Jazz Moderno, Suave, Alegre y Contemporaneo para Trabajar - Música de Ja...

República Dominicana: cuando la xenofobia se institucionaliza

Haroldo Dilla Alfonso

www.nuso.org / diciembre 2019

Haití y República Dominicana constituyen un sistema socioeconómico desigual y muy conflictivo. Uno de los componentes claves de este sistema es la movilidad de haitianos a República Dominicana, donde ocupan espacios en mercados laborales vitales para la economía nacional. Esta relación se reproduce desde una construcción ideológica xenófoba y racista, que tuvo su expresión más trágica en la desnacionalización masiva de ciudadanos de origen haitiano en 2013. El mito de la «invasión pacífica» haitiana, sin embargo, parece no ser apoyado por los resultados estadísticos de las últimas encuestas de migrantes.

Un dato crucial para explicar lo que sucede con la movilidad humana de Haití hacia República Dominicana es entender que ambas naciones –un caso poco usual en que dos Estados nacionales comparten una isla– forman un sistema socioeconómico, imperfecto y notablemente desigual, que se ha ido desarrollando desde el mismo momento en que los primeros bucaneros franceses pisaron la parte occidental de la isla. Un lugar excelente para una nueva vida, que había quedado despoblado merced a las políticas coloniales españolas de reconcentración de población para evitar contactos con los herejes.

No es posible explicar la historia de una parte sin tener en cuenta a la otra. Durante mucho tiempo, la porción occidental de la isla –la colonia francesa de Saint-Domingue y luego la República de Haití– fue la parte dominante de la relación bilateral. Todavía hasta la segunda década del siglo xx, los dominicanos apreciaban a Puerto Príncipe como una metrópoli con oferta variada de servicios y mercancías, en contraste con una capital propia –Santo Domingo– que no pasaba de ser un pueblo provinciano con calles lodosas, plagas de mosquitos y una carencia angustiante de agua potable.

La situación comenzó a cambiar cuando se produjo la inserción violenta de la isla en la economía capitalista mundial, de la mano de las compañías azucareras estadounidenses. República Dominicana pasó a ser productora de azúcar a gran escala, mientras que Haití –con mucha población y poca tierra– fue diseñada como proveedora de mano de obra barata y desprotegida para las plantaciones de Cuba y República Dominicana. Esta última comenzó a despegar como una economía agroexportadora dependiente. Haití, en cambio, inició una autofagia que no concluye.

En 1937, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo inició lo que se llamó la «dominicanización de la frontera», en esencia, una limpieza étnica sangrienta, la destrucción de los vínculos transfronterizos y el cierre de los contactos entre las dos partes de la isla. Pero, sobre todo, y es vital para el tema que nos ocupa, el programa trujillista contenía una codificación ideológica que anatematizaba al haitiano y lo ubicaba como antítesis del ser dominicano. República Dominicana existía a pesar de Haití, y su esencia blanca, católica y de raíz española era retada por un vecino negro, africano y pagano. Haití pasó a ser el enemigo protagonista de una «invasión pacífica» y la frontera, una trinchera que defendía a la comunidad nacional. El racismo antihaitiano devino parte de la cultura nacional y una pieza bien cotizada en el mercado político. «Dominicanizar la frontera –escribió un testaferro ideológico del dictador– es devolver la patria entera a la hispanidad»¹.

Durante seis décadas, casi la única excepción a este cierre de contactos fue el paso anual de los contingentes de braceros haitianos destinados al corte de la caña de azúcar, lo que resultaba una necesidad para la economía azucarera y un negocio altamente redituable para los grupos militares de ambos países. El comercio binacional se limitaba a unos pocos millones de dólares, regularmente reexportaciones haitianas.

