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El bando francés de la colonización ‎al asalto de Siria y Mali


Thierry Meyssan
Red Voltaire reanuda la publicación del libro de Thierry Meyssan Sous nos yeux, ‎titulado ‎en español De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump. ‎Ante nuestra mirada, la gran farsa de las primaveras árabes. En esta parte veremos ‎que todo parece marchar bien para el bando francés de la colonización y las tropas ‎francesas. Los principales jefes militares sirios son asesinados, el primer ministro ‎sirio deserta y, en Mali, Francia pone en el poder un presidente más sumiso a los ‎intereses de los nuevos colonialistas. Pero todo eso trae una serie de contradicciones. ‎Este artículo es parte del libro De la impostura del 11 de septiembre a ‎Donald ‎Trump. ‎Ante nuestra ‎mirada, la gran farsa de las primaveras árabes.‎

26- La segunda guerra contra Siria
El 18 de julio, una explosión destruye la sede del Consejo de Seguridad Nacional en Damasco. ‎El general Daud Rajha, ministro de Defensa; el general Assef Chawkat, jefe de la inteligencia ‎militar y cuñado del presidente Assad; y el general Hassan Turkmani, presidente del Consejo ‎de Seguridad sirio mueren en ese atentado. El general Hicham Ikhtiar, jefe del contraespionaje, ‎fallece poco después debido a la gravedad de sus heridas. Al parecer, un traidor había instalado ‎una bomba en una lámpara cenital, pero no es imposible que se tratara en realidad de un misil ‎disparado desde un drone. Ese atentado decapita las fuerzas armadas y los servicios de ‎seguridad sirios. Los combates se extienden por toda la ciudad y citadinos mueren en las calles. ‎La mayoría de los habitantes huyen de la capital siria. ‎
Al referirse al atentado que ha costado la vida a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional ‎sirio, los dirigentes occidentales se niegan a condenar el terrorismo. Estiman que las víctimas de ‎este atentado, sólo tuvieron lo que merecían. ‎

Los mercenarios que atacan la capital siria traen planes y blancos bien definidos. Una unidad ‎ataca mi domicilio, en el barrio de Mezzeh, al extremo de la ciudad, frente a un extenso campo ‎de nopales. El ejército instala un mortero en la azotea de mi edificio, para mantenerlos a raya. ‎Tres días después, al terminar la batalla, los cuerpos hallados en el campo de nopales son ‎identificados como pakistaníes y somalíes. En otros lugares de la capital, los mercenarios ‎muertos son tunecinos y afganos, entre otras nacionalidades. Son hombres que sólo habían ‎pasado un breve periodo de adiestramiento en el manejo de armas, en Jordania, a veces no más ‎de una semana. Las unidades estaban organizadas por nacionalidades, pero no constituían un ‎ejército en el verdadero sentido de esa palabra, ya que carecen de estructura jerárquica. Muchos ‎de sus miembros no saben absolutamente nada de Siria, algunos incluso creen que están ‎salvando a los palestinos de Israel. ‎
Se instala un estudio de televisión en los sótanos del hotel Dama Rose, el mismo hotel donde el general noruego ‎Robert Mood y los observadores de la ONU esperan cómodamente a que todo termine. ‎Su presencia allí, garantiza la seguridad del inmueble. El gobernador del Banco Central sirio, Adib ‎Mayaleh, comparece ante las cámaras para desmentir las informaciones de las televisiones Al-‎Jazeera, de Qatar, y Al-Arabiya, de Arabia Saudita, que anuncian un derrumbe de la libra siria. ‎ArabSat y NileSat cierran las transmisiones de las televisiones sirias que aún salían al aire a través de esos dos satélites. Mientras tanto, la CIA piratea la cuenta de Twitter del canal sirio Ad-‎Dounia para anunciar la retirada del Ejército Árabe Sirio y la caída del régimen. Cuando ‎las televisiones sirias “reaparecen” en ArabSat y NileSat, las señales ya no vienen de Siria sino ‎de Australia y se transmiten desde una base de la National Security Agency (la hoy célebre NSA ‎estadounidense). En Qatar, France24 participa en las reuniones del pool de medios de difusión ‎convocados para transmitir la propaganda de la OTAN. El plan prevé la difusión coordinada de un ‎conjunto de reportajes, filmados en estudios o al aire libre, o fabricados con imágenes ‎computarizadas, que “muestran” la huida del presidente Assad y la caída de la «dictadura ‎alauita» [1]. A pesar de todo, el Estado sirio resiste y los mercenarios se repliegan de Damasco. ‎

