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Justificando lo injustificable


Los liberales belicistas buscan a tientas un pretexto que puedan calificar de “legal” para librar la guerra contra Siria y han sacado a colación la “Guerra de Kosovo” de 1999.

No es sorprendente dado que un propósito primordial de aquel bombardeo desenfrenado de 78 días de EE.UU./OTAN era sentar un precedente para más guerras semejantes. El pretexto de “salvar a los kosovares” de un “genocidio” imaginario fue tan falso como el pretexto de las “armas de destrucción masiva” para la guerra contra Irak, pero la falsedad fue mucho más exitosa entre el público en general. Por ello, Kosovo mantiene su utilidad en el arsenal propagandístico.

El 24 de agosto, el New York Times informó de que los asesores de seguridad del presidente Obama “estudian la guerra aérea de la OTAN en Kosovo como un posible modelo para actuar sin mandato de las Naciones Unidas”. (A propósito, la “guerra aérea” no fue en Kosovo, sino que afectó a todo lo que era entonces Yugoslavia, destruyendo sobre todo la infraestructura civil de Serbia y sembrando también la destrucción en Montenegro).

El viernes, Obama admitió que ir y atacar a otro país “sin un mandato de la ONU y sin una evidencia clara” planteaba problemas en términos del derecho internacional.

Según el New York Times, “Kosovo es un precedente obvio para Obama porque, como en Siria, mataban a los civiles y Rusia mantenía antiguos lazos con las autoridades gubernamentales acusadas de los abusos. En 1999, el presidente Bill Clinton utilizó el apoyo de la OTAN y la justificación de proteger a una población vulnerable para justificar 78 días de ataques aéreos”.

Es ir demasiado lejos decir que estamos preparando justificaciones legales para una acción, considerando que el presidente no ha tomado una decisión”, dijo un alto funcionario del gobierno, quien habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones. “Pero Kosovo, por supuesto, es un precedente de algo que tal vez sea similar”.
Ivo H. Daalder, exembajador de EE.UU. ante la OTAN, sugiere que el gobierno podría argumentar que el uso de armas químicas en Siria representa una grave emergencia humanitaria, tal como el gobierno de Clinton argumentó en 1999 que “una grave emergencia humanitaria” presentó a la “comunidad internacional la responsabilidad de actuar”.

Esto representa legalidad creativa digna del Estado Canalla número uno del planeta.

Una guerra ilegal como precedente para más guerras

La guerra de EE.UU./OTAN contra Yugoslavia, que utilizó fuerza unilateral para destrozar un Estado soberano, separando la histórica provincia serbia de Kosovo y transformándola en un satélite de EE.UU., fue una clara violación del derecho internacional.

En mayo de 2000, la distinguida autoridad británica sobre derecho internacional Sir Ian Brownlie (1936-2010), presentó un memorando de 16.000 palabras, evaluando el estatus legal de la guerra, para el Comité Selecto sobre Asuntos Exteriores del Parlamento británico.

Brownlie recordó que las provisiones cruciales de la Carta de las Naciones Unidas estipulan de modo bastante claro que “Todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra manera inconsistente con los propósitos de las Naciones Unidas”.

Brownlie agregó que el supuesto derecho a utilizar la fuerza con propósitos humanitarios no era compatible con la Carta de la ONU.

Durante la década pasada, las potencias occidentales han inventado y promovido un “derecho a proteger” (R2P) teórico en un esfuerzo para soslayar la Carta de la ONU con el fin de allanar el camino a guerras cuyo objetivo final es el cambio de régimen. El uso del R2P para derrocar a Gadafi en Libia delató la realidad, asegurando la oposición rusa y china a cualquier futura maniobra semejante en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Respecto a la Guerra de Kosovo, el profesor Brownlie llegó a las siguientes conclusiones principales en su memorando:

- La justificación primordial del bombardeo de Yugoslavia fue siempre la imposición de los planes de la OTAN para el futuro de Kosovo. La campaña de bombardeo se planificó en este contexto en agosto de 1998.

- Los planes de ataques aéreos masivos se hicieron en el mismo contexto y se divulgaron por primera vez en octubre de 1998. Ni el propósito de los ataques aéreos ni su implementación tuvieron que ver con los eventos en el terreno en Kosovo en marzo de 1999.

- La causa de los ataques aéreos fue bastante simple: ya que Yugoslavia no había cedido a las amenazas, había que cumplirlas.

- La base legal de la acción, tal como fue presentada por el Reino Unido y otros Estados de la OTAN, no se articuló adecuadamente en ningún momento.

La intervención humanitaria, justificación presentada tardíamente por los Estados de la OTAN no figura en la Carta de las Naciones Unidas ni en el derecho internacional consuetudinario.

- Si se hubiera pensado que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad reconocerían la necesidad de una acción humanitaria, no cabe duda de que se habría tratado de obtener una resolución.

- Las intenciones de EE.UU. y del Reino Unido incluían la destitución del Gobierno de Yugoslavia. Es imposible reconciliar ese propósito con una intervención humanitaria.

- Parece difícil reconciliar la afirmación de actuar por motivos humanitarios con la desproporcionada violencia involucrada en el uso de munición pesada y misiles. Las armas tenían amplios efectos explosivos y los misiles tenían un elemento incendiario. Gran parte de los objetivos estaba en ciudades y pueblos. Muchas de las víctimas fueron mujeres y niños. Después de siete semanas de bombardeo hubo por lo menos 1.200 civiles muertos y 4.500 heridos.
- A pesar de las referencias a la necesidad de encontrar una solución pacífica en las resoluciones del Consejo de Seguridad, las declaraciones públicas de Albright, Cook, Holbrooke y otros, y las reiteradas amenazas de ataques aéreos masivos, dejan muy claro que no se preveía ninguna diplomacia normal.

El “tratamiento Kosovo”

Como sinopsis final, Brownlie escribió una nota profética del futuro uso del “tratamiento Kosovo”:

El autor tiene contactos con una gran cantidad de diplomáticos y abogados de diferentes nacionalidades. La reacción a la campaña de bombardeo de la OTAN fuera de Europa y Norteamérica ha sido generalmente hostil. La mayoría de los Estados tienen problemas de separatismo y podrían, sobre una base selectiva, ser objetivos de la ‘gestión de crisis’ occidental. La selección de crisis para el ‘tratamiento Kosovo’ dependerá de la agenda geopolítica y colateral. Sobre esta base, y no una agenda humanitaria, Yugoslavia se ha seleccionado para la fragmentación sobre una base racial, lo que no es el caso respecto a Rusia e Indonesia”.

La intervención por la fuerza para servir objetivos humanitarios es una afirmación que solo está a disposición de Estados poderosos para utilizarla contra los menos poderosos. La suerte de Yugoslavia ha causado un daño considerable a la causa de la no proliferación de las armas de destrucción masiva”.

El Memorando Brownlie al Parlamento británico es la evaluación más exhaustiva del estatus legal de la Guerra de Kosovo. Es bastante notable que los liberales belicistas que rodean a Obama hablen de utilizar esa guerra como un “precedente legal” de una nueva guerra contra Siria.

Esto equivale a decir que un crimen cometido una vez se convierte en un “precedente” para justificar que se vuelta a cometer ese crimen.

¿Cuántas veces se puede engañar a la mayoría de la gente?

Si se entiende correctamente, la Guerra de Kosovo fue ciertamente un precedente que debe servir de señal de advertencia.
¿Cuántas veces puede utilizar EE.UU. una falsa alarma para comenzar una guerra agresiva? Un “genocidio” inexistente en Kosovo y Libia, armas de destrucción masiva inexistentes en Irak, y ahora lo que gran parte del mundo considera un ataque de armas químicas de “bandera falsa” en Siria.

EE.UU. anuncia habitualmente la presencia de un casus belli deseado, descartando las exigencias de una evidencia concreta.

En Kosovo, EE.UU. obtuvo la retirada de los observadores internacionales que podrían haber testificado si existía evidencia de “genocidio” de los kosovares. Las acusaciones aumentaron durante la guerra, y cuando posteriormente, no se encontró ninguna evidencia de semejantes asesinatos masivos, el asunto se olvidó.

En Irak nunca existió alguna prueba de armas de destrucción masiva, pero EE.UU. siguió adelante e invadió el país.

En Libia el pretexto de la guerra fue una declaración citada en forma incorrecta de que Gadafi habría amenazado con una “masacre de civiles” en Bengasi. Se denunció que era falsa pero, de otra vez la OTAN bombardeó, se derrocó el régimen y el pretexto cayó en el olvido.

El domingo, precisamente cuando el gobierno sirio anunció su disposición a permitir la investigación de los inspectores internacionales sobre el uso de armas químicas, la Casa Blanca respondió: “¡demasiado tarde!”

Un alto funcionario del gobierno de Obama que solicitó mantenerse anónimo (se puede especular razonablemente que dicho funcionario fue la belicista Consejera de Seguridad Nacional de Obama, Susan Rice), emitió una declaración afirmando que existía “muy poca duda” de que las fuerzas militares del presidente Bachar al Asad habían utilizado armas químicas contra los civiles y que una promesa de permitir el acceso al lugar de inspectores de las Naciones Unidas era “demasiado tardía para ser creíble”.

En el mundo, más allá de Washington, existen muchas dudas –especialmente sobre la credibilidad del gobierno de EE.UU.– cuando se trata de encontrar pretextos para ir a la guerra. Además, fijar las “armas químicas” como una “línea roja” que obliga a EE.UU. a ir a la guerra es totalmente arbitrario. Hay muchas maneras de matar gente en una guerra civil. Elegir una como detonador de la intervención de EE.UU. sirve primordialmente para dar a los rebeldes una excelente razón para realizar una operación de “bandera falsa” que haga participar a la OTAN en la guerra que están perdiendo.