Pero desde la década de 1990, cuando la economía dominicana abandonó su modelo sustitutivo de importaciones y produjo una diversificación económica con las miras puestas en el mercado externo, Haití pasó a ser un objetivo de primer orden. Los trabajadores migrantes dejaron de ser «trabajadores huéspedes» concentrados en los bateyes azucareros y controlados militarmente, para desparramarse por todo el mercado laboral que requiriera mano de obra barata y desprotegida. Los haitianos pasaron a ser piezas imprescindibles de la dinámica constructiva, de la producción de alimentos y de los servicios urbanos. La movilidad de los haitianos se descentralizó y rebasó los estrechos límites de los bateyes. Sin esa fuerza de trabajo joven y barata, muchos sectores económicos dominicanos, ineficientes y poco rentables, sucumbirían a la competencia internacional y pondrían en peligro la propia seguridad alimentaria nacional.

En segundo lugar, el capitalismo dominicano percibió el mercado haitiano como una posibilidad particularmente provechosa de realización, no solo por la cercanía geográfica y la baratura del transporte, sino por las pocas exigencias de calidad. Ha sido un comercio tremendamente desbalanceado en el que las exportaciones dominicanas, que pueden llegar a los 1.000 millones de dólares, se componen fundamentalmente de productos de difícil exportación a otros lugares –por ejemplo, materiales de construcción o huevos– o sencillamente de tan baja calidad que ni siquiera se pueden realizar en el mercado dominicano. Haití resulta, en consecuencia, una prolongación degradada del mercado interno dominicano. A cambio, la ex-colonia francesa solo logra vender a su vecina algunos bienes de consumo por montos totales anuales que no exceden regularmente unas pocas decenas de millones de dólares. El mercado haitiano es, en consecuencia, una suerte de subsidio para las ineficientes industrias dominicanas.

Desde una óptica económica, la manera como Haití compensa este desbalance es exportando su mercancía más abundante y demandada por el mercado dominicano: la fuerza de trabajo. Solo que esta mercancía porta en sí la condición humana, y en consecuencia su consumo pone sobre el tapete los dilemas del reconocimiento y la redistribución que animaron aquel famoso debate entre Alex Honneth y Nancy Fraser², pero que el capitalismo dominicano y su sistema político-cultural han tratado de sepultar bajo la herencia de los prejuicios trujillistas. Por consiguiente, la sociedad dominicana ha vivido bajo la esquizofrénica situación de percibir al haitiano como un peligro, pero que la beneficia; como un enemigo sin el cual la vida sería menos confortable. En última instancia, como un sujeto supuestamente antitético, pero con el que convive y es capaz de establecer relaciones cordiales en la cotidianeidad.

La interrelación de las economías haitiana y dominicana apunta a la formación de un sistema interdependiente. Como todo sistema asimétrico, es altamente conflictivo. Y diría que es, también, notablemente imperfecto, sea porque se asienta en una construcción ideológica y cultural que resalta la diferencia y atiza el conflicto para sus propios fines, o por el hecho de que el sistema carece de mecanismos políticos de mediación. Haití y República Dominicana no son parte de algún proyecto integracionista supranacional, no poseen acuerdos durables y consistentes y los pocos espacios de coordinación bilateral –como las comisiones mixtas binacionales organizadas por cada cancillería– apenas funcionan y no son efectivas en ningún sentido.

En buena medida, estas comisiones no funcionan porque cada parte pretende hacer prevalecer sus propias demandas y temáticas. Los dominicanos siempre quieren priorizar el comercio, denunciando las diversas trabas y prohibiciones que el gobierno haitiano coloca a los productos «estrellas» dominicanos cuando ocurren acciones antiinmigratorias en República Dominicana. Los haitianos, por razones obvias, prefieren focalizar la discusión en el tema migratorio. Unos y otros pierden de vista que estas cuestiones forman parte de flujos de trabajo, abstracto y concreto, que vertebran un sistema económico insular y que seguirá consolidándose a pesar de las veleidades políticas y los resentimientos chovinistas de ambas partes.

