuro de muchos países, basada en el concepto de “beneficio mutuo” con que Pekín fomenta su colaboración estratégica. China está construyendo infraestructuras por todo el continente, y es capaz de ofrecer tecnología, equipos sofisticados, una eficaz logística, financiación, y expertos en todas las actividades económicas, sin que, a diferencia de Estados Unidos o Francia, exija contrapartidas políticas, diplomáticas y militares.

A corto plazo, las prioridades para África son la seguridad alimentaria, la eliminación del hambre y el control de enfermedades, así como la pacificación del continente y la intensificación del desarrollo económico. Para todos esos objetivos, África ha puesto sus ojos en China. Nigeria, Etiopía y Egipto, son los tres gigantes demográficos africanos; por su economía son los mismos, con Etiopía cediendo su lugar a Sudáfrica. Históricamente, el continente africano ha sido una fuente de recursos naturales para los países capitalistas, que no han dudado en instigar guerras y enfrentamientos para conseguir sus propósitos.

La competencia entre China y Estados Unidos va acompañada de acusaciones y propaganda: Washington (como si su trayectoria en el último siglo, en todo el mundo, hubiera estado presidida por la solidaridad y la colaboración y no por el más descarnado imperialismo) acusa hoy a China de llevar a cabo una política “extractiva” en África, al tiempo que la prensa conservadora y los intelectuales a su servicio acusan a China de “imperialista”.

Es el reflejo del miedo: la alarma ante los cambios en el continente africano llevó a Thomas Waldhauser (general de marines y feroz veterano de Afganistán e Iraq, nombrado jefe del USAFRICOM de Stuttgart en 2016) a advertir a Ismail Omar Guelleh, presidente de Djibuti, sobre las “cosas que China no debería hacer en su país”. No fue la primera acusación norteamericana, ni mucho menos: desde hace años, su diplomacia siembra sospechas y propaga falsas acusaciones para dañar la actividad china, y el propio Tillerson, en su reciente gira por América Latina, señalaba a Pekín como autor de “injustas prácticas comerciales”, y advertía a los países latinoamericanos del peligro de la “excesiva dependencia” de sus relaciones con China.

Como si América Latina no hubiese padecido el viejo imperialismo de Washington y sus sanguinarias imposiciones, el secretario de Estado, apuntando a China, afirmó: “En América, se extiende la amenazante sombra de China y Rusia”, y “América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que sólo miran su interés. Estados Unidos es distinto: no buscamos acuerdos a corto plazo con beneficios desiguales, buscamos socios".

En África, Estados Unidos mantiene las mismas acusaciones: por boca de su secretario de Estado, se convertía así en un sorprendente, preocupado y solidario país que vela por la equidad y la justicia en el mundo. Lástima que para el relato de Tillerson la trayectoria norteamericana no le ayudase precisamente a hacer creíble su preocupación: la manifiesta injerencia estadounidense, con invasiones, guerras, golpes de Estado, presiones e imposiciones a numerosos países (de Afganistán a Venezuela, de Iraq a Honduras, de Siria a Brasil, de Corea a Libia), no ya en América Latina y en África, sino en todo el mundo, ponía en tela de juicio sus generosas palabras y su preocupación por los países latinoamericanos y africanos. Tal vez sin percatarse, esas acusaciones norteamericanas a China eran el acta notarial del retroceso occidental en África y del aumento del prestigio chino.

La diplomacia norteamericana y sus instrumentos de propaganda han jugado, además, con el equívoco, sugiriendo que el centro logístico chino que se construye en Djibuti como punto de apoyo para los buques que combaten a la piratería en el cuerno de África es una base militar, extremo completamente falso; sin olvidar que Estados Unidos y algunos de sus aliados, como Francia y Japón, disponen de bases militares en Djibuti. El enclave tiene una enorme importancia estratégica. Por el estrecho de Bab el-Mandeb pasa la ruta que comunica con Europa por el norte, y, hacia el este, por el golfo de Adén, la ruta marítima más importante que comunica África con Asia: Pekín quiere mantener seguras sus vías de transporte y, además, garantizar la salida del petróleo que Sudán y Sudán del Sur exportan a China, que sale por el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Por Djibuti pasa también una de las rutas de contrabandistas, y de inmigrantes, sobre todo etíopes y somalíes, que quieren dirigirse a Arabia a través del Yemen, pese a la guerra.

La influencia occidental en África sigue siendo indudable: Francia mantiene una considerable presencia en los países que formaron las viejas África occidental francesa y África Ecuatorial francesa, y la Unión Europea ha incrementado la ayuda militar a los países del Sahel (Chad, Níger, Mali, Níger, Burkina Fasso y Mauritania), con más cien millones de euros, y ha conseguido que Arabia contribuya con otros cien millones. Desde 2014, con la “migración ilegal” y la “seguridad” en el centro de sus preocupaciones, la Unión Europea aportará, en seis años, cuatro mil millones de euros. Francia, vieja metrópolis, tiene unidades militares destacadas en Chad, Burkina Fasso, Níger y Costa de Marfil, entre otros países de la zona, como en los años de la Françafrique, y Hollande intervino militarmente en Mali en 2013, con la excusa de hacer frente al terrorismo y para “defender a ciudadanos franceses”, aunque detrás estaban los intereses de la multinacional francesa de energía nuclear Areva, denominada ahora Orano. En 2018, París tiene cuatro mil militares destinados en Mali.

Por su parte, Estados Unidos cuenta con sólidas bazas en todo el continente, tanto por su despliegue militar e influencia diplomática como por la actuación de sus multinacionales, y sus servicios de inteligencia son muy activos, aunque ello no les evite fracasos clamorosos como en Mali. Washington tiene como prioridades en África mantener abiertas y bajo control las vías de navegación en el Mar Rojo y en el estrecho de Suez, y en el cuerno de África (donde coincide con China en su lucha contra la piratería), la alianza con Marruecos y Egipto y el control del Magreb, además de la explotación de los recursos del continente, al tiempo que intenta dificultar la colaboración económica de China con los países africanos; en segundo plano, pretende controlar la evolución del sur de África (Mozambique, Sudáfrica, Zimbabwe), combate a grupos yihadistas y busca la estabilización política del Sahel y del corazón de África para facilitar la actuación y los intereses de los grupos económicos norteamericanos.

Por su parte, China, que estableció relaciones con África en los años sesenta, hasta finales del siglo XX no dispuso de la fortaleza necesaria para estar presente en todo el continente. Desde entonces, aplicando su cautelosa política de fortalecer su economía mientras establece acuerdos estratégicos de colaboración y desarrolla una política exterior de fomento de la paz, ofrece proyectos de infraestructuras ferroviarias, construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y ciudades, mientras refuerza lazos diplomáticos y compra materias primas para su industria.

Aunque China impulsa sobre todo la colaboración económica, no descuida la relación política: en noviembre de 2017, sesenta dirigentes de partidos políticos africanos, de más de veinte países, se reunieron en Pekín con dirigentes del Partido Comunista Chino, para abordar criterios de gobierno, mecanismos de aplicación de un desarrollo económico sostenible, e iniciativas para la defensa de la paz en el mundo. China quiere paz y estabilidad: sabe que son imprescindibles para su propio desarrollo.