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China oponen su tercer veto a un proyecto de ‎resolución que pretendía autorizar una intervención militar occidental. Estados Unidos retrocede. ‎Los reportajes de las falsas televisiones sirias que supuestamente muestran la fuga del presidente ‎Assad nunca llegarán a transmitirse. ‎

‎El 24 de julio, el rey Abdallah de Arabia Saudita recompensa al príncipe Bandar ben Sultán por el ‎ataque contra Damasco y lo nombra jefe de los servicios secretos del reino. Sólo 4 días ‎después, una explosión destruye la oficina del príncipe Bandar, que resulta gravemente herido, y ‎yo anuncio prematuramente su muerte. En realidad, quien muere en la explosión es Mishaal al-‎Qani, el segundo del príncipe Bandar. El príncipe tendrá que pasar todo un año hospitalizado y ‎nunca logrará recuperar todas sus facultades [2]. ‎

La prensa revela que el presidente Barack Obama ha firmado una directiva que autoriza una ‎intervención militar secreta bajo la coordinación de la OTAN. Consciente de que todos ‎sus esfuerzos serán aprobados públicamente y saboteados en secreto, Kofi Annan renuncia, el 2 ‎de agosto, a sus funciones como mediador. ‎
El 5 de agosto, el «Primer Ministro» sirio, Riad Hijab, huye del país, con ayuda de la DGSE ‎francesa [3]. La nueva deserción tiene más valor simbólico que la del ‎general Manaf Tlass, pero carece de importancia a nivel ejecutivo. Hay que recordar que Siria es ‎el Estado más antiguo del mundo. Constituida hace 6,000 años en una tierra de tránsito donde ‎confluyen múltiples culturas, Siria aprendió a perdurar organizándose de manera secreta. ‎Hoy, el presidente Bachar al-Assad es el único jefe visible del Ejecutivo. Assad responde ‎ante el pueblo y preside 3 círculos concéntricos.

En primer lugar, el Gobierno, que dirige ‎la administración. Sus ministros son, de hecho, equivalentes a los directores de la administración ‎central en un país como Francia. Más arriba están los consejeros del Palacio, con autoridad sobre ‎los ministros. Y luego, los consejeros privados del Presidente, con quienes este último, toma sus ‎decisiones. Es un régimen republicano, ya que el Ejecutivo actúa en función del interés general y ‎el Pueblo puede sancionarlo, pero no es democrático en la medida en que las decisiones más ‎importantes no se discuten en público. Riad Hijab nunca fue un verdadero “Primer Ministro” –función que ‎no existe en la Constitución siria– sino secretario del Consejo de Ministros, lo cual es muy ‎diferente en ese sistema. Su función consistía en recibir el orden del día y las directivas ya ‎trazadas por el Palacio para transmitirlas a los ministros y recibir de estos la información sobre las ‎actividades de sus ministerios. Contrariamente a la muerte de los miembros del Consejo de ‎Seguridad Nacional, la deserción de este personaje carece de importancia. ‎

