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La infame doble guerra contra Yemen

Lucía Luna

Todas las guerras son abominables. Pero sin duda a ojos del mundo hay guerras de primera y de segunda. Y la que actualmente libran Estados Unidos y Arabia Saudita contra Yemen pertenece a esta última categoría. Sin importar la magnitud del costo humano.

El pasado 25 de abril, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que siete millones de yemeníes atrapados en los frentes de guerra corren el riesgo de morir de hambre. Eso, sin contar con que la vida de más de un millón de niños está en peligro por su alto grado de desnutrición y que cada 10 minutos muere un menor de cinco años a causa de enfermedades evitables.

Sometido a ataques “quirúrgicos” por parte de Washington, y a constantes bombardeos y al bloqueo de sus puertos por una coalición sunita encabezada por Riad, el país más pobre del mundo árabe está a punto del colapso: la infraestructura sanitaria funciona al mínimo, lo mismo que escuelas, mercados, mezquitas y toda clase de servicios de asistencia social. Ocho millones de personas carecen de agua potable y tres millones han tenido que abandonar sus hogares y sus precarios medios de subsistencia.

En conjunto, la OCHA calcula que dos tercios (19 millones) de los habitantes de Yemen necesitan “ayuda y protección urgentes”, y para ello se requiere de un mínimo de dos mil 100 millones de dólares. Pero en vísperas de la celebración en Ginebra de una conferencia de donantes para la castigada nación, apenas se había recaudado poco más de un 15%.
La escuálida respuesta internacional no sólo es económica, sino también política e informativa.

El 29 de enero, la primera operación militar del nuevo gobierno de Donald Trump fue dirigida precisamente contra Yemen, donde se ubican bases de la rama de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Además de los “objetivos terroristas”, hubo numerosas bajas civiles.
Pero el ojo mediático muy pronto giró hacia el ataque con gas venenoso en Siria y el consiguiente bombardeo punitivo de Estados Unidos contra una base aérea del régimen de Bashar el Asad. Luego vino el lanzamiento de “la madre de todas las bombas” en la frontera de Afganistán con Paquistán, y ya nadie se acordó de los yemeníes.

De hecho, el operativo en Yemen tuvo repercusión mediática porque se salió de la norma de los ataques con drones llevados a cabo por los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama -unos 150 desde 2002–, que también cobraron un sinnúmero de víctimas civiles. Tanto, que el gobierno de Saná pidió cancelarlos en 2014, aunque después volvieron con renovada intensidad.

Pero ahora se trató de una incursión militar en toda regla… que resultó un fiasco:

Según el Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (CENTCOM), decenas de efectivos de las fuerzas especiales de la marina –los famosos SEALS– descendieron ese día sobre la sudoriental localidad de Yakla y atacaron varias construcciones donde presuntamente se ocultaban miembros de AQPA. Antes, una veintena de helicópteros Apache y drones había sobrevolado la zona y bombardeado una escuela, una mezquita y una cárcel, supuestas bases de los terroristas.

Pero lo que los marinos encontraron al bajar, fue un bastión reforzado con minas, francotiradores y un nutrido contingente de combatientes. Aparte, les falló un helicóptero. Lo que sobrevino fue un enfrentamiento, en el que murió un infante de marina y seis resultaron heridos; y en el otro bando se contó una treintena de muertos, la mitad mujeres y niños.

Fuentes militares estadunidenses confiaron a la agencia Reuters que el operativo se llevó a cabo “sin la suficiente información, apoyo de tierra o preparativos de respaldo”. Y el International Crisis Group (ICG), a través de su especialista en Yemen, April Alley, consideró que era “un ejemplo de lo que no se debe hacer”, porque apenas afecta a los yihadistas y en cambio alimenta el resentimiento de los yemeníes contra los estadunidenses.

Críticas

Pero lo que sin duda causó más ruido mediático, fue que el padre de William Owens, el infante de marina muerto, se negara a encontrarse con el presidente Trump para la entrega de los restos mortales de su hijo. “¿Por qué tuvieron que poner en marcha esta estúpida misión, cuando no llevaban ni una semana en el gobierno?”, le dijo a The Miami Herald. Para él, veterano de guerra, se trató de una inútil exhibición de fuerza.

Por lo que toca a la muerte de civiles yemeníes, ésta recibió la condena habitual de políticos críticos y organismos de derechos humanos. Pero lo que esta vez le dio un realce diferente, es que entre los niños caídos se encontraba Nora, la hija de ocho años del predicador de origen estadunidense Anuar al Awlaki, quien regresó a Yemen para convertirse en uno de los principales líderes de AQPA y fue abatido por un dron de Estados Unidos en septiembre de 2011.
Con su inglés fluido, Al Awlaki fue acusado de promover la yihad desde el sur de Yemen. A su influencia se atribuyen, entre otros, el fallido intento de estallar un avión antes de la Navidad de 2009, los bombazos en el maratón de Boston y el tiroteo en Fort Hood. Nora, por lo demás, no era el primer vástago de Anuar que moría por fuego estadunidense. En octubre de 2011 su hijo Abdulrahman, de 16 años, murió cuando un dron atacó el feudo familiar de los Al Awlaki, donde estaba de visita.

Menos ruidosa pero más letal ha sido la ofensiva emprendida en marzo de 2015 por Riad y una coalición de países árabes del Golfo, que realiza bombardeos indiscriminados, sin respetar instalaciones civiles.

Daños

Médicos Sin Fronteras (MSF), que ha perdido cuatro de sus hospitales en estos ataques, ha contabilizado siete mil 600 muertos y atendido unos 56 mil heridos; pero dice que sólo se trata de una “fotografía parcial” porque hay lugares a donde no puede llegar y otros de donde la población no puede salir.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por su parte, habla de mil 400 niños muertos y dos mil 140 heridos, aunque también considera que el número real “es mucho más elevado”. Y afirma que al menos dos mil escuelas no pueden ser utilizadas porque fueron destruidas, dañadas o se utilizan para fines de guerra.

La confrontación empezó después de que a principios de 2015 los rebeldes huthis expulsaran del país al presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, quien buscó protección en Arabia Saudita. Mansur Hadi sucedió a Alí Abdalá Saleh, quien gobernó Yemen durante 33 años y fue derrocado al calor de la llamada “primavera árabe”, en 2011.
Los huthis, de confesión zaydí (una derivación del chiismo) y que reivindican una zona autónoma en el norte de Yemen, ya se habían enfrentado a lo largo de los años al menos seis veces con el gobierno de Saleh. Y volvieron a hacerlo con Mansur Hadi. Sólo que –¡oh paradoja!– esta vez lo hicieron acompañados por el propio Saleh y un amplio sector del ejército yemení que se mantuvo leal a él, por lo que la maniobra fue vista como un golpe de Estado.