A su vez, Rusia, que perdió la influencia de los años soviéticos, ha iniciado una discreta colaboración económica con empresas mineras en Nigeria, Angola, Namibia y Sudáfrica, además de proyectos agrícolas en Namibia. También el nuevo presidente de Zimbabwe (Emmerson Mnangagwa, que sustituyó a finales de 2017 a Robert Mugabe, forzado a dimitir por el ejército), se ha mostrado cercano a Moscú, con quien quiere mantener la colaboración en seguridad y defensa. En Egipto, Rusia ha firmado además la construcción de una central nuclear en Al Dabaa, en el mayor contrato de la reciente historia rusa, que será la más moderna y con mayor capacidad de África. Además, en 2017, consiguió iniciar la cooperación con Sudán en la energía atómica de uso civil, y Jartum y Moscú firmaron un acuerdo, a finales de año, para construir una central nuclear; pero el papel desempeñado por Rusia es secundario en África.

África padece hoy una sucesión de peligrosos conflictos en algunos países, que conviven con esperanzadores cambios en otros. En diciembre de 2012, empezó la guerra en República Centroafricana, y, al año siguiente, en diciembre de 2013, la guerra en Sudán del Sur, que continúa. El embargo de armas decretado por Estados Unidos ha hecho que Yuba llamara a consultas a su embajador en Washington, y a presentar una protesta formal por la intervención de Nikki Halley en el Consejo de Seguridad de la ONU criticando al gobierno de Salva Kiir. Estados Unidos presiona a Sudán; interviene en la guerra civil de Sudán del Sur, quiere controlar a Kenia, que padece fuertes ofensivas terroristas del yihadismo musulmán; observa a una Eritrea aislada; a Yibuti, donde China ha abierto su base logística; y a Somalia, convertida en un Estado fallido, donde los drones y aviones norteamericanos bombardean con frecuencia.

Al otro lado del cuerno de África, prosigue la guerra en Yemen, con Washington utilizando el brazo ejecutor de Arabia para hacer frente a Irán. De hecho, en esa gran región, africana y asiática, a caballo del mar Rojo, coinciden tres de las cuatro crisis humanas más graves que, según la ONU, afronta el planeta: Yemen, Sudán del Sur, Somalia y Nigeria.
El norte de África vive años convulsos. El derrocamiento de Gadafi en 2011, después de una sangrienta intervención de la OTAN, con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia como protagonistas, dio paso a un caos en el país que no ha terminado, siete años después. Obama saludó alborozado la noticia del asesinato de Gadafi, pero Estados Unidos comprobó que su intervencionismo tiene costes: en septiembre de 2012, su representación en Bengasi fue atacada y cuatro diplomáticos murieron: Hillary Clinton tuvo serios problemas con el Congreso por ese asunto. En agosto de 2013, Estados Unidos evacuó diecinueve embajadas y oficinas de representación en el norte de África y en Oriente Medio: el Pentágono temía una oleada de atentados terroristas, hasta el punto de que, en mayo de 2014, Washington envió barcos de guerra a las costas libias.

El caos posterior a la caída de Gadafi llevó inestabilidad a buena parte del Sahel: en Mali, Mauritania y Níger, grupos de combatientes armados que lucharon en Libia se han reconvertido y actúan en la zona; además, los tuaregs, que prescinden de fronteras y países, han conseguido más armas y son una fuerza que no puede obviarse y que opera sobre todo en Mauritania, en el norte de Mali, en el sur de Argelia y en Níger. De hecho, el caos provocó la caída del presidente de Mali, Amadou Toumani Touré, en el golpe de Estado de marzo de 2012, que fue dirigido por Amadou Haya Sanogo, un militar formado y entrenado en Estados Unidos, cuyos servicios secretos, sin embargo, no supieron prever la acción de Sanogo y despilfarraron el dinero del programa norteamericano, según publicó el New York Times en enero de 2013: Estados Unidos estuvo entrenando a soldados que, después, se pasaron a sus enemigos. Esa situación llevó a los tuaregs, que habían mantenido buenas relaciones con Gadafi, a proclamar el Estado islámico de Azawad en una zona de casi un millón de kilómetros cuadrados.

El Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) de los tuaregs es la organización que impulsó esa proclamación. Estados Unidos se vio obligado a dejar paso a Francia, pese a la rivalidad entre ambos países por hacer prevalecer su influencia en la región del Sahel: Hollande envió tropas a Mali en enero de 2013. La crisis culminó en septiembre de 2013 con la elección de Ibrahim Boubacar Keïta, un veterano político que ha llevado a su partido a participar como observador en la Internacional socialista. La acción de grupos yihadistas en todo el Sahel, conectados con Daesh o actuando con autonomía, ha añadido complejidad y peligro al continente africano. En la región, operan organizaciones que se dedican al transporte de drogas, al contrabando de armas y a la trata de personas, y que han llegado al extremo de crear los mercados de esclavos en Libia: según la Agencia Nacional para la Prohibición de la Trata de Personas de Nigeria, más de veinticinco mil nigerianos han sido retenidos en campamentos de esclavos en Libia.

Estados Unidos cuenta con una base militar en Ougadogou, Burkina Fasso, cuyos aviones sobrevuelan gran parte del Sáhara, Mali y Mauritania. Mantiene además grupos de operaciones especiales en la República del Congo, Chad, República Centroafricana y Kenia (Camp Simba). También, una base de drones en Niamey, la capital de Níger, y otra base en Entebbe, Uganda, con varios centenares de militares estacionados. En Djibuti, Washington tiene Camp Lemonnier, la gran base del USAFRICOM, con más de cuatro mil militares y aviones de guerra desde donde controlan al menos seis bases más de drones de vigilancia en África. Y tiene destacamentos en Mali, Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Etiopía y Somalia.

Nigeria (que había sido el principal productor de petróleo en África, se ha visto superada por Angola) sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, y vive en una situación de constante crisis, con la población sumida en la miseria. Nigeria ha buscado la colaboración de Estados Unidos y Rusia en su lucha contra Boko Haram, pero la presión terrorista del yihadismo africano continúa. Las ofensivas frases de Trump sobre algunos países americanos y africanos, calificándolos como “agujeros de mierda”, llevaron a Abuya a protestar formalmente. Al sur de Nigeria, China mantiene excelentes relaciones con Gabón y con Angola, países que respaldan a Pekín en su postura sobre el Mar de China meridional; Angola tiene en China a su mayor socio comercial, el destino principal de su petróleo y el más importante financiador de su economía, además de ser un aliado estratégico.

El corazón africano se desangra en la interminable crisis de la República Democrática del Congo, donde, en 1996, Estados Unidos impulsó la invasión del país con fuerzas de Ruanda y Uganda, que ahora se debate en las protestas contra Kabila por el retraso de las elecciones, en enfrentamientos con grupos armados y desplazamiento forzoso de millones de personas, además de la violencia en Tanganyika. En el vecino Sudán, la guerra civil se arrastra desde los años ochenta, en medio de un mar de pobreza y corrupción, conflicto que ha causado más de dos millones de muertos, y donde, en 1996, Estados Unidos forzó a Eritrea y Etiopía (que se habían separado tres años atrás) a que intervinieran en la guerra sudanesa, apoyados por aviones de combate norteamericanos.

Estados Unidos ha apoyado a gobiernos islamistas en Jartum, y también a los rebeldes del sur, ha presionado a las partes para pacificar el territorio con objeto de que Chevron pueda explotar los nuevos yacimientos descubiertos, y, tras los acuerdos de paz de 2005, y la independencia del sur sudanés en 2011, Estados Unidos ha puesto huevos en todas las cestas, facilitando armamento tanto a Jartum como a Yuba. Dos años después de la independencia de Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir Mayardit destituyó al vicepresidente, Riek Machar, acusándolo de organizar un golpe de estado, enfrentamiento que ha dado lugar a una nueva guerra, donde se ventilan enfrentamientos étnicos y, sobre todo, la lucha por el poder y por los recursos petrolíferos del país, cuestión que interesa a Washington: no en vano, Sudán fue uno de los principales exportadores de petróleo hacia China, y Estados Unidos pretende ahora limitar el acceso chino a esa fuente de abastecimiento. Etiopía media en la guerra civil entre los bandos dirigidos por Kiir y Bachar: uno de los problemas añadidos es el reclutamiento de miles de niños para los grupos armados, además de las constantes violaciones de mujeres y niñas.