Aún recuerdo incluso mi asombro cuando, en una reunión a la que asistí meses antes, el general ‎Hassan Turkmani me preguntó qué aconsejaba yo sobre un asunto de gran importancia. ‎Al responder sugerí, entre otras cosas, que habría que poner al tanto al “Primer Ministro” Hijab. ‎El general me respondió, con una sonrisa: «Es una decisión demasiado grave para que ‎lo molestemos a él.»‎
‎‎
Para París todo es válido, hasta los golpes más bajos. La DGSE logra reclutar a un consejero del ‎presidente Assad, pero esa fuente no tiene acceso a los secretos de Estado. Más tarde, el 17 de ‎agosto de 2012, el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, declara públicamente: «Estoy ‎consciente de la fuerza de lo que estoy diciendo: el señor Bachar al-Assad no merecería estar ‎sobre la tierra.» Se trata de una posición que resulta como mínimo sorprendente de parte de un ‎ministro a cargo de la diplomacia de un Estado contrario a la pena de muerte. ‎

En septiembre, el presidente Hollande y el propio Fabius se reúnen en Nueva York con ‎el entonces primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan para organizar los homicidios de sus ‎homólogos sirios: el presidente Bachar al-Assad y el ministro de Exteriores Walid Moallem [4]. ‎

No es la primera vez que la Francia de la V República trata de asesinar a un presidente extranjero. ‎En 2008, el entonces presidente Nicolas Sarkozy envió a Caracas un equipo de asesinos ‎encabezado por «Frederic Laurent Bouquet», encargado de matar al presidente venezolano ‎Hugo Chávez [5]. Aquella misión no tuvo éxito, ‎como tampoco lo tendrá la ordenada contra el presidente de Siria. La DGSE trata de utilizar el ‎personal de limpieza del Palacio, varios kurdos a los que cree poder manipular. Pero el complot ‎es descubierto. ‎

El 12 de diciembre, mientras participa en la 4ª conferencia de los «Amigos de Siria», en ‎Marrakech, el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, muestra su descontento ante la ‎decisión de la Casa Blanca de incluir el Frente al-Nusra (vinculado a al-Qaeda) en la lista de ‎organizaciones terroristas. En la conferencia de prensa final de la reunión, Fabius afirma que ‎‎«todos los árabes están resueltamente en contra» de la posición estadounidense «porque, en ‎el terreno, ellos [al-Qaeda] están haciendo un buen trabajo». «Eso es muy claro, y esa es ‎también la línea del presidente de la Coalición», agrega Fabius, refiriéndose al presidente de la ‎Coalición Nacional Siria, que reúne a la oposición externa [6]. ‎

En menos de 10 años, Francia –el país que había sido aclamado en el Consejo de Seguridad de ‎la ONU cuando Dominique de Villepin pronunció su discurso contra la invasión de Irak– se ‎ha rebajado a la categoría de «Estado renegado» o «Estado canalla», recurriendo al asesinato ‎político –o al menos, en lo que me concierne, a los intentos de asesinato– y apoyando ‎terroristas islamistas contra un Estado laico. Peor aún, Francia ya ni siquiera disimula su regreso ‎a inconfesables ambiciones: el 25 de septiembre, el presidente Hollande solicita en la ONU ‎autorización para «proteger las zonas liberadas», o sea el restablecimiento paulatino del ‎mandato colonial que la Sociedad de las Naciones había concedido a Francia de 1923 a 1944. ‎
Durante el siguiente año, Francia mantiene la ficción de que los elementos que luchan contra el ‎gobierno sirio son militares sirios desertores. Ese es el mito del llamado «Ejército Sirio Libre» ‎‎(ESL), cuyos miembros supuestamente luchan por la democracia. Sin embargo, en 5 años de ‎conflicto nunca se ha presentado absolutamente ninguna imagen de alguna manifestación donde ‎se reclame democracia. Lo máximo que podría encontrarse es algún que otro eslogan a favor de ‎la «libertad». Pero no se trata de la Libertad que reclamaban los revolucionarios franceses –‎cuyo ejemplo inspira al Baas sirio– sino de todo lo contrario ya que esos manifestantes lo que ‎reclaman es el derecho de aplicar «libremente» su propia interpretación de la sharia, o sea de ‎la ley islámica. ‎