Sin embargo, la monarquía saudita creyó ver en la asonada algo más: al ser los huthis próximos al chiismo, detrás de ellos debía estar Irán, país con el que mantiene una pugna por el control regional. No hay pruebas de que Teherán ayude militarmente a los huthis, ni tampoco a Saleh y sus fuerzas (sunitas); pero la narrativa de Riad justificó la campaña de guerra y aun el apoyo de potencias occidentales.

Según círculos militares, Estados Unidos provee de combustible en pleno vuelo a los aviones de la coalición encabezada por el reino saudí, para que sin desvíos puedan dar en el blanco sobre sus objetivos yemeníes. Y Gran Bretaña le vende armas, incluidas las proscritas bombas de racimo, sin que nadie proteste. Este comercio ha sido valorado en unos cinco mil millones de dólares.

En el campo diplomático, los intentos de mediación de la ONU no han avanzado. Sólo prevalece una resolución del Consejo de Seguridad, que exige a los huthis retirarse a su feudo del norte de Yemen y entregar las armas pesadas. Ellos, que representan un tercio de la población yemení, no están dispuestos a hacerlo sin obtener nada a cambio.

En cuanto al combate al terrorismo, después del cruento operativo de enero corrió la versión de que Yemen habría retirado a Estados Unidos la autorización para realizar más ataques. Pero el gobierno en el exilio, reconocido internacionalmente, lo negó, aunque reclamó airadamente las bajas civiles. Washington, por su parte, intensificó sus ataques con drones en forma inusitada: 40 en un mes.

Nada indica que las acciones militares en Yemen terminen a corto plazo. Ni tampoco el sufrimiento del pueblo yemení.


Pueblos indígenas entre la muerte y la muerte

www.alainet.com / 050517

El asesinato de Gerson Acosta, líder indígena del Cabildo Kite Kiwe en Timbío Cauca, el pasado 19 de abril, a manos de un sicario, eleva a seis el número de miembros de pueblos indígenas asesinados en escasos cuatro días de la tercera semana de abril y pone en serio entredicho la implementación de los acuerdos de paz.

Pedro Nel Pai Pascal, Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal y Ever Goyes, del pueblo awá, fueron asesinados el 16 de abril en el departamento de Nariño, apenas con algunas horas de diferencia y en lugares diferentes pero no por ello deben tenerse como casos aislados.

Pedro Nel Pai Pascal, 35 años de edad, perteneciente al resguardo Gran Rosario fue asesinado a las 10:15 de la mañana en cercanías del corregimiento La Guayacana del municipio de Tumaco; dos sicarios le propinaron dos disparos en la cabeza.

Ever Goyes, 35 años, miembro del resguardo de Pulgande Tronqueria Palicito del municipio de Barbacoas (Nariño) fue asesinado de tres balazos a las 2 de la tarde en el municipio de Ricaurte (Nariño).

Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal, 33 años, perteneciente al resguardo Piedra Sellada, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el corregimiento Llorente del municipio de Tumaco, a las 5 de la tarde.

El mismo 16 de abril, en el Litoral de San Juan, sur del departamento de Chocó en límites con el departamento del Valle del Cauca, fueron secuestrados los indígenas wounaan, hermanos Anselmo y Dalmiro Cárdenas Victoria, quienes fueron hallados sin vida el 20 de abril.

Para la Asociación de Autoridades y Cabildos Tradicionales Indígenas Awá y la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA “da tristeza ver, como el proceso de paz que para nosotros significó la posibilidad de volver a vivir en armonía, en la práctica, ha significado el incremento al exterminio físico, cultural y espiritual de nuestro pueblo”. Pero de igual manera causa alarma, como lo expresan en el comunicado, “que todos hayan sido realizados bajo la modalidad del sicariato, lo que demuestra una acción sistemática por parte de actores criminales” en contra del pueblo awá, a la vez que resaltan “que estos hechos ocurren en lugares donde la presencia de la fuerza pública es permanente”[1].

Los múltiples asesinatos han generado el repudio y la voz de alerta de Amnistía Internacional. En comunicado del 21 de abril señala que la “Ola de asesinatos de indígenas resalta fallas de implementación del Proceso de Paz”. De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional: “La situación de riesgo que atraviesan las comunidades indígenas en Colombia es alarmante.

Estos crímenes dejan en relieve uno de los principales retos de la implementación del proceso de paz, el de proteger a las comunidades que viven en algunas de las zonas que más han sufrido el conflicto armado y garantizar que estos lamentables hechos no queden en la impunidad”. Critica igualmente la “ineficacia de las medidas implementadas por las autoridades colombianas para asegurar la vida e integridad de líderes y miembros de comunidades indígenas”[2], toda vez que Gerson Acosta había recibido amenazas y contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección.

Los ataques contra miembros de los pueblos indígenas no son recientes y demuestran, sin lugar a duda, que el Estado colombiano está amañado en el cumplimiento retórico de sus deberes; que de poco sirven las órdenes que imparte la Corte Constitucional[3] y que el principal escollo del conflicto armado que aqueja a Colombia no es lograr la firma de Acuerdos con los grupos insurgentes, sino la consolidación de un ambiente propicio, el cual no se podrá lograr si el Estado no está en capacidad de cumplir los mandatos de la Constitución Política o no tiene la voluntad de hacerlo:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (art. 2º); “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (art. 7º); “El derecho a la vida es inviolable” (art. 11); “Se garantiza la libertad de conciencia” (art. 18), etc.

Los ataques contra el pueblo awá revisten sistematicidad aún desde antes de la firma de los Acuerdos con las FARC. El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas realizó visita oficial a Colombia entre el 5 y el 9 de julio de 2010; su propósito era “observar la situación de los pueblos indígenas que son víctimas de abusos relacionados con el conflicto armado y que se encuentran en peligro de extinción y la situación del pueblo awá”.