¿Quién desea o necesita la intervención de EE.UU.? ¿El pueblo estadounidense? ¿Qué ventaja sacará de involucrarse en otra interminable guerra en Medio Oriente?

¿Pero quién tiene influencia sobre Obama? ¿El pueblo estadounidense? ¿O será más bien “nuestro mejor aliado”, el que está más preocupado de reajustar su vecindario en Medio Oriente?

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que “No se puede permitir que esta situación continúe”, expresando una extraordinaria preocupación por los civiles sirios “brutalmente atacados con armas de destrucción masiva”.

No hay que permitir que los regímenes más peligrosos del mundo posean las armas más peligrosas del mundo”, agregó Netanyahu.

A propósito, existen sondeos que muestran que para gran parte del mundo el régimen más peligroso del orbe es Israel, al que se permite que posea las armas más peligrosas, las armas nucleares. Pero no existe la menor posibilidad de que se aplique a Israel algún día “el tratamiento Kosovo”.


DIANA JOHNSTONE es autora de Fools Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions. Contacto: diana.josto@yahoo.fr


“El canal hará un daño irreversible al lago Cocibolca”

Víctor Campos Cubas

Víctor M. Campos Cubas, ingeniero y subdirector del Centro Humboldt, organización que promueve el desarrollo territorial y la gestión ambiental, compartió algunas reflexiones sobre los riesgos ecológicos que tendría la construcción de un Canal Interoceánico por Nicaragua, en una charla con Envío que transcribimos.

Como le sucedió a casi todos los sectores nacionales, las organizaciones ambientalistas fuimos sorprendidas por la precipitación con que se presentó, se aprobó y se firmó la concesión al empresario Wang Jing para la construcción de un Canal interoceánico por Nicaragua. El viernes 7 de junio el Presidente de la República envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para aprobar el acuerdo marco que establece las características de esa concesión.

Era un texto muy extenso, muy complejo. Sin embargo, ya el lunes 11 la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, con mayoría del partido de gobierno, dictaminó que se le diera paso a la iniciativa de ley. Del mismo modo, la Comisión parlamentaria de Infraestructura, también con mayoría del partido de gobierno, redactó un par de páginas de contenido retórico y en apenas un párrafo expresó que no tenía nada que añadir ni suprimir a la iniciativa de ley enviada por el Presidente. El apresuramiento con que actuaban el Ejecutivo y los diputados del FSLN nos indicaba que apostaban a que nadie pudiera reaccionar.

Las organizaciones ambientalistas del país agrupadas en la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático y en la Mesa Nacional parala Gestión de Riesgos reaccionamos. Tuvimos que leer en un par de días unas 800 páginas de los documentos legales que iban a ser aprobados.

Así consensuamos las primeras reacciones y pudimos poner sobre el tapete nuestras primeras preocupaciones en un comunicado que hicimos público el 12 de junio y en el que, entre otras cosas, advertíamos: “La eventual construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua significa la mayor amenaza a las condiciones ambientales del país en su historia y el mayor riesgo de desproteger a la población nicaragüense de satisfacer sus necesidades básicas de agua y alimentación segura. Dada su relevancia, la decisión de construir El Canal debe de ser meditada, consultada y consensuada con toda la población”.

No fue así. La ley fue aprobada el 12 de junio y la concesión fue entregada al empresario Wang Jing al día siguiente. Hemos decidido seguir reuniéndonos, en primer lugar para valorar si introducimos un recurso por inconstitucionalidad contra la concesión canalera, aun sabiendo que los tribunales nicaragüenses no son confiables. Pero creemos que debemos agotar todos los recursos que tengamos a mano. Porque éste no es un asunto cualquiera. Es trascendental para el presente y para el futuro de Nicaragua.

Mucho de lo que compartiré con ustedes son algunas de las ideas que consensuamos las 30 organizaciones agrupadas en la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático y la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos.

Sabemos que la construcción de una ruta interoceánica ha estado siempre presente en la historia de Nicaragua como un sueño… o como una pesadilla. Ha estado permanentemente en el imaginario de la población nicaragüense desde la llegada de los españoles. Fue en 1836 cuando el Poder Legislativo de entonces autorizó oficialmente por primera vez una concesión para abrir esa ruta interoceánica.

Y desde entonces ha habido no sé cuántas concesiones más, hasta la más reciente: la concesión al consorcio CINN (Canal Interoceánico de Nicaragua) y a SIT-Global, dos empresas, una de capital norteamericano y otra en la que había algún capital nacional aliado con empresas de otros países.

Ninguna de estas concesiones se concretó y todas tuvieron un denominador común: todas establecían un plazo para la construcción del Canal y al culminar ese plazo la concesión quedaba invalidada y el Estado de Nicaragua no tenía ninguna obligación.

La que el 14 de junio firmó el Presidente Ortega con Wang Jing, un empresario radicado en Hong Kong, es totalmente diferente: la concesión no establece ninguna responsabilidad para un determinado período de tiempo en el que debe comenzarse a construir el Canal. Tampoco establece responsabilidades importantes para el concesionario Wang Jing, a quien prácticamente sólo se le otorgan derechos. En el Acuerdo Marco firmado ese día la empresa queda fuera de toda normativa nacional, libre de toda responsabilidad administrativa, civil o penal, aun cuando incumpla con sus obligaciones.

Antes de esta concesión, en julio de 2012, la Asamblea Nacional había aprobado la Ley 800, que creó la Autoridad Nacional para la construcción del Canal. Al frente el Presidente Ortega nombró a Manuel Coronel Kautz. La Asamblea Nacional autorizó a la Autoridad a buscar los inversionistas que concretaran el proyecto.

En octubre de 2012, y sin informar a la opinión pública, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre Coronel Kautz y el empresario Wang Jing. Es sólo una hoja en la que ambos establecen la voluntad de buscar los recursos para hacer el Canal. Posteriormente, se firmó un Acuerdo de Cooperación entre Coronel Kautz y Wang Jing, texto que firmó como testigo de honor el Presidente de la República.

Se trata de un documento que hasta ahora está solamente en idioma inglés, que amplía lo que decía el memorándum de entendimiento y que detalla los compromisos vinculantes entre el gobierno de Nicaragua y el empresario Wang Jing. Después, el Presidente Ortega envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de ley. Fue entonces cuando supimos del proyecto, lo que causó la sorpresa de todos.

La iniciativa de ley presidencial iba acompañada del Acuerdo Marco de Concesión y de Implementación, que es lo que se firmó el 14 de junio. La iniciativa presidencial aprobada por la Asamblea Nacional ratifica todo el Acuerdo Marco, que es el texto en donde se detallan las condicionalidades que Nicaragua asumió ante Wang Jing.

Lo usual en cualquier concesión que se entrega para la realización de cualquier proyecto es hacer primeramente los estudios que demuestran su factibilidad, definen la modalidad de su diseño y la variante técnica que se utilizará y someten todo a un estudio de impacto ambiental. A diferencia de este habitual modo de proceder, en Nicaragua se le ha entregado la concesión a un único empresario sin tener los estudios previos y, por tanto, sin saber lo que se está autorizando. El propio Presidente Ortega ha dicho que no hay estudios. Lo que no dice es por qué, si no los hay, ha entregado esa concesión.

Los estudios más recientes que tiene el país para una eventual construcción del Canal interoceánico son los que se hicieron en el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños. Fueron más bien una recopilación de estudios anteriores. Pero para un proyecto de las dimensiones actuales no existen estudios de pre-factibilidad. Después de la firma de la concesión, hemos tenido a la vista y sólo durante unos minutos, algunos estudios y mapas, sin poder apreciar, por la premura, el nivel de detalle que tienen.

Los pudimos ver en la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras (EDGI), una empresa nicaragüense establecida en Managua bajo las leyes nicaragüenses y bajo el alero del bufete de abogados Taboada y Asociados, creada especialmente para ser la representante nacional de la empresa HKND (Hong Kong Nicaragua Development), también creada especialmente por Wang Jing para hacerse cargo de este proyecto, cuyo costo han calculado el Presidente Ortega y Wang Jing en 40 mil millones de dólares. La empresa HKND está radicada en Hong Kong y creó para este proyecto una empresa subsidiaria radicada en las islas de Gran Caimán. Si hay capital nacional invertido en el Canal deberá estar entre los propietarios de la EDGI.

Aunque en Nicaragua la Ley del Ambiente establece que toda la información que tiene que ver con nuestro medioambiente debe ser de carácter público, el Acuerdo Marco que otorga la concesión a Wang Jing establece que toda la información generada para la construcción del Canal será información confidencial.

Hay una cláusula de confidencialidad bastante estricta en la concesión. Imagínense, pues, que si en estos momentos ya tenemos problemas para acceder a otras informaciones sobre el medioambiente nacional, que no son tan relevantes, buscar información sobre la construcción del Canal será una misión casi imposible… La concepción del proyecto concesionado es modular.

En el centro está el megaproyecto del Canal interoceánico y alrededor del Canal hay otros subproyectos y cada uno en sí mismo es un megaproyecto. En la concesión para la construcción del Canal se han incluido la construcción de un aeropuerto, de dos puertos de aguas profundas -uno en el Caribe y otro en el Pacífico-, de un oleoducto que atraviese el país, de un canal seco que funcione como vía férrea para traslado de mercancías uniendo las dos costas del país, además de la construcción de dos áreas de zonas francas de libre comercio en ambas costas.

