José
Meléndez, corresponsal
www.eluniversal.com.mx/310315
Ejecutivos de saco y
corbata, lo mismo que pistoleros o forajidos —todos al servicio de los cárteles
colombianos del narcotráfico— entraron y salieron libremente de Panamá en la
década de 1980 con cargamentos de dinero que, sin mediar preguntas, invirtieron
en la economía panameña para esconderles sus huellas manchadas por el crimen
organizado o por su oscuro germen de corrupción política.
En una práctica que
perforó filtros bancarios, los mafiosos colombianos, pero también los emisarios
de las guerrillas de izquierda y de derecha y de partidos y de gobiernos
latinoamericanos y caribeños, se aprovecharon de la máquina lavadora de dólares
de origen turbio que el general panameño Manuel Antonio Noriega operó en
ese país principalmente de 1983 a 1989, en sus años de esplendor como “hombre
fuerte” del régimen militar de Panamá.
La máquina de
Noriega dejó de funcionar en diciembre de 1989, cuando Estados Unidos invadió suelo
panameño y persiguió al general para capturarlo en enero de 1990. Pero la
“lavadora” siguió funcionando, con nuevos mecanismos y protagonistas y
favorecida por un andamiaje de sociedades anónimas de maletín y de otras
estructuras contables y jurídicas.
“El pasado persigue
a Panamá”, dijo el abogado constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal,
ex catedrático de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad de Panamá.
En una entrevista con EL UNIVERSAL, Bernal explicó que los gobiernos
panameños “no desmantelaron, a lo largo de 25 años, toda la estructura
jurídica, financiera y bancaria que servía a esos propósitos. La situación
alcanzó un nivel superior en vista de la ceguera que, por lo menos en los
últimos cinco años, mantuvieron todas las dependencias que estaban supuestas de
evitar estas cosas”.
“Los panameños
pagamos las consecuencias de una ausencia en los correctivos que los gobiernos
debían desarrollar. De ahí que esa máquina que se suponía que había sido
desconectada con la invasión (de EU) al llevarse a Noriega, se reveló como una
máquina que tenía la suficiente autonomía para no depender de quien estuviese
al frente del poder”, puntualizó.
Un gran bazar.
Vulnerable al ingreso de capitales sucios y urgidos de “lavado” o “blanqueo” y
de escapar del pago de impuestos, el mercado panameño es un enorme bazar —meca
bancaria, imán inmobiliario, capital de casinos, centros de apuestas, casas de
cambio, aseguradoras, servicios jurídicos, ofertas contables, subasta de
metales y piedras preciosas, empresas de transferencia de dinero— que también
integra listas internacionales, grises y negras, de dudosa reputación.
Panamá sufre un
“efecto dominó” en su sistema financiero. El financiamiento externo de sectores
de la banca instalada en la plaza panameña —o de comercios e industrias— queda
bloqueado en Estados Unidos por sospechas de ser parte de operaciones de
legitimación de capitales.
Los bancos en EU
también obstaculizan algunas transacciones de pago y cobro hacia y desde Panamá
y el impacto es inmediato en las gestiones de comercio exterior y en la
generación de confianza y credibilidad, elementos claves del negocio
financiero.
En una sorpresiva
declaración tras reunirse con una comitiva del Fondo Monetario Internacional
(FMI), que insistió en el “imperativo” de que las normas de integridad
financieras foráneas sean alineadas con las panameñas para contener los riesgos
que acarrean para su estructura económica, el ministro de Economía y Finanzas
de Panamá, Dulcidio de la Guardia, lanzó el pasado 14 de marzo una bomba
política y financiera. Creado en 1970, el Centro Bancario Internacional de
Panamá, que alberga a 90 bancos de América, Asia y Europa y cerró 2014 con más
de 108 mil millones de dólares en activos y con un crecimiento de 11% frente a
2013, ha sido utilizado para “lavado” de “billones de dólares”, denunció De la
Guardia. “Nuestro sistema ha sido vulnerado por los lavadores de dinero y no
podemos permitir que eso continúe”, recalcó.
La revelación del
ministro agitó los temores panameños de que si el país se resiste a introducir
las modificaciones jurídicas pertinentes seguirá siendo parte del menú de
paraísos fiscales. Una de esas listas es la del Grupo de Acción Financiera
(GAFI), una instancia multilateral gubernamental que se dedica a monitorear
múltiples escenarios de los mercados financieros susceptibles al “blanqueo”.
En junio de 2014, y
tras un informe del FMI que advirtió sobre las volatilidades o debilidades
panameñas, GAFI insertó a Panamá en el listado de países con jurisdicciones de
alto riesgo y que eluden cooperar contra el lavado de dinero, el financiamiento
al terrorismo y el negocio de las armas de destrucción masiva.
Plan antilavado. El
gobierno del presidente panameño, Juan Carlos Varela, presentó el 18 de
marzo pasado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de combate al
“blanqueo”, la evasión fiscal y otros delitos financieros, para fortalecer el
control y la supervisión sobre los movimientos bancarios, bursátiles y de
seguros y extenderlos a otros 30 rubros económicos.
De aprobarse, habrá
mayor regulación de las actividades de loterías, zonas francas, libre comercio,
bienes raíces, juegos de azar, casas de empeño, de cambio y de remesas,
empresas de comercialización de metales y piedras preciosas, firmas de
construcción o inmobiliarias, compañías proveedoras de tarjetas de crédito,
asociaciones de ahorro y préstamo, transporte de encomiendas internacionales y
servicios jurídicos y contables, entre otras.
La nueva legislación
“mejorará la imagen de Panamá”, afirmó el abogado panameño Camilo Valdés,
representante de la Asociación Bancaria de Panamá en las negociaciones del
proyecto. La ley ayudará “a salir de la lista gris del GAFI, algo que es
primordial”, subrayó.
La Asociación de
Administradores de Juegos de Azar, la Cámara de Comercio, Industrias y
Agricultura y la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes
Raíces, entre otros gremios privados, respaldaron las modificaciones legales.
“La ley está creada
para fortalecer el sistema, no para restarle competitividad al país, ni para
entorpecer negocios, ni para perjudicar a ningún sector. Queremos trabajar con
transparencia”, dijo la panameña Isabel Fernández, directora de
Políticas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del
Terrorismo del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero a juicio de Bernal, la ley que se está tramitando “viene a ser
como una gota en el océano”.