En el informe de su misión, el organismo concluyó en esa época que “Los pueblos indígenas han enfrentado graves abusos a sus derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno, como la discriminación y la marginación. La situación crítica de los pueblos indígenas ha sido bien documentada. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas realizó visitas a Colombia en 2004 y 2009. En 2009, el Relator Especial concluyó que la situación de los pueblos indígenas continua siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante”.

En el documento, presentado en New York en las sesiones de Naciones Unidas del 16 al 27 de mayo de 2011, se dijo además: “Según datos de la ONIC, entre 2002 y 2009, más de 1.400 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados. La violencia se ha incrementado, en 2008 y 2009 se documentaron 111 y 176 asesinatos respectivamente. […] Los líderes indígenas han sido frecuentemente objeto de asesinatos y amenazas por las partes en conflicto que han invadido sus territorios. Durante los tres meses posteriores a la visita del Foro, se registraron los asesinatos de 4 líderes indígenas, incluyendo el de una líder que estaba embarazada. La esposa de otro líder también fue secuestrada junto con su marido y posteriormente asesinada”.

Desde la visión de los observadores internacionales, encontraban entonces que “Las raíces del conflicto se encuentran en problemas estructurales del país tales como la pobreza y la desigualdad, la discriminación contra grupos vulnerables, los abusos a los derechos humanos y el control sobre la tierra. El conflicto está alimentado por la violencia relacionada con el tráfico de droga, el crimen organizado y las tensiones con los países vecinos, que han sido acusados de apoyar a grupos rebeldes. Los pueblos indígenas se han mantenido neutrales ante el conflicto, sin embargo han sido objeto de graves abusos tales como asesinatos, masacres, desplazamiento forzado, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros y son la causa principal de riesgo de su extinción”.

En 2011 el Foro reiteró el llamado a la “búsqueda de una paz auténtica y duradera mediante una salida negociada al conflicto armado que está afectando severamente a los pueblos indígenas”. Tal vez allí radica el problema esencial en la consolidación del fin de la guerra. En que el gobierno colombiano está empeñado en lograr una paz estable pero no auténtica. Y es que no puede construirse una paz auténtica, ni estable ni duradera, sobre la base de los viejos privilegios de los grandes terratenientes y grupos económicos; sobre los escombros de las rancias castas políticas y sobre las estructuras malolientes de un Estado que hiede a corrupción, impunidad, inmoralidad, inequidad, nepotismo, concentración de poder y de riqueza, centralismo, paraestatalismo, paramilitarismo y un interminable etc.

De ahí que los asesinatos de indígenas y líderes sociales, los desplazamientos de pobladores como el ocurrido en la localidad de Peña Azul en el Alto Baudó (Chocó) y los ataques de diversa índole contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, perpetrados por parte de bandas paramilitares con posterioridad a la firma de los llamados Acuerdos de Paz, continúen a pesar de tales Acuerdos y a pesar de la negativa del gobierno a reconocer la existencia de los grupos paramilitares de ayer y de hoy.

Asistimos a la macabra repetición de actos criminales cometidos hace cincuenta años, quinientos años, los criminales son los mismos, solo cambian los nombres de las víctimas. Los genocidas de los pueblos indígenas hoy, son los continuadores del genocidio que iniciaron los invasores españoles ayer.

Notas

[1] Comunicado 004-2017 a la comunidad nacional e internacional.  http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1771-el-exterminio-contra-...
[3] La Corte Constitucional ordenó en el Auto 004 de 2009 implementar un Plan de Salvaguarda Étnico en relación con el Pueblo Awá. Dicho Plan fue entregado en el año 2010 por el Pueblo Awá al gobierno nacional sin que a la fecha se haya adoptado.


Venezuela atrapada en una espiral descendente

www.rebelion.org/190517

Las noticias sobre Venezuela parecen empeorar día a día.

El 29 de marzo, el Tribunal Supremo disolvió la Asamblea Nacional. Aunque días después esta decisión fue parcialmente revocada, ello no evitó el estallido de una nueva oleada de protestas letales a comienzos de abril. Ya son treinta el número de víctimas mortales [1] y la cifra aumenta a diario. Entre ellas hay tanto simpatizantes del gobierno como de la oposición. Varias oficinas gubernamentales han sufrido saqueos y han sido incendiadas. También han muerto funcionarios. Y lo peor de todo es que no se ve el final de esta escalada de violencia.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene previsto celebrar una nueva reunión de emergencia de primeros ministros para discutir la crisis venezolana. Venezuela, por su parte, ha iniciado el proceso para abandonar este organismo, posiblemente para evitar ser expulsada del mismo. En opinión de muchos, esta opción aumentará su condición de nación paria.

No hay signos aparentes de que la profunda crisis económica y social que atraviesa el país vaya a remitir, sino que probablemente empeorará en medio del caos y la violencia que destruyen el país. La oposición ha demostrado su deseo de sacrificar las posibilidades de recuperación económica con el fin de lograr la meta de expulsar al presidente Nicolás Maduro de su cargo.

Por su parte, la agencia de noticias Associated Press informa de que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha realizado contactos con más de una docena de los principales bancos internacionales para instarles a que interrumpan sus negocios con Venezuela. El gobierno, por su parte, cada vez se enfrenta a más críticas por su aparente incapacidad total para resolver, o incluso admitir, la gravedad de la crisis socioeconómica de la nación y lo que muchos consideran una deriva autoritaria.

¿Cómo dar un sentido a toda esta situación?

En el momento presente circulan dos narrativas contrapuestas sobre la crisis de Venezuela. La primera, que predomina en los medios de comunicación mayoritarios occidentales, pinta al gobierno como un régimen dictatorial que reprime de forma despiadada a una oposición heroica que pretende pacíficamente recuperar la democracia.

La segunda, desarrollada por el gobierno y algunos sectores de la pequeña (y menguante) comunidad de solidaridad internacional, muestra a un gobierno democráticamente elegido acosado por una oposición violenta y perturbada que (a) representa a una pequeña minoría de élites acomodadas; (b) goza del total apoyo del imperio estadounidense; y (c) no se detendrá antes de lograr un cambio de régimen, sin importarle la legalidad o moralidad de sus acciones.

Ambas narrativas contienen elementos de verdad, pero ninguna de ellas hace justicia a la crisis venezolana.