Ante la magnitud de estas obras y al carecer de estudios previos, lo que se le ha entregado al empresario Wang Jing es prácticamente toda la geografía nacional para que las empresas que inviertan decidan qué van a hacer, dónde lo van a hacer y cómo lo van a hacer, garantizándoles el Acuerdo Marco todos los permisos que necesiten, sean cuales sean sus decisiones.

La ley dice expresamente que todas las entidades del Estado deben garantizarles todos los “consentimientos”. Utilizan este genérico para hablar de cualquier licencia, permiso o autorización que demanden. Y la ley dice también que cualquier retraso en la entrega de esos consentimientos que pudiera demorar la ejecución de las obras será considerada una “fuerza mayor de orden político”, cuya responsabilidad recaerá sobre el Estado de Nicaragua.

Ante una legislación de estos alcances, ¿hasta dónde será cierto que si los estudios demuestran que las obras causarán daños ambientales graves no se harán esas obras? Lo aprobado nos indica que los permisos deben ser entregados en cualquier caso y que la empresa puede demandar al Estado de Nicaragua si no da los consentimientos correspondientes.

La Ley 800 de hace un año establecía que para la construcción del Canal se iba a constituir una empresa “grannacional”: una empresa nacional con otras empresas no nacionales, en la que Nicaragua mantendría el 51% de las acciones. Con esta mayoría accionaria el Estado de Nicaragua tenía la capacidad de decidir en la toma de todas las decisiones.

El cambio es radical en la Ley 840, la que ahora se ha aprobado: ya no será una empresa nacional la que desarrollará el Canal y los otros proyectos. Serán empresas privadas las que lo hagan. Y el Estado no tendrá el 51% de las acciones sino que recibirá el 1% cada año hasta que al cabo de cien años tenga el 100% de las acciones.


Ante esta legislación y sin tener aún los estudios, centrémonos en algunas de las repercusiones más evidentes que la construcción del Canal interoceánico tendría sobre nuestro medioambiente. En primer lugar, debemos imaginar a nuestro país cortado en dos de este a oeste, desde las costas del Atlántico hasta las del Pacífico, en una franja territorial cuyas dimensiones aún no se precisan, pero que será un área amplia y aislada de cualquier obstáculo que dificulte la circulación de naves por el Canal. Ese corte en nuestra geografía se convertirá en una barrera muy importante para la libre circulación de especies en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Descartada ya la posibilidad de que la ruta del Canal pase por el río San Juan, las cuatro rutas que hoy se están contemplando pasan todas por el Gran Lago de Nicaragua, el Lago Cocibolca. Así lo han ratificado las autoridades nicaragüenses y el empresario Wang Jing, que serán los que decidirán cuál de esas cuatro será la ruta elegida. Ante las implicaciones sociales, políticas y ambientales del conjunto de megaproyectos concesionados, los ambientalistas hemos decidido centrar nuestro principal foco de atención en el Gran Lago de Nicaragua, tratando de advertir sobre los peligros que acechan a uno de nuestros más valiosos recursos naturales.

Hasta ahora, las cuatro opciones que se barajan para la construcción del Canal están en la zona sur de las cuencas hidrográficas de nuestro país. La ruta más al norte inicia en el río Escondido, un río que no viene de Bosawas. Hasta ahora no hay una conexión hídrica directa entre las rutas propuestas y la Reserva de Biosfera Bosawas, otro de nuestros más valiosos recursos naturales.

Describamos algunas características del Gran Lago para imaginar lo que sucedería si se construye el Canal. Este cuerpo de agua dulce tiene 8 mil 400 kilómetros cuadrados de superficie. Y en el 60% de esta inmensa superficie el agua tiene cinco o menos metros de profundidad. La parte más profunda del lago está localizada hacia el sur, cerca de la isla de Ometepe, donde alcanza 12 metros y medio de profundidad.

Son datos del mapa batimétrico del fondo del lago, hecho en 1972, el último con el que contamos. No ha habido a lo largo de estos años líneas de base para comparar el comportamiento de las principales variables físico-químicas de la cuenca del Gran Lago. Tenemos más información detallada sobre el río San Juan, hecha por el CIRA (Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos), un centro de excelencia a nivel regional en estos temas, uno de los dos que hay en Centroamérica.

Asumiendo, pues, las medidas que conocemos de la profundidad del lago, y sabiendo que a lo largo de estos cuarenta años ha sido enorme el depósito de sedimentos en su fondo, es lógico pensar que ha disminuido su volumen de agua útil. Por su limitada profundidad, el Gran Lago es un lago somero y todos los que hemos navegado en sus aguas hemos experimentado que hay en él mucho movimiento, un movimiento continuo de los estratos más bajos hacia los más altos. Ese continuo intercambio y ese movimiento son los que lo hacen un lago muy vivo, muy fértil en cuanto a productividad biológica.

El Canal interoceánico se piensa construir en el entendido de que pasen por él los barcos post Panamax, los construidos después de los que han ido atravesando durante años el Canal de Panamá. Esas naves son cada vez más grandes: tienen 400 metros de largo y 50 metros de ancho y por sus dimensiones pueden trasladar entre 12 mil y 14 mil contenedores de mercancías. Son barcos con un calado que va más allá de los 56 metros y que en aguas tropicales y dulces tienen aún mayor nivel de calado, porque el calado de una nave varía según la densidad y la temperatura del agua que surca.

Para que estos gigantescos barcos puedan circular por un eventual Canal por Nicaragua necesitan que el Lago les asegure hasta casi 28 metros de calado. Eso significa que no habrá otra posibilidad que “canalizar” el Lago, que se necesitará excavar en el fondo del Lago un cauce de más de 20 metros de profundidad, pues sólo ese cauce hará posible la circulación de estos gigantescos barcos. Para que haya Canal, pues, habrá que hacer un canal dentro del Lago, y en dependencia de la ruta que se elija, ese canal tendría unos 80-90 kilómetros de largo dentro de las aguas del Cocibolca.

Conociendo la cantidad de sedimentos que nuestro Lago encierra en su fondo y calculándole a ese Canal 28 metros de profundidad y unos 20 metros de ancho, habría que multiplicar los 80 kilómetros de largo que tendrá la canalización dentro del Lago por los 500 metros de ancho y por los 20 metros de profundidad del Canal excavado en el fondo del Lago y concluiremos que al abrir ese cauce dentro del Lago habrá que remover y extraer de su fondo unos 832 millones de metros cúbicos de sedimentos.

Hay algunos estudios sobre los sedimentos hechos en algún punto del Lago y en algún momento, pero no tenemos una caracterización completa de su composición, sólo alguna información sobre sus características físicas y químicas. Por lo que conocemos, sabemos que se trata de arena y de limo muy finos en la superficie, lo que significa que al removerlos se dispersarán masivamente en el espejo de agua, desmejorando obviamente la calidad del agua.

¿Y dónde se van a poner esos sedimentos? ¿Y cómo se van a transportar? Para darnos una idea de la magnitud del volumen de sedimentos que se generarían, podemos dividir los 832 millones de metros cúbicos de sedimentos removidos entre los 15 metros cúbicos promedio que usualmente carga un camión de los que tenemos en el país, y veremos que serán necesarios 55 millones 500 mil viajes para transportarlos. Tal vez exista otra solución ingenieril “que no conocemos y apenas sospechamos”…

Es sólo uno de los retos concretos de este megaproyecto. Hay más. Antes incluso del 14 de junio, cuando el Presidente Ortega firmó la concesión, ya el empresario Wang Jing había tranquilizado al gobierno de Costa Rica, preocupado porque se eligiera el cauce del río San Juan para hacer el Canal. No fue una autoridad nacional, fue este empresario, ya en su papel de dueño de la concesión, quien habló con el gobierno costarricense.

Sin embargo, para hacer viable el paso de tan grandes buques por el Canal será necesario represar el río San Juan. Porque para que esos barcos se muevan por las esclusas se necesita que el Gran Lago alcance la cota de 33 metros de altura. Sólo así se garantizarán caudales capaces de subir y bajar los barcos por las esclusas. El Lago Cocibolca tiene una cota promedio de 31.10 metros. Este 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, alcanzó un nivel de 30.71 metros, el más bajo del año.

Para lograr un caudal de 800 metros cúbicos por segundo, el necesario para transportar esos enormes barcos, el nivel del lago debe tener una cota mínima de 33 metros. Y para lograr ese mínimo de 33 metros tendría que pensarse en represar el río San Juan, lo que potencialmente podría inundar zonas del territorio costarricense.

Como todos los lagos del mundo, el Cocibolca se alimenta de la cuenca hidrográfica que lo rodea. Vive del agua que le llega de los ríos de esa cuenca, de aguas subterráneas de la cuenca y de las lluvias. La cuenca 69, que es la que alimenta nuestros dos grandes lagos -el Cocibolca y el Xolotlán- y también el río San Juan, es la más extensa de Nicaragua, tiene aproximadamente 40 mil kilómetros cuadrados de superficie y en ella vive la mayoría de la población nicaragüense.

Como hay opiniones que insisten en que hay una demanda del comercio mundial para una vía interoceánica por Nicaragua que se sume a la oferta que desde hace cien años ha resuelto el Canal de Panamá, pero que ya es insuficiente, pues aun con su ampliación sólo pasaría por allí un quinto de la carga del comercio mundial, han surgido en defensa de este megaproyecto muchas comparaciones medioambientales entre el Canal de Panamá y el eventual Canal por Nicaragua.

Analicemos alguna de esas comparaciones. Por ejemplo, cómo es la cuenca que alimenta el Canal de Panamá. Cuando los estadounidenses decidieron construir ese canal a comienzos del siglo 20 estaban plenamente conscientes de que la vida del Canal dependía de la disponibilidad de agua que garantizaría esa cuenca.