Varios escándalos incluso contradicen la narrativa occidental sobre lo que sucede en Siria. El 13 ‎de mayo de 2013, uno de los cabecillas de la Brigada al-Faruk (del «Ejército Sirio Libre») divulga ‎un video donde se le ve comer las entrañas de un soldado del Ejército Árabe Sirio mientras ‎declara: «Juramos ante Dios que devoraremos los corazones e hígados de ustedes, soldados ‎de Bachar. ¡Oh, héroes de Baba Amro, masacrad a los alauitas y sacadles el corazón para ‎comerlo!». La imagen del «Ejército Sirio Libre» queda también muy malparada cuando ‎sus miembros perpetran la matanza de cristianos de al-Duvair.‎

El 11 de enero de 2013 surge una nueva contradicción en la política exterior francesa, ya no entre ‎la retórica y la práctica sino en el seno mismo de sus alianzas. Según dice el proverbio, «el ‎apetito viene cuando empezamos a comer» y Francois Hollande decide iniciar una intervención ‎militar en Mali. No es este otro episodio de la primavera árabe sino de una consecuencia directa ‎de la destrucción de la Yamahiriya Árabe Libia, consecuencia que Mohamed Siala, ministro de la ‎Cooperación de Muammar el-Kadhafi y administrador del fondo soberano libio, había anunciado ‎con gran antelación [7].‎

Los tuaregs son un pueblo nómada que vive en el Sahara Central y en los bordes del Sahel, ‎enorme territorio que comparten Libia y Argelia, así como Mali y Níger. El pueblo tuareg obtuvo ‎la protección de Libia y de Argelia, mientras que Mali y Níger lo abandonaban a su suerte. Por ‎eso, desde los años 1960, los tuaregs han venido impugnando la soberanía de Mali y Níger ‎sobre el territorio que ellos habitan. Muy lógicamente, los grupos armados por Francia ‎finalmente decidieron hacer valer sus reclamos en Mali. El Movimiento Nacional para la ‎Liberación de Azawad (MNLA) toma entonces el poder en casi todo el norte de Mali, donde viven ‎los tuaregs. Pero Ansar Dine, un grupúsculo de tuaregs islamistas entrenado por Arabia Saudita y ‎vinculado al AQMI (al-Qaeda en el Magreb Islámico) aprovecha la situación para imponer ‎la sharia en varias localidades. ‎
El 21 de marzo, se produce en Mali un extraño golpe de Estado [8]. Un misterioso «Comité Nacional para la Rectificación de la Democracia y ‎la Restauración del Estado» (CNRDRE) derroca al presidente Amadou Toumani Touré y declara ‎querer restaurar la autoridad maliense en el norte del país. La asonada en realidad crea la ‎mayor confusión ya que los golpistas son incapaces de explicar de qué manera su golpe ‎de Estado puede mejorar la situación.

El derrocamiento del presidente resulta tanto ‎más extraño cuanto que faltaban sólo 5 semanas para la elección presidencial y que ‎el presidente depuesto ni siquiera aspiraba a la reelección. El CNRDRE, que se compone de ‎oficiales formados en Estados Unidos, impide la elección presidencial y pone en el ‎poder a uno de los candidatos, el francófilo Dioncounda Traoré. Esta pirueta recibe el aval de la ‎Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), cuyo presidente de turno ‎no es otro que Alassane Ouattara, a quien las tropas francesas habían puesto en el poder ‎el año anterior en Costa de Marfil. ‎

El golpe de Estado acentúa la división étnica en Mali. Las unidades de élite del ejército –‎entrenadas en Estado Unidos– cuyos comandantes son tuaregs se unen a la rebelión con todo ‎su armamento y medios de combate. ‎

‎Con el apoyo de otros grupos islamistas, Ansar Dine ataca la ciudad de Konna, saliendo así del ‎territorio tuareg para extender la ley islámica en el sur de Mali. El presidente impuesto por ‎los golpistas de marzo, D. Traoré, proclama el estado de emergencia y pide ayuda ‎a Francia. En cuestión de horas, París interviene militarmente en Mali para impedir la caída ‎de Bamako, la capital del país. El presidente Hollande ya había preposicionado en Mali ‎elementos del 1er Regimiento Paracaidista de Infantería de Marina (conocida en Francia como ‎‎«La Colonial») y del 13er Regimiento de Dragones Paracaidistas, varios helicópteros del Mando ‎de Operaciones Especiales (COS, siglas en francés), 3 aviones de guerra Mirage 2000D, ‎‎2 Mirage F-1, 3 aviones de transporte C135 y 2 aviones más de transporte militar –un C130 ‎Hercule y un C160 Transall.‎

