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Economía política de las masacres


www.rebelion.org / 15-03-18

Cada año más de 30.000 ciudadanos de Estados Unidos pierden la vida a causa de disparos. Cada mes, en patios escolares, discotecas, salas de concierto, centros de trabajo y lugares públicos, personas inocentes son exterminadas por asesinos que manejan potentes armas semiautomáticas compradas legalmente. La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas inglesas), una organización con 3 millones de afiliados, apoya y promociona el acceso libre a armamento militar. La inmensa mayoría de legisladores, presidentes y jueces de EE.UU. es partidaria de la posesión de esas mismas armas que causan las masacres.

¿Por qué el sistema político estadounidense se lamenta de la frecuencia con que se producen atentados masivos y sin embargo respalda el proceso político que hace posibles las matanzas? El volumen, alcance y duración de las masacres requiere que examinemos las características sistémicas a gran escala y largo plazo de la economía política estadounidense.

Política bélica: Las masacres en el exterior como símbolo del “heroísmo americano”

El gobierno de EE.UU. ha participado en multitud guerras sangrientas en las que ha masacrado a millones de civiles –incluyendo familias enteras en sus casas– que no suponían ninguna amenaza para el pueblo estadounidense. Las guerras representan el triunfo de la destrucción y la muerte como modo de promover los programas políticos de Estados Unidos. Se rinde honores a los criminales de guerra. Los conflictos políticos y problemas sociales internos se resuelven destruyendo a adversarios inventados y a naciones enteras.

En una economía política en la que las masacres perpetradas en el extranjero son dirigidas por líderes elegidos democráticamente, ¿quién va a cuestionar el comportamiento de un “vecino sociópata” que se limita a seguir el modo de actuar de su presidente? Este hecho no debería sorprender a nadie: las masacres al por mayor en el exterior promovidas por nuestros dirigentes se reproducen en las masacres al por menor en el interior desencadenadas por el “chiflado local”.

Los medios de comunicación: Hablan las armas, los asesinatos resuelven y los medios se enriquecen

Todos los días, a todas horas, en todos los medios de comunicación, las armas y las matanzas dominan las mentes, los pensamientos y las fantasías (o las pesadillas) de los espectadores, especialmente de los millones que absorben el “mensaje”. Las películas, los programas de televisión y los videojuegos están plagados de conflictos que se resuelven por las armas, matando víctimas, ya sean policías o civiles. Los problemas se resuelven mediante la violencia.

El mensaje de los medios de comunicación es que las masacres logran victorias. Las guerras y los asesinatos se reproducen en multitud de escenarios: hogares, edificios públicos, escuelas, centros de trabajo, calles y plazas. Las guerras y las masacres son un elemento esencial de este sistema político y los medios de comunicación aseguran que penetren en la mente de las masas y se normalicen.

La economía

Las armas que se utilizan en las masacres son un negocio muy lucrativo. Los fabricantes, vendedores al por mayor, vendedores al por menor y clubs de armas, así como las instituciones policiales y militares prosperan en este mercado libre del asesinato. Los dirigentes políticos utilizan la economía que se mueve alrededor de las armas para financiar sus campañas electorales.

Los políticos ven con buenos ojos las guerras, la industria armamentística y las asociaciones pro-armas, con lo que perpetúan las condiciones para que se produzcan las masacres. Las grandes empresas están protegidas de los asesinatos internos. ¿Por qué iban a preocuparse los ejecutivos y las élites políticas de las matanzas que se producen en las escuelas públicas si sus propios hijos están a salvo en sus caros colegios privados? Al fin y al cabo, están en juego los votos y los beneficios. Solo los “fracasados” envían a sus hijos a peligrosas escuelas públicas. Los “triunfadores” tienen alternativas más seguras…

Soluciones

Para hacer frente a la epidemia de matanzas masivas es esencial efectuar cambios en la economía política.

1. Reemplazar las políticas de guerras imperiales por el fomento de la diplomacia, las negociaciones y la resolución pacífica de los conflictos.

2. Reemplazar la cultura de las armas presente en los medios de comunicación por los valores culturales de la solidaridad en comunidades seguras y comprometidas con lo público.

3. Reemplazar la obsesión de los civiles por poseer armas militares con una visión de la propia vida edificada en torno a un ambiente saludable compartido por vecinos comprometidos socialmente.

4. Prohibir o regular los clubs de armas y las milicias. Abolir la venta del armamento militar que se utiliza en estas carnicerías. Las armas empleadas en tiro deportivo y en la caza son diferentes de las armas de guerra utilizadas para masacrar a docenas de niños apiñados en sus aulas.

Planteamientos falsos y verdaderos sobre las masacres

El presidente Trump ha propuesto armar a los profesores para “solucionar” las matanzas en la escuela. Se trata de una opción descabellada que solo agravaría la proliferación de armas, estimularía nuevas carnicerías, socavaría el papel de los maestros como educadores y crearía nuevos “modelos” para potenciales futuros asesinos. La propuesta de Trump también pone de manifiesto el profundo desprecio de su administración por el papel que tienen la educación pública y los educadores públicos en la construcción de una sociedad sana. Su propensión a culpar a las víctimas (“si los maestros estuvieran armados…”) es una muestra del grotesco darwinismo social inherente a su ideología y de su interés por destruir por completo el sector público. Los hijos de la élite y de los políticos no tienen que asistir a clases de matemáticas o de francés a cargo de profesores armados. Según la lógica de Trump y de la élite empresarial y política, los tiroteos en las aulas de las escuelas públicas simplemente subrayan la necesidad de disolver los Departamentos de Educación de todos los niveles, así como los demás servicios públicos de esta nación.

Los profesores deberían poder concentrarse en educar a sus alumnos sobre cómo ser ciudadanos productivos y competentes que valoran la comunidad y la cooperación por encima de las armas y la guerra. Deberían graduar estudiantes capaces de evaluar críticamente el papel de los medios de comunicación en la promoción de la violencia. Deberían fomentar en sus alumnos habilidades cívicas que les llevaran a movilizarse contra líderes políticos que han aceptado sobornos (“donaciones”) de sectas de la muerte como la Asociación Nacional del Rifle.

Para detener la violencia, los dinamizadores comunitarios pueden boicotear a las empresas que proporcionan apoyo político y material a quienes promueven la guerra, a las milicias y a los extremistas armados.

Sería necesario aprobar leyes nacionales para limitar las armas de fuego a parcelas y eventos bien definidos, como los clubs de tiro o la caza.

Los propietarios de armas deberían obtener los permisos de uso según estrictos criterios psicológicos y tener que renovar dichos permisos con frecuencia. El ejército debería informar a las autoridades civiles locales de cualquier conducta violenta y criminal de los soldados que dejen el ejército. No pueden liberar una “bomba de relojería” en medio de la población a la que han jurado proteger, así como así. La enfermedad mental es un asunto de salud pública y debería incrementarse la partida presupuestaria destinada a financiar hospitales e instalaciones en las que identificar y tratar a los individuos que lo necesiten. Estos enfermos no deberían entrar y salir de las cárceles o ser arrojados a las calles.

Los vendedores de armas y las exhibiciones de armas tendrían que estar regulados y obligados a seguir protocolos estrictos bajo amenaza de sanciones.
Los cazadores deberían usar armas apropiadas para el tipo de caza que practican. Las armas semiautomáticas no son las indicadas para cazar ciervos, conejos o pavos. Pero se utilizan para cazar y para matar a seres humanos, incluyendo a niños desarmados en sus aulas.

Conclusión

Es posible poner en marcha cambios culturales, políticos y económicos, pero para ello es preciso que las luchas populares se mantengan en el tiempo. Mientras tanto, deberían implementarse reformas a corto plazo para regular y reducir la frecuencia y mortandad de las masacres locales.