El intervencionismo norteamericano viene de lejos, asociado con frecuencia a un grave desconocimiento del Pentágono (que contrasta con la rigurosa investigación desarrollada por sus universidades) y unido a una arrogancia militar que ha causado graves daños en la región, envenenando conflictos y creando otros en su afán por el dominio global. Estados Unidos ha intentado llenar el vacío dejado por Moscú en Etiopía y en Sudán, que mantuvieron buenas relaciones con la Unión Soviética; mantiene rivalidad con Francia, y su mayor preocupación ha pasado a ser China.

Estados Unidos organizó bases de entrenamiento militar en Etiopía para los grupos armados que operan en Somalia, ha conseguido el acuerdo del gobierno etíope para abrir bases operativas para sus aviones de guerra que atacan en Yemen y Somalia, además de crear una base de drones en Arba Minch, junto al lago Chamo y el lago Abaya, en el sur del país. Los servicios secretos norteamericanos operan también desde Etiopía, uno de los gigantes de África, donde la dimisión del presidente Hailemariam Desalegn (del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, FDRPE, que llegó al poder en 2012 iniciando la larga etapa de dos décadas de Meles Zenawi, tras derribar a Mengistu) ilustra las dificultades y disputas en el seno de la coalición gobernante, en un marco de crecimiento económico (el “milagro etíope”), pero también de disturbios, donde el FDRPE, de orígenes marxistas, aunque domina por completo el parlamento, ha tenido que hacer frente a protestas que, en 2016, causaron numerosos muertos.

En el plano internacional, Hailemariam mantiene una alianza con Estados Unidos en las guerras de Somalia y Sudán del Sur, y en el dispositivo militar norteamericano contra el terrorismo, y, en la práctica, la diplomacia norteamericana protege al gobierno etíope como instrumento para el control del cuerno de África, aunque la presencia china se hace notar: China es ya el principal destino de las exportaciones etíopes. Su ejército es uno de los más poderosos de África, y, desde 2006, hay tropas etíopes en Somalia, enviadas allí por la presión norteamericana.

Estados Unidos ha intervenido en Somalia desde los años noventa, y tanto Bush como Clinton enviaron decenas de miles de soldados, y, después, financiaron a grupos armados somalíes para hacer frente a la coalición islamista (que recibía apoyo de Arabia) que se apoderó de Mogadiscio en 2006. El país se encuentra en una situación catastrófica: la ONU ha contabilizado miles de muertos civiles en los dos últimos años, centenares de secuestros y miles de detenidos arbitrariamente por las fuerzas del gobierno y por los grupos armados, mientras Estados Unidos interviene regularmente bombardeando a destacamentos del grupo yihadista Al Shabab (relacionado con al Qaeda), apoya al actual gobierno somalí y mantiene grupos de operaciones especiales en el país para entrenar a las tropas del gobierno e intervenir en misiones secretas tanto en Somalia como en todo el cuerno de África.

La gran cuenca del Nilo es, además, escenario de peligrosas tensiones por la prevista construcción de una presa en el gran río (en Etiopía, cerca de la frontera sudanesa, que sería la mayor de África), que El Cairo teme afecte al caudal que recibe en su territorio. Esa presa del renacimiento etíope se construye con financiación china y del BAFD, Banco Africano de Desarrollo, del que forman parte cincuenta y tres países africanos. El dimitido presidente etíope, Hailemariam Dessalegn, durante su visita a El Cairo en enero de 2018, afirmó que la presa y la central hidroeléctrica que su país construye en el Nilo, no tendrían repercusiones negativas para Egipto, pero impera la desconfianza. Las obras alcanzan ya el sesenta por ciento de su construcción, y finalizarán en 2019: pese a las tranquilizadoras palabras de Dessalegn, las diferencias entre Etiopía, Sudán y Egipto no han terminado y podrían desatar un conflicto militar por el reparto del caudal del Nilo. Países como Kenia, Tanzania, Ruanda, Burundi, Uganda, Sudán del Sur y Djibuti, que esperan recibir una electricidad más barata, apoyan a Etiopía frente a Egipto. Con esa presa, Etiopía será el otro gigante africano de producción de energía eléctrica, además de Sudáfrica.

A esa situación, se añade la tensión entre Sudán y Egipto: El Cairo destacó unidades militares a Eritrea, en la frontera con Sudán. La política exterior sudanesa ha sido con frecuencia errática, cambiando de aliados: Turquía mantiene buenas relaciones con Sudán, y la visita de Erdogan a Jartum, en enero de 2018, fue vista con gran desconfianza por El Cairo. Jartum retiró a su embajador en Egipto, y, por si faltaran incertidumbres en la región, desde 2016, las disputas en el Golfo han configurado dos bandos entre los países musulmanes de la zona: uno, compuesto por Arabia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, que acusaron a Qatar, y otro formado por Irán y Turquía, que se alinearon con Doha.

También Egipto desconfía del alquiler a Turquía de la isla sudanesa de Suakin (en el litoral, al sur de Puerto Sudán y al norte de la costa de Eritrea) por noventa y nueve años, que Ankara y Jartum anunciaron para el desarrollo turístico en el mar Rojo, pero donde El Cairo sospecha que Turquía tiene previsto construir una base militar, como punto de apoyo para controlar el tránsito en el Mar Rojo. También la presencia de barcos turcos es vista con desconfianza por Egipto y por Arabia. Además, Egipto y Sudán se disputan la soberanía del triángulo de Halayeb, en la costa, rico en petróleo. En mayo de 2017, el presidente sudanés, Omar Bashir, acusó a Egipto de intervenir en el conflicto de Darfur (que se arrastra desde hace años, y que ha sido utilizado por Estados Unidos para presionar a China). El general Sisi, el presidente golpista egipcio, negó que su país interviniera, aunque su gobierno acusa a Sudán de complicidad con los Hermanos Musulmanes del derrocado presidente Mursi, a quienes también apoya Turquía.

En ese complejo escenario, China trabaja las infraestructuras. La construcción del ferrocarril Addis-Abeba-Djibuti, inaugurado en octubre de 2016, y la más reciente construcción de la línea Mombassa-Nairobi, el mayor proyecto de la historia de Kenia, ejecutada por China, alarmó todavía más a Estados Unidos, que teme el aumento de la influencia de Pekín. Además, China está dispuesta a prolongar esa vía, invirtiendo otros 4.000 millones de euros, para llevar el ferrocarril a la región de los grandes lagos y al interior del continente, hasta Sudán del Sur, Uganda, Ruanda y Burundi, países que, de esa forma, podrían tener una salida al mar a través del gran puerto keniata de Mombassa.

En el sur de África, además de la destitución de Mugabe en Zimbabwe, los cambios alcanzan también a Angola, donde João Lourenço sustituyó a José Eduardo dos Santos (que permanecía en el poder desde 1992), y a Sudáfrica, donde Cyril Ramaphosa sucedió al corrupto Jacob Zuma, en una transición llena de peligros para el Congreso Nacional Africano. Los tres países están gobernados por los movimientos de liberación que consiguieron la independencia de sus países o el fin del apartheid, y Pekín mantiene buenas relaciones con todos ellos. China, que estableció relaciones diplomáticas con Sudáfrica hace sólo veinte años, suscribió con Pretoria, en 2010, la Declaración de Pekín, y ambos países firmaron la Asociación Estratégica Integral (AEI), que ha convertido a China en el principal socio comercial de Sudáfrica. En la vecina Bostwana, Pekín ha construido la central eléctrica de Morupule, que produce el noventa por ciento de la electricidad del país.