Acotar la «invasión pacífica»

El antihaitianismo no es un elemento secundario de la cultura política dominicana, sino un componente organizador. En la actualidad, ese discurso opera sobre dos campos. El primero de ellos es el campo duro, del odio heredado directamente de la prédica trujillista: es el que percibe y explica al haitiano como un agresor cultural, político y biológico. El otro es más blando y fija su atención en la pobreza haitiana. El migrante es descrito como una persona muy pobre que viene a aprovechar los servicios dominicanos y resulta una carga insoportable para el presupuesto y un competidor para los dominicanos pobres que deben consumir los mismos servicios. La versión dura no otorga nada al haitiano: su principal sistematizador contemporáneo,

Joaquín Balaguer, lo recalcaba: «La influencia de Haití ha corrompido la fibra sagrada de la nacionalidad (…) La vecindad de Haití ha sido y sigue siendo el principal problema de la República Dominicana»³. La segunda, la blanda, los considera merecedores de afectos básicos, pero omite sus inmensas contribuciones a la economía nacional y en ningún momento los percibe como productores culturales. Una y otra sirven de sustento para el arraigo de una visión racista en la que la categoría de «negro» solo es aplicada al haitiano. El dominicano nunca lo es, aun cuando sea de piel muy oscura: a lo sumo es «moreno». Hasta hace poco tiempo los mulatos eran llamados «indios» y así quedaba estampado en los documentos oficiales. Todo ello, en la que probablemente es la sociedad más mestiza afrodescendiente de nuestro continente.

El uso del «peligro haitiano» sigue siendo un recurso de primer orden para la clase política dominicana. En ocasiones puede resultar un recurso coyuntural de alta visibilidad –como ocurrió en 1996, cuando la derecha nacional se alió en un llamado Frente Patriótico para impedir el ascenso de un político negro progresista–, pero es también un recurso cotidiano cuando se trata de enmascarar los graves problemas nacionales tales como el conservadurismo, la corrupción y la depredación social. En cualquier caso, resulta un elemento corrosivo de la cultura política democrática y auspiciador de tendencias autoritarias y alterofóbicas.

Desde comienzos del siglo xxi, el antihaitianismo tomó un derrotero inédito: la institucionalización de la lucha contra la inmigración haitiana, una «invasión pacífica» que no solo dañaba «las fibras sagradas de la nacionalidad» sino que amenazaba con el copamiento del propio Estado. En 2004 se dictó la Ley Migratoria (Nº 285), que dio un primer golpe al derecho de suelo que había constituido la piedra de toque del sistema de ciudadanía. Pero esta ley permaneció varios años sin reglamentación, por lo que su impacto inicial fue reducido. Tres años más tarde, en 2007, la Suprema Corte de Justicia, en un fallo sobre una disputa legal sobre el tema, dictaminó un sinsentido memorable: los haitianos indocumentados deberían ser considerados pasajeros en tránsito –aun cuando hubieran habitado la media isla por decenios– y sus hijos no podían acceder a la ciudadanía por nacimiento. Acto seguido, todas las oficialías fueron instruidas de no extender certificaciones de nacimiento a las personas de origen haitiano que hubieran tenido padres en condiciones irregulares. En 2010, una nueva Constitución conservadora restringió medularmente el principio de ius solis, y un año más tarde la ley de 2004 fue reglamentada de la peor manera imaginable.

Esta institucionalización fue acompañada de violentos brotes racistas en varios puntos de la geografía nacional, que culminaron en la expulsión e incluso el asesinato de ciudadanos haitianos. La propaganda antihaitiana se intensificó como nunca antes, usando como vectores a una serie de pequeñas organizaciones bien financiadas y encabezadas por figuras de alta raigambre trujillista. La prensa se hizo eco –a veces de manera francamente delirante– de la «invasión pacífica» y de cálculos exorbitantes sobre los «millones de haitianos» en el país. Y más de un político vio aquí un campo fértil para captar votos y apoyos, prometiendo muros en las fronteras y expulsiones masivas.