Por eso cercaron la cuenca, la aislaron, conservaron su cobertura boscosa original, conservaron una gran parte como área protegida y sólo permitieron actividades agrícolas en una pequeña zona. En más del 80% de la cuenca que genera el agua que alimenta el río Chagres y el lago Gatún -que forman el agua que atraviesan los barcos que pasan por el Canal de Panamá- no hay actividades humanas. Eso ha sido así durante cien años hasta el día de hoy.

La cuenca del Canal de Panamá es mucho más pequeña que la del Cocibolca. Sólo tiene 3,300 kilómetros cuadrados y eso la hace más manejable. La cuenca que rodea el Cocibolca es diez veces más extensa y, por tanto, garantizar los caudales de agua para que funcione el Canal supondría un nivel de inversión muy grande para reforestación y también un consenso nacional de toda la población que habita en la cuenca para manejarla y mantenerla siempre en las mejores condiciones para el uso del Canal. Si el Canal se llegara a construir, ojalá fuera un incentivo para tratar de manejar nuestro medioambiente de una manera más adecuada.

El lago Gatún, que en su tiempo fue uno de los lagos “artificiales” más grandes del mundo, tiene 425 kilómetros cuadrados. Y nuestro Lago Cocibolca tiene 8 mil 400 kilómetros cuadrados y no tiene la calma del Gatún, sino olas permanentes que podrían afectar a los super-tanqueros que lo atravesarían. Y no podemos descartar que el movimiento continuo del Cocibolca pueda provocar derrames del combustible que los barcos transportan o utilizan. Es un accidente con altas probabilidades, pues en el Lago hay oleajes fuertes y corrientes. Son una grave amenaza a considerar. Además, el recorrido de los barcos por el Cocibolca duraría tres veces más que el recorrido que hacen por el Canal de Panamá.

También hay que tener en cuenta que la demanda de agua que tiene el Canal de Panamá en las condiciones actuales es muchísimo menor que la demanda que tendría el Canal por Nicaragua. Existe una relación entre los niveles del Lago Cocibolca y la cantidad de sus aguas que el lago saca al mar Caribe por el “desaguadero” que es el río San Juan. Con una altura de 32 metros, del lago salen al río 500 metros cúbicos de agua por segundo. Y, si para que el Canal funcione hay que mantener la altura del Lago a 33 metros, la salida de agua del lago al río será mucho más abundante.

Si actualmente en el Canal de Panamá salen al mar 220 mil metros cúbicos de agua en la tarea de subir y bajar cada barco para que atraviese el Canal, en el Canal que se pretende hacer en Nicaragua, con barcos mucho mayores, puede necesitarse casi el doble de metros cúbicos para mover cada barco, casi medio millón de metros cúbicos de agua.

En el sistema de esclusas, cuya eficiencia depende de los caudales de agua disponibles, el agua dulce se va siempre al mar. Con el Canal estaríamos llevando cantidades enormes de agua dulce del Lago al mar. En la actualidad todo el mundo busca cómo conservar el agua dulce y nosotros estaríamos botándola. Casi medio millón de metros cúbicos
de agua dulce se irían con cada barco al mar. Ése es otro de los contrasentidos de este proyecto: desperdiciar agua dulce potabilizable.

Teniendo todos estos datos de fondo debemos analizar un desafío, el dilema fundamental que le plantea a nuestro país este proyecto: ¿Para qué queremos usar el agua del Lago Cocibolca? Sabemos que todas las actividades que hagamos con el agua del Lago -agricultura, pesca, turismo, cualquier otro destino- deben ser relativamente compatibles y mantener entre ellas cierta racionalidad. Sólo así garantizaremos una gestión integrada de la cuenca del Lago para que produzca agua y para que mantenga niveles ecológicos adecuados que garanticen todas esas tareas. Pues bien, con este megaproyecto estamos condenando el futuro del Gran Lago y de su cuenca a una sola y única actividad: la navegación comercial.

En el año 2009, durante la séptima Cumbre del ALBA, el Presidente de la República anunció que Nicaragua dedicaría las aguas del Lago Cocibolca para producir alimentos para la población nicaragüense y para las poblaciones de los países del ALBA y anunció un plan ambicioso: con esas aguas dijo que se irrigarían 65 mil hectáreas por año hasta llegar en diez años a 650 mil hectáreas. Lo afirmaba basado en una condición favorable que tenemos en Nicaragua: la mayor parte de los suelos irrigables de nuestro país están por debajo de los 100 metros del nivel del mar, y como el Lago está a 32 metros, el proyecto consistiría en subir las aguas del Lago por canales y por derivaciones haciendo de una manera bastante natural el riego de las tierras. Ese proyecto -para el que nunca se dio el primer paso- resulta excluyente con el proyecto del Canal. O producimos alimentos o miramos pasar barcos, no hay una solución intermedia.

Y no digamos si pensamos en el agua del Lago para el consumo humano. La Ley 620, Ley General de Aguas, establece que el Lago Cocibolca “deberá considerarse como reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional”. Sin embargo, las posibilidades de potabilizar el agua del Lago son inversamente proporcionales a la construcción del Canal. ¿Se imaginan cómo la cantidad de sedimentos que provocaría la excavación de un canal en el fondo del Lago contaminaría sus aguas y dificultaría su potabilización?

La población de Juigalpa ha visto recientemente cambiar su calidad de vida porque ya están bebiendo agua del lago y disponen de ella todas las horas del día. Y por eso ya se creó en Juigalpa un comité en defensa del Lago. También en San Juan del Sur ya están dependiendo del agua del Lago.

Hay quienes dicen que aunque haya Canal se podrá seguir tomando agua del lago. En Panamá, ¿la población toma agua del lago Gatún? No, los panameños la toman de los afluentes antes que lleguen al lago. No la toman del lago por donde pasan los barcos. Colón y Panamá se abastecen de la cuenca del lago Gatún, pero no del espejo de agua del mismo Gatún. Esa agua está destinada sólo para la navegación de los barcos. En Panamá la navegación comercial tiene uso preferencial.

El agua del Cocibolca es un recurso vital para todas las poblaciones que viven en las orillas del Lago. Se trata de la seguridad hídrica de la mayoría de la población nicaragüense que habita en esa cuenca, una cuenca que garantiza una porción muy importante de la generación hídrica de nuestro país.

Por todo esto, que es vital, el uso que le demos a esa cuenca y al Lago debería ser una decisión de carácter nacional y no una decisión unilateral del gobierno. Es un asunto que tiene que ver con esta generación y con las generaciones futuras. A nosotros nos parece que la prioridad de Nicaragua debe ser asegurar la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica de nuestra población. Y eso es lo que está en riesgo con el Canal.

Si no fueran 650 mil las hectáreas irrigadas sino sólo 300 mil, ya estaría bien para asegurar la producción de una cantidad de alimentos que garanticen nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria. La prioridad debe ser asegurar alimentos, asegurar agua para beber, para la producción de energía y para el aprovechamiento turístico.

Y entre las alternativas de uso de las aguas del Lago está también vender esa agua dulce potabilizable. No hace mucho vino a Nicaragua una empresa alemana a estudiar un proyecto de tuberías que transportarían agua del Lago Cocibolca a El Salvador, un país en donde el estrés hídrico es de tal magnitud que ya no dan abasto con sus propios recursos para garantizar que la población salvadoreña disponga de agua. Es un proyecto factible. Nicaragua es signataria del Principio número 15 de la Declaración de Río, que habla del “principio precautorio” en temas ambientales y que establece que “con el fin de proteger el medioambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

El Estado de Nicaragua ha otorgado esta concesión en un proceso precipitado y sin tener en cuenta la fragilidad del ecosistema del Lago Cocibolca. Tenemos la convicción de que el Canal hará un daño grave e irreversible al Lago.

También podría esta concesión causar otros graves e irreversibles daños a otros ecosistemas. La concesión establece que la empresa inversora tiene derecho sobre todos nuestros recursos de agua. Se ha entregado un paquete completo y sin ninguna restricción. El Acuerdo Marco habla textualmente de “extender, expandir, dragar o reducir cuerpos de agua”.

Autoriza a trasvasar agua de una cuenca a otra y da derechos “sobre los recursos de agua sujetos a protección y conservación”. Se han entregado todas nuestras aguas, las superficiales y las subterráneas. Prácticamente, toda la regulación y el control de las condiciones ambientales han sido transferidas a la empresa, que será quien decida cómo se usarán los recursos naturales de nuestra nación.

El día en que el Presidente Ortega firmó con el empresario el Acuerdo Marco, Wang Jing presentó como muestra de seriedad del proyecto a una serie de empresas internacionales que se encargarán de los estudios previos y de la atracción de las inversiones. Ciertamente, son empresas de prestigio internacional. La empresa británica ERM (Environmental Resources Management) hará los estudios ambientales. En Nicaragua la conocemos por haber apoyado a organizaciones con pequeñas inversiones en purificación de agua y con acciones de mitigación al cambio climático.

Sobre las credenciales de ERM, consultamos con organizaciones amigas y nos dieron una información que nos ha dejado perplejos. Y es que ERM hizo el estudio ambiental para el proyecto del oleoducto Keystone XL de arenas bituminosas, un proyecto polémico y cuestionado ambientalmente, que llevará petróleo de esquisto
-extremadamente contaminante- desde Canadá al sur de Estados Unidos.
Nos informaron que se han conocido informaciones de prensa que hablan de conflicto de intereses entre la empresa propietaria del proyecto del oleoducto y ERM. En el estudio ambiental, ERM desestimó la huella de carbono que produce este dañino combustible, argumentando que es “inevitable”. Es un dato que nos indica que por prestigiosas que sean las empresas consultoras, y aunque en algunos casos hayan hecho estudios fiables, no están exentas de falta de responsabilidad y no son garantía de que manejen el caso de Nicaragua de la mejor manera.