China prosigue su apuesta estratégica por la colaboración con países de todo el planeta, asegurando el mutuo beneficio, rehuyendo enfrentamientos, trabajando por la distensión, porque necesita un entorno pacífico para afianzar su desarrollo económico, y consolidar el socialismo chino, consciente de que Estados Unidos no quiere renunciar a sus prerrogativas imperiales y sigue negándose a un trato entre iguales: mientras China quiere evitar la extensión del incendio de Oriente Medio por el mundo, Estados Unidos sigue utilizando la guerra como instrumento para imponer su dictado.

Las viejas potencias coloniales europeas han retrocedido en el continente africano, y hoy la joven África, envuelta en un mar de pobreza pero también de proyectos de futuro, quiere dejar de ser el vecino desdichado, condenado por los poderes capitalistas del planeta a contemplar, extenuado, el expolio de sus riquezas; ve cómo Francia se resiste a abandonar su papel de patrón en el territorio, y cómo Estados Unidos extiende los tentáculos del Pentágono y de sus compañías multinacionales, creando nuevas bases militares, llevando el miedo y la guerra, al tiempo que China se convierte en una esperanza pasa el desarrollo. África se mira en un espejo chino.


Consumo de drogas en Panamá: ¿hacemos lo suficiente?


Jorge L. Prosperi

En este artículo planteo que el consumo de drogas en Panamá y en la región es un problema de salud pública y necesitamos hacer mucho más. Comparto información internacional y nacional que sustenta mi punto de vista, los invito a darle una lectura crítica a esta entrega y sumarnos todos a la lucha contra este flagelo, pues como nos señala UNODC “no reconocer o no comprender que la drogodependencia es un problema de salud refuerza el ciclo de marginación que a menudo afecta a las personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas, lo que dificulta su recuperación e integración social” y es un obstáculo al desarrollo sostenible de nuestro país.

Breve vistazo a la situación del consumo de drogas en el mundo

De acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. El uso de sustancias psicoactivas ha sido reconocido como un problema importante de salud pública para las Américas, el que lleva asociado una carga importante de muertes prematuras y discapacidad. El informe citado también nos dice que el número de muertes relacionadas con las drogas, que en 2014 se calculó en alrededor de 207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de personas de entre 15 y 64 años, ha permanecido estable en todo el mundo, aunque sigue siendo inaceptable y evitable. Las muertes por sobredosis representan aproximadamente entre un tercio y la mitad de todas las muertes relacionadas con las drogas, que en la mayoría de los casos se deben a los opioides. El período inmediatamente posterior a la excarcelación se asocia con un aumento considerable del riesgo de muerte por causas relacionadas con drogas (principalmente por sobredosis), cuya tasa de mortalidad es mucho mayor que la mortalidad por todas las causas en la población general.

Situación del consumo de drogas en Panamá

La Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) y el Observatorio Panameño de Drogas brindó a finales del año pasado, los resultados del último informe realizado la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que se realiza periódicamente con un estudio epidemiológico regional para ayudar a los Estados miembros en la producción de información y estadísticas oportunas, confiables y comparables sobre la demanda y la oferta de sustancias psicoactivas (SPA), en las que participó Panamá.

Asumo que la información que aportamos corresponde a la Segunda Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, realizada por el Observatorio panameño de Drogas de la CONAPRED en 2015, por lo que les comparto dos párrafos y los invito a la lectura completa del documento porque ofrece la información más actualizada sobre la situación nacional.

Este reporte indica la magnitud y características del consumo de drogas licitas e ilícitas en Panamá, determina la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, en vida, en el último año y en el último mes, así como la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, según características por sexo, edad, ocupación, escolaridad, nivel socioeconómico y lugar de residencia, además de detectar patrones de consumo de las diversas sustancias, y la percepción de riesgo para todas.
En su sección de Resultados Generales, los investigadores nos informan que “el perfil epidemiológico en relación con el consumo de sustancias psicoactivas en Panamá se vincula a las sustancias de curso legal, alcohol, tabaco y tranquilizantes, que presentan las mayores tasas de consumo. Y en el conjunto de drogas ilícitas, cuya prevalencia global es relativamente baja, del 1.16%, sobresale los cannabis, bajo forma tradicional de marihuana o en su versión sintética, crispy. Panamá no muestra un patrón de consumo asociado a las cocaínas, según indican las bajas prevalencias de todas sus formas (clorhidrato o pasta base). La presencia de los estimulantes de tipo anfetamínicos, evaluados en conjunto o en forma separada sus componentes, también presentan bajas prevalencias”.

No obstante, si aplicamos los cálculos del informe de NNUU señalado al inicio, resultaría que alrededor de 150,000 panameños consumieron por lo menos una droga durante 2017. Es claro que estamos frente a un problema de salud pública y debemos fortalecer nuestras intervenciones.

¿Qué nos recomienda la OPS y la OEA?

En ese contexto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) renovaron un memorando de entendimiento para mejorar la respuesta al problema de las drogas desde una perspectiva de salud pública. El acuerdo, renovado el 5 de febrero pasado, incluye el desarrollo de políticas y programas para el abordaje integral de los problemas de drogas, la promoción de sistemas de información articulados, facilitar el acceso a servicios de atención integrados a la red de salud y basados en la atención primaria, el fortalecimiento de los procesos de formación de recursos humanos y el impulso de la investigación y la difusión del conocimiento científico sobre el tema.
A través de las acciones derivadas de la implementación del acuerdo, la OPS y la OEA apoyarán a los Estados Miembros en el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el documento final de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de las drogas (2016), que, entre otros temas, resalta la necesidad de brindar programas de prevención y tratamiento, fortalecer los recursos humanos, garantizar el respeto a los derechos y el acceso a medicamentos controlados.

Estas recomendaciones fueron ratificadas en la Decisión adoptada en la 70ª Asamblea Mundial de la Salud en 2017 y están alineadas con los contenidos de la estrategia y plan de acción regional de salud pública de la OPS, en los cuales se resume el enfoque de salud para responder a los problemas de consumo de sustancias psicoactivas, resaltándolos como una prioridad de salud pública en los planes nacionales.

De acuerdo a las NNUU “abordar el uso problemático de sustancias psicoactivas requiere que los sistemas de salud pública en los países se apresten a intervenir sobre sus determinantes sociales, promover estilos de vida saludable, evitar o retrasar el inicio en el uso de drogas, mitigar los efectos adversos del consumo, tratar, rehabilitar y reintegrar plenamente a los usuarios problemáticos, el tratamiento y rehabilitación de la dependencia, así como la plena reintegración de la persona afectada, mediante intervenciones eficaces y en un marco de protección de sus derechos fundamentales”.

El enfoque de salud pública en las políticas sobre drogas lleva implícito el análisis del problema y de sus determinantes, pero también implica la organización de las respuestas desde los sistemas y servicios de salud, con una aproximación colectiva y un enfoque centrado en la persona y en su círculo cercano, el que se puede ver afectado, de manera directa o indirecta, por el uso de sustancias psicoactivas.

En el ámbito de las políticas de drogas, la reducción de la demanda se entiende como el conjunto de estrategias que se orientan a evitar o retrasar el inicio en el consumo de estas sustancias y mitigar sus consecuencias negativas tanto para la salud como para la sociedad, e incluye intervenciones de prevención, detección temprana, reducción de daños, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

¿Qué hacemos en Panamá?

