panamaprofundo.wordpress.com / 20-08-2020
Antes de la pandemia, la llamada esfera de la reproducción social, que se refiere a las posibilidades que tiene la población, principalmente los más vulnerables, de lograr una vida digna, mostraba graves problemas. Algunos ejemplos ilustran la situación: 400,000 panameños y panameñas sufrían de subalimentación; 19.0% del total de la población total y el 32.8% de los niños, niñas y adolescentes se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional; el 23.0% de las mujeres en edad reproductiva padecían de anemia; el 46.0% de nuestros jóvenes no alcanzaban a completar la educación media.
La pandemia, como era de esperarse, no ha hecho más que radicalizar esta situación generando no solo que el ya agotado modelo de atención esté al borde del colapso, también ha significado que la actitud indolente del gobierno de turno esté generando un crecimiento más que significativo de la pobreza crítica, que está relacionada con la incapacidad de tener suficientes ingresos como para asegurar la alimentación de las familias.
En estas circunstancias resulta fundamental establecer los mecanismos que han hecho que Panamá, un país considerado por el Banco Mundial como de altos ingresos, sea incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población. Entre esos mecanismos está el sistema fiscal del país diseñado y administrado en beneficio de los sectores dominantes.
Se trata de un sistema que, para comenzar, mantiene una baja tasa impositiva para los sectores económicos de altos ingresos, haciendo que el peso de la carga tributaria recaiga sobre los sectores medios de la sociedad y sobre los trabajadores. Esto ha llevado a que, de acuerdo con el BID, Panamá sea el país con la segunda más baja relación ingresos –tributarios– PIB. Una evidente consecuencia de esto ha llevado a que en nuestro país la relación entre gasto social del gobierno y el PIB se ha quedado prácticamente estancado entre el 8.5% y el 9.0%, mientras que en la región se incrementó en 2.2 puntos porcentuales del PIB y en Uruguay lo hizo en 4.0 puntos porcentuales.
A este problema, grave de por sí, se suma otro que profundiza la capacidad de los gobiernos de atender las necesidades fundamentales de la población: la evasión fiscal. Se trata de una forma de corrupción, de la que poco se habla, pero que es practicada sin mayor pudor por los sectores económicamente dominantes del país.
La última edición del Boletín Estadístico Tributario (2018), publicado por la Dirección General de Ingresos del MEF, contiene importantes estadísticas para el decenio 2007–2016 que permiten establecer la dimensión de la problemática. Muestran que la causa principal de esta se encuentra en las acciones del sector corporativo del país.
En términos de la evasión del impuesto sobre la renta por parte de las personas jurídicas, medida por el llamado incumplimiento fiscal, alcanza para el período bajo análisis un promedio anual equivalente al 5.7% del PIB. Se trata de una enorme cantidad de recursos que suman B/. 21,695.7 millones.
Si nos enfocamos en el ITBMS, donde es el sector empresarial el que por la Ley tiene la responsabilidad de recaudarlo y entregarlo al Estado, la situación de la evasión también resulta sorprendente. En este caso para el período estudiado la evasión alcanza a un promedio anual igual al 2.2% del PIB. En términos absolutos esto representó una pérdida de recursos para el Estado equivalente a B/. 7,361.4 millones.
Si se agregan las dos causas de evasión de impuestos antes señalados se estaría hablando de B/. 29,066.1 millones, es decir el 7.7% del PIB correspondiente al decenio 2007–2016. Esta enorme pérdida de bienestar social potencial debe ser revertido frenando la voracidad de los sectores dominantes. Esto es clave para lograr una mayor equidad.