Es preciso divulgar y rectificar el protocolo por el cual la policía acordona el perímetro de las matanzas, impidiendo que entren rápidamente los primeros equipos médicos que acuden a estabilizar a los heridos al tiempo que se protege a sí misma (un proceso que puede prolongarse durante una hora y provocar muertes innecesarias por pérdida de sangre). Mientras los equipos SWAT* se preparan y “aseguran el perímetro”, con una serie de maniobras coreografiadas para asegurar la “protección de la fuerza”, (un eufemismo que significa “proteger a la policía”), se desperdician los “minutos de oro” en que se podría estabilizar a las víctimas. Si los heridos recibieran rápidamente primeros auxilios y pudieran ser inmediatamente transferidos a los hospitales para someterse a cirugía de emergencia y transfusiones de sangre, muchas de las víctimas se salvarían. Es un escándalo la terrible tasa de mortalidad de estos tiroteos (el 100% en el caso de los niños y profesores de la Escuela Primaria de Sandy Hook**) especialmente si tomamos en cuenta lo poco que se reflexiona sobre ello posteriormente. Parece claro que los jueces y la policía locales y estatales ocultan información sobre el efecto que tiene impedir la entrada rápida de equipos médicos de emergencia. Es imprescindible que se realice una investigación independiente sobre el retraso deliberado de la policía en permitir la asistencia inmediata que salva vidas.

Prácticamente todos los tiroteos producidos en escuelas que han terminado en masacres los cometen individuos a quienes la policía o la comunidad conocen por su comportamiento imprevisible y maltrato familiar. El hecho de que la policía local o la familia conocieran que estos individuos dementes y homicidas tenían acceso a armamento militar y no actuaran, a pesar de las quejas recibidas al respecto, exige que una investigación independiente a escala estatal y federal.

Es preciso reforzar las leyes o estatutos relacionados con la hospitalización o detención preventivas de estos individuos inestables y violentos. Es preciso nombrar una comisión nacional que investigue la situación de los tratamientos de salud mental en Estados Unidos y los recursos destinados para ello. En vez de pedir a los profesores que vayan armados, hay que mantener instituciones cualificadas de salud mental. No basta con encerrar a los enfermos mentales en cárceles locales por pequeñas faltas y luego volver a ponerlos en la calle sin ofrecerles ninguna asistencia.

Es preciso apoyar la enseñanza pública y a sus profesores. Hay que terminar con décadas de políticas que debilitan servicios públicos como la educación, y potencian la “libertad de elección de escuela”, —un eufemismo para decir enseñanza privada— convirtiendo la educación en un privilegio para ricos en vez de un derecho de los ciudadanos. En lugar de un único profesor (preferiblemente armado, según el presidente Trump y la NRA) para dar clase a cuarenta alumnos, cada aula debería contar con tres profesores competentes que trabajaran en equipo para asegurar el progreso de los estudiantes en las diversas asignaturas necesarias para llegar a ser en un futuro ciudadanos libres y productivos. Es un escándalo que el Departamento de Educación y la Secretaria de Educación hayan mantenido silencio y permanecido ausentes tras las frecuentes masacres de estudiantes.

Pero tampoco resulta extraño si consideramos las prioridades de sus altos cargos, procedentes de la élite y, en el caso de la secretaria actual Betsy DeVos, de la clase de los multimillonarios. Nunca han puesto un pie en una escuela pública. Sus hijos reciben “educación en casa” con tutores privados o asisten a elitistas academias privadas. Sus programas contrarios a la enseñanza pública reflejan su hostilidad ideológica hacia el propio concepto de bienestar social. Las palabras de Trump culpando a los profesores por no ir armados en el aula muestran claramente su desdén por la enseñanza pública y por las familias de clase trabajadora y media que confían sus hijos a la educación pública en todo el país.

Estos sucesos tienen lugar en el espacio público, un espacio a disposición de todos los ciudadanos que debería ser seguro. La escuela pública ha sido uno de los cimientos en los que se basaba la creación de una ciudadanía libre y productiva. No es casualidad que las masacres de jóvenes tengan lugar exclusivamente en escuelas pública. Los valiosos hijos de la élite están a salvo en sus hogares-fortaleza y en escuelas privadas superselectas, atendidas por profesores altamente cualificados, que pueden dedicarse a enseñar sin preocuparse por si alguien esconde un arma o por la aparición repentina de un pistolero. Sus hijos tienen el futuro garantizado.

Pero la situación de los hijos de clase media y trabajadora es mucho más incierta. El acceso a la educación de calidad ha dejado de ser un derecho y un deber para los ciudadanos. En el mejor de los casos, los jóvenes pueden “acceder a préstamos para la educación” con tipos de interés usurarios que les encadenan a décadas de servidumbre por deudas, mientras los estudiantes de clase alta tienen libertad para seguir una carrera y desarrollar su talento. Mientras continúen deteriorándose las perspectivas de futuro de los jóvenes, con el traspaso masivo de riqueza nacional a las élites, estas masacres, los suicidios y las muertes por sobredosis no pararán de aumentar. Todo esto ocurre en un contexto sociopolítico: las decisiones deliberadas tomadas desde arriba generan horror y caos en la base.

Existe un sustrato de clase en las pesadillas que atenazan a los padres, profesores y estudiantes de clase media y trabajadora de todo el país. Seguridad, educación de calidad y sanidad de calidad son, cada vez más, dominio exclusivo de la élite. Las políticas dirigidas por esta, que se iniciaron en el reinado del presidente Ronald Reagan, han orquestado la disolución de las instituciones públicas de salud mental y el alta masiva de individuos inestables y vulnerables, al tiempo que violentos, en comunidades que no están preparadas para ello. Quienes sufren las consecuencias de dichas políticas no significan nada para la élite, aunque asistan a sus funerales para hacerse la foto. Las políticas dirigidas por las élites de los presidentes Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama y Donald Trump no han dejado de promover el desmantelamiento del sector público y la privatización de la riqueza y de las instituciones de la nación.

La tremenda reducción de impuestos provocada por la ley fiscal de Donald Trump representa una ganancia inesperada de más de un billón de dólares para la clase inversora (la élite financiera) a costa de las instituciones públicas y la red de seguridad que dan servicio a las clases media y trabajadora. La mayor incidencia de asesinatos en masa, así como el lugar donde se producen y la identidad de las víctimas, no son fruto del azar: están definidas por la clase y son reflejo de la pérdida de poder ciudadano. Los ganadores de esta lucha de clases derraman lágrimas de cocodrilo para la foto mientras en privado ridiculizan a las familias de las víctimas por confiar en las instituciones públicas.
Las decisiones tomadas desde arriba que han producido esta epidemia de masacres en las escuelas públicas, así como otras epidemias paralelas de suicidios y sobredosis entre las clases media y trabajadora, han beneficiado enormemente a la élite. Los multimillonarios y los donantes de ambos partidos políticos no tienen motivo alguno para dar marcha atrás y poner en marcha reformas o programas destinados a recuperar los derechos de los ciudadanos y el espacio público. Solo los amigos, familias y vecinos de las víctimas de clase media y baja, a quienes en privado se considera “fracasados que deciden enviar a sus hijos a instituciones públicas”, pueden unirse para cambiar todo esto y recuperar la justicia social y económica que rinda homenaje a los muertos inocentes y ofrezca un futuro digno y justo para sus hijos.

No se trata de armar a los profesores o de envolver a los alumnos pequeños en “mantas a prueba de balas”, mientras la élite nos culpa de nuestro sufrimiento desde la seguridad de sus mansiones. Comprender el sustrato de clase de esta crisis nos ayudará a levantar los cimientos de las soluciones reales.