Es una operación militar bien ejecutada, pero que designa como enemigo a al-Qaeda, cuando ‎en realidad apunta contra los independentistas tuaregs. Pero se trata del mismo al-Qaeda que, ‎según Fabius, «está haciendo un buen trabajo» en Siria y que constituye el «Ejército Libre ‎Sirio»… respaldado por Francia. Presa del pánico, la presidencia de Francia ordena al ejército ‎francés que interrumpa su avance en Mali para que los consejeros militares qataríes de ‎los yihadistas puedan replegarse. Qatar rompe sus relaciones privilegiadas con Francia mientras ‎que, en el escenario sirio, el «Ejército Libre Sirio» organiza manifestaciones donde se corea: ‎‎«Los franceses son cochinos. Nuestra nación [islámica] saldrá victoriosa». ‎
Francois Hollande trata de reparar su estúpido error reconciliándose con su benefactor, el emir ‎qatarí al-Thani. Viaja apresuradamente a Doha, donde la acogida es glacial. Sin embargo, ‎como la naturaleza no aprecia el vacío, Arabia Saudita y Turquía se apresuran a tomar el lugar ‎de Qatar.‎
‎(Continuará)
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[1] «La OTAN prepara la mayor operación de intoxicación de la Historia», por ‎Thierry Meyssan, Komsomolskaya Pravda (Rusia), Red Voltaire, 12 de junio de 2012, artículo ‎reproducido en diarios de 45 países. Ver también, «De faux reportages sur la Syrie sont filmés au ‎Qatar», Sputnik, 19 de julio ‎de 2012; «Inminente operación de guerra sicológica de la OTAN contra Siria», Red Voltaire, 21 ‎de julio de 2012.
[6] «Pression militaire et succès ‎diplomatique pour les rebelles syriens», por Isabelle Maudraud, Le Monde, 13 de diciembre ‎de 2012.
[7] «La guerra contra Libia es una catástrofe económica para África y para Europa», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 9 de julio de 2011.
[8] «Mali: Detrás de una guerra puede esconderse otra», por Thierry Meyssan, Al-Watan (Siria), Red Voltaire, ‎‎21 de enero de 2013.

La avaricia capitalista en tiempos del COVID

La avaricia capitalista en tiempos del COVID
Por Olmedo Beluche

A la memoria del profesor Marco Gandásegui

Las epidemias siempre han existido y seguirán existiendo por dos motivos básicos: vivimos en la naturaleza y somos parte de ella, junto con las bacterias y los virus, por un lado; por otro, porque somos seres sociales, convivimos  e interactuamos en colectividad, y esa es la principal característica que ha hecho fuertes a los humanos por encima de otras especies, pero, a su vez, es de donde se aprovechan virus y bacterias para transformarse en epidemias y, gracias a la globalización, en pandemias.

Frente a las epidemias son las ciencias, en particular las ciencias médicas, las que nos han dado y nos seguirán dando las armas para combatirlas y sobrevivir como especie. Lo que la medicina no puede resolver es cómo se reparte la carga social que ha significado la pandemia en el sentido económico. Eso pertenece al campo de la política y, por ende, lo deciden quienes tienen el poder, es decir, la clase económicamente dominante, y quienes desde abajo se les oponen y resisten defendiendo sus derechos, luchando por un mundo distinto. En esto consiste la lucha de clases.

Panamá: un gobierno al servicio de la burguesía

En Panamá eso se ha visto plenamente confirmado con el manejo que ha hecho el gobierno Cortizo-PRD de la epidemia del COVID-19. Nunca en la historia fue tan evidente para la absoluta mayoría de las personas en este país que el gobierno defiende primordialmente los intereses de la clase dominante, así sea a costa de la vida de las clases populares. Primero el mercado y el capital que la vida y la salud.