Otra de las empresas contratadas por Wang Jing, en este caso la seleccionada para hacer lobby entre inversionistas, es la estadounidense McLarty&Associates, que cuenta entre sus principales funcionarios a John Negroponte.

¿Se hará el Canal? Con respecto a los plazos se está siendo excesivamente optimista. Voceros oficiales del gobierno han dicho que en dos años estarán listoslos estudios. También hay un exceso de optimismo económico: se ha anunciado un crecimiento del producto interno bruto del 10.8% en el año 2014 y del 15% en 2015 sólo por el hecho de haber firmado la concesión, cifras que son difíciles de alcanzar y de creer.

Para un megaproyecto de esta naturaleza, la ley establece que el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA) debe tomarse al menos un año para resolver si da el aval. Ante el optimismo sobre estudios que sólo tardarán dos años, y con los actuales vacíos de falta de información que tenemos, podemos sospechar que las decisiones se tomarán sin una base fiable de estudios indispensables, autorizando permisos sin el respaldo técnico necesario, decisiones que pueden poner en riesgo las condiciones ambientales del país. En cualquier caso, si todo va muy rápido, se podría esperar algún nivel de ejecución en el terreno hasta dentro de al menos tres años. Pero todo está aún por verse…

Los empresarios del COSEP protestaron por la concesión enfatizando su preocupación porque a los dueños de las tierras que serán expropiadas para los megaproyectos se les pagarán esas tierras a precio de catastro y no de mercado. Nosotros estamos más preocupados por el consentimiento previo, libre e informado que tienen que otorgar las comunidades indígenas y los pueblos originarios para que sus tierras sean ocupadas para este proyecto. En comunicación con un vocero oficial de la bancada mayoritaria en el Parlamento, ante el argumento de que había que tener en cuenta que, por ley, las tierras indígenas son inembargables, imprescriptibles e inenajenables, respondió que no se las enajenarían porque “es sólo una concesión”... Pero esa concesión es nada menos que por 100 años…

¿Podremos detener esto? Si una de las principales preocupaciones ante este megaproyecto y su concesión son los riesgos ambientales, y si en estos tiempos los mercados han adquirido sensibilidad al tema ambiental, nos parece que levantar la bandera de la causa ambiental es lo que pudiera desincentivar las motivaciones inversionistas que pudiera haber. Por otro lado, nos parece que este megaproyecto de Nicaragua no goza del consenso de Mesoamérica. Todas las reacciones que hemos visto en el primer momento -el proyecto de un canal seco por Guatemala y de otro canal seco por Honduras, todos con inversión china- expresan, sobre todo, competencia y ninguna cooperación o consenso.

¿Se hará realmente el Canal? Hay varios indicios de que ésta es una inversión difícil de conseguir en un país con la frágil institucionalidad nicaragüense y con las dimensiones limitadas de nuestra economía. ¿Cuál ha sido la transacción monetaria más grande que se ha dado en Nicaragua? ¿300 millones de dólares? ¿Habrá habido alguna de 500 millones? ¿Nuestra economía tiene capacidad de absorber una inversión de 40 mil millones de dólares? Ésta es una obra que desborda el conjunto de todas las capacidades nacionales. ¿Tendrá el MARENA la posibilidad de elaborar unos términos de referencia que sean realmente apropiados, aun llamando a los mejores especialistas nacionales?

Ya el Ministerio está trabajando en eso y ya anunciaron tres capítulos, pero conociendo nuestras capacidades nacionales creo que son insuficientes. Y las organizaciones ambientalistas tampoco tenemos ni la capacidad técnica ni los recursos para hacer estudios apropiados, que requieren mucho más que voluntad.

Sin duda, hay algunas capacidades en el país que tendrán que ser tomadas en cuenta, como por ejemplo todo lo que el CIRA ha trabajado en los registros históricos, las investigaciones que ha hecho sobre el Lago -que aunque no son todo lo sistemáticas que desearíamos- sí representan una importante información acumulada. Hay ciertamente algunas cosas que el país puede ofrecer, pero más allá de eso, creo que no podremos enfrentar con recursos nacionales el semejante desafío que se nos está echando encima.

No hay en Nicaragua ni la experiencia ni la capacidad técnica para el diseño ni para la construcción de un proyecto de esa magnitud. Aunque la industria de la construcción nicaragüense ha tenido recientemente un cierto despegue, para una obra como ésta, ni el tamaño ni la capacidad de nuestras empresas constructoras son adecuadas, son muy pequeñas. Para responder a algo de este tamaño Nicaragua debió haber vivido antes un largo proceso de formación de profesionales si lo que queremos es que nuestra población no sólo participe con palas, picos y barras en la construcción de un proyecto de este tipo. Como mano de obra, nuestra población llega a este momento sin preparación para una participación adecuada.

Por varias razones veo difícil que el megaproyecto del Canal propiamente dicho se llegue a realizar. Algunos piensan que hoy por hoy lo que tiene más valor en términos monetarios es la concesión misma. Tener un país entero en la mano para hacer lo que quieras en él en cuanto infraestructura tiene un precio alto. El empresario Wang Jing y los que lo acompañan ya han expresado que la idea es negociar con distintos inversionistas los distintos subproyectos, que también son megaproyectos.

Y esto significa que los pueden negociar con empresarios de cualquier parte del mundo, sean estadounidenses o colombianos o de cualquier origen. Es probable que el empresario Wang Jing venda primero, por ejemplo, la concesión para construir el puerto de aguas profundas en el Atlántico. Y con los derechos que se le han concedido pudiera venderla a cualquier clase de inversionistas. Tal como ha sido firmada la concesión,a través de la empresa china HKND pueden llegar a Nicaragua recursos de cualquier país y de cualquier origen.

Hemos estado tratando de mover opiniones de organizaciones ambientales amigas de distintos lugares del mundo. Esperamos poder recurrir a las instancias correspondientes. Pero estamos claros que no va a ser posible cambiar la correlación de fuerzas en la que surge esta iniciativa si no es con una participación activa de toda la población. Nosotros pondremos nuestras capacidades y nuestro compromiso en esta causa. Tenemos que hacerlo multiplicando el mensaje de advertencia para que la población tome conciencia, asuma un papel más beligerante y entienda que, en su forma actual, este proyecto significa una amenaza a su vida, a su seguridad alimentaria y a su seguridad hídrica. Tenemos que llevar el mensaje de que la única ruta viable es la que no atraviese el Lago Cocibolca.

Este megaproyecto no puede ni debe analizarse en términos de costo-beneficio cuando lo que estamos valorando es algo que tiene que ver con lo más básico para la vida: el agua.

¿Cómo medir el costo de la inseguridad en que quedaría nuestra población sin tener acceso a agua con los beneficios económicos que pudiera dejar el Canal? Creo que esto va más allá de una medida simplemente econométrica. Esto tiene que ver con la vida.


Disculpe, presidente Evo Morales

Boaventura de Sousa Santos
www.atrio.org/140713

Esperé una semana a que el gobierno de mi país pidiese formalmente disculpas por el acto de piratería aérea y de terrorismo de estado que cometió, junto a España, Francia e Italia al no autorizar la escala técnica de su avión cuando regresaba a Bolivia después de una reunión en Moscú, ofendiendo la dignidad y la soberanía de su país y poniendo en riesgo su propia vida.

No esperaba que lo hiciese, pues conozco y sufro el colapso diario de la legalidad nacional e internacional en curso en mi país y en los países vecinos, la mediocridad moral y política de las élites que nos gobiernan, y el refugio precario de la dignidad y de la esperanza en las conciencias, en las calles, en las plazas, mucho tiempo después de haber sido expulsadas de las instituciones.

No pidió disculpas. Las pido yo, un ciudadano común, avergonzado por pertenecer a un país y a un continente que es capaz de cometer esta afrenta y de hacerlo impunemente, ya que ninguna instancia internacional se atreve a enfrentarse a los autores y mandantes de este crimen internacional. Mi petición de disculpas no tiene ningún valor diplomático, pero tal vez tiene un valor superior, en la medida en que, lejos de ser un acto individual, es la expresión de un sentimiento colectivo, mucho más importante del que puede imaginar, por parte de los ciudadanos indignados que todos los días suman más razones para no sentirse representados por sus representantes. El crimen cometido contra usted fue una más de esas razones.

Nos alegramos de su regreso seguro a casa y vibramos con la calurosa acogida que le dio su pueblo al aterrizar en El Alto. Sepa, Señor Presidente, que, a muchos kilómetros de distancia, muchos de nosotros estábamos allí, embebidos en el aire mágico de los Andes.

El señor Presidente sabe mejor que cualquiera de nosotros que se trató de un acto más de arrogancia colonial en el curso de una larga y dolorosa historia de opresión, violencia y supremacía racial. Para Europa, un presidente indio es más indio que presidente y, por eso, es de esperar que transporte droga o terroristas en su avión presidencial. Una sospecha de un blanco contra un indio es mil veces más creíble que la sospecha de un indio contra un blanco.

Conviene recordar que los europeos, en la figura del papa Pablo III, sólo reconocieron que la gente de su pueblo tenía alma humana en 1537 (bula Sublimis Deus), y consiguieron ser tan ignominiosos en los términos en que rechazaron ese reconocimiento durante décadas como en los términos en los que finalmente lo aceptaron.

Se necesitaron 469 años para que fuera elegido, en su persona, un presidente indígena en un país de mayoría indígena. Pero también sé que está atento a las diferencias en las continuidades. La humillación de la que fue víctima, ¿fue una acto de arrogancia colonial o de sumisión colonial?