Notas:

* SWAT, unidad de élite incorporada a diversas fuerzas de seguridad, especializada en operativos de alto riesgo y dotada de equipos muy sofisticados.
**Tiroteo masivo en la escuela de Sandy Hook, Connecticut, en diciembre de 2012, que produjo 26 muertos (20 de ellos, niños de 6 y 7 años). Fue el más mortífero de los habidos en escuelas primarias o secundarias en la historia del país.


Los ganadores y perdedores del #4M


Héctor Silva Hernández
www.elfaro.net / 05/03/18

El jueves pasado publiqué en este periódico una columna cuyo propósito era compartir información sobre los candidatos y sugerir parámetros que permitieran al votante tomar una decisión informada y consciente en las elecciones del domingo 4 de marzo. Cuatro días después, aun a la espera de los resultados definitivos que entregará el Tribunal Supremo Electoral, hay ya suficiente información para hacer un balance preliminar de los ganadores y perdedores de las elecciones municipales y legislativas para el periodo 2018-2021.

Pierden, para empezar, los esfuerzos anticorrupción. Los meses de campaña previos a la elección se vieron marcados por una variedad de denuncias, provenientes de diversos sectores y enfocadas en exponer a quienes, tras beneficiarse de un sistema corrupto y poco transparente, buscaban un cargo público este domingo. Muchos de ellos —diputados acusados de enriquecimiento ilícito, candidatos que se sentaron a mendigar votos con criminales, alcaldes que fueron condenados por omitir justificaciones por más de $1 millón— fueron electos de nuevo. Está claro que estos políticos guardan en sus estructuras partidarias el poder de manipular al votante más vulnerable, aquel con escasa formación y poca capacidad crítica, o acceso limitado a información decisiva.

Y queda más claro aún que aquellos que estamos comprometidos con erradicar la corrupción y promover la transparencia debemos intensificar, pero sobre todo expandir, los esfuerzos para denunciar a los corruptos y llevar a todos los votantes la información necesaria para que tomen una decisión consciente y más sana para el país.
Pierden el FMLN y Gerson Martínez. Los resultados preliminares no permiten hacer un análisis completo de la situación del Frente ni un pronóstico afinado sobre lo que le espera al partido de izquierda. Pero el domingo quedó plasmado en las urnas lo que las encuestas de opinión habían venido advirtiendo hace meses: que, después de nueve años en el poder, el FMLN ha fracasado en su intento de enfrentar de manera efectiva los retos más importantes del país. Con su primer presidente autoasilado en Nicaragua y condenado por enriquecimiento ilícito, y con el actual mandatario incapaz de llegar a una calificación de seis en las encuestas desde que llegó al poder, el Frente no debería verse sorprendido por los resultados desfavorables.

El domingo en la noche, mientras los resultados comenzaban a marcar la tendencia en favor de Arena, la Directora del Instituto Nacional de la Juventud, Yeymi Muñoz, compartió una reflexión en Twitter: “Solo diré que fomentar el odio y el revanchismo no resolverá los problemas del país…”. Muñoz tiene razón. El rol de Arena como oposición también ha sido sumamente reprochable y será imposible sacar al país adelante desde una cultura de división. Sin embargo, sería irresponsable que el FMLN y su cúpula consideren estos resultados como cualquier otra cosa que un mensaje claro de desconformidad de la ciudadanía.

Su precandidato presidencial, Gerson Martínez, se verá afectado por los resultados del domingo. Aunque su campaña presidencial —de ratificarse— navegará con el viento a favor de los privilegios que desafortunadamente significa tener a su partido en el control del Estado, su camino será cuesta arriba. Su mayor reto será cambiar la percepción que la ciudadanía tiene del FMLN y de la labor que el partido de izquierda ha realizado durante sus dos periodos en el Ejecutivo. Si el exministro de Obras Públicas no logra distanciarse de los fracasos del Frente le será muy difícil escapar a la onda expansiva del duro voto de castigo que su partido recibió el domingo.

Pierden, por último, los candidatos independientes. Pese al descontento que en el último año anunciaban las encuestas, los primeros resultados de la elección del 4 de marzo muestran una tendencia clara a favor de los partidos grandes. Aun con resultados desfavorables para el FMLN, la mayoría de los votos del domingo se concentra en las barras roja y tricolor.

Sigue siendo muy temprano para hacer un análisis completo del rol que los partidos pequeños jugarán los próximos tres años, pero con los datos actuales parece casi imposible que en la legislatura 2018-2021 un candidato independiente ocupe una curul. Los no partidarios enfrentaron dificultades en casi todas las etapas del proceso electoral y, aunque no me atrevería a decir que el sistema confabuló en su contra, con certeza no jugó a su favor. Pero los votantes no parecen haber premiado el esfuerzo de aquellos que finalmente lograron inscribir nombre en una papeleta.

Gana, aunque suene a tópico, la democracia. La economista Carmen Aída Lazo escribió el domingo en la noche un tweet que lee: “A pesar de todas las críticas que suele recibir la democracia, sigue siendo una herramienta eficaz para que la ciudadanía envíe mensajes claros a los gobernantes”. Suscribo plenamente el planteamiento. En un país como el nuestro, donde no todos tienen el mismo acceso a la información y donde los políticos sustituyen propuestas por ventiladores y delantales, la democracia se convierte en una herramienta particularmente compleja, pero no por ello menos útil.

Las elecciones del domingo son un ejemplo claro del potencial que esconde el poder de la ciudadanía. Luego de años de fracasos en las áreas de seguridad, educación y economía, el electorado castigó al FMLN en las urnas. El reto es ahora desarrollar este potencial democrático ampliando sus efectos, educando e informando, y logrando un país con menos políticos corruptos y más funcionarios comprometidos con el desarrollo nacional y el bienestar de los ciudadanos.

Es importante destacar aquí la labor de las instituciones y las personas encargadas de montar y desarrollar las elecciones del domingo. Previo a la votación, muchos criticamos el rol del Tribunal Supremo Electoral basados en lo que percibíamos como desorganización y negligencia sistemática de la institución. Sin embargo, al hacer balance, y con la información que arroja la primera noche de recuento, me parece justo destacar la labor del TSE, así como de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, en el desarrollo eficiente de las elecciones. Como es importante denotar el rol de todos los observadores, vigilantes y miembros de las Juntas Receptoras de Votos y su compromiso democrático.

Gana, claro está, Arena. Con menos del 50% de los votos escrutados al cierre de este artículo, ya está claro que el gran ganador en términos políticos y electorales es Arena. A menos que algo extraordinario suceda, el partido de derecha dominará la Asamblea Legislativa y conservará las alcaldías de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y Santa Ana. Y todo indica que, a pesar de sus reuniones con pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en 2014, Ernesto Muyshondt será el nuevo alcalde de San Salvador.

Vistas las encuestas previas a la elección y el rol del FMLN en el Ejecutivo, se podría decir que la victoria de Arena era predecible. Pero no debemos perder de vista que el partido que ganó el domingo es el mismo que tiene a un expresidente de la República presó en Mariona por un desfalco de cientos de millones de dólares. El partido que ganó el domingo es el mismo que utilizó fondos destinados a las víctimas de los terremotos de 2001 para financiar la campaña presidencial del hombre que hoy guarda prisión en el Sector 9 de Mariona. Decir que el hombre es un traidor, que los $10 millones de Taiwan son errores del pasado suena conveniente, pero no significa que los ciudadanos tengamos que olvidar tan fácil.

Arena no ha cambiado. Lo sé porque según este partido y sus militantes, El Salvador sigue siendo la tumba donde los rojos terminarán. Porque, aunque los eslogan y las cuñas hayan cambiado, las ideas de su cúpula siguen siendo las mismas. Espero por el bien de todos que las personas propositivas y responsables que han logrado colarse y permanecer en las filas del partido tricolor logren mayor protagonismo en Arena y en las instituciones públicas que estarán a su cargo. De no ser así, lo que hoy se percibe como una victoria rotunda se convertirá fácilmente en una oportunidad desperdiciada.