El capital financiero, es decir, los bancos, mejor dicho, los banqueros han sido los niños mimados del gobierno: se les permitió utilizar más de mil millones de las reservas que debían estar como garantía de los ahorros depositados; se les ha permitido, como a todos los empresarios, postergar el pago de impuestos y la cuota patronal del seguro social; les han dejado que en medio de la crisis ellos decidan la relación con sus clientes respecto a deudas e hipotecas. Y eso que los bancos, en 2019, reportaron utilidades por B/. 1,800 millones de dólares.

Pero también están contentos los especuladores financieros internacionales, pues es el gobierno que de manera más rápida ha endeudado al país: 2000 millones en bonos a mitad de 2019; otros 2500 millones en bonos en marzo-abril de 2020; 300 millones con el BID; 500 millones con una agencia del Banco Mundial; 500 millones con el FMI.
Sumados estos números a la deuda acumulada por los gobiernos anteriores, ya se superan ampliamente los B/ 30 mil millones de deuda pública, más del 50% del PIB. Si se tiene en cuenta que esta deuda habrá que pagarla en un futuro mediato contra el gasto social, tal y como sucede en otros países del mundo, es para perder el sueño. Solo este año 2020, el gobierno había presupuestado el pago por servicio de la deuda por más de 3,700 millones de balboas.


La otra gran beneficiaria del gobierno ha sido Minera Panamá, la cual siguió saqueando nuestros recursos sin control del estado, incluso cuando ya se había impuesto la cuarentena a todo el país. Y siguieron exprimiendo plusvalía a los trabajadores hasta que empezaron a morir por contagio del COVID. Solo ahí, y ante los reclamos de los sindicatos y la ciudadanía, el gobierno impuso a la minera que parara.

Mientras la clase trabajadora y los desempleados de Colón no han visto al presidente Laurentino Cortizo firmar la ley de moratoria del pago de hipotecas y alquileres, el Proyecto de Ley 287, aprobado por la Asamblea Nacional, en cambio, sí ordenó que los comerciantes que alquilan depósitos y hangares en la Zona Libre de Colón tengan una moratoria en sus alquileres. Esta debe ser la Ley del Embudo que decían las abuelas.

Para las clases populares solo hay miseria y represión

Tampoco ha querido firmar el presidente el Proyecto de Ley 295 que establece una moratoria en el pago de servicios públicos, lo cual aliviaría la presión sobre las decenas de miles de asalariados que acaban de perder sus empleos por la crisis, la de otros miles de micro, pequeños y medianos empresarios que se han visto obligados a cerrar, así como más de medio millón de cuentapropistas que viven del día a día.