* * *
La idea de que Venezuela es autoritaria ha sido repetida hasta la saciedad durante prácticamente los dieciocho años de gobierno chavista, que se inició cuando Hugo Chávez fue elegido presidente en 1998. Hasta hace poco, era relativamente fácil rebatir esta afirmación, que ignora el hecho de que el partido gobernante de Venezuela ha sido una y otra vez reafirmado en las urnas, ganando en 12 de las 15 grandes elecciones celebradas entre 1998 y 2015 y admitiendo la derrota en las tres ocasiones en las que perdió (diciembre 2007, septiembre 2010 y diciembre 2015). Las cinco ocasiones en que Chávez compitió por la presidencia de la nación entre 1998 y 2012 ganó con márgenes sustanciales (el más pequeño fue de 55-44% en 2012 y el mayor de 63-37% en 2006). El actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, también fue elegido democráticamente. Las repetidas acusaciones de fraude electoral carecen de base, pues el fraude resulta totalmente imposible con el sistema electoral venezolano, calificado por Jimmy Carter como “el mejor del mundo”.

No obstante, aunque las acusaciones anteriores de autoritarismo no merecían crédito alguno, esto ha dejado de ser así. Desde comienzos de 2016, el gobierno ha adoptado una serie de decisiones que hacen cada vez más difícil refutar que Venezuela avance en una dirección autoritaria.

En primer lugar, durante 2016 el Tribunal Supremo, que está clara y abiertamente supeditado al brazo ejecutivo, bloqueó a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, que consiguió una mayoría legislativa en diciembre de 2015, evitando que aprobara leyes importantes. En ciertos casos, la Asamblea intentaba actuar más allá de su propia autoridad, por ejemplo cuando pretendió amnistiar a presos como Leopoldo López [2]. No obstante, el bloqueo sistemático ejercido por el tribunal Supremo a la Asamblea Nacional anuló el poder de la nueva mayoría legislativa de la oposición –y con ello los resultados de las elecciones de diciembre 2015.

En segundo lugar, tras meses de demora, en octubre de 2016 el gobierno canceló un referéndum revocatorio autorizado por la ley.

En tercer lugar, el gobierno pospuso indefinidamente las elecciones municipales y regionales que deberían haberse celebrado en 2016 según la constitución (aunque recientemente Maduro anunció una fecha para ellas).

En cuarto lugar, como se ha señalado, en marzo el Tribunal Supremo emitió una resolución disolviendo la Asamblea Nacional, revirtiendo parcialmente la decisión días después, cuando Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revisaran su decisión. Maduro se vio obligado a ello cuando su propia fiscal general, Luisa Ortega, dio un paso sin precedentes condenando públicamente la decisión del máximo tribunal al considerarlo “una ruptura del orden constitucional”.

En quinto lugar, en abril de 2017 Henrique Capriles, una destacada figura opositora y candidato presidencial en dos ocasiones (2012 y 2013), fue inhabilitado para participar en política durante quince años, por motivos bastante cuestionables [3].

Al cancelar el referéndum revocatorio, suspender elecciones e impedir que políticos opositores se presenten a elecciones, el gobierno venezolano está bloqueando sistemáticamente la posibilidad de que el pueblo venezolano se exprese por medios electorales. Es difícil no considerar esta actuación como un progresivo autoritarismo.

Pero también es difícil aceptar que Venezuela sea un régimen autoritario a gran escala, teniendo en cuenta el acceso significativo de la oposición a los medios de comunicación tradicionales y sociales y la libertad para participar en protestas antigubernamentales a pesar de determinadas restricciones (muchas de las cuales, si no todas, parecen justificadas, como por ejemplo limitar el acceso de los manifestantes a ciertas partes de Caracas, lo cual resulta razonable dado los repetidos episodios de destrucción de propiedad pública por parte de estos).

El gobierno es merecedor de fuertes críticas por sus actos autoritarios y su continua incapacidad para tomar decisiones significativas que resuelvan la crisis socioeconómica del país. Sin embargo, la oposición no es en absoluto la víctima inocente que nos describen a menudo las noticias de los medios mayoritarios.

Un ejemplo especialmente notorio de lavado de imagen del pasado y presente violento de la oposición que proporcionan estos medios mayoritarios lo tenemos en un artículo del 19 de abril del New York Times , que transforma milagrosamente el violento golpe de Estado militar de 2002 que derrocó a Hugo Chávez en un “movimiento de protesta” aparentemente pacífico: “Mientras antiguos movimientos de protesta de la oposición intentaban derribar al gobierno de izquierdas –uno de ellos, en 2002, consiguió incluso deponer brevemente al entonces presidente Hugo Chávez…”

Existen numerosas pruebas de que la disposición de la oposición para utilizar la violencia y los medios inconstitucionales contra el gobierno no se limitó al golpe de Estado de 2002, sino que continúa hasta el día de hoy, tal y como he argumentado en otros artículos. En abril de 2013, la oposición se negó a reconocer la victoria de Maduro, a pesar de no contar con prueba alguna de fraude, y participó en protestas violentas que provocaron la muerte de al menos siete civiles. Otros 41 murieron en una nueva ola de violencia promovida por la oposición entre febrero y abril de 2014.

Por lo general, se acepta que estas muertes fueron resultado de acciones tanto de activistas opositores como de fuerzas de seguridad del Estado, y algunos informes indican que cada parte fue responsable de aproximadamente la mitad de las muertes, aunque resulta difícil recoger suficiente información fiable sobre este tema controvertido.

La oposición ha participado en numerosos actos de violencia durante la actual ola de protestas. En un informe redactado sobre el terreno en Venezuela el 23 de abril, Rachel Boothroyd Rojas escribió:

“El repertorio de violencia de los últimos 18 días es estremecedor: escuelas saqueadas, un edificio del Tribunal Supremo incendiado, el asalto a una base aérea, además de una amplia destrucción de vehículos de transporte público y de instalaciones de salud y veterinarias. Han muerto al menos 23 personas y muchas más han sufrido heridas. En uno de los casos más sobrecogedores de la violencia perpetrada por la extrema derecha, que tuvo lugar el 20 de abril en torno a las 10 de la noche, mujeres, niños y más de 50 bebés recién nacidos tuvieron que ser evacuados por el gobierno de un hospital maternal público, que fue asaltado por bandas de la oposición”.

Una de las muertes recientes más trágicas ocurrió el domingo 23 de abril, cuando Almelina Carrillo, “una enfermera de 47 años iba de camino a su turno de tarde cuando se cruzó con una marcha chavista [en el centro de Caracas] y fue gravemente herida por una botella congelada, presumiblemente arrojada [desde una torre de apartamentos] por un simpatizante de la oposición”.