Y ganan, finalmente, los corruptos. Pocos días antes de la elección El Faro reveló que Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, había sido condenada por la Corte de Cuentas de la Republica por no justificar, junto al resto de la directiva de COMURES que ella presidía, más de un millón de dólares en fondos públicos gastados en 2008. Unos días antes, este mismo periódico hizo público que, según un testigo de la Fiscalía General de la Republica, el candidato Ernesto Muyshondt habría entregado decenas de miles de dólares en 2014 a la Mara Salvatrucha. El testigo relató, también, que ese dinero se había utilizado para comprar cocaína. Meses antes, la Revista Factum y El Faro habían revelado que Muyshondt no fue el único en negociar con las pandillas: el exministro y candidato a diputado por el FMLN Benito Lara hizo lo mismo en 2014. Todo parece indicar que tanto Muyshondt como Navas gobernarán sus respectivos municipios. Falta ver si Lara logrará la diputación.

Seguimos también a la espera de resultados que nos permitan confirmar la salida o no de la Asamblea de personajes cuestionados como Guillermo Gallegos, José Luis Merino o Cristina Lopez, por nombrar solo a tres. Por ellos no podemos preocuparnos aun y solo nos queda esperar que su dañino rol como funcionarios públicos haya bastado para que la ciudadanía les negara una nueva entrada a un cargo público. En cuanto a Muyshondt, Navas y los otros políticos cuestionados que lograron elegirse o reelegirse, no hay más camino que seguirlos cuestionando. Que seguir denunciando. Y que dedicarnos a generar mejores opciones que prioricen las necesidades de la ciudadanía; no de su partido, no del candidato, no del financista del candidato, sino del ciudadano.

*Héctor Silva Hernández es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts. Fue colaborador del diputado Johnny Wright en temas de migración y salvadoreños en el exterior.


Del conocer, y del saber


El saber de la Ciudad, 18-19

Del conocer, y del saber
Guillermo Castro H.

Por la América nuestra y el mundo se multiplican las ciudades del conocimiento, y empieza a tomar interés el hecho de que en Panamá exista, además – y como pionera – , una Ciudad del Saber. ¿Son lo mismo, ambas? Y si no, ¿cómo se relacionan entre sí?

            La respuesta a la primera pregunta es que no son lo mismo, pues – como ciudades - articulan modalidades distintas de vida social y desarrollo humano. Y, al mismo tiempo, ambas se relacionan estrechamente entre sí en el marco de la economía global, porque no hay saber sin conocimiento, ni conocimiento sin base en el saber.
El conocer es una forma de actividad social cuyo producto es el conocimiento. Como tal, ese conocimiento – y en particular su forma más elevada y compleja, el conocimiento científico - está estrechamente ligado al desarrollo de las fuerzas productivas en el mercado global. En ese sentido, es un hecho de civilización. El saber en cambio es un hecho de cultura. Incluye lo conocido, pero más allá de eso abarca aquellas formas de conducta y criterios de valor que caracterizan a cada sociedad.

Lo importante, en todo caso, es que el saber desempeña un importante papel en la definición de los temas y la selección de los métodos del conocer. El conocer, por su parte, ayuda a depurar al saber de sus expresiones más supersticiosas, y a ampliar y enriquecer su expresión más consistente, que es el sentido común. De este modo, así como los resultados del conocer se sedimentan en el saber, éste es un elemento fecundante del conocer.

El caso de la malaria ilustra esa relación. El saber popular le dio ese nombre a partir del hecho de que los ambientes cálidos y pantanosos favorecían la incidencia de la enfermedad debido en apariencia al “mal aire” producido por las aguas estancadas. Descartado el aire, se llegó paso a paso a otro elemento ambiental: el mosquito que servía de vector al parásito malaria falciparum, cuya multiplicación se veía facilitada por el estancamiento de las aguas.

El conocimiento progresa con rapidez. El saber cambia lentamente. El primero da los frutos; el segundo ofrece la raíz. La Ciudad del Saber expresa, en este sentido, demandas muy antiguas de identidad y de inclusión junto a tradiciones muy difundidas de respeto a la educación, a la ciencia y la cultura.

Ella promueve, acoge y apoya las actividades de producción, difusión y aplicación del conocimiento, pero lo hace para contribuir a la formación de una sociedad próspera, equitativa, inclusive y sostenible. La utopía hace parte del saber, como lo posible es tarea del conocer. En las condiciones de Panamá, la Ciudad es una utopía que se hace posible, y en ese hacerse, es.

Ciudad del Saber, Panamá, 11 de mayo de 2018






Strambotic
www.publico.es / 02/03/18

El pasado 14 de febrero, día de San Valentín, un antiguo alumno de un colegio de Florida entró en su antigua escuela con un rifle semiautómatico y aniquiló a 17 personas, en la penúltima matanza en un país que tiene un peligroso idilio con las armas. Dos semanas después, una iglesia de Filadelfia organizaba una misa para bendecir a parejas que acarreaban sus armas, unos fusiles AR-15 análogos a los que utilizó Nikolas Cruz para perpetrar la matanza de Florida.
¿Estamos locos?

Centenares de peregrinos acarreando su AR-15 o incluso ataviados con una corona de balas, acudieron al templo, que responde al paradójico nombre de World Peace and Unification Sanctuary para asistir a una ceremonia religiosa de bendición de las armas.

La iglesia de la “Paz Mundial” considera que el rifle AR-15 simboliza el “cetro de hierro” citado en el libro bíblico de la Revelación. Por este motivo, el líder de la secta, el reverendo Sean Moon, pidió explícitamente a los feligreses que acudieran con sus semiautomáticas a la estrambótica ceremonia, prueba definitiva de que Dios no existe o bien es un cretino.

Tal vez el apellido “Moon” les resulte familiar. Efectivamente, Sean Moon es el hijo de Sun Myung Moon, el coreano que fundó la Iglesia de la Unificación, más conocida como “secta Moon”, en 1954. La secta Moon tiene un largo historial de abusos, ilegalidades y lavado de cerebro entre sus seguidores. La congregación del pequeño de los Moon es una escisión de la Iglesia de la Unificación original, que se ha desmarcado de la belicosa ceremonia de Filadelfia.

Los asistentes a la ceremonia del pasado domingo tuvieron que enseñar sus rifles a la entrada de la iglesia, para garantizar que estuvieran descargados y asegurados con un cierre de seguridad, no fuera a ser que algún feligrés se liara a tiros en un arrebato místico.


Durante el sermón del pasado 28 de febrero, el reverendo Moon rezó por “un reino de policía de paz y milicia de paz en el que los ciudadanos puedan protegerse unos a otros y proteger el florecimiento de la humanidad, amparados en el derecho otorgado por Dios Todopoderoso para portar armas”.

La ceremonia estaba orientada a bendecir a las parejas, no a “objetos inanimados”, si bien los AR-15 fueron considerados en todo momento “equipamiento religioso”. Amén.

Ahora sabemos quién “inspira” a Trump… ¿o será él el inspirador?


Sobre los Centros de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia





Extracto de la entrevista realizada al Profesor Alejo Vargas donde habla sobre la experiencia del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de paz, y la concepción de los centros de Pensamientos En la Universidad Nacional.

Brasil: Se clausura la ruta democrática


Atilio Borón / Página12

Lo que antes requería la intervención de las fuerzas armadas hoy lo hacen nuevos actores, convenientemente adoctrinados y entrenados por diversas agencias del gobierno de Estados Unidos con sus programas de “buenas prácticas”. Estos seleccionan jueces, fiscales, legisladores y periodistas y les ofrecen cursos especializados sobre los temas de su incumbencia.