En este contexto de histeria fabricada, la elite política dominicana dio su paso más deplorable: la desnacionalización de cientos de miles de personas dominicanas de origen haitiano mediante la sentencia 168 de 2013 del Tribunal Constitucional. El argumento legal fue que, siendo descendientes de personas en situación irregular (en realidad, todos los inmigrantes estaban en una situación legal que hoy se consideraría irregular, pero entonces era sencillamente normal), sería anulada de manera retroactiva la ciudadanía de todas aquellas personas de origen haitiano nacidas entre 1929 y 2010. Se trató de una auténtica monstruosidad jurídica que lanzó a la apatridia a más de un cuarto de millón de personas, la mayoría de las cuales no tenía nacionalidad haitiana, ni hablaba creole, ni siquiera había visitado alguna vez el país vecino. Los haitianos perdieron empleos y oportunidades de estudios, fueron humillados en las oficinas públicas y debieron someterse a un escrutinio burocrático degradante.

Pero no por truculento el hecho debe considerarse una anomalía en el sistema político dominicano. Fue el resultado lógico, como antes anotábamos, tanto de los usos de los migrantes en la reproducción económica y política de esa sociedad, como de las derivas autoritarias de la propia cultura política. Según Wilfredo Lozano, fue «un producto directo del proceso de pérdida de poder ciudadano y exclusión social que intenta asumir por la vía autoritaria los problemas que genera la masiva inmigración haitiana en Santo Domingo»⁴. De alguna manera, esta «organicidad» de la desnacionalización explica que el gobierno dominicano no tuviera serias dificultades internas para ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional.

Aunque todas las encuestas de opinión indicaban que la mayoría de la población no simpatizaba con la medida, solo una «inmensa minoría» –compuesta por intelectuales, activistas sociales y jóvenes dominico-haitianos afectados por la expropiación de derechos– se opuso de manera pública, lo que dejó el escenario libre para la actuación de los grupos chovinistas. Fueron días particularmente tensos en los que, con total complicidad de la clase política, se profirieron amenazas contra figuras democráticas y se realizaron actos de violencia estructural y física contra residentes haitianos. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó la isla en diciembre de 2013 señalaba la prevalencia de un clima de «discriminación estructural: afectación al acceso a los servicios básicos, incluyendo la educación infantil; incremento de la vulnerabilidad de los grupos afectados y un régimen de intolerancia e incitación a la violencia»⁵.

A fines de 2013 se promulgó el decreto 327-13, que ordenaba a todos los despojados de ciudadanía someterse a un programa de regularización que les permitiría recuperarla en un plazo considerable, lo que fue complementado (con fuertes presiones internacionales de por medio) en mayo de 2014 por la ley 169-14, que dispuso la devolución de la ciudadanía a quienes estaban «legalmente» inscriptos en los archivos del registro civil, y remitía a los que no poseían esta ventaja a un largo y costoso proceso de naturalización, aun cuando pudieran demostrar que habían nacido en República Dominicana en momentos en que ius solis les concedía la ciudadanía. Es decir, dejó incólumes los argumentos ilegales y xenófobos de la derecha, pero les antepuso una supuesta razón humanitaria para beneficiar a una parte de las decenas de miles de afectados.

Estas últimas personas debieron acogerse a un riguroso proceso que les exigía justificar vínculos estables con la sociedad dominicana, estabilidad socioeconómica, un tiempo suficiente de radicación, relaciones familiares, etc., mediante la presentación de documentos formales difíciles de obtener para una población que sobrevive en la informalidad. Tras 18 meses de gestión, se informó que unas 288.466 personas habían presentado los papeles, pero se le había negado la regularización a 17%. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) basado en una encuesta nacional, 58% de los afectados no se presentó al programa de regularización⁶. Y en 2016, la Mesa Nacional de Migraciones reportaba a través de un periódico nacional que el proceso había dejado afuera a medio millón de personas y denunciaba la ocurrencia de persecuciones y deportaciones masivas sin garantías.