Recordemos otro “incidente” reciente entre gobernantes europeos y latinoamericanos. El 10 de noviembre de 2007, durante la XVII Cumbre Iberoamericana en Chile, el Rey de España, molesto por lo que escuchaba del presidente Hugo Chávez, se dirigió a él intempestivamente y le mandó callar.

La frase “por qué no te callas” pasará a la historia de las relaciones internacionales como un símbolo cruelmente revelador de las cuentas por saldar entre las potencias excolonizadoras y sus excolonias. De hecho, es inimaginable que un jefe de Estado europeo se dirija en estos términos públicamente a otro congénere europeo, por cualesquiera que fueran las razones.

El señor presidente fue víctima de una agresión todavía más humillante, pero no se le escapará el hecho de que, en su caso, Europa no actuó espontáneamente. Lo hizo bajo órdenes de los Estados Unidos y, al hacerlo, se sometió a la ilegalidad internacional impuesta por el imperialismo norteamericano, tal y como, años antes, lo hiciera al autorizar el sobrevuelo de su espacio aéreo para vuelos clandestinos de la CIA, transportando a sospechosos camino de Guantánamo, en clara violación del derecho internacional. Señales de los tiempos, señor presidente: la arrogancia colonial europea ya no puede ser ejercida sin sumisión colonial.


Este continente se está quedando demasiado pequeño para poder ser grande sin estar sobre los hombros de otro. Nada de esto absuelve a las élites europeas. Sólo profundiza la distancia entre ellas y tantos europeos, como yo, que ven en Bolivia un país amigo y respetan la dignidad de su pueblo y la legitimidad de sus autoridades democráticas.


Boaventura de Sousa Santos es sociólogo. Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra. Sus próximos libros en español: Si Dios fuese un activista de derechos humanos (Madrid, Trotta 2013) y, con Maria Paula Meneses, Epistemologías del Sur (Madrid, Akal,2013).


Desenmascarados por Lady

El arresto y posterior liberación del exagente de la CIA es mucho más que un incómodo incidente diplomático a tres bandas. Para todos supone un breve momento de honestidad en las relaciones globales de poder.

Ángel Ricardo Martínez
www.prensa.com/280713

Decía Albert Einstein que la coincidencia es la manera de Dios de permanecer en el anonimato. Y en el mundo post-11/S, en el que Estados Unidos (EU) lucha desesperadamente por evitar la disolución de su soft power a nivel mundial, pocas cosas pudieron haber sido más inoportunas que la detención de Robert Seldon Lady, exjefe de la CIA en Milán, en la frontera entre Panamá y Costa Rica el pasado día 17.

Seldon Lady, ya se sabe, había sido juzgado y condenado en ausencia en Italia por el secuestro de Abu Omar –un clérigo musulmán egipcio– en las calles de Milán. El hombre llevaba fugitivo desde 2005 –cuando abandonó Italia– y había pasado su tiempo entre EU, Honduras (su país de nacimiento) y Panamá, pero una serie de factores llevaron a su breve detención –y al anuncio de esta por parte de las autoridades italianas– en la mencionada frontera.

En medio del misterio, Seldon Lady fue puesto en un avión rumbo a EU el viernes 19. El caso, aparentemente resuelto, plantea una infinidad de interrogantes, pero su verdadera importancia es que constituye uno de esos raros episodios que nos obligan a todos a quitarnos las máscaras con las que, como escribió Kierkegaard, intentamos burlarnos para siempre de la vida.

La primera en ser expuesta ha sido la prensa mundial, creadora de narrativas y adicta a lo inmediato y lo políticamente correcto. “Emplea el lenguaje que quieras y nunca podrás expresar sino lo que eres”, dijo Ralph Waldo Emerson. Solo así puede entenderse que en la mayor parte de los reportes publicados y compartidos por todo el (ciber) espacio sobre el incidente, lo verdaderamente importante se exprese como una idea tardía: Abu Omar, escriben, “dice que fue torturado por los servicios egipcios de seguridad”.


La pasión de Omar

Omar –cuyo verdadero nombre es Hassan Mustafa Osama Nasr– “dice” que fue torturado, pero cuando una reportera de El País lo entrevistó en 2007, pudo ver que el hombre tenía problemas de incontinencia y solo un 30% de audición en ambos oídos. Por casi cuatro años fue atormentado de la manera más salvaje: metido en una celda de 2 metros por 1.5 metro, las cucarachas se paseaban por su cuerpo. Lo colgaban boca abajo (“como una oveja sacrificada”, contó) y lo sometían a cambios extremos de temperatura. Le colocaban electrodos en el cuerpo, incluso en los genitales.

Fue víctima de una infame técnica de la “inteligencia” egipcia en la que se le ataba a un colchón lleno de agua cuyos resortes eran luego electrificados. Fue sodomizado dos veces e intentó suicidarse en tres ocasiones. Cuando sus oídos no estaban siendo reventados por la música que lo forzaban a escuchar para que no durmiera, podía escuchar los alaridos de los demás infelices que, como él, eran lenta y cruelmente destruidos en la prisión de Al Tora, al sur de El Cairo.

El caso de Omar ejemplifica a la perfección el pantano moral en el que Washington se zambulló –salpicando al mundo entero– después del 11/S. Un pantano en el que los patriotas terminan como criminales y los terroristas acaban siendo víctimas. La fascinante saga que comenzó con el secuestro del egipcio –basado en su relación con varios grupos militantes islamistas, entre ellos Al Qaeda– y que terminó con el primer juicio criminal a agentes de la CIA, es recogida en el libro A Kidnapping in Milan (Secuestro en Milán), publicado en 2010 por el periodista Steve Hendricks, y en el detallado artículo “Blowback”, escrito por Matthew Cole y publicado en 2007 por la revista GQ.

En ambas publicaciones, Hendricks y Cole describen cómo fue posible que la CIA tomara la arriesgada –y arrogante– decisión de llevar a cabo un secuestro en un país aliado, cómo una simple llamada telefónica –de Omar a su esposa, desde Egipto– sirvió para construir el caso y cómo la torpeza y el descuido de los agentes involucrados, incluyendo a Lady, pusieron las condenas en bandeja de plata: de los 26 agentes de la CIA imputados en 2007, 23 fueron condenados a prisión dos años después (tres de ellos gozaban de inmunidad diplomática). Robert Seldon Lady, por ser el jefe de la estación y haberse retirado (en 2004, antes que todo explotara), recibió ocho años.

Para cuando las condenas fueron anunciadas, ninguno de los agentes estadounidenses se hallaba en suelo italiano. Desde 2009, el baile de apelaciones ha sido intenso. Pero más allá de los detalles, es imposible subestimar el significado del caso Abu Omar: en el mundo del espionaje, el simple hecho de nombrar a un agente ya es una ofensa. Condenar a prisión a 23 de ellos, encima aliados, rebasa todos los límites y constituye una de las mayores vergüenzas de la historia de la CIA.

El calvario de Bob

El gran damnificado fue Bob Lady, cuya sentencia fue aumentada recientemente a nueve años, con una orden internacional de arresto emitida en diciembre. “No soy culpable. Solo seguí órdenes de mis superiores”, afirmó en una entrevista con Il Giornale en 2009. Para Lady, que había planeado retirarse en Italia, no ha sido fácil aceptar el destino. “Me consuelo a mí mismo recordándome que yo era solo un soldado, estaba en guerra contra el terrorismo”. Irónicamente, Hendricks y Cole coinciden en que Lady nunca estuvo de acuerdo con el secuestro de Omar.

Según varios perfiles, Lady fue un agente ejemplar. Nacido en 1954 en Honduras, de madre hondureña y padre estadounidense, contaba con un background multicultural y multilingüe –“si le hablabas en inglés era americano, si le hablabas en español era latino”, recordó un conocido– que le permitió, tras una breve etapa como policía, ser reclutado por la CIA a principios de los 80 y participar en operaciones en Centroamérica, incluyendo el Irán-Contra. Algunos reportes indican que estuvo también involucrado en otro gran escándalo, el Nigergate, en el que el Gobierno estadounidense utilizó documentos falsos para “probar” que Saddam Hussein había realizado compras de óxido de uranio al Gobierno de Níger.

Para Lady –que entre 2001 y 2003 convirtió la estación de Milán en una de las más productivas–, la CIA era “la vanguardia de la democracia, el trabajo más grande” que tuvo. El exespía considera que la justicia italiana cruzó líneas que no deben cruzarse en el caso Abu Omar. Después de todo, dijo a Il Giornale, el espionaje es ilegal, pero todos los países lo autorizan. “Trabajé en inteligencia por casi 25 años y prácticamente nada de lo que hice fue legal en el país donde ocurrió (...). Es una vida de ilegalidad, pero hay instituciones estatales en todo el mundo que tienen profesionales en este sector, y debemos cumplir con nuestro deber”.

Ese sentido del deber fue puesto a prueba en los últimos años. La CIA sigue negándose a admitir que él era su hombre en Milán, que se oponía al secuestro, que desestimaron su criterio o cualquier otro aspecto relacionado con la operación. Incluso un exoficial de la agencia dijo que Lady fue amenazado para que no admitiera su rol en el secuestro. Y su calvario no ha terminado ahí. “La agencia me dijo que me quedara callado y dejara que todo pasara. Pero no está pasando (...). Nadie me ha llamado para darme apoyo. Nadie me ha ayudado. Sigo pensando, al diablo, no tengo nada que perder”, le confesó a Matthew Cole en 2007.