No está claro cuándo, o cómo, la espiral descendente de Venezuela tendrá fin. Ante esta tesitura, cualquier persona a quien le importe Venezuela, y particularmente los activistas, intelectuales y periodistas de izquierdas que han celebrado y documentado los abundantes e importantes logros de la “Revolución Bolivariana” se enfrentan a una triple tarea.
En primer lugar, contar la verdad. Ello, claro está, significa documentar y hacer público el brutal y letal uso de la violencia por parte de la oposición contra funcionarios del gobierno, chavistas de base e inocentes transeúntes. Este tema merece una atención mucho mayor de la que recibe en las informaciones dominantes sobre Venezuela. Pero, al mismo tiempo, la izquierda no puede cerrar los ojos ante la deriva autoritaria del gobierno ni ante sus políticas ineptas. Y esto no debe hacerse movidos por una fe ciega e injustificada en la democracia liberal representativa, sino porque el gobierno autoritario es incompatible con el bello aunque contradictorio e imperfecto proyecto destinado a construir una “democracia participativa y protagónica” que el chavismo contribuyó a potenciar.

En segundo lugar, rechazar todos y cada uno de los llamamientos a una intervención imperialista destinada a “salvar” a Venezuela. Las tentativas destinadas a tal fin no solo fracasarán, sino que probablemente convertirían en trágica una situación de por sí difícil, como demuestran demasiado bien los horrores de Irak y Afganistán.

En tercer lugar, solidarizarse con la mayoría de venezolanos que sufren en manos de una oposición vengativa e insensata y de un gobierno incompetente y falto de responsabilidad. Si hay un eslogan que capta el sentimiento generalizado de las clases populares que viven en los barrios pobres y en las aldeas de Venezuela, probablemente sea este: “Que se vayan todos”.

Notas del traductor:

[1] Este artículo fue publicado el 4 de mayo. Dos semanas más tarde, la cifra supera ya los 40 muertos.
[2] Político opositor venezolano, ex alcalde de Cachao (municipio de Caracas), condenado en 2015 a 13 años de prisión por incitación pública a la violencia en las manifestaciones de 2014 que se saldaron con más de 40 muertos y cientos de heridos.
[3] La Contraloría General de Venezuela basó su inhabilitación en hechos de corrupción durante su gestión como gobernador en los años 2011-2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2013 ante el Consejo Legislativo de Miranda, además de firmar convenios de cooperación con embajadas de Polonia y Gran Bretaña sin la autorización legal, omitiendo el procedimiento de selección de contratistas.

* Gabriel Hetland es profesor adjunto de estudios latinoamericanos en la Universidad de Albany. Su campo de investigación es la participación, la política y las protestas en América Latina y Estados Unidos.


Preguntas sin respuestas en Libia


Libia es un territorio fragmentado por centenares de organizaciones armadas de todo cuño, sin liderazgos claros, y con laceraciones de todo tipo, producidas por la invasión perpetrada por la OTAN en 2011; casi como una ironía ahora la antigua patria del Coronel Gadaffi, parece tener la oportunidad de vengar de alguna manera tantas injurias. Es allí donde la Unión Europea (UE) necesita de manera desesperada cerrar la fisura abierta en el Mediterráneo central, por donde continúan filtrándose miles de refugiados a partir de puertos libios. Ya no solo para su seguridad, sino por su propia existencia como comunidad.

Todavía, a más de tres años del estallido de la crisis de los refugiados, sin haber podido resolver las cuotas de acogida con que cada una de las 27 naciones de la UE tendrá que cargar, el campanazo del Brexit, y las amenazas de varios países de seguir a Londres, sumando a la expectante situación electoral en Francia, esta marejada lleva a la organización europea al punto del naufragio.

No pudiendo replicar en Libia, lo hecho con Turquía, que más allá de las continuas rispideces y amenazas del presidente Recep Erdogan, hace más de un año han logrado disminuir drásticamente el flujo hacía Grecia desde las costas turcas.

Obturada aquella salida, Libia y sus puertos se han convertido en la Meca de ciento de miles de refugiados que por diferentes caminos intentan llegar al sur de Italia. Este peregrinaje de desesperados se ha constituido en un monumental negocio entre traficantes de personas, patrones de embarcaciones, ONGs occidentales y políticos de las dos bandas del antiguo Mare Nostrum.

Solo con revisar las cifras de ahogados, en el intento del cruce, dan la idea de la magnitud de la catástrofe humanitaria y los cientos de miles que bregan por llegar a tierra europea. El año pasado fueron cerca de 5 mil los ahogados, casi 2 mil en lo que va de este, lo que llevan la cifra casi a 25 mil desde que se agravó la crisis hace cuatro años. En Libia actualmente hay más de un millón de personas llegados desde todos los rincones de África y Asía, intentado de alguna manera cruzar el Mediterráneo.

Para contener esa marea humana, la UE intentó establecer campos de acogida en Libia, pero el proyecto ha naufragado, como parece estar destinado todo en esa región.

Son tres las rutas que utilizan los traficantes para llevar a sus “clientes” a los puertos libios de Misrata, Sirte, al-Juma, Benghazi y Zouara: la primera entra directamente desde Argelia, y las otras dos desde Níger y Sudán, si o si, deben ingresar por Fezzan, la región fronteriza con Egipto, Sudán, Chad, Níger y Argelia, donde justamente la anarquía post Gadaffi es todavía más incierta y difícil de descodificar que en el resto del país. A la multiplicidad de conflicto, hay que sumarle los que pueden acarrear 5 mil kilómetros de frontera sin control alguno.

En la región de Fezzan operan bandas de contrabandistas, traficantes de personas, armas y drogas, además de dos milenarias tribus los Tuareg y los Tebus que ahora disputan la posesión de un territorio extremadamente rico en hidrocarburos, donde las plantas de la española Repsol y la italiana ENI acaban de ser tomadas.

A pesar de esta anarquía libia, la UE persiste desesperada detrás de cualquier tipo de acuerdo, para tener un interlocutor con tal como sucedió en Turquía, cerrar ese amenazante derrame de desangelados.

A principio de esta semana en Roma, alentados por la UE, cerca de 60 jefes de los clanes del sur libio, aparentemente pactaron un acuerdo de paz para la región.