El gobierno de Panamá tiene una política vigente reconocida como la Estrategia Nacional de Drogas 2012-2017. La estrategia, que culmina este año, se formuló como el instrumento para que el país se comprometiera a atender integralmente el tema de la oferta y demanda de drogas en dimensiones preventivas y represivas. En lo personal no encontré información en la página del Ministerio Público sobre el avance, logros y lecciones aprendidas de la aplicación de la mencionada estrategia.

Por su parte, expertos en el tema consideran que “aunque se cuenta con los instrumentos legales y documentos de políticas que permitirían establecer medidas de intervención más efectivas, equilibradas e integrales, pero poco ejecutado y menos evaluado”. Afirman que “es necesario fortalecer a CONAPRED para que se facilite la ejecución de esta estrategia con intervenciones que sean producto de nuestra realidad y para la atención particular de la realidad. Sin descuidar los acuerdos internacionales y apoyos con otros programas.” Coincidiendo con esta percepción; la noticia más reciente que nos ofrece el MINSA  sobre la labor interinstitucional del tratamiento del problema data del 2014. No obstante, allí se reconoce que se trata de un problema de salud pública…
Recomendaciones del Observatorio Panameño de Drogas

Por su parte el documento “Segunda Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas” del Observatorio panameño de drogas hace las siguientes recomendaciones:

+Continuar realizando este tipo de estudios, ya que sirven no solo como tamizaje sino también para evaluar rápidamente el patrón de consumo en la población general.
+Fortalecer la promoción de estilos de vida saludables que incluya la resiliencia como elemento fundamental para la prevención del consumo de drogas.
+Establecer una política pública del uso indebido de drogas y eventos conexos, que incluya la prevención del consumo de drogas, la gestión de nuevo conocimiento y las acciones dirigidas al control en los diferentes ámbitos y contextos.

En atención a los resultados específicos de este estudio, es menester promover la investigación sobre drogas, en los siguientes aspectos:
*Caracterización de las drogas de baja prevalencia.
*Correlacionar las variables percepción de gravedad y consumo.
*Caracterización del consumo en las áreas rurales y apartadas de nuestro país.
*Etnografía del uso indebido de drogas en los grupos originarios.
*Revisar y actualizar las disposiciones legales vigentes sobre el uso indebido de drogas.
*Desarrollar un sistema de vigilancia sanitaria del uso indebido de drogas y su afectación en los seres humanos.
*Incorporar a los diferentes actores sociales en actividades relacionadas con la prevención del consumo y el uso indebido.
*Desarrollar estrategias innovadoras en materia de comunicación social dirigidas a la prevención del uso indebido de drogas y promoción de la resiliencia como estilo de vida saludable, dirigido a lograr no solo individuos resilientes sino también comunidades resilientes.

Conclusión

Mi conclusión es que podemos hacer más y mejor para abordar este grave problema de salud pública. Contamos con los recursos humanos nacionales e internacionales necesarios y suficientes, solo hace falta reforzar el efectivo, sistemático y permanente apoyo político de los tres poderes de Estado.


Los nietos de la revolución


Sergio Ramírez

Los muchachos que han salido a las calles a dar la cara por Nicaragua, nacieron a partir de los años 90, o en este mismo siglo, y por tanto la revolución que derrocó a Somoza es un hecho ignorado para muchos de ellos, o ha sido distorsionado por la propaganda oficial, lo que viene a ser lo mismo.

Son los nietos de una revolución lejana o ausente en su memoria, pero la llevan de todas maneras en los genes, porque aquella se hizo también por razones morales, ante el hastío frente a una dictadura familiar que se creía dueña del país, y cuando se vio amenazada no vaciló en recurrir a la represión más cruel. Y al exterminio.

La dictadura de Somoza marcó a los jóvenes como delincuentes, y la juventud se pagaba con la vida. Cada día aparecían cuerpos torturados y mutilados, o simplemente con un tiro en la cabeza, en la cuesta del Plomo, al occidente de Managua, una morgue a cielo abierto donde las madres iban en busca de sus hijos desaparecidos. Por eso, el lema que se corea hoy en las marchas, ¡No eran delincuentes, eran estudiantes!, viene a resultar tan familiar, un eco que conecta al pasado de los abuelos con el presente de los nietos.

Todo ardor juvenil despierta la imaginación y llena las palabras de sentido, les da una dimensión que las vuelve verdaderas, y por verdaderas se convierten en parte de una cultura novedosa y fresca. Hablan entonces las paredes, los cartelones, y, hoy en día, habla también el humor desde los memes en las redes sociales. La improvisación ingeniosa se carga de legitimidad. Es un revés irreverente a la mentira.
Nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo, se lee en una pancarta de papel de estraza. Y en otra: Nunca había visto tantos valientes sin armas y tantos cobardes armados. Otro, pregona con mucha sabiduría: Cuando se lee poco se dispara mucho. Una muchacha ha escrito con plumón en su barriga de embarazada: Que se rinda tu madre, porque la mía no. Uno que está entre mis favoritos: Disculpe las molestias, estamos cambiando el país para usted. Y este que tiene indudable peso histórico Hay décadas donde nada ocurre, y hay semanas donde ocurren décadas.

Y también la insurrección cívica tiene su banda sonora, viejas canciones de los años 70, en las que reviven las voces de los Quilapayún entonando con ritmo nostálgico el pueblo, unido, jamás será vencido, y las que han compuesto los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, y muchos otros cantautores jóvenes.

La lejanía, ese vacío a través de las décadas, hace, no obstante, que los nietos desprecien, o rechacen, no pocos de los símbolos bajo los que pelearon los abuelos; y aquellos de esos abuelos que detentan hoy el poder, se han vuelto indeseables para sus descendientes. Ellos y los símbolos de los que se han apropiado. La propaganda oficial obra milagros malsanos, como ha sido el abuso a lo largo de la última década de la bandera rojinegra, que de herencia histórica pasó a ser incautada por una secta.

Esa bandera, levantada por el general Sandino en las montañas de las Segovias en su gesta de seis años por la soberanía nacional, y cuyos colores identificaba en sus proclamas con los propósitos de su lucha, negro por el luto de la patria agredida, rojo por la sangre derramada, estuvo en las barricadas en la insurrección que dio fin al somocismo.
Y hay que advertir, porque es esencial, que, entre una y otra lucha, la que culminó hace casi 40 años, en 1979, y la de ahora, hay una diferencia fundamental: los nietos pelean sin armas de guerra. Son los que han puesto los muertos, en una resistencia cívica sin precedentes, y de esta manera, aunque con dolor y sufrimiento, y sacrificio, le abren al país la oportunidad de un cambio político: el paso de la dictadura a la democracia, sin que medie una guerra civil.

Esa bandera a la que vuelvo, fue expropiada y malversada de tal manera, que llegó a sustituir, a la fuerza, a la bandera nacional, y usada como elemento decorativo hasta la náusea, se ha multiplicado en tarimas de actos públicos, comparecencias oficiales, desfiles y concentraciones, igual que se multiplicaron los árboles de la vida, hasta convertirse en símbolos odiosos del poder.

No es extraño entonces que los nietos la adversen, y hasta le prendan fuego, ya que ignoran que se trata de una herencia de sus abuelos, a su vez recibida de un tatarabuelo lejano y difuso, y cuya figura también ha sido distorsionada, y la vean sólo como una impostura que el nuevo poder familiar ha colocado en lugar de la bandera del país, cuyos colores, azul y blanco, se multiplican en las marchas de protesta, en las fachadas de las casas, en las ventanillas de los vehículos, en pañoletas y cintillos de cabeza, en las mejillas de los jóvenes manifestantes.