¿Quiénes son los «invasores pacíficos»?

La idea sembrada durante decenios acerca de cientos de miles de invasores haitianos que parasitan a la sociedad, interesados en subvertir los valores nacionales y copar el Estado para una fusión insular, comenzó a mostrar fisuras cuando diferentes grupos técnicos miraron hacia dentro de la comunidad haitiana y hurgaron tanto en su composición como en sus motivaciones. Tres conclusiones reiteradas en esos estudios tempranos apuntaban a que los inmigrantes eran normalmente personas en edades laborales óptimas que estaban empleadas la mayor parte del tiempo, que sus cantidades eran mucho más discretas que las cifras millonarias difundidas por los nacionalistas vocingleros y que una buena parte de ellos no eran técnicamente migrantes, sino temporeros que circulaban y estaban dispuestos a volver a Haití a la primera oportunidad.

En 2012 y 2017, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa, por sus siglas en inglés) tuvo la loable idea de patrocinar encuestas con muestras muy amplias que permitieron realizar diagnósticos más exhaustivos y más convincentes para la comunidad nacional⁷. La primera indicaba que había en el país 524.632 inmigrantes y 244.161 descendientes, una buena parte de ellos con nacionalidad dominicana según las normas de derecho de suelo vigentes hasta 2010; 87% de los inmigrantes eran haitianos, 77% de ellos en edades laborales óptimas y 65% varones.

La encuesta de 2017 –sobre la que me detengo con más detalle– fue más concluyente. Se aplicó sobre 73.000 viviendas, donde fueron encuestados 24.547 migrantes de todos los orígenes. Por entonces había 570.933 extranjeros y de ellos nuevamente 87% eran haitianos, unos 497.825. Sumados los descendientes, el total de personas haitianas o dominico-haitianas era de 750.174. Es decir, la cifra total distaba mucho de los apocalípticos «uno o dos millones», y el incremento de los inmigrantes no solo se debía a los haitianos, sino a extranjeros en general.

Esto representaba 5,6% de la población nacional, muy por debajo del porcentaje aproximado de 10% de dominicanos que han emigrado a otros lugares, tal y como hacen los haitianos, en busca de mejoras en sus condiciones de vida.

La migración haitiana se había movido del campo a la ciudad (66% vivía en ciudades, aunque otros inmigrantes se ubicaban en el medio urbano en 96%) y seguía siendo predominantemente masculina (63%) en edades laborales óptimas; 71% se ubicaba en regiones de alta demanda de fuerza de trabajo, lo que apunta a su funcionalidad productiva; 56% se empleaba en empresas privadas –principalmente en las actividades agropecuaria y de construcción– y otro 33% era cuentapropista, sobre todo en el área comercial.

Un dato interesante es que, tanto en la construcción como en la agricultura, los nacionales dominicanos tenían poca presencia, regularmente operaban en tareas jerárquicas, por lo que los haitianos estaban ocupando y valorizando actividades que en otras circunstancias no podrían funcionar, con el efecto dañino que esto tendría en las cadenas de valor en que se insertaban. Curiosamente, 73% estaba alfabetizado, una proporción que no es sustancialmente diferente al porcentaje de alfabetización en República Dominicana, donde 17% de la población es analfabeta.

Los haitianos ocupaban el lugar inferior de la escala social inmigratoria. Sus salarios promedio se ubicaban en torno de los 14.000 pesos (algo menos de 300 dólares estadounidenses al cambio del momento), lo que equivalía a 40% de los salarios de los otros inmigrantes y a 80% de los promedios dominicanos; 95% vivía sin seguros de salud y la mitad carecía de contratos formales. Era también el grupo inmigrante que afrontaba mayores dificultades para realizar trámites, debido tanto a que el sistema público dominicano resultaba poco amigable, como a que la situación crítica haitiana les impedía obtener documentos básicos. Ello se reflejaba en la situación de sus descendientes, que continuaban ocupando los estamentos inferiores de la sociedad.