Al tiempo que alentados por Emiratos Árabes Unido (EAU) Egipto y Rusia, junto al jefe de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), Martin Kobler, han organizado una cumbre en Abu Dabi, entre los dos de los líderes más relevantes para occidente: el primer ministro del Gobierno libio, Fayez Serraj, sin otro antecedente que haber sido el elegido arbitrariamente por Naciones Unidas para ocupar algo así como una presidencia con cabecera en Trípoli, que a más de un año de su instauración no ha podido extender su influencia a más de un par de calles de la sede de “gobierno”.

El otro personaje es mucho más oscuro y controvertido, emergido de la guerra contra el coronel Gadaffi, el ex general libio y agente de la CIA, Jalifa Haftar, comanda la fuerza militar más poderosa del país conocida como el Ejército Nacional Libio (LNA) que respalda al gobierno con sede en la ciudad de Tobruk.

Según trascendió las conversaciones habrían avanzado positivamente. Incluso se ha mencionado que se podría llamar a elecciones presidenciales y legislativas antes de marzo de 2018. Además dicho acuerdo incluye la integración de las diferentes facciones armadas, bajo un mando unificado a cargo de un fortuito “Consejo Presidencial”.

Otros puntos del documento, que todavía los interesados no han firmado, refiere a la necesidad de generar un proceso de reconciliación nacional, que los ciento de miles de desplazados internos puedan volver a sus lugares de origen y encarar una lucha a fondo contra el terrorismo. Un término bastante vacuo en Libia, ya que todas las facciones involucradas tratan de tal a sus rivales.

El acuerdo entraría en funcionamiento apenas Serraj y Haftar lo firmen aunque hasta ahora esa firma parece bastante lejana. Más allá de las ilusiones de la UE por encontrar una figura con ciertos visos de legalidad con quien acordar la cuestión refugiados, sería interesante preguntarse cómo se homologaría este acuerdo con las cientos de bandas fuertemente armadas, con proyectos propios, algunos más fundamentalistas, otros simplemente anárquicos que han conseguido vivir del saqueo, el secuestro y la extorsión. Poner en caja esta multitud de organizaciones significa agregar un nuevo frente de conflicto armado a los muchos que ya existen en Libia.

Por lo que la perspectiva de un acuerdo entre dos (Trípoli-Tobruk) de las tres (Benghazi) virtuales capitales del país, es o bien ingenuo o mal intencionado. Generar un acuerdo con un gobierno títere al modo de Afganistán o Irak, con quien negociar la cuestión de refugiados y llegado el caso apoyar militarmente para barrer cualquier foco “terrorista”.

En ese improbable, sinuoso camino hacia la reconciliación libia que intenta iniciar la UE, parecen olvidar de hacer jugar a poderosos factores político y militares del país como la fuerza encabezada por el ex primer ministro Jalifa Gwell, quien ha intentado un golpe contra Serraj en Trípoli, que sigue acumulado el apoyo de diferentes bandas armadas operativas en el oeste y la propia capital de Tripolitana.

Entre los grupos que apoyan a Gwell se encuentra el grupo Sala de Operaciones de los Revolucionarios de Libia (SORL) y la milicia vinculada al gran muftí del país, Sadek al-Ghariani, al que acompañan grupos armados de la ciudad de Misrata y las brigadas de defensa de Benghazi.

Al-Ghariani ha decretado una fatua de diez años de yihad, contra el gobierno de Serraj, por lo que se hace poco probable que puedan ser parte del posible acuerdo de Abu Dabi. Mientras que en Trípoli, más allá del formal apoyo europeo, se vive de manera miserable con carencias de todo tipo: casas inhabitables, cortes de energía eléctricas de hasta 18 horas, sin agua corriente, alimentos escasos y una grado de inseguridad tan alarmante que prácticamente no hay ninguna clase de actividad.

La mayoría de las escuelas están cerradas; tanto niños como mujeres evitan salir a las calles por temor a ser secuestrados. En los hospitales faltan insumos y los bancos apenas funcionan, con escaso dinero y menos actividad comercial. Tanto disparos como explosiones se escuchan de manera permanente en la ciudad sin que se sepa nunca que grupos son los que se están enfrentado. Mientras que los señores de la guerra digitan todo, acaparando los pocos recursos económicos que genera la antigua capital de Libia.

El sur también existe

Si como hemos visto la cuestión en el norte del país y la codiciada franja costera no está para nada clara, mucho más anárquica es hasta ahora el sur libio.

Fezzan, la región habitada por dos antiguas y míticas tribus nómadas de guerreros y comerciantes los Tebu y los Tuareg, está cruzada por la franja del Sahel, por donde hoy transitan diversos movimientos integristas vinculados a al-Qaeda y al Daesh, como la última gran formación wahabita, el Jamaat Nasr al Islam wa al Mouslimin, (Frente de Apoyo al Islam y a los Musulmanes). La región cuenta con grandes yacimientos de petróleo, al tiempo que con numerosos y ricos oasis.

Durante la última semana de abril, Hafter ha bombardeado la prisión y la base militar de Tamanhit en la ciudad de Sebha, provocando al menos cien muertos. Las tribus de Fezzan han resistido a los embates de las fuerzas de Hafter, ayudados por milicias llegadas desde Trípoli (pro ONU) y de la ciudad, cuasi independiente de Misrata, el principal puerto comercial del país y la fuerza más fuertemente enfrentada a Hafter.

Este último ataque del ejército de Tobruk a la ciudad de Sebha fue con el propósito de fortalecer sus posiciones en la discusión que tendría apenas horas después con Serraj, aliado de Sabha.

Hafter y su armada controla cerca de la mitad del país y mantiene abiertos otros dos frentes de guerra, uno en Benghazi, segunda ciudad en importancia de Libia, y el otro contra la ciudad de Derna, próxima a la frontera con Egipto, bastión clave de los fundamentalistas wahabitas.

Una de las preguntas que flotan en el aire sin que nadie conteste es qué se ha hecho de los miles de combatientes del Daesh, que hace ya varios meses debieron abandonar su enclave en Sirte. Si abrirán un nuevo frente o venderán sus servicios a algún señor de la guerra. Una pregunta tan difícil de hacer como de contestar, y mucho menos de imaginar para los burócratas de la Unión Europea.


Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. 