Con fecha del 20 de marzo de 2020 el gobierno de Laurentino Cortizo emitió el Decreto Ejecutivo No. 81, el cual en su resuelto 2 suspende todos los contratos de trabajo de todas las empresas que cierren por la crisis del “corona virus”, con lo cual los “empleadores no están obligados a pagar los salarios”. Con este decreto el gobierno dejó en el desamparo a centenas de miles de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional.
Hasta el momento, formalmente se han registrado en Ministerio de Trabajo (MITRADEL) la suspensión de contratos que afectan a cerca de 60 mil trabajadores y trabajadoras. Personas que tenían ingresos estables y que no contaban como pobres para las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), por lo cual, en principio no eran beneficiarios del Plan Panamá Solidario.
Plan Panamá Solidario que es apenas un paliativo mínimo que no alcanza para dar sustento adecuado a una familia, menos a las familias pobres que son más numerosas: una bolsa de comida cuyo valor calculan que no llega a los 20 balboas; y un bono de 80 balboas por familia.
El gobierno sabe, porque los cálculos los hace el Ministerio de Economía (MEF), que al momento de empezar la crisis el costo de una Canasta Básica de Alimentos en Panamá para una familia promedio de 4 personas era de poco más de B/. 300.00, sin contar con los costos de las otras necesidades básicas (Canasta Básica General), que incluye: vivienda, electricidad, agua, transporte, vestido, etc.
Ya se ha sostenido que un bono de B/. 300 no es imposible, lo están pagando en Costa Rica y otros países de la región, solo hay que decidirse a tomarlos de los B/. 3,000 millones programados para pagar el servicio de la deuda.
¿Cómo las autoridades piensan que puede estar satisfecha una familia que acaba de perder sus medios de vida, empleo o negocio, con un bono y una bolsa que apenas representan la tercera parte de lo que necesitan para subsistir? Encima la distribución del paquete “solidario” es ineficiente y/o politiquero, pues no está llegando a todas las comunidades. ¿Acaso no se explican por qué en las comunidades más pobres del país, desde David, pasando por Chorrera y Arraiján, hasta San Miguelito, la gente se tira a la calle a protestar incluso arriesgándose al contagio para exigir los bonos?
En lo que sí ha sido eficientemente rápido el gobierno es en la represión. Miles de policías en las calles que, en un mes, ya habían arrestado a más de 20 mil personas por no cumplir la cuarentena; represión efectiva incluso a balazo en las comunidades que han salido a exigir su bono; compra de miles de dólares en equipos de pistolas “taser” y cámaras que no solo miden la temperatura, sino que identifican a la persona y su lugar de residencia. En fin, se ha hecho gala del lema “proteger y servir” a la burguesía.
Todos los hombres del presidente
La actuación del presidente Cortizo y sus prioridades están definidas por su “equipo económico”, al cual presentó orgulloso en televisión en días recientes.  Pero no hubo sorpresas, porque todos son las caras conocidas que han dirigido la política económica durante los último 40 años.
Esos individuos son los responsables de la debacle social y económica que ha sufrido el pueblo panameño: deterioro del nivel de vida; reformas laborales; empleos precarios y mal pagados; privatizaciones; apertura de mercado, etc. Y son los responsables del deterioro de los sistemas públicos de salud y educación.
Ahí estaban todos, y todos hombres: desde sus ministros, empezando por Héctor Alexander, alumno destacado de Nicolás Ardito Barletta; el equipo de Indesa, empezando por Guillermo Chapman, responsable directo de la reforma al Código de Trabajo de 1994, en la que fueron asesinados 4 sindicalistas, de las privatizaciones del IRHE y el INTEL, y de la baja de aranceles que afectó a los productores nacionales. Estaban algunos de los “dueños de Panamá”, don Samuel Lewis Galindo y los directivos del Banco General: González Revilla y Alemán Zubieta, entre otros.
¿Qué esperanza puede haber de que algo cambie si son los mismos de siempre? Estos son los que junto al presidente están planeando el día “D”, es decir, el Asalto de Normandía a las finanzas públicas y a los derechos de la clase trabajadora, a ver si pueden exprimir aún más el limón para su beneficio.
Carlos González De La Lastra, no hace mucho condenado por apropiación de la cuota obrero patronal de los trabajadores del diario El Universal, y ex asesor del gobierno de Juan C. Varela, y al parecer aspirante a asesor de Cortizo, develó en un artículo (La Estrella de Panamá del 17/04/2020), lo que podría ser el día “D” de la burguesía panameña, más de lo mismo: apoyar el sector logístico (comercio y servicios) e inversión pública en carreteras.

Y se atrevió a sugerir reestructurar el estado, que entidades autónomas no lo financien, lo que implica despidos. Peor aún pidió liquidar la educación pública reduciéndola a algunas escuelas modelo. Por supuesto, cónsono con el modelo neoliberal se pretende un estado más pequeño y menos democrático con una Asamblea chica y manejable. González De La Lastra tiene al menos el mérito decir en voz alta lo que los otros piensan.