Sin embargo, a pesar de la masividad, los inmigrantes haitianos no parecían ser los invasores devoradores de la dominicanidad que denunciaban los grupos xenófobos. Aproximadamente 16% de los haitianos entraban y salían usualmente del país, por lo que técnicamente habría dificultades para considerarlos inmigrantes. Pero entre los que habían entrado una sola vez, 32% lo había hecho en el último año, por lo que, si consideramos los valores de 2012, una cantidad considerable de haitianos había hecho un regreso sin retorno a su país. Todo ello, concluía el informe, era «revelador del carácter circular de la inmigración en el grupo predominante: el de origen haitiano».

A modo de conclusiones

Si seguimos a Gary Freeman en su discusión sobre los regímenes de incorporación –los marcos regulatorios que acotan las aspiraciones de integración de los migrantes en los campos mercantil, legal, de acceso al consumo colectivo y de producción y consumo cultural–, habría que concluir que los haitianos y sus descendientes encuentran en República Dominicana muros francamente infranqueables⁸. A sus usos en los espacios menos favorecidos del mercado laboral –construcciones y agricultura– se une el acecho ideológico y político a que son sometidos, que tuvo su peor expresión en la desnacionalización masiva de dominico-haitianos en 2013.

Este uso de la fuerza de trabajo haitiana es equiparable al uso que los empresarios dominicanos hacen del mercado consumidor en la otra mitad de la isla. Y que en última instancia habla del engarzamiento sistémico de la economía insular, y de la manera como la asimetría de las partes actúa en beneficio del capitalismo dominicano. Aunque la propaganda antihaitiana en República Dominicana se empeña en mostrar los supuestos costos de la relación con Haití, en realidad sucede lo contrario: la relación con Haití es, en varios sentidos, un subsidio monumental para el capitalismo dominicano.

Pero ello tiene un efecto perverso. Al mismo tiempo, la prevalencia de las políticas de discriminación estructural, xenofobia y racismo que apuntalan la subordinación haitiana constituye un caldo de cultivo ideal para la proliferación de zonas autoritarias en la cultura política dominicana y en el funcionamiento de su precario régimen político democrático. Mirar la cuestión haitiana desde la tolerancia desprejuiciada es una necesidad para la sociedad dominicana. Una manera de superar su propia esquizofrenia y entender la historia común. Y una condición para avanzar en su propia realización democrática.

Notas:

1. Manuel Machado: La dominicanización fronteriza, Impresora Dominicana, Ciudad Trujillo, 1955, p. 53.

2. N. Fraser y A. Honneth: ¿Redistribución o reconocimiento?, Morata, Madrid, 2006.

3. J. Balaguer: La isla al revés, Corripio, Santo Domingo, 1994.

4. W. Lozano: «República Dominicana en la mira» en Nueva Sociedad Nº 251, 5-6/2014, disponible en www.nuso.org.

5. cidh: Desnacionalización y apatridia en República Dominicana, disponible en www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/RepublicaDominicana/republica-dominicana.html.

6. «El proceso de desnacionalización de personas dominicanas de ascendencia haitiana –afirma el informe– reflejó prácticas excluyentes y discriminatorias que limitaron sus libertades y derechos civiles y políticos. Y aunque solo una minoría de este grupo fue finalmente desnacionalizada, se sentó un precedente legal que dejó abierta la posibilidad de que futuras decisiones judiciales privasen retroactivamente de derechos adquiridos a determinados grupos. Del mismo modo, las personas afectadas por una negación de sus derechos tampoco fueron reparadas, sino que se les obligó a naturalizarse como si siempre hubiesen sido extranjeras». pnud: Informe sobre calidad democrática en la República Dominicana, Santo Domingo, 2019, p. 50.

