Los estados latinoamericanos ante los pueblos
indígenas
R.
Aída Hernández Castillo*
www.jornada.unam.mx/141015
En las últimas tres
décadas los estados latinoamericanos llevaron a cabo una serie de reformas
legislativas para reconocer su carácter pluricultural, sustituyendo el discurso
en torno a la igualdad por una nueva retórica sobre la diversidad cultural y
sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas multiculturales.
Estas reformas
varían mucho de un país a otro, pero en su mayoría incluyen el reconocimiento
del carácter multicultural de la nación, de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, el reconocimiento a sus sistemas normativos y formas de
autogobierno y el derecho a utilizar y preservar sus propios idiomas indígenas.
A partir de estas reformas los censos gubernamentales reportan la existencia de
40 millones de hombres y mujeres que se reconocen como indígenas,
aproximadamente 10 por ciento de los habitantes de América Latina.
No obstante los
compromisos contraídos en estas nuevas legislaciones, en los años recientes estamos siendo testigos de un retroceso en el
reconocimiento de los derechos políticos y territoriales de los pueblos
indígenas y de una embestida de violencia y despojo contra sus territorios y
recursos naturales.
Este contexto
desolador fue analizado en los primeros días de octubre durante el noveno
Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (Relaju) en el
marco del cual científicos sociales, profesionales del derecho, activistas y
representantes de organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes de
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala,
México, Perú, Uruguay compartieron sus conocimientos y experiencias en torno a
los impactos de los megaproyectos y la violencia gubernamental en la vida de
las comunidades originarias del continente.
Tanto las
investigaciones presentadas como los testimonios de primera mano expuestos por
representantes de pueblos indígenas dieron cuenta de la manera en que los
estados latinoamericanos, incluyendo aquellos que se reconocen como
plurinacionales, vienen imponiendo megaproyectos extractivos mineros,
petroleros, forestales, de energía e infraestructura, como represas, proyectos
eólicos y carreteras, y promoviendo la siembra de monocultivos y transgénicos,
en los territorios de los pueblos indígenas sin consulta ni consentimiento
previo, libre e informado. En nombre del progreso y el desarrollo se está
justificando nuevamente el despojo y la violencia contra los pueblos originarios.
Especialmente grave
es la situación de comunidades guaraní
kaiowa y guarani ñandéva, en la
región de Mato Grosso do Sul y oeste del Paraná brasileño, que han sido
víctimas de masacres y desapariciones forzadas por guardias blancas que
trabajan para latifundistas de monocultivos, con el fin de impedir la
recuperación del territorio ancestral indígena.
Pudimos escuchar de
viva voz por sus representantes y ver las imágenes videograbadas de cómo hace
apenas unas semanas hombres armados entraron a la comunidad de Kurusu Amba,
municipio de Coronel Sapucaia, en Mato Grosso do Sul, e incendiaron el
campamento, quemaron viva a una niña de tan sólo un año de edad y
desaparecieron a dos de sus dirigentes. Conmovidos hasta las lágrimas con estas
historias, los integrantes de la Relaju nos comprometimos a difundir esta
situación mediante un pronunciamiento que está circulando en las redes
sociales, en el que demandamos el cese de la represión y acoso judicial contra
estos pueblos, así como la investigación y sanción de responsables de la
violencia.
Lamentablemente este
no es un caso aislado; las fuerzas policiacas estatales en muchos países se han
convertido en los guardianes de los intereses de las empresas trasnacionales y
están utilizando las legislaciones penales para criminalizar los movimientos de
resistencia.
Esto ha ocurrido para la
imposición del megaproyecto minero Marlín en San Miguel de Ixtahuacán, en Guatemala,
contra el pueblo mam; con el megaproyecto minero Conga, contra las comunidades
y rondas campesinas de Cajamarca, en Perú; con la presa hidroeléctrica
La Parota, en el estado de Guerrero, México, contra las comunidades
nahuas; con la presa Bicentenario, contra el pueblo guarijío, y el acueducto
Independencia, contra el pueblo yaqui, en Sonora, México; así como los
proyectos hidroeléctricos en los ríos Madeira y Tapajos, en la amazonia del Brasil,
contra pueblos mura y munduruku. Con el uso de la ley antiterrorista en Chile
contra el pueblo mapuche que resiste los proyectos que les despojan y destruyen
sus bosques. Aun en Bolivia y Ecuador, donde se habían logrado
dos de las constituciones más avanzadas en torno a los derechos de los pueblos
indígenas, la retórica del desarrollo está siendo utilizada para la destrucción
y despojo de sus recursos; con la imposición de la carretera del Tipnis, en
Bolivia, y la promoción de proyectos petroleros en el Parque Nacional Yasuní,
en Ecuador.
Hemos pasado de la era del reconocimiento a la del despojo contra los
pueblos indígenas. Pero esta violencia estatal contra los pueblos no
sólo atenta contra los derechos indígenas, atenta contra todos nosotros, pues
pone en primer lugar los intereses del gran capital por sobre la conservación y
respeto a la Madre Tierra y sus habitantes. Nos pone en peligro a todos y urge
que reaccionemos apoyando las luchas de los pueblos originarios en defensa de
la vida, la tierra y el territorio.
*
Profesora/investigadora de Ciesas e integrante de la Red Latinoamericana de
Antropología Jurídica