El diario cuyos dueños son los directivos del Banco General, apunta en el mismo sentido en un artículo reciente: “En los últimos diez años, la planilla estatal aumentó en más de 70 mil funcionarios, hasta alcanzar los 242 mil en diciembre de 2019, y el gasto anual se elevó en más de $2 mil 400 millones, hasta $4 mil 172 millones” (La Prensa 18/4/20).

¿Qué quiere La Prensa y De La Lastra, qué despidan funcionarios públicos? ¿Quién va a absorber esa fuerza de trabajo si queda cesante, la empresa privada? ¿Los salarios de los empleados públicos no ayudan a dinamizar la economía?

Lo que se viene es una política económica que seguirá beneficiando a los dueños de la banca, de los puertos y aeropuertos, de los comercios de la Zona Libre de Colón y los capos de la especulación inmobiliaria. En un marco en que, con la excusa de la crisis del COVID, han desaparecido los derechos y conquistas laborales, el despido de miles de empleados públicos y hasta una rebaja de sus salarios, todo para asegurar que el déficit no se dispare asegurando así el pago de la deuda pública y sus intereses a la banca.

Veámonos en el espejo de Ecuador, donde el nefasto gobierno de Lenin Moreno pagó en marzo 320 millones de dólares de la deuda externa, mientras los hospitales estaban sin insumos y morían en las calles de Guayaquil centenares de personas por COVID. Encima los tenedores de bonos de la deuda ecuatoriana le han dado al gobierno plazo hasta agosto para que abone otros 800 millones de dólares. ¿Y los recursos para salud? El capital por encima de la vida.

La avaricia de los capitalistas es tan grande que si pudieran se tragarían toda la riqueza nacional ellos solitos y no dejarían ni las sobras. La gula y la avaricia capitalista no les permite ver que se meten un tiro en el pie cuando pretenden achicar el estado, despedir funcionarios, cerrar escuelas, dejar que se enferme la fuerza de trabajo, etc. Al actuar de esta manera ponen en jaque el propio sistema capitalista, pues es un círculo vicioso el de la crisis sistémica: más explotación, más ganancias, lo que implica menos empleos y menos salarios, pero a su vez la consecuencia es menos consumo y por ello crisis sistémica.

Otro país y otro mundo son posibles a raíz de la crisis del COVID

Se demuestra una vez más que si queremos una sociedad donde la prioridad sea la vida de la gente, la salud pública, el bienestar y la justicia social, basados en la administración racional de los recursos naturales y económicos: NO pueden seguir gobernando los capitalistas y sus agentes. La avaricia y la gula del sistema capitalista les impide ver el mundo de una manera humana, que no tenga como centro la ganancia. Ya lo decía Marx desde el siglo XIX, y cada vez es más cierto, el capitalismo es la ley de la selva en economía.

Pero el presente y el futuro no tienen que ser esa pesada losa de explotación y miseria para las clases trabajadoras. Si nos disponemos, nos organizamos y luchamos, podemos voltear la tortilla. De la tragedia de la Primera Guerra Mundial nació el primer gobierno de obreros y campesino en Rusia y desaparecieron los imperios. De la desgracia de la Segunda Guerra Mundial nacieron los movimientos de liberación y las revoluciones en China, India, Argelia, Vietnam, etc.

Se requiere otro gobierno que no sea instrumento de los capitalistas, sino instrumento de las mayorías trabajadoras, de los sectores más pauperizados de la sociedad para que nos saque de esta crisis con un plan verdaderamente solidario y socialista.

Para hacer el cambio se requiere primero, la unidad de los sectores populares en la lucha contra la pandemia del coronavirus y del gobierno al servicio de los empresarios, exigiendo: renta básica universal para todos los afectados equivalente a una canasta básica familiar; exigir la ratificación de los proyectos de ley 287 y 295; seguridad alimentaria para todas las familias comprando toda la producción agropecuaria nacional; cese de la represión y el autoritarismo, por una gestión democrática de la crisis reactivando los comités de salud comunitaria como lo propuso recientemente el Prof. Gandásegui.

De esa lucha podrá nacer el proyecto político unitario que proponga al país otro gobierno posible.

Panamá, 24 de abril de 2020.