Uno de esos jueces es precisamente Moro, que sin prueba alguna condenó a Lula a 9 años y seis meses de cárcel, lo cual quiere decir que aprendió muy bien las lecciones que le dieron en el país del norte. El brasileño es tal vez el más famoso de los muchos jueces y fiscales latinoamericanos que participan en estos cursos de “buenas prácticas”.

En su caso asistió al programa para instrucción de abogados ofrecido por la Harvard Law School y también en un workshop sobre lavado de dinero organizado por el Departamento de Estado, pese a que en Estados Unidos hay cuatro estados –Delaware, Nevada, Wyoming y Dakota del Sur– en donde se lava dinero de forma abierta y descarada. Moro aprendió que es una “buena práctica” condenar a un acusado aunque no haya evidencias del delito. Lo mismo había pasado antes con la pandilla de maleantes y corruptos que se adueñó del Congreso brasileño, que sin prueba alguna condenó a Dilma Rousseff por corrupción para luego destituirla en un proceso escandaloso que hundió a los legisladores de ese país en la cloaca más maloliente de la política internacional.

Pero no basta con jueces y fiscales para concretar los planes destituyentes del imperio. También se necesitan periodistas que aprendan y apliquen las malas artes de la mentira sistemática, la desinformación, la fabricación amañada de consensos, pergeñar y manipular a la opinión pública con vistosas “pos-verdades” y blindar mediáticamente a los gobernantes y políticos amigos y para linchar mediáticamente a los indeseables.

No es casual que las opiniones vertidas por las oligarquías mediáticas sean insólitamente tomadas como “pruebas” por esos jueces o fiscales cuyos cerebros fueron prolijamente lavados en Estados Unidos. Por algo el ex presidente Rafael Correa señala que el obstáculo principal que se interpuso a todos sus planes de gobierno fueron los medios de comunicación, controlados a voluntad por la oligarquía financiera y sus aliados.

En el caso argentino el blindaje de los gobernantes y políticos amigos es impresionante. Por ejemplo, el tema de los Panamá Papers ha desaparecido por completo como también lo hizo el incendio intencional de Iron Mountain en donde perdieron la vida diez bomberos y se convirtieron en humo documentos y testimonios de suma importancia.

En Brasil, actor principalísimo de la condena a Lula y la destitución de Dilma fue la Red O Globo, violando como casi todos sus congéneres en toda América Latina las reglas de una nobilísima profesión. En lugar de periodismo lo que hay, salvo honrosas excepciones, son dispositivos de propaganda sólo interesados en promover determinados intereses económicos y políticos y encubrir los delitos de sus aliados. Pero no basta con jueces y periodistas corruptos: se precisa también contar con legisladores inescrupulosos dispuestos a lo que sea “si el precio es el correcto”.

Estas categorías sociales han sido entrenadas por décadas por el gobierno de Estados Unidos en lo que sería el sustituto funcional de la tenebrosa Escuela de las Américas. El imperialismo incorporó a sus dispositivos de dominación el mal llamado “golpe blando”, que en los hechos es una estrategia de destitución de gobiernos progresistas –incluso aquellos que son tan sólo díscolos antes las órdenes de la Casa Blanca– que provoca poco después un verdadero baño de sangre.

Para quien tenga dudas basta observar lo ocurrido en Honduras o lo que viene ocurriendo en Paraguay o en Brasil, con Río de Janeiro completamente militarizada, y con víctimas como Mariella Franco, crimen escandaloso que no se pudo tapar como sí se hizo con el asesinato de Paulo Henrique Dourado, concejal de la populosa barriada carioca de la Baixada Fluminense ocurrido apenas una semana después del crimen perpetrado contra Mariella.

Al pisotear los preceptos constitucionales el Superior Tribunal Federal deslegitima la democracia y arroja a Brasil a los brazos de la violencia. Demuestra que de ahora en más nuestros pueblos tendrán que idear otras estrategias de conquista del poder, porque la ruta de la democracia parece desembocar fatalmente en la venganza reaccionaria con la bendición del imperio. No hay muchos dispuestos a tolerar este resultado.

La corrupción suprema: Sergio Moro


Enrique Dussel*

El sistema inmunológico en un cuerpo vivo es el conjunto de medios que posee el organismo para defenderse de las enfermedades que puedan atacarlo. Si el sistema inmunológico se enferma, es decir, si es atacado él mismo por una enfermedad (como el sida en el organismo viviente humano), dicho organismo queda desvalido, ya que ha perdido la capacidad de autodefenderse. Se ha corrompido el sistema que impide la corrupción: es la corrupción suprema.

La corrupción económica, entre otros aspectos, es apropiarse de bienes ajenos por engaño, violencia u otra causa que sea ilegal o injusta. La corrupción política es el arrogarse de un funcionario (es decir, el responsable del ejercicio de una institución de la sociedad política) ser sede de la soberanía, que en último término sólo reside en el pueblo.

Por su parte, en el campo político es el sistema del derecho el analogado al sistema inmunológico del organismo vivo; defiende al sistema político de la corrupción de todo tipo. Si el sistema del derecho se corrompe deja al sistema político desvalido ante todo tipo de corrupción. En el sistema del derecho cuando se corrompe el juez, es decir, cuando no opera conforme a la justicia y a la ley que debe defender, la corrupción del juez es la corrupción suprema, porque es al juez al que se le encomienda el ejercicio de la ley con justicia (siendo una corrupción mayor que toda otra corrupción, tales como la del sistema económico, educativo, de género, etcétera). Tal es el caso del juez Sergio Moro hoy en el caso de Brasil.

La cuestión que ocupa nuestra atención ya fue contemplada por Hammurabi (1730-1688 aC), hace unos 3 mil 700 años en el llamado Código de Hammurabi, cuando decretó que para acusar a alguien hay que tener pruebas (§ 2), de no tenerlas el acusador se transformaría en acusado, y hasta podría recibir la pena de muerte (§ 2 y § 7), y “si un juez ha juzgado una causa [… y] a continuación cambia su decisión […] se lo hará levantar de su asiento de justicia y no lo volverá a ocupar jamás” (§ 6).

Por ello, lo que me mueve a realizar estas reflexiones no es sólo la tradición milenaria del derecho, sino la oportuna exhortación de Cuauhtémoc Cárdenas (quien fue despojado injustamente, y la historia así lo recordará, de la Presidencia mexicana habiéndola ganado de buena ley ante el fraude de Carlos Salinas de Gortari) que lanza un llamado a la conciencia de todo luchador por la justicia (La Jornada, 8/4/18).

El tema es la corrupción del ejercicio del sistema del derecho y de los jueces en América Latina.

Está hoy claro que la motivación de la destitución de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, tenía como objetivo político (y no jurídico) impedir la posibilidad de que Lula da Silva fuera electo nuevamente Presidente de la República. Y esto se prueba por la premura en que se perpetró y no cumpliendo muchas exigencias jurídicas del proceso debido en el caso de la condenación de Lula.

De manera que lo dictado por el juez Sergio Moro, condenando al acusado sin pruebas (proponiendo como fundamento del juicio suposiciones subjetivas del juez), lo transforman a él mismo de acusador en acusado (según lo contenido en el milenario Código de Hammurabi, en los fundamentos del derecho vigente y en el sentido común cotidiano).
Pero lo más grave no es solamente la injusticia e ilegalidad del mismo juez, sino el que se manifieste la corrupción de todo el sistema del derecho, ya que queda involucrado el mismo Tribunal Supremo de Justicia, con miembros que cambian su opinión debido a presiones externas a dicho tribunal.

Todo esto nos recuerda el tema tan actual en la filosofía del derecho tratado de manera tan autorizada por Giorgio Agamben, especialista del derecho romano y filósofo actual del derecho.