La decepción que se desprende de las palabras de Lady y la falta de apoyo –emocional, legal, económico– podrían explicar su necesidad de estar en constante movimiento, algo que le costó el abandono de su esposa tras más de 30 años de matrimonio. “No la culpo”, explicó en la misma entrevista. “Ha estado viviendo con un tipo frustrado e impotente (...). ¿Por qué iba a seguir aguantándoselo?”. Esta imagen de Lady, totalmente opuesta al 007 que reside en nuestros sueños, podría explicar algunas de las cosas más llamativas, como su aparente falta de cuidado, de su detención en Panamá, un país del que entraba y salía sin restricciones.

Es difícil establecer la cadena de sucesos y errores que terminaron con el anuncio, por parte de la justicia italiana –presumiblemente para poner presión sobre Panamá–, del arresto de Lady. Sea como haya sido, el desenlace ha puesto de relieve cosas que todos preferiríamos callar pero que, de vez en cuando, asoman para recordarnos que son reales.

A medianoche se caen las máscaras

El primer y más obvio debate se centró en la actitud estadounidense. Para gran parte de los analistas, el caso Seldon Lady expone la hipocresía estadounidense cuando intenta obtener la extradición de Edward Snowden. “Nos gusta la ley cuando los resultados nos son favorables, pero cuando no lo son tendemos a ignorarla”, opinó el coronel Morris David, exfiscal jefe en Guantánamo y profesor de la Universidad de Howards.

Otros creen que EU actuó correctamente en ambos casos y señalan una diferencia fundamental entre Snowden y Seldon Lady. “Para mí son casos opuestos. Snowden utilizó su acceso para filtrar programas secretos y luego escapó. Ahora intentamos traerlo para que enfrente a la justicia. Al otro lado del espectro está Lady, que hizo el trabajo que el Gobierno le asignó. Y lo estamos trayendo a casa para que no vaya a prisión”, opinó J.D. Gordon, antiguo portavoz del Departamento de Defensa, que agregó que las cortes italianas son “demasiado izquierdistas”.

Por encima del debate, no obstante, está el hecho imposible de negar: Washington presionó a Panamá para que le “devolviera” a Lady, aun a sabiendas de la humillación que representaba para Italia. Panamá lo hizo e Italia lo tuvo que aceptar. EU, entonces, impuso su voluntad no solo porque quiso, sino porque pudo. En palabras de David, “somos el niño grandote en el parque. ¿Quién nos va a decir que no lo hagamos?”.

Para los que se limitan a aceptar el statu quo mundial, la resolución del caso fue la menos mala. Para el Financial Times, el retorno de Lady “puso un rápido fin a lo que pudo ser un vergonzoso incidente político para la administración Obama”. Por su parte, el Corriere della Sera escribía en un editorial que probablemente habría habido “cierto alivio” en Roma –en el Órgano Ejecutivo– con la decisión de Washington, y que un país como Italia, “expuesto a amenazas terroristas”, no debe “poner en peligro su relación con EU”.

Pero no todos han sido tan benevolentes. El diario La Repubblica, por ejemplo, tituló un editorial “La humillación del aliado”. El incidente –agravado por la cooperación italiana en el desplante al presidente boliviano, Evo Morales, a pedido de Washington– ha servido, más que para reflexionar sobre el modus operandi de la única potencia global, para hacer una profunda autocrítica de la posición italiana a nivel internacional. “Italia no goza de credibilidad entre los más altos”, aseveraba La Repubblica, que achacaba a diversos escándalos –el del Costa Concordia entre ellos– la creación de una imagen de “país poco fiable”.
Nada más lejos de la actitud panameña, donde las autoridades han mantenido una mezcla de silencio y declaraciones erráticas y poco creíbles, una actitud a mitad de camino entre el pánico y la vergüenza. Una actitud, además, que chirría mucho más al ser comparada con el altísimo rol mediático jugado por varios oficiales, con el presidente Martinelli a la cabeza, en el caso del buque norcoreano.

El incidente, en realidad, no ayuda para nada a la imagen panameña. Más que en la eventual (y lógica) satisfacción de los deseos estadounidenses, valdría la pena reflexionar en qué clase de criterios diplomáticos se usaron para permitir que un prófugo internacional se estableciese de manera legal en nuestro país e incluso obtuviese una cédula. La comparación con Costa Rica, que se sacó la papa caliente con una velocidad asombrosa, es especialmente sonrojante.

En el cálculo final, sin embargo, Panamá no gana ni pierde. “Nadie va a pensar mal de Panamá por hacer lo que hizo”, opinó un experto que prefirió permanecer en el anonimato. “El único afectado negativamente puede ser [el presidente Ricardo] Martinelli, que podría perder cualquier favor del que haya gozado, a través de contactos o socios, con la justicia italiana de cara a los procesos en los que está involucrado”.

Las aristas del caso Seldon Lady son muchas, pero todas, como los caminos que conducen a Roma, terminan en la tortura de Abu Omar a manos de las fuerzas de Mubarak. La tortura de Omar, a su vez, conduce a las monstruosidades que la CIA, y por ende Washington, han cometido en su histeria antiterrorista. Y esas monstruosidades, finalmente, apuntan a la decadencia moral de un país que, por encima de sus condiciones geopolíticas, ganó la Guerra Fría por su adherencia –al menos de cara al público– a unos ideales que ahora parecen ya no valer nada.

Ayer fue Abu Ghraib y hoy son los drones, Edward Snowden o Seldon Lady. Mañana será otra cosa, pero todo apunta hacia lo mismo: en el mundo post-11/S, Washington se encuentra definitivamente cara a cara con su dilema más importante: el complejísimo balance entre los ideales de su naturaleza republicana y las realidades del poder de un imperio global.

El manejo de un imperio que se cree república (bien lo saben los romanos). Es un dilema que ha logrado posponer por mucho tiempo y por muchos motivos, pero que hoy, solo ante el espejo y ante un mundo que exige un liderazgo ejemplar, lo empieza a consumir por dentro. ¿Cuál es el verdadero EU? ¿Cuál es la máscara? Tarde o temprano lo sabremos. Porque, como escribió Kierkegaard, nadie puede reírse de la vida para siempre.
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Comando Sur

www.rebelion.org/170713

Un ex topo de la CIA destapó un peligroso programa de espionaje e intervención política en la región. Quiénes y cómo trabajan para desestabilizar a los gobiernos populares de la Unasur. Edward Snowden no es un héroe, pero la humanidad le debe un enorme favor. Los documentos que el ex topo de la CIA filtró al mundo demuestran lo que hasta acá la política global sabía pero no se atrevía a denunciar: que Estados Unidos no ahorrará en crímenes para seguir siendo lo que es. Un imperio voraz.

Los habitantes de América latina podríamos presumir que no necesitábamos de Snowden para saberlo. En esta región, Estados Unidos propició golpes, dictaduras genocidas, políticas económicas predatorias y elites financieras mafiosas con el evidente objetivo de succionar sus recursos naturales, materiales y humanos. La intervención fue tan vasta y letal que en la diplomacia regional aún se intercambia un viejo chiste: “¿Sabe por qué en Estados Unidos no hay golpes de Estado? Porque allí Estados Unidos no tiene embajada”.

A pesar de las evidencias históricas, en varios países de Latinoamérica, como la Argentina, abundan quienes creen que la intervención estadounidense en asuntos domésticos es pura ficción. El equívoco fue alimentado por formadores de opinión aliados o cooptados por la diplomacia estadounidense, como lo revelaron los cables difundidos por Wikileaks, donde abundan referencias a los vínculos entre La Embajada y el sistema tradicional de medios que en nuestro país conduce el multimedios Clarín.

Un detalle: referirse a la sede diplomática estadounidense como “La Embajada” explicita hasta qué punto se naturalizó a EE.UU. como faro político. Pero no son las sedes diplomáticas las únicas que perpetran las actividades intervencionistas de EE.UU. en la región. El país del Norte cuenta con una compleja red de organismos que, con fachadas varias, fueron y son utilizados para tareas sucias que van desde el espionaje y la formación de cuadros dirigenciales adictos hasta la desestabilización de gobiernos y economías con su consecuente costo político y social.

Una de las organizaciones más activas es la United States Agency International Development (USAID), un organismo que EE.UU. creó con la proclamada intención de desplegar tareas humanitarias en los países del Tercer Mundo. Su origen se remonta a la Alianza para el Progreso, creada el 13 de marzo de 1961 por los mismos funcionarios que varios años antes habían alumbrado el Plan Marshall con la intención de poner a su país a la cabeza de la reconstrucción de la Europa de posguerra.

La Alianza fracasó a poco de nacer luego de que los países de la región rechazaran las condiciones de la “revolución pacífica y democrática” que pretendía imponer EE.UU. a cambio de los 20.000 millones que prometía invertir. Pero antes de que fuera cancelada, en noviembre de 1961 se fundó la USAID, una de sus agencias que, en las formas, debía vehiculizar parte de las inversiones a programas de desarrollo humanitario, fachada que se mantiene hasta hoy.

La fantasía filantrópica le permitió forjar, a través de generosos aportes financieros, una red de fundaciones y ONGs destinadas a difundir los beneficios del alineamiento con EE.UU. y su “american way of life” mediante propaganda y programas de formación. Pero esa es apenas la cara amable de su tarea. Apenas maquillado, el verdadero rostro de la agencia es más hostil: intervenir en los procesos políticos de la región con el pretexto de proteger la seguridad nacional de su país.