La bandera nacional se ha convertido en un símbolo subversivo que se enarbola de manera espontánea, y masiva, y representa la unidad del país en la lucha por conquistar la democracia y las libertades públicas. El partido oficial ha corrido a rescatarla, pero de manera tardía, y fallida. En sus manos, todo resulta en imposición, y en falsificación.

No hay nada de nacionalismo mezquino en el despliegue de la bandera de Nicaragua. Es el símbolo de los nietos por recuperar a la nación, y detrás de esa oleada han seguido sus padres y no pocos de los abuelos, que se ponen también detrás de los pasos que abren el camino hacia el futuro, dichosamente, hasta ahora, lejos los partidos políticos de esta marea.

Un reclamo así, sin caudillos ni aprendices de caudillos, encabezado por jóvenes lúcidos y transparentes, dichosamente inexpertos en artimañas políticas, es lo que nos dará una nueva Nicaragua. Es la hora de los nietos.

Masatepe, mayo 2018.


El lenguaje de la Ciudad


El saber de la Ciudad, 18-25

El lenguaje de la Ciudad
Guillermo Castro H.

El lenguaje es la forma material de la conciencia. La conciencia sintetiza lo que conocemos de la realidad y orienta nuestra conducta en ella, sea para adaptarnos a ella, o para transformarla. En uno y otro caso, el lenguaje nos permite caracterizar la realidad, y coordinar con otros nuestros propósitos y las actividades necesarias para alcanzarlos.

La misión de la Ciudad, por ejemplo, es promover la innovación para el cambio social. Al decirlo así, planteamos un juicio sobre la realidad en que actuamos. En esa realidad – la nuestra, gestada a lo largo de tiempos muy prolongados – es necesario promover la innovación porque lo espontáneo es más bien la imitación. Y agregamos a eso que la innovación que promovemos debe estar vinculada al cambio social, porque lo usual, cuando ocurre, se vincula más bien al mero beneficio individual.

De este modo, el lenguaje que utilizamos implica – y promueve - una perspectiva de valor. Esto hace evidente la importancia del lenguaje como un medio de relacionamiento con otros. La Ciudad, por ejemplo, no hace por sí misma el cambio social, pero lo propicia y lo facilita a través de sus relaciones con aquellos que aprovechan los servicios de apoyo a la innovación que la Ciudad ofrece.

En esto, la Ciudad cuenta con la ventaja de haber sido parte, desde su origen a fines del siglo pasado, del más formidable proceso de cambios que ha conocido nuestro país desde que se constituyó en República en las difíciles circunstancias de 1903. El juicio de valor de la Ciudad sobre ese proceso está definido en nuestra misión y en nuestra visión. Ellas vinculan entre sí palabras que antes eran utilizadas por separado, o que simplemente no estaban presentes en nuestro lenguaje, como innovación, cambio, prosperidad, equidad y sostenibilidad.

Esas palabras, además – y sobre todo - designan formas de actividad, de conducta y de propósito que se requieren mutuamente. El modo en que lo hacen en nuestra vida cotidiana expresa la conciencia de la Ciudad, y define la cultura que esa cultura sustenta y promueve. Es una cultura abierta al cambio, que se nutre del encuentro constante con su comunidad nacional y con los procesos de cambio que ocurren a escala del planeta entero.

La Ciudad, como vemos, constituye una realidad compleja que debe ser expresada en términos sencillos. Formamos parte de un vasto proceso de transformación que hoy involucra a la Humanidad entera. En ese proceso no estamos solos. El lenguaje de la Ciudad nos ayuda a entender que cambiamos con el mundo, para ayudarlo a cambiar. Ese es el núcleo fundamental de la conciencia a la que ese lenguaje le da forma capaz de expresarse en propósitos, labores, y logros. Y lo mejor está por venir.

Ciudad del Saber, Panamá, 22 de junio de 2018

ÚLTIMA HORA: Erupción Popocatépetl Sakurajima y Kilauea Hawaii

El ciclo de la mentira


Thierry Meyssan

www.voltairenet.org / 010518



Cuando las potencias occidentales quieren condenar a alguien, le atribuyen todo tipo de crímenes hasta ponerse en posición de sentenciarlo. No les importan la Verdad ni la Justicia, sólo su propio poderío. Al referirse a la acusación sobre el supuesto uso de armas químicas en Siria, Thierry Meyssan recuerda que, aunque esa acusación tiene sólo unos años, la designación de Siria como culpable ya cuenta más de 2 milenios.



Las potencias occidentales sostienen que una «guerra civil» se inició en Siria, en 2011. Pero en 2003, el Congreso de Estados Unidos ya adoptaba una declaración de guerra contra Siria y el Líbano (la Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act [1], o sea la Ley sobre la Responsabilidad de Siria y la Restauración de la Soberanía Libanesa), ley que el presidente George W. Bush firmó aquel mismo año.



Después del fallido intento del secretario de Estado Colin Powell, quien trató de convertir la Liga Árabe en un tribunal regional –durante la cumbre de Túnez, en 2004–, la agresión occidental se inició con el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri, en 2005.



El entonces embajador de Estados Unidos en Beirut, Jeffrey Feltman –quien muy probablemente organizó personalmente el crimen–, acusó de inmediato a los presidentes de Siria, Bachar al-Assad, y del Líbano, Emile Lahoud. La ONU envió una misión investigadora, luego varios ejecutivos de la ONU y del Líbano crearon un seudo Tribunal Internacional, que nunca fue ratificado por la Asamblea General de la ONU, ni por el parlamento libanés.

Desde el momento mismo de su creación, ese tribunal contó con testimonios y pruebas convincentes. Los dos presidentes se vieron internacionalmente marginados, varios generales fueron arrestados por la ONU y mantenidos en la cárcel durante años, sin ser ni siquiera inculpados. Pero, con el tiempo, se descubrió que los testigos eran falsos, las pruebas perdieron todo valor y la acusación acabó desmoronándose. Hubo que liberar a los generales encarcelados… y presentarles excusas. Bachar al-Assad y Emile Lahoud volvieron a ser personalidades presentables.



Trece años después, el estadounidense Jeffrey Feltman ocupa el segundo cargo más importante en la ONU y el tema cotidiano es el supuesto ataque químico de la Ghouta. Como antes, hay testigos –los “humanitarios” White Helmets (Cascos Blancos)– y también pruebas supuestamente convincentes –fotos y videos, captados por los mismos Cascos Blancos. El culpable es, como de costumbre, el presidente sirio Assad. La acusación de hoy ha sido cuidadosamente preparada mediante una serie de rumores, desde 2013. Sin esperar que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) verificara los hechos, las potencias occidentales se erigen en juez y verdugo, condenan a Siria y la bombardean.



El problema es que hoy en día Rusia se ha convertido nuevamente en una superpotencia capaz de medirse de igual a igual con Estados Unidos y está exigiendo que se respeten las normas y procedimientos internacionalmente reconocidos y el envío a Damasco de una misión de la OPAQ. Rusia acaba incluso de llevar a La Haya, sede de la OPAQ, 17 testigos presenciales del falso ataque químico, testigos que revelaron la manipulación montada por los Cascos Blancos [2].



¿Cómo reaccionaron los 17 países de la alianza occidental presentes? Se negaron a escuchar a los testigos oculares y a confrontarlos a los Cascos Blancos.