Cuando el juez es injusto se levanta la crítica de Sócrates que acepta la ley, pero condena a los jueces injustos que decretan su muerte. Pero cuando se corrompe la totalidad del sistema de la ley, la crítica se endereza contra el fundamento de la legalidad misma, ya que se descubre de pronto la ilegitimidad de la legalidad y de los jueces mismos. Es el pueblo, como sede última de la soberanía que exclama en el estado de rebelión (más allá del estado de excepción schmittiano): ¡Que se vayan todos! los representantes y las instituciones corrompidas que se han tornado autorreferentes o que creen ser la sede del poder, de la soberanía, de la potencia.

Es el pueblo brasileño el que se levanta clamando: ¡Han juzgado como culpable sin pruebas al líder de un pueblo oprimido! ¡A ese Estado, a esa institución del sistema del derecho, a ese juez corrupto llamado Sergio Moro, le exigimos que se vayan! Es el clamor del consenso del pueblo (el consensu populi de Bartolomé de Las Casas en el siglo XVI) fundamento de la legitimidad, que es por su parte el fundamento de la legalidad justa y no corrupta, la última instancia de la justicia (que funda la legitimidad y la legalidad no corrompidas).

El pueblo brasileño tendría toda razón (fundamento) en no cumplir el juicio de Sergio Moro, juez corrupto que opera desde una legalidad ya no legítima (legítima sería si estuviera fundada en la voluntad del pueblo que Moro teme, y por ello encamina sus juicios políticos, no jurídicos, contra la posibilidad de que Lula da Silva sea elegido presidente). Por ello mismo, la lucha del pueblo brasileño, el resto, indicado por Agamben, para liberar a Lula es de derecho; de derecho fundado en la legitimidad (en el consenso del mismo pueblo) de liberar al que le ha servido con honestidad y justicia, y por ello el pueblo lo necesita.

La situación involucra a toda América Latina, porque en Argentina, en México y en otros países hermanos, no sólo en Brasil, el sistema del derecho y los jueces corrompidos se han transformado y usado como dispositivos de dominación, juzgando procesos políticos fraudulentos como de derecho y condenando a los pocos políticos honestos, como en el caso del desafuero, lo que permite golpes de Estado efectuados con camisas y guantes blancos, no ya manchados de sangre como cuando actuaban los militares en nombre del Departamento de Estado en tiempos de Henry Kissinger. Por ello Cuauhtémoc Cárdenas levantó con todo derecho la voz, porque fue también objeto de un golpe de Estado con guantes blancos.

La corrupción del derecho es parte de la dictadura perfecta que se nos pretende seguir imponiendo con nuevos dispositivos, diría M. Foucault.

¡Es necesario que Lula da Silva no sea víctima (encarcelada) ni mártir (muerto) sino vivo y presidente!

*Filosofo

"¿Somos pelagianos sin saberlo?"


José M. Castillo S.

El papa Francisco, en su reciente Exhortación Apostólica "Gaudete et Exultate", nos hace caer en la cuenta de que, quizá sin ser conscientes de lo que nos ocurre a muchos cristianos, en realidad estamos viviendo nuestro cristianismo a costa de recuperar y dar nueva vida a errores (y herejías), que fueron rechazados por la Iglesia, hace siglos. Pero resulta que ahora, aquellos errores de antaño se están rehabilitando, como si fueran las soluciones que necesitamos.

Por eso el Papa nos habla ahora del "pelagianismo actual". Cualquier cristiano, medianamente cultivado, sabe muy bien que el pelagianismo es una herejía, que difundió el monje Pelagio, en el s. V. En pocas palabras, lo que enseñaba Pelagio es que no existe el pecado original y negaba la necesidad de la gracia de Dios. Porque el monje Pelagio entendía que la voluntad humana tiene un poder y una autonomía que le basta. De ahí que los pelagianos relativizaban o incluso negaban la necesidad de recibir sacramentos o de observar prácticas religiosas.

Justamente lo que ahora piensa y hace mucha gente. Son los que no rezan ni van a misa. Porque ellos están persuadidos de que tienen voluntad y libertad para ser ciudadanos ejemplares. Otra cosa es que lo sean. Porque escandalosos y corruptos, los tenemos en abundancia.
Frente a estas ideas, el papa Francisco insiste, con toda razón, en que los pelagianos (antiguos y modernos) "en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a los demás". Con lo que, a mi modo de ver, los que piensan y viven así, cumplen al pie de la letra lo que dice el Papa. Ellos son los que tienen "la idea de que todo se puede con la voluntad humana". Esto es lo que piensan y dicen. Pero ¿lo hacen?

Sabemos de sobra que la Iglesia ha ido cambiando en muchas cosas. Pero casi siempre con retraso. Y porque no ha tenido más remedio que cambiar. Por ejemplo, no hace mucho, el conocido historiador Frederic Lenoir nos recordaba que la Inquisición se abolió en el siglo XVIII, pero ¿por qué? ¿Acaso porque la institución tomó conciencia de su abominable comportamiento y decidió enmendarse? No. Simplemente porque ya no tenía los medios que necesitaba su voluntad de dominación. Porque la separación de la Iglesia y el Estado privó a la Iglesia del "brazo secular" en el que se apoyaba para quitarles la vida a los herejes ("El Cristo filósofo", Madrid, Ariel, 29).

Pues algo parecido es lo que está ocurriendo ahora con esto del "pelagianismo actual". Me explico. Mucha gente no ha pensado lo que sabiamente ha dicho Peter Sloterdijk: "sin una crítica de la verticalidad no podemos avanzar". El "sistema vertical" ya no se sostiene. ¿Por qué? Mucha gente no ha caído en la cuenta del cambio seguramente más profundo que estamos viviendo. Un hecho que está cambiado la vida de la gente y que consiste en que el "poder opresor" está siendo sustituido por el "poder seductor" (Byung-Chul Han). Cuando yo veo la cantidad de gente que, por todas partes y a todas horas, va enganchada a la pantallita del móvil, y a eso le hacen más caso que a cualquier amenaza, me digo a mí mismo: ¡Esto es más serio y más determinante de lo que imaginamos!

La religión fue determinante mientras el poder opresor (el pecado, la culpa, el infierno...) tuvo la fuerza suficiente para influir en la vida de los creyentes. Ese poder y esa fuerza se han debilitado y cada día interesan menos y pueden menos. ¿Qué queda en pie? El poder seductor de lo que nos impresiona y nos atrae.
¿Por qué el papa Francisco atrae a tanta gente que ni tiene creencias religiosas? Por una razón muy sencilla. Porque tiene poder seductor. Es verdad que este papa tiene enemigos, sobre todo en los ambientes clericales y tradicionales. Por la sencilla razón de que esos ambientes han vivido, en gran medida, del poder opresor (de Dios, del obispo, del párroco, del pecado y del infierno). En la medida en que los "clericales" y "tradicionales" se quedan sin "poder opresor", en esa misma medida se ven desarmados y tienen la impresión de que se hunden.

Por el contrario, si leemos y releemos las páginas de los evangelios, lo que allí se palpa es que Jesús tuvo un "poder seductor" irresistible. Lo más claro, en este sentido, es el poder que, en el Evangelio, tiene el "seguimiento" de Jesús. Basta una palabra, "sígueme". Eso es todo. Ni un programa de vida, ni un motivo, ni un ideal. Nada (D. Bonhoeffer). Y sabemos que, por la fuerza de esa palabra, la gente dejaba sus casas, sus familias, se olvidaba de comer, perdía toda seguridad.... La fuerza de la seducción era irresistible. Como insoportable fue, para los sumos sacerdotes y "hombres de la religión", el poder seductor de Jesús. Hasta que decidieron matarlo (Jn 11, 47-53).

¿Pelagianismo actual? Como exactamente concluye Francisco, mientras "en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado veamos presente la imagen misma de Dios", y les tratemos en consecuencia, el futuro estará cada día más despejado. Una religión así, tiene y tendrá un poder irresistible.