Atrocidades impunes de la jerarquía católica

www.publico.es / 14.03.2017 y 240517

Son los máximos representantes de la Iglesia Católica en un territorio. En sus homilías, artículos en prensa y programas en radio, exponen la doctrina cristiana a sus fieles y pontifican sobre cómo deben actuar en su vida. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a verles pronunciar desde sus púlpitos frases homófobas y sexistas que indignan a la sociedad, como en las últimas semanas tras la victoria de una drag queen en el carnaval de Las Palmas.
Si nos fijamos en los últimos disparates pronunciados por miembros de la jerarquía eclesiástica, podremos extraer dos conclusiones. La primera, que están obsesionados con los menores, el sexo, los gays y la mujer. Y la segunda, que, a los obispos y cardenales, les sale gratis decir esas cosas desde sus tribunas, porque ninguno de ellos ha sido retirado de sus cargos.

A continuación, un repaso a las locuras de la jerarquía católica

“Hay abortos de niñas pero no es porque hayan abusado de ellas, es porque la mujer se pone como en un escaparate, provocando”, arzobispo de Lima.
El cardenal peruano y arzobispo Juan Luis Cipriani hizo estas declaraciones hace unos meses en su propio programa de radio. La frase es aún más indignante porque Perú ocupa el tercer lugar en casos de violaciones en todo el mundo. Cipriani sigue en su cargo.

“Hay menores que desean el abuso e incluso te provocan”, obispo de Tenerife.
Esta aberrante frase fue pronunciada en 2007 por el obispo de Tenerife, Bernando Álvarez, en una entrevista en el diario La Opinión. Álvarez también comparó la homosexualidad con los abusos y llamó “enfermos” a los gays. Sigue en el cargo.

“El sida es un acto de justicia”, Arzobispo de Bruselas-Malinas.
Sí, parece que no hay burrada que no haya dicho un alto cargo de la Iglesia. En este caso, la frase fue pronunciada en 2010 por el entonces arzobispo de Bruselas-Malinas y presidente de la Conferencia Episcopal de Bélgica, André-Joseph Leonard. También aseguró que jugar con la naturaleza del amor puede conducir a catástrofes así. Siguió en su cargo hasta 2015, hoy es ‘emérito’.

“Si una mujer aborta, da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar de su cuerpo”, arzobispo de Granada.
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, dijo esta salvajada en 2011 durante una homilía. También comparó el aborto con el holocausto y dijo que “los nazis no eran tan repugnantes”. Martínez ha pasado su carrera envuelto en escándalos de todo tipo. Se sentó en el banquillo, acusado de coacciones y amenazas, pero fue absuelto porque los presuntos delitos habían prescrito. Su diócesis publicó un libro titulado 'Cásate y sé sumisa'. Sigue en su puesto.

El aborto, como “los trenes de Auschwitz”, obispo de Alcalá de Henares.
Este obispo, Juan Antonio Reig Plá, conocido entre otras cosas por oficiar una misa con una bandera franquista, hizo esta comparación en 2014. Fue denunciado por el colectivo feminista 'Tren de la libertad', a quién se refería Plá. La justicia no consideró injuriosas sus palabras y, por supuesto, sigue impartiendo doctrina desde su cargo.

El día más triste para el obispo de Canarias, por encima del accidente de avión de Spanair: cuando una ‘drag queen’ ganó en el carnaval, obispo de Canarias.
Francisco Cases demostró su escala moral al hacer esta comparación después de que una drag queen ganara el carnaval de Las Palmas. Cases consideró una “blasfemia” el disfraz ganador. La Asociación de Víctimas de Spanair expresó su indignación por la frase del prelado.

"Hay males mayores que lo de Haití, como nuestra situación espiritual”, obispo de San Sebastián.
El ultraconservador obispo de San Sebastián, que hace unos días también puso el grito en el cielo por el Carnaval de Las Palmas, dijo en 2010 respecto al trágico terremoto de Haití que quizá “es un mal más grande el que nosotros estamos padeciendo que el que esos inocentes están sufriendo". Munilla también escribió un libro sobre sexo en el que explica que masturbarse es “una agresión al propio cuerpo”. ¿Sigue en el cargo? Por supuesto.

"La racha de feminicidios tiene que ver con la desaparición del matrimonio”, arzobispo de La Plata.
Héctor Aguer, arzobispo de La Plata (Argentina), explicó que el matrimonio “dignificaba a la mujer y la ponía en un lugar de igualdad con el hombre”. Además aseguró que los abusos sexuales a niños que se dan en el ámbito familiar se deben a la aparición del divorcio. Por supuesto, sigue como arzobispo.

Para juzgar el robo de bebés “hay que hacerlo con criterios de aquel tiempo”, arzobispo de Barcelona.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, minimizó con estas palabras una aberrante realidad que tuvo lugar en España durante el franquismo con la colaboración de miembros de la Iglesia. Sistach también lo calificó como “una cosa puntual”. Se mantuvo como arzobispo de Barcelona hasta 2015. Ahora es emérito.

Ante todas las anteriores burradas, el Vaticano no consideró necesario tomar ninguna medida. Sí lo hizo, sin embargo, ante un caso: el obispo de Mallorca, que fue echado del cargo por tener una amante. El prelado fue denunciado por el marido de una estrecha colaboradora, que le visitaba a escondidas en su domicilio y que era conocida en toda la isla como "la novia del obispo".

El fenómeno de la confusión en la orientación sexual” tiene relación con un padre “ausente y desviado”, obispo de Solsona, Xavier Novell.
Este obispo ha vinculado la homosexualidad con la ausencia de la figura paterna. En su última glosa dominical se ha preguntado si “el fenómeno creciente de la confusión en la orientación sexual” de muchos adolescentes no será porque “en la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida” e incluso "si la virilidad parecería cuestionada". Tras sus palabras, el alcalde de Cervera quiere declarar al obispo “persona non grata”

“No sabría decir si la pedofilia es un pecado”, obispo de Pontoise.
"La pedofilia es un mal ¿Es del dominio del pecado? Eso yo no sabría decirlo, es distinto para cada persona. Pero es un mal y lo primero que hay que hacer es proteger a las víctimas o las eventuales víctimas”. Fueron las palabras que Stanislas Lalanne obispo de Pontoise (periferia de París) pronunció en 2016, según recogieron medios franceses. Lalanne hizo esa apreciación en el contexto de una investigación al arzobispo de Lyon por no denunciar agresiones sexuales de un sacerdote en su diócesis. Ante las críticas, acabó pidiendo perdón y asegurando que la pedofilia es “un pecado grave”. Sigue en el cargo.