Esos países publicaron un breve comunicado, donde denuncian lo que llaman el «show ruso» [3]. Olvidando que ya habían condenado y castigado a Siria, afirman en ese documento que la presentación de los testigos oculares afecta la responsabilidad de la investigación de la OPAQ y argumentan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya confirmó el ataque químico y que cuestionarla sería una indecencia. Y, por supuesto, llaman a Rusia a respetar el Derecho Internacional… que ellos mismos violan constantemente.



Pero hay además varios problemas:


- la declaración de la OMS viola las prerrogativas de esa organización,
- está redactada en condicional,

- no se basa en informes de sus funcionarios sino únicamente en las afirmaciones de varias ONGs asociadas que a su vez reportan… las acusaciones de los Cascos Blancos [4].



Hace dos mil años que Occidente brama «¡Carthago delenda est!» (¡Hay que destruir Cartago!) [5] sin que nadie sepa a ciencia cierta lo que se reprochaba a aquella especie de sucursal comercial siria en Túnez. Ese siniestro eslogan se ha convertido en un reflejo en Occidente.



La sabiduría popular afirma en todas partes que «El más fuerte siempre tiene la razón». Esa moraleja se repite tanto en el Panchatantra indio como en las fábulas del griego Esopo, del francés Jean de La Fontaine y del ruso Ivan Krylov, aunque quizás proviene de Ahikar, el conocido sabio sirio de la Antigüedad.



Pero sucede que, desde el ridículo que hicieron el 14 de abril con su fracasado bombardeo contra Siria, las potencias occidentales ahora son «el más fuerte» sólo cuando de mentir se trata.



[1] The Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restauration Act, H.R. 1828, S. 982, Voltaire Network, 12 de diciembre de 2003.



[4] «L’OMS s’inquiète de la suspicion d’attaques chimiques en Syrie» [En español, “La OMS inquieta ante sospechas de ataques químicos en Siria”], Réseau Voltaire, 11 de abril de 2018.

[5] Carthago delenda est! fue un eslogan popularizado por el senador romano Catón el Viejo a fuerza de repetirlo invariablemente al final de todos sus discursos. ¿Qué crimen había cometido Cartago? Ser más próspera que Roma.


Israel: 200 armas nucleares apuntan a Irán


Manlio Dinucci




Todo el estruendo alrededor de la salida estadounidense del acuerdo nuclear con Irán (JCPOA) viene a ocultar el hecho más importante: Israel tiene la bomba atómica, Irán no la tiene.



La decisión de Estados Unidos de salir del acuerdo sobre el programa nuclear iraní [1] –acuerdo que Teherán firmó en 2015 con los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania– da lugar a una situación extremadamente peligrosa, y no sólo para el Medio Oriente.



Para entender lo que implica esa decisión [de Estados Unidos], adoptada bajo la presión de Israel –que califica el acuerdo de «rendición de Occidente ante el Eje del Mal encabezado por Irán»–, es necesario partir de un hecho muy concreto: no es Irán sino Israel quien tiene la bomba atómica.



Hace más de 50 años que Israel fabrica armas nucleares en su instalación de Dimona, construida con ayuda occidental, sobre todo de Francia y de Estados Unidos. Nadie inspecciona la instalación israelí de Dimona porque Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación de armas nucleares, tratado que –por el contrario– Irán firmó hace 50 años.



Las pruebas que demuestran que Israel fabrica armas nucleares fueron reveladas, hace más de 30 años, por el técnico nuclear Mordechai Vanunu, quien había trabajado en Dimona. Después de ser estrictamente verificadas por los más importantes expertos en armas nucleares, las pruebas de Vanunu fueron publicadas en el Sunday Times el 5 de octubre de 1986. Vanunu fue secuestrado por el Mossad y trasladado clandestinamente a Israel, donde fue condenado a 18 años de cárcel, que purgó bajo régimen de aislamiento. Después de cumplir la condena, Vanunu fue liberado pero las autoridades israelíes lo mantuvieron sometido a una serie de graves restricciones [2].



Hoy en día Israel posee –aunque sigue sin admitirlo– un arsenal nuclear estimado en entre 100 y 400 armas atómicas, entre las que se incluyen bombas nucleares tácticas y bombas de neutrones de nueva generación. Israel produce además plutonio y tritio en cantidades suficientes como para construir cientos de armas atómicas. Las ojivas nucleares israelíes se encuentran listas para su uso, al igual que sus misiles balísticos –como el Jericó 3. Para el uso de sus armas nucleares, Israel también dispone de otros vectores, como los aviones de guerra F-15 y F-16 proporcionados por Estados Unidos, a los que ahora se agregan los F-35, igualmente Made in USA.



Mientras tanto, las numerosas inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirman que Irán no tiene armas atómicas y que además está sometiéndose puntualmente a los controles internacionales previstos en el JCPOA. Pero, como escribiera el 3 de marzo de 2015 el ex secretario de Estado estadounidense Colin Powell en un correo electrónico revelado, «en Teherán saben bien que Israel tiene 200 armas nucleares, que apuntan todas a Teherán, y que nosotros [Estados Unidos] tenemos miles».



Los aliados europeos de Estados Unidos, que formalmente siguen respaldando el acuerdo con Irán, están sin embargo del lado de Israel. Alemania le ha proporcionado 4 submarinos [de ataque] Dolphin, modificados precisamente para poder lanzar misiles crucero con ojivas nucleares. Alemania, Francia, Italia, Grecia y Polonia participaron recientemente, junto a Estados Unidos, al mayor ejercicio internacional de guerra aérea de la historia de Israel, Blue Flag 2017 [3].



Italia, ligada a Israel por un acuerdo de cooperación militar (la Ley 94 de 2005), participó en ese ejercito militar con varios aviones Tornado de 6 Stormo de Ghedi (Italia), destinado a servir de vector a las bombas nucleares estadounidenses B-61, que próximamente serán reemplazadas por las B61-12. Estados Unidos participó con aviones F-16 del 31st Fighter Wing desplegado en Aviano (Italia), destinados a la misma misión.



Las fuerzas nucleares de Israel están integradas al sistema electrónico de la OTAN, en el marco del «Programa de Cooperación Individual» con Israel, país que, sin ser miembro de la alianza atlántica, dispone de una oficina permanente en el cuartel general de la OTAN en Bruselas.



Según el plan que se puso a prueba el ejercicio israelo-estadounidense Juniper Cobra 2018, fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN llegarían desde Europa –principalmente desde las bases situadas en Italia– para prestar apoyo a Israel en una guerra contra Irán [4].



Esa guerra pudiera comenzar con un ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, como el de 1981 contra la instalación de Osirak, en Irak. En caso de represalias iraníes, Israel podría utilizar un arma nuclear, iniciando así una reacción en cadena de imprevisibles consecuencias.









[1] Se trata del llamado Acuerdo 5+1 o JCPOA. Nota de la Red Voltaire.

[2] Ver nuestro dossier Vanunu, Mordechai.

[3] «Israel, Italia y la “diplomacia de los cazas”», por Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), Red Voltaire, 22 de diciembre de 2017.

[4] «Bajo el dominio de Estados Unidos y la OTAN», por Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia) , Red Voltaire, 15 de marzo de 2018, «Derecho de respuesta de la OTAN, réplica de Manlio Dinucci y comentario de Red Voltaire», 17 de marzo de 2018.

Tras la masacre en Gaza esta semana, ¿cuánto tiempo vamos a seguir simulando que los palestinos no son personas?





Monstruoso. Espantoso. Malvado. Es extraño cómo las palabras simplemente se agotan en día en el Oriente Próximo actual. Sesenta palestinos muertos. En un día. Dos mil cuatrocientos heridos, más de la mitad de bala. En un día. Las cifras son un escándalo, inmorales, una vergüenza para todo ejército que las provoque.