Frankestein contra el heredero de Stroessner


www.rebelion.org / 210418

El oficialista hijo del secretario del dictador Stroessner, y el líder de una alianza de liberales y partidos de izquierda –que hasta hace poco se odiaban, pero ahora buscan encarnar el cambio– son los principales candidatos que disputan la presidencia guaraní este domingo. Ambos tienen un discurso marcadamente conservador.

Su nombre es Mario Abdo Benítez, tal como se llamaba su padre, quien fue el secretario privado del dictador paraguayo Alfredo Stroessner y avaló sus atrocidades. Tiene 46 años, se hace llamar “Marito”, es el candidato presidencial del oficialista Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), que sostuvo a la tiranía paraguaya durante 35 años (1954-1979).

Mantiene un discurso moderno y de defensa de la democracia, aunque reivindica “las buenas obras” del viejo general –para los todavía muchos nostálgicos de aquella época– y resucita sus clásicos símbolos, como el uso del pañuelo colorado partidario en el cuello de los ministros, la intención de reactivar el servicio militar obligatorio y de rechazar tajantemente cualquier proyecto de ley que busque aprobar el aborto o el matrimonio igualitario. Varias encuestas lo señalan como el favorito a ganar las elecciones de este domingo.

Su principal contrincante es el abogado Efraín Alegre, de 55 años, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la mayor fuerza de oposición, quien fue ministro de Obras Públicas durante los primeros años del gobierno del ex obispo católico y líder de izquierda Fernando Lugo (2008-2012), aunque en 2011 el entonces mandatario lo destituyó para intentar frenar su solapada campaña hacia la presidencia.

Desde ese momento, Alegre pasó a ser un abierto opositor a Lugo y fue uno de los que votó en el juicio político o golpe parlamentario para desalojarlo del poder, en junio de 2012, tras la matanza de campesinos y policías por un conflicto de tierras en Curuguaty. En 2017 estuvieron nuevamente enfrentados, cuando insólitamente Lugo acompañó al actual presidente, Horacio Cartes, en su intento de violar la Constitución e imponer por la fuerza la posible reelección de ambos. En esa coyuntura, Alegre se había aliado a su actual contrincante Marito para impedir la reelección de Cartes y de Lugo, algo que finalmente lograron en marzo y abril de 2017, tras graves incidentes de represión policial contra manifestantes, que acabaron con la quema del edificio del Congreso y el asesinato por la Policía de un joven militante liberal.

Ahora, aunque a muchos les resulte difícil creer, Alegre y Lugo dejaron atrás sus peleas y de nuevo aparecen abrazados en las campañas del frente electoral Gran Alianza Nacional Renovada (Ganar), que, además del conservador Partido Liberal y del izquierdista Frente Guasu, aglutina a otras organizaciones del centro y de la izquierda, como el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido Democrático Progresista (PDP), el Partido Encuentro Nacional (PEN), el frente Avancemos País (AP) y el Partido del Movimiento al Socialismo (P-Mas). Lugo es el principal sostén político de Alegre y lo acompaña activamente como primer candidato a senador por el Frente Guasu, tratando de trasmitirle la alta preferencia electoral que el ex obispo aún conserva.

La heterogénea formación, presentada oficialmente en febrero de 2018, ha sido bautizada por algunos analistas como “la oposición Frankestein”, recordando al célebre monstruo de la clásica novela de Mary Shelley, creado con retazos diferentes de otros entes humanos.

Dura pelea política

Desde la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner, en febrero de 1989, esta será la séptima vez que los paraguayos acuden a las urnas en elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, juntas departamentales y representantes al Parlasur. Las elecciones municipales se realizan en fechas distintas, con tres años de diferencia.

Para los comicios de este domingo están habilitados 4.241.507 electores y existen 15.597 candidatos inscriptos para ocupar los 782 cargos en pugna. Compiten 23 partidos políticos, 17 movimientos, 17 alianzas electorales y cuatro concertaciones. El 57 por ciento del electorado está compuesto por jóvenes.

En este diverso abanico, la mayor parte de la atención electoral está concentrada solamente en los dos principales candidatos a la presidencia, repitiendo una vez más el clásico juego del bipartidismo que ha tenido en jaque a la historia política paraguaya desde que sus dos mayores partidos, el Colorado (representado por el color rojo) y el Liberal (por el color azul), fueran creados en el mismo año, 1887 –luego de la Guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Uruguay (1864-1870)–. Han llegado al poder principalmente a través de conspiraciones y golpes de Estado, con muy pocas experiencias de elecciones democráticas, hasta la dictadura de Stroessner.

Con una síntesis de modernismo y caudillismo tradicional, Marito es considerado un líder emergente en el Partido Colorado, luego de haber logrado derrotar en las elecciones internas a la lista promovida por el multimillonario empresario y actual presidente, Horacio Cartes, quien apadrinaba al economista Santiago Peña como su eventual sucesor.

La inesperada caída de Cartes cortó el proyecto hegemónico de un sector empresarial ligado a los grandes negociados con las obras públicas y el contrabando de cigarrillos a Brasil, pero el actual presidente logró recuperarse del golpe, tejer una alianza con Marito y apostar sus fichas a ser elegido como primer senador del Partido Colorado, por más que la Constitución paraguaya prohíbe que los ex presidentes sean senadores activos y sólo les reserva la función de senadores vitalicios, con voz pero sin voto, y sin dieta parlamentaria.

Demostrando una vez más la gran influencia de sus millonarios recursos sobre el corrupto Poder Judicial paraguayo, Horacio Cartes logró que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución especial el pasado 11 de abril, habilitando las candidaturas a senador de él mismo (Cartes), del ex presidente colorado Nicanor Duarte Frutos y del actual vicepresidente, Juan Afara, para que todos puedan ser electos con presunta legalidad, aunque la Constitución lo prohíba.

La mayor parte de los legisladores de la oposición, incluyendo al actual presidente del Congreso, Fernando Lugo, han prometido que tras las elecciones no los dejarán jurar en sus cargos (como ya ocurrió hace dos períodos con el ex presidente Duarte Frutos, quien fue electo senador, pero a quien nunca le dejaron asumir y ejercer), lo cual demuestra que la dura batalla política que había desencadenado el intento de reelección de Cartes y Lugo hace un año todavía no se ha acabado.

La analista política Estela Ruiz Díaz señaló (Última Hora, 15-IV-18) que “esta decisión (de la Corte Suprema de Justicia) alteró la última semana de la campaña. Cartes está testeando el clima electoral para decidir si renuncia en junio o cumple su mandato y asume la senaduría activa el 16 de agosto. El domingo se aclarará el panorama. Si la ANR (Partido Colorado) y sus satélites logran una mayoría cómoda en el Senado para permitir su juramento, irá hasta el final de su mandato, pero si se cumplen los vaticinios de las encuestas que anuncian pérdida de bancas del partido de gobierno, renunciará al cargo para jurar el 30 de junio con los otros 44 (senadores de la Cámara alta). Sin embargo, esto tampoco será fácil, ya que Fernando Lugo, presidente del Senado y ante quien deben jurar los electos, anunció que no tomará juramento a Cartes, Afara y Nicanor”.

Una vez más, el panorama de la política paraguaya no dependerá tanto de lo que dicen las leyes, sino de cómo se las interpreta según la conveniencia de los grupos dominantes, y cuál será la reacción que esto provoque en la ciudadanía, que en vísperas de los comicios permanece muy apática.

Cambios monocromos

“Es la campaña más triste que he visto. No hay ningún entusiasmo, parece que el 22 de abril no vamos a votar; vamos a ir al doctor, a una visita obligatoria a un análisis rectal y tenemos que hacerla. Nos va a molestar, pero lo tenemos que hacer”, comentó el analista político Marcello Lacchi en una columna del diario paraguayo Abc Color al retratar la poca pasión que han despertado las diversas candidaturas.