El cardenal Antonio Cañizares se preguntó en 2015 si la "invasión de emigrantes y de refugiados es todo trigo limpio". "¿Dónde quedará Europa dentro de unos años?", se ha cuestionado. Cañizares comentó que, a su juicio, con "la que viene ahora no se puede jugar" porque "no se puede jugar con la historia ni con la identidad de los pueblos". Por supuesto, sigue conservando un cargo que influye con sus ideas en conformar los valores de muchas personas.

Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (México), aseguro en 2010 que la “liberalidad sexual del mundo en general ha disminuido las fuerzas morales con las que tratamos de educar a los jóvenes en los seminarios”, según recogió la BBC. “Ante tanta invasión de erotismo”, continuó, “no es fácil mantenerse fiel tanto en el celibato como en el respeto a los niños”. Sigue siendo obispo de la diócesis, según su web.

El ultraconservador obispo de Córdoba, Demetrio Fernandez, es un habitual de las polémicas por su ideología homófoba. En 2011 aseguró que “la Unesco quiere hacer que la mitad de la población sea homosexual”. En concreto acusó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de emplear "distintos programas" para ir "implantando la ideología de género". Fernández ha calificado la homosexualidad de “plaga” y tildó de “aquelarre químico” la fecundación in vitro. Por si no fuera poco, también mostró su lado machista al decir que "la mujer tiene una aportación específica, dar calor al hogar”. Después de todas sus polémicas, sigue ocupando su cargo y pontificando desde él.


El obispo de Alcalá de Henares Juan Antonio Reig Pla aseguró que los homosexuales “se corrompen y se prostituyen” además aseguró que “encuentran el infierno”. Estas palabras las pronunció durante una misa retransmitida por la televisión pública, en concreto por La 2 de Televisión Española.

Concejo Indígena de Gobierno

Magdalena Gómez

El pasado fin de semana se realizó en el Cideci de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI). Contó con la participación de mil 252 representantes de pueblos y comunidades indígenas, 230 delegados zapatistas, un total de mil 482 asistentes. Con ello culminó una primera fase del proceso que se abrió en el quinto congreso del CNI el pasado octubre en torno a la propuesta, que fue ampliamente consultada y aprobada por los pueblos, de crear un Concejo Indígena de Gobierno y nombrar una vocera que participara como candidata independiente a la Presidencia de la República en 2018.

Importa recordar que tras el anuncio de la referida propuesta se desató una embestida racista que pronto se trasmutó en la estrategia de omitir toda referencia a la misma. A ella se sumaron diversos personajes de la izquierda institucional. Estos días se rompió parcialmente el silencio y se mostró que resulta difícil cuestionar la mirada hegemónica electoral.

La nota central sobre la referida asamblea fue el nombramiento de una candidata indígena, antes que la relevancia de la creación del CIG, ninguna referencia a los resolutivos que se dieron a conocer en la fase abierta a los medios sobre los propósitos del concejo, su organización y la forma de vincularse con los sectores sociales del país. La amplia y madura discusión sobre estos temas fue el corazón de la asamblea, su corolario fue el nombramiento como vocera a la figura histórica del CNI perteneciente al pueblo náhuatl del sur de Jalisco María de Jesús Patricio Martínez, quien, se destacó, representará la voz de los pueblos originarios del CIG en el proceso electoral de 2018. Nombraron una vocera y todos los medios lo tradujeron como candidata. Y no es cuestión meramente formal, al omitir al CIG pretenden eludir al proyecto organizativo autonómico y anticapitalista.

Por otra parte, pese a que la sesión inaugural y la final fueron abiertas a los medios, ninguno refirió el cuidado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de ocupar un lugar atrás del auditorio, ni en la participación puntual del subcomandante Moisés exigiendo verdad y justicia para Ayotzinapa, y manifestando apoyo y solidaridad con el pueblo wixárika, y la muy simbólica y silenciosa presencia del subcomandante Galeano acompañado de la niña Defensa Zapatista con su mensaje: No tengan miedo y el de Pedrito sigan adelante y no se rindan.

La relación del EZLN con los pueblos indígenas y el CNI es sólida, y es de profundo respeto. Es obvio que relación hay, por ello, el consejo provisional del CNI cuando dio a conocer que su propuesta de vocera era la compañera Marichuy pidió su opinión al EZLN y la comandanta Miriam seguida de un grupo de comandantas ingresó y pidió permiso para hablar con ella a solas y conversar como siente su corazón y regresó para informar que acompañaban dicha propuesta, la cual fue avalada por unanimidad en la asamblea.

No hay duda de que María de Jesús Patricio expresa con creces el perfil que decidió el CNI. Sus palabras, fuertes y pausadas, me recordaron las que pronunció en San Lázaro otro día 28, aquél en marzo de 2001: “La tierra y el territorio tienen para nuestros pueblos un significado especial, para nosotros la tierra es nuestra madre, de ella nace y crece todo lo que nos da vida; en ella respira y tiene vida cada arroyo, cada roca, cada cerro. Por tener vida y ser fuente de vida, la tierra tiene un significado especial y sagrado para nosotros. La madre tierra nos alimenta, de ella recibimos el aire que respiramos, el sol que nos ilumina, la luz para el trabajo, la oscuridad para el descanso y el sueño. De ella recibimos la primera visión y el primer respiro al nacer. A ella regresaremos al final de nuestros pasos por este mundo… No concebimos que nuestras tierras y territorios sean como un objeto cualquiera, que puede ser vendida y comprada como cualquier mercancía”.

La asamblea indígena que creó el CIG es muestra del potencial de los pueblos indígenas, de su madurez, de la amplitud de sus agendas, de la conciencia que tienen sobre la necesidad de la unidad, de romper cadenas que les inmovilizan como los llamados apoyos económicos oficiales que ningún partido cuestiona, porque se benefician de ello.

Muchas de sus propuestas no son de realización inmediata, pero son su faro, su horizonte emancipatorio. Los principios no son moda pasajera; por ello Marichuy, la vocera del CIG, recuperando las voces de la asamblea, reafirmó que este es un proyecto por la vida, por la organización, por la reconstitución de los pueblos; no es para llevar votos; llamemos a la sociedad civil; unamos esfuerzos; es paso necesario si queremos que sigamos existiendo. Aquí estamos presentes quienes van a estar al frente son los 71 concejales, hombres y mujeres del CIG. Yo seré la vocera, indicó.


Ni más ni menos.