La militarización de los objetivos de la USAID tocó cumbre en 2010 cuando el presidente Barack Obama incluyó al general Jeam Smith –un estratega militar que estuvo en la OTAN– en el Consejo de Seguridad sólo para que atendiera los programas de “asistencia social” que llevaba adelante la agencia. Y como director adjunto se nombró a Mark Feierstein, cuya hoja de servicios encajaba con los desafíos que EE.UU. percibe en la región: experto en guerras de cuarta generación –o campañas de desinformación–, y dueño de Greenbarg Quinlan Rosler, una firma que ofrece orientación estratégica sobre campañas electorales, debates, programación e investigación.

Alérgico a los gobiernos populares que se extienden por América latina, Feierstein probó la eficacia de su método como asesor de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la campaña que lo depositó en la presidencia de Bolivia. Goñi, como lo llamaban en su patria, fue el paroxismo del coloniaje político que EE.UU. impartió en los noventa sobre los países del Sur. Criado, educado y formado en suelo estadounidense, Sánchez de Lozada volvió a su tierra de nacimiento para ser presidente de la mano de Feierstein. Duró en el cargo algo más de un año: la denominada “Masacre del Gas”, en 2003, donde murieron más de sesenta personas, lo eyectó del poder y lo devolvió a EE.UU., donde vive como prófugo de la Justicia boliviana amparado por el gobierno que nombró a su amigo Feierstein al frente de la USAID.

Las correrías de su director no es lo único que liga a la agencia con Bolivia. El pasado 1 de mayo, el presidente Evo Morales no sabía que el escándalo Snowden lo llevaría a protagonizar una vergonzosa detención en Europa (ver nota aparte). Pero sí sabía de lo que la USAID era capaz.

Por eso, en esa jornada emblemática donde los trabajadores celebran su día, el presidente anunció que expulsaba a la agencia de suelo boliviano por “injerencia política” y “conspiración”. Días después, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, detalló: “No se trata de una agencia inocente de cooperación filantrópica de Estados Unidos a Bolivia y al mundo. La agencia estadounidense sirvió para legitimar las dictaduras entre 1964 y 1982, para promover el neoliberalismo entre 1985 y 2005, además es un factor externo que alimenta la inestabilidad en el país desde 2006”.

Uno de los hechos que llamó la atención del gobierno boliviano fue la materialización, en 2007, de un convenio entre el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la USAID para llevar adelante “programas sociales” en Bolpedra, Cobija y El Porvenir. El apoyo logístico estuvo a cargo del Comando Sur y la cobertura institucional de la Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica.

Otro episodio que motivó la expulsión fue la activa participación de la agencia estadounidense vía Wildlife Conservation Society (Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre) en la disputa violenta entre los pobladores de Caranavi y Palos Blancos por el lugar de instalación de una planta procesadora de frutas en enero de 2010, a pocos días de que Evo Morales asumiera su primer mandato dentro del Estado Plurinacional.

La utilización de fundaciones y ONGs para ‘tercerizar’ operaciones es una práctica habitual de la USAID. En la Argentina, por caso, hay una decena de fundaciones que operan por cuenta y orden de la agencia estadounidense. Que los movimientos sean más sigilosos no implica que sean menos potentes. Un ejemplo: entre el 8 y el 12 de abril de este año, la USAID financió una cumbre de la derecha internacional. Organizada por la Fundación Libertad –el tentáculo predilecto de la agencia en nuestro país–, a la cita concurrieron el Nobel Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro –reactivos a los gobiernos populares que habitan la región–; José María Aznar –ex presidente español que impulsó la invasión a Irak–; el pinochetista Joaquín Lavín; Marcel Granier, presidente de la emisora venezolana RCTV, que apoyó e impulsó el golpe a Hugo Chávez en 2002, y la cubana anticastrista Yoani Sánchez, quien a último momento desistió de la visita.

El seminario abundó en críticas contra los procesos emancipadores de la región. Y los expositores, sin sutilezas, pidieron terminar con los gobiernos populares en curso para reemplazarlos por otros más “modernos”, a tono con los conceptos de “democracia” que EE.UU. impuso como doctrina global. No fue, por cierto, un planteo original. Cinco años atrás, en el mismo escenario empachado de prosperidad sojera, se había realizado un seminario similar, con el propio Vargas Llosa como animador principal.

Aquel seminario contó con varios “expertos” alineados con las políticas del Consenso de Washington como el periodista de La Nación Carlos Pagni, el ex candidato presidencial Ricardo López Murphy, y Mauricio Macri, regente del Pro y de la Fundación Pensar, co-organizadora del evento.

Estas fundaciones, como otras similares que operan en la región, cuentan con el aval financiero del National Endowment for Democracy (NED, Fundación Nacional para la Democracia), financiada oficialmente por el Congreso norteamericano. Pero la vinculación no se agota en los aportes. En los ochenta, mucho antes de ser director de la USAID, el inefable Feierstein trabajó para la NED en Nicaragua. Su objetivo: evitar el triunfo del sandinista Daniel Ortega. Lo logró patrocinando la candidatura de Violeta Chamorro.

Las operaciones de la dupla USAID-NED en América latina fueron reveladas por Wikileaks, el sitio que difundió millones de telegramas internos del Departamento de Estado. En uno de ellos, el ex embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, reveló cómo su país alimentó la oposición a Hugo Chávez con ideas y millones. El telegrama, enviado desde la embajada de EE.UU. en Caracas en noviembre de 2006, detallaba cómo docenas de organizaciones no gubernamentales recibían financiamiento del gobierno norteamericano por intermedio de la USAID y de la Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Initiatives –OTI–). Este operativo incluyó “más de 300 organizaciones de la sociedad civil venezolana”, que iban desde defensores de los discapacitados hasta programas educativos.

En apariencia, esos programas tenían objetivos humanitarios, pero fue el propio embajador Brownfield quien detalló los objetivos reales de esas inversiones: “La infiltración en la base política de Chávez... la división del chavismo... la protección de los intereses vitales de EE.UU... y el aislamiento internacional de Chávez”.

Brownfield escribió que el “objetivo estratégico” de desarrollar “organizaciones de la sociedad civil alineadas con la oposición representa la mayor parte del trabajo de USAID/OTI en Venezuela”. A confesión de partes…

En una excepción a su modus operandi, en Paraguay la agencia hizo el trabajo sucio sin intermediarios. Invirtió 65 millones de dólares en el proyecto “Umbral”, un programa que incluyó la confección de un Manual Policial, lo que le permitió hacer pie en una institución que resultaría clave en el devenir político del país. Fue la policía, con una brutal e injustificada represión rural, la que sirvió en bandeja la excusa para derrocar al presidente Fernando Lugo. Ya lo predijo el ministro de la Corte argentina Raúl Zaffaroni: sepultado el partido militar, son las fuerzas de seguridad quienes ejercerán el rol de fuerza de choque de los poderes fácticos de la región interesados en interrumpir procesos políticos que contraríen sus intereses.

Las operaciones de la agencia revelan que la verdadera amenaza para la consolidación del proceso político de la región no es el espionaje, sino las decisiones que EE.UU. tome a partir de esa información. Como se demostró en Irak –donde el Pentágono utilizó información falsa para justificar la invasión–, ni siquiera es necesario que los datos sean fiables. Basta con que la CIA o algún organismo similar evalúe que algún país de América latina representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense para que se avance con ataques preventivos hacia esa nación. La avanzada puede ser brutal, como en Irak, o más sofisticada, ejecutando tareas que desestabilicen a un gobierno popular. Una conspiración que nunca descansa.

Todos bajo la lupa

A partir de las revelaciones de Edward Snowden, el ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos, se descubrió un manto que confirma la red de espionaje del gobierno de Barack Obama.

Todo comenzó cuando le ofreció a The Guardian y The Washington Post la publicación de documentos e información confidencial. Siguió con el episodio del secuestro del presidente Evo Morales luego de visitar Rusia, donde se suponía que estaba Snowden, cuando no le permitieron usar el espacio aéreo de España, Italia, Portugal y Francia por sospechar que estaba escondido en su avión. El hecho mereció el repudio de todos los mandatarios de la Unasur que se reunieron en forma urgente en Bolivia, para brindar apoyo a Evo.

Mientras Snowden buscaba asilo político y con Estados Unidos tratando de cazarlo en todo el planeta, hace pocos días volvió a revelar nuevos documentos, esta vez fueron publicados en el diario brasileño O Globo. Se conoció que la red de espionaje de Estados Unidos se expandió por toda América latina, operando fuertemente en Brasil, México y Colombia, pero con una rigurosa vigilancia en países como la Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Panamá.

Los datos confirman el espionaje vía satélite de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y conversaciones online, hasta por lo menos marzo de este año. El monitoreo se realizaba a través de los programas de software: el Prism (Prisma) que permite el acceso a e-mails, conversaciones online y llamadas de voz de usuarios de Google, Microsoft y Facebook y el Boundless Informant (Informante Sin Límites), que permitían violar toda clase de comunicaciones internacionales, faxes, e-mails, entre otros. Los temas más controlados por los espías fueron petróleo y acciones militares en Venezuela, energía y drogas en México, un mapeo de los movimientos de las FARC en Colombia, además de la agonía y muerte de Hugo Chávez.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró su preocupación en el acto del 9 de julio en Tucumán y señaló: “Me corre frío por la espalda cuando nos enteramos que nos están espiando a todos a través de sus servicios de informaciones. Más que revelaciones, son confirmaciones que teníamos de lo que estaba pasando”.

De paso, aprovechó para hacer un llamado de atención: “Los gobernantes de los pueblos de la América del Sur, que hemos dado batalla en esta década incluyendo a millones de compatriotas, tenemos el deber de mirar lo que está pasando y unir nuestras fuerzas”. El viernes se reúnen los representantes del Mercosur y la Presidenta espera “un fuerte pronunciamiento y pedido de explicaciones” al gobierno de Obama.

Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-7088-politica-Comando-Sur.html