El columnista político e investigador de derechos humanos Alfredo Boccia coincidió con su colega (Última Hora, 7-IV-18): “Los dos candidatos principales no se caracterizan por ser magnéticamente carismáticos o por deslumbrar con una oratoria envolvente. Se han difuminado las polarizaciones. Hay tanta policromía entre los corruptos y mentecatos, tanta amnesia entre los desleales de ayer y los aliados de hoy, tanto desencanto entre aquellos que parecían confiables y defraudaron, que no sorprende la apatía ciudadana. Da la impresión de que el 22 de abril, el sillón (presidencial) de los López cambiará de inquilino, pero el poder no cambiará de dueño. La supremacía fáctica nacional –los grupos empresariales enriquecidos gracias a sus negocios con el Estado, la oligarquía ganadera y sojera, y los zares del tráfico fronterizo- está contenta”.

En la confrontación de los principales candidatos parece haber, de nuevo, simplemente dos colores: colorado versus azul, aunque en las filas de la oposición se intente mostrar una imagen de arco iris.

Más aun, Marito y Alegre han evitado ir a debates televisados que impliquen alguna confrontación de ideas o algo parecido que los arranque del libreto estrictamente preparado por sus asesores. El único gran debate mediático en el que aceptaron confrontar fue en el promovido el domingo 15 de abril por el grupo empresarial Desarrollo en Democracia, en donde no se admitieron posibilidades de interpelarse unos a otros, ni se pudieron profundizar temas candentes, como la reforma agraria, el narcotráfico, el crimen organizado, la discriminación hacia la comunidad Lgtbi, entre otras cuestiones. Se notaron las grandes carencias programáticas y la falta de capacidad para improvisar sin libreto, principalmente del candidato colorado.

Prohibido girar a la izquierda

Si hay algo que distingue a ambos contendientes es el discurso marcadamente de derecha en que acabaron coincidiendo, para ponerse a tono con la fuerte ola de conservadurismo que ha impregnado a una gran mayoría de la sociedad paraguaya, luego del derrocamiento del gobierno de Lugo, cuando se empezaron a borrar los pocos avances que se habían logrado, tras incorporar nuevos conceptos de educación sexual y actitudes contra la discriminación en los programas pedagógicos.

La ofensiva conservadora de los llamados grupos “provida”, capitaneados por sectores de la aún influyente Iglesia Católica, condiciona fuertemente a los actuales candidatos. Los grupos de presión habían obligado al gobierno de Cartes a borrar la palabra “género” de los textos del Ministerio de Educación y estuvieron a punto de hacer desaparecer al propio Ministerio de la Mujer por su afán de utilizar dicha palabra.

A pesar de provenir de una familia “disfuncional”, en que su padre tuvo varias uniones de hecho, y de que él mismo se divorció y volvió a casarse, el candidato colorado asumió desde un primer momento una fuerte defensa de la familia monógama y repitió incontables veces que vetará cualquier proyecto de ley a favor del aborto y del matrimonio igualitario.

Su adversario, Efraín Alegre, aunque siempre se manifestó en contra de la unión de personas del mismo sexo, intentó marcar una diferencia en diciembre último, cuando expresó en un posteo en su cuenta de Twitter: “Yo creo en el matrimonio entre el hombre y la mujer, como lo dice nuestra Constitución, pero eso no significa que desconozca una realidad, y me comprometo en crear una solución para encontrar una figura jurídica que proteja el patrimonio de las parejas”.

Eso fue suficiente para que los sectores conservadores lo catalogaran de “progay” y “proaborto” con tanta virulencia que el candidato Alegre, temeroso de perder los votos conservadores, se vio obligado a firmar una declaración pública en la que se comprometió –en el caso de ser electo presidente– a “respetar, proteger, defender y promocionar la vida, desde la concepción hasta la muerte; la familia, conformada por el hombre, la mujer y los hijos…”, marcando una ruptura con sus aliados de izquierda, celosos defensores del aborto y el matrimonio igualitario.

“No se sabe si (Alegre) recuperó la confianza de algunos votantes, lo claro es que se alejó de una postura histórica del Frente Guasu y de los votantes progresistas”, indicó Ruiz Díaz.

Con respecto a las promesas electorales del candidato colorado, la analista sostuvo que Abdo Benítez “no planteó novedades ni propuestas disruptivas, dando a entender que seguirá la senda marcada por Horacio Cartes y otros gobiernos colorados. En la campaña interna fue más abierto, con un fuerte mensaje sobre la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, pero apenas ganó se metió en el caparazón partidario y su mensaje apunta solamente al electorado republicano”.

Diez candidatos y ninguna mujer

Aunque Marito y Alegre polarizan las opciones electorales, en realidad son diez los candidatos que disputan la presidencia de la República, sólo que los ocho restantes ni siquiera aparecen en las encuestas. En su mayoría provienen de movimientos y partidos no tradicionales, creados en los últimos meses tan sólo para sostener candidaturas principalmente personalistas, entre ellas las de un militar retirado, un viejo caudillo stronista que ahora fundó un partido verde, un músico cantautor popular, un economista veterano y hasta un odontólogo barrial. Lo llamativo es que todos son hombres y entre ellos no hay ninguna mujer, en un momento en que se discute en el Congreso paraguayo un proyecto de ley de paridad que establece que las listas electorales deban incluir mitad hombres y mitad mujeres.
La mayoría de los partidos que en su momento se disputaron la posibilidad de ser la tercera fuerza política en el país no han presentado candidaturas a la presidencia, aunque sí a los demás cargos electivos.

Algunos grupos de izquierda que no forman parte de la alianza Ganar, como la plataforma feminista Kuña Pyrenda, han decidido presentar sus propias candidaturas al Congreso. Su principal referente, la líder feminista Lilian Soto, ex ministra de la Función Pública, apunta a llegar por primera vez al Senado.

Otra fuerza de consideración, el partido Paraguay Pyahura, brazo político de la poderosa Federación Nacional Campesina, ha decidido una vez más no presentarse a elecciones, por considerar que en estos comicios no existen verdaderas opciones que favorezcan al sector popular, y llama a sus afiliados y simpatizantes a anular su voto.

Un país “demasiado igual”

Gane quien gane el domingo, el próximo gobierno seguirá siendo marcadamente conservador y sin muchas sorpresas, aunque una eventual victoria de Efraín Alegre le daría al devaluado proceso democrático paraguayo la necesaria alternancia que hasta ahora casi no se ha dado durante cerca de un siglo de historia.

Desde que el Partido Colorado llegó al gobierno en 1947, solamente en una oportunidad pudo ser desalojado del poder, en 2008, tras la victoria electoral del ex obispo Fernando Lugo, al frente de una alianza entre el Partido Liberal y los partidos de izquierda, pero no pudo llegar a concluir su mandato debido a que los liberales le retiraron su apoyo y se aliaron con los colorados para hacerle un juicio político, también considerado golpe parlamentario, en junio de 2012. El período tuvo que ser completado por el vicepresidente, el liberal Federico Franco, con un período de gran inestabilidad y con muchas denuncias de corrupción, posibilitando el retorno del Partido Colorado al gobierno, de la mano del magnate Horacio Cartes, en 2013.

En su análisis sobre el largo proceso de la transición tras el stronismo, que desemboca en estas elecciones, Alfredo Boccia sostuvo que a los controladores del poder “el sistema democrático paraguayo les resultó más funcional que la dictadura. Han logrado disciplinar a un electorado desquiciado por la desesperanza que, en masoquistas y resignadas filas, marchará a votar por aquellos que les han negado siempre la plena calidad humana. Los que siempre los han dejado sin hospitales, escuelas ni sueños. Vislumbro un país demasiado igual. Lo que paraguayamente significa demasiado desigual”.