¿Y se supone que tenemos que creer que el ejército israelí es un ejército que sigue el código de la “pureza de las armas”*? Y tenemos que hacer otra pregunta. Si esta semana son 60 los palestinos muertos en un día, ¿qué pasa si la semana que viene mueren 600?, ¿o 6.000 el mes que viene? Las funestas excusas de Israel (y la cruda respuesta de Estados Unidos) suscitan esta pregunta. Si ahora podemos aceptar una masacre de estas dimensiones, ¿cuánto más va a aceptar nuestro sistema inmunológico en los próximos días, semanas y meses?



Sí, conocemos todas las excusas. Hamas (corrupto, cínico, carente de “pureza”...) estaba detrás de las manifestaciones. Algunos de los manifestantes eran violentos, lanzaron cometas ardiendo (¡cometas, por todos los cielos!) al otro lado de la frontera, otros arrojaron piedras, aunque, ¿desde cuándo arrojar piedras ha sido un crimen sancionado con la pena de muerte en algún país civilizado? Si una bebé de ocho meses muere tras inhalar gases lacrimógenos, ¿qué hacían sus padres llevando a esta bebé a la frontera de Gaza? Y así sucesivamente. ¿Por qué quejarnos por los palestinos muertos cuando tenemos a los Sissis en Egipto, los Assads en Siria y a los saudíes en Yemen con los que lidiar? Pero no, los palestinos siempre tienen que ser culpables.



Las propias víctimas son los culpables. Eso es exactamente lo que los palestinos han tenido que soportar durante 70 años. Recuerden que fueron culpables de su propio éxodo hace siete décadas porque siguieron las instrucciones que daban las emisoras de radio de abandonar sus hogares hasta que los judíos “fueran arrojados al mar”. Solo que, por supuesto, nunca existieron esos programas de radio. Todavía tenemos que agradecer a los “nuevos historiadores” de Israel el haberlo demostrado. Los programas de radio fueron un mito, parte de la historia fundacional nacional de Israel inventada para garantizar que ese nuevo Estado, lejos de haberse fundado sobre los hogares de otras personas, lo había hecho una tierra sin pueblo.



Y fue increíble contemplar cómo la misma vieja cobardía informativa de siempre empezaba a infectar el relato de los medios de comunicación sobre lo que ocurría en Gaza. La CNN llamó “medidas enérgicas” a los asesinatos israelíes.



En muchos medios de comunicación las referencias a la tragedia de los palestinos aludían a su “desplazamiento” hace 70 años, como si diera la casualidad de que estuvieran de vacaciones cuando ocurrió la “Nakba” (la catástrofe, como se la conoce) y simplemente no pudieran volver a casa. La palabra utilizada debería haber sido absolutamente clara: desposesión. Porque eso es lo que les ocurrió a los palestinos hace todos esos años y es lo que todavía ocurre en Cisjordania hoy, mientras usted lee estas líneas, gracias a hombres como Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, un defensor de esas execrables e ilegales colonias construidas en tierra árabe quitada a los árabes que han sido los propietarios de estas tierras y han vivido en ellas durante generaciones.

Y así llegamos al más espantoso de todos los acontecimientos aciagos de la semana pasada: el hecho de que se produjeran simultáneamente la masacre en Gaza y la espléndida inauguración de la nueva embajada estadounidense en Jerusalén.



“Es un gran día para la paz”, anunció el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Cuando lo oí, me pregunté si había oído bien. ¿Realmente dijo esas palabras? Desgraciadamente, las dijo. En momentos como este es un inmenso alivio ver que periódicos como el diario israelí Haaretz conservan su sentido del honor. Y el reportaje más destacado se publicó en The New York Times donde Michelle Goldberg captó perfectamente el horror tanto de Gaza como de la inauguración de la embajada en Jerusalén.



La inauguración, escribió la periodista, fue “grotesca […] una consumación de la cínica alianza entre halcones judíos y evangelistas sionistas que creen que la vuelta de los judíos a Israel marcará el comienzo del apocalipsis y la vuelta de Cristo, tras lo cual los judíos que no se conviertan arderán para siempre”. Goldberg indicó que Robert Jeffress, un pastor de Dallas, había oficiado la oración de apertura en la ceremonia de la embajada.



Y Jeffress es quien una vez afirmó que religiones como el “mormonismo, el islam, el judaísmo y el hinduismo” llevan a la gente “a estar separados de Dios toda una eternidad en el infierno”. La bendición final la pronunció de John Hagee, un predicador mesiánico que, lo recordó Goldberg, afirmó una vez que Hitler había sido enviado por Dios para conducir a los judíos a su patria ancestral.



Michelle Goldberg añadía respecto a Gaza: “Aunque se niegue totalmente el derecho palestino al retorno (lo cual me resulta más difícil de hacer ahora que Israel ha abandonado casi totalmente la posibilidad de un Estado palestino), eso no excusa la desproporcionada violencia del ejército israelí”. Con todo, no estoy tan seguro de que los demócratas estén más animados a hablar de la ocupación israelí, como ella cree. Pero me parece que tiene razón cuando afirma que mientras Trump sea presidente “es posible que Israel pueda matar palestinos, demoler sus casas y apropiarse de sus tierras con impunidad”.



Rara vez en la época moderna nos hemos encontrado con que se trata a todo un pueblo, los palestinos, como si no fueran personas. Entre la basura y las ratas de los campos de refugiados de Sabra y Chatila en Líbano (¡qué fatídicos siguen siendo estos nombres!) hay una casucha que sirve de museo y donde se exponen artículos llevados a Líbano desde Galilea por las primeras personas refugiadas de finales de la década de 1940: cafeteras y las llaves de la puerta principal de casas destruidas hace tiempo. Muchas de estas personas cerraron con llave sus casas pensando que iban a volver al cabo de unos días.



Pero esta generación va muriendo rápidamente, como los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en los archivos orales de la expulsión palestina (se ha grabado a al menos 800 supervivientes) recopilados en la Universidad Americana de Beirut se está descubriendo que han muerto muchas de estas voces que fueron grabadas a finales de la década de 1990.



Así pues, ¿irán a casa?, ¿”retornarán”? Sospecho que ese es el mayor temor de Israel, no porque haya que “retornar” [devolver] las casas, sino porque son millones los palestinos que reivindican este derecho, sancionado por las resoluciones de la ONU, y que la próxima vez podrían aparecer por decenas de miles ante la valla fronteriza de Gaza.



¿Cuántos francotiradores necesitará entonces Israel? Y hay, por supuesto, ironías lamentables ya que en Gaza viven familias cuyos abuelos y abuelas fueron expulsados de sus casas situadas a menos de una milla de la propia Gaza, de dos pueblos que estaban exactamente donde está actualmente la ciudad israelí de Sderot, a la que Hamas lanza cohetes a menudo. Todavía pueden ver sus tierras. Y cuando puedes ver tu tierra quieres ir a casa.





*El código de “la pureza de las armas” es uno de los valores que se afirman en la doctrina ética oficial de las llamadas “Fuerzas Defensivas Israelíes”, el ejército israelí. Según este código: “El soldado hará uso de su armamento y de su poder sólo para cumplir la misión y únicamente en la medida necesaria; mantendrá su humanidad incluso en combate. El soldado no empleará su armamento ni su poder para herir a no combatientes o a prisioneros de guerra, y hará todo lo que esté en su mano para evitar dañar sus vidas, cuerpos, honores y propiedades”. (N. de la t.)