7. Los datos que aquí exponemos corresponden a las encuestas nacionales de inmigrantes (eni) de 2012 y 2017, publicadas por el unfpa en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana.

8. G. Freeman: «La incorporación de migrantes en las democracias occidentales» en Alejandro Portes y Josh DeWind (coords.): Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, Instituto Nacional de Migración / Universidad Autónoma de Zacatecas / Miguel Ángel Porrúa, Ciudad de México, 2006.

Oriente Próximo: la región más afectada por el cambio climático

Nazanín Armanian

www.publico.es / 101219

En julio del 2018, la temperatura del desierto de Libia alcanzó los 58 grados Celsius, y las llanuras iraníes de Lut los 63°C. Los expertos de la ONU advierten que, a mediados del siglo, extensas superficies de Oriente Próximo y el Norte de África (OPNA) pueden llegar a ser inhabitables. Hasta la llamada Media Luna Fértil, ubicada entre Éufrates y Tigris, donde nació la agricultura hace 12.000 años, se está secando. La Organización de Bosques y Pastizales de Irán revela que la desertificación amenaza el 90% del territorio del país, y que la gran mayoría de los lagos y ríos de Irán se están muriendo: En 2015, el 70% de sus humedales fueron declarados secos.

Los habitantes de las regiones más desérticas del OPNA ya soñaron hace miles de años un lugar verde y lleno de agua en la “otra vida” y lo llamaron Paraíso (Pardis, jardín amurallado en persa), pero, un informe de la NASA señala que el actual período de sequía es el peor de los últimos siglos y el estrés hídrico podrá forzar el desplazamiento de hasta 100 millones de personas hasta el 2025.

Aunque el 70% del planeta está cubierto de agua, solo el 3,5% es agua dulce, de la cual solo el 1% es de fácil acceso; la región del OPNA con el 5% de la población mundial, tiene acceso solo al 1% de esta agua, sufriendo la mayor escasez de agua en el mundo.

Entre 4.000 y 2.000 años atrás, esta región que fue el centro de las primeras civilizaciones humanas (Cartago, Fenicia, Sumeria, Akad, o Persia) -para cuyo desarrollo era imprescindible el agua-, hoy es la región más seca del planeta, y vive una dramática decadencia, aunque no sólo por las calamidades naturales.

Factor guerra

La guerra es el principal causante de la destrucción del medio en el OPNA, curiosamente ausente en la agenda de las “cumbre ecológicas”, que tampoco piden que los ejércitos revelasen su consumo de combustible en las zonas de conflicto. Aunque algunos ecologistas se preocupan por la calidad de la vida de futuras generaciones, las guerras imperialistas de las últimas décadas no sólo han destrozado la vida de cerca de 100 millones de personas (entre ellas, los “hijos de uranio”) en esta región hoy y ahora, sino también su actual y futuro ecosistema. Decenas de millones de barriles de petróleo han sido vertidos a las aguas del golfo Pérsico: la última vez, una cantidad indeterminada durante la “Guerra de los Petroleros” del julio pasado. Las agresiones militares, además generan pobreza, y la pobreza la degradación ambiental: una población desplazada provoca escasez de ciertos recursos en los lugares de acogida, gestando nuevos conflictos de consecuencias desastrosas para el hábitat.

En Gaza, el estado colonial de Israel es el principal causante de la catástrofe medioambiental que viven los millón y medio de prisioneros -incluidos cientos de miles de niños y niñas-, encerrados en unos 365 kilómetros cuadrados. La tala de unos 2 millones de árboles palestinos por los ocupantes; los continuos bombardeos de las depuradoras de agua, las granjas de animales, las hectáreas de cultivos, y de las viviendas que llenan el ambiente de residuos tóxicos, y en parte terminan en el Mediterráneo, harán que en pocos años Gaza sea inhabitable. La alta natalidad de la población (3,4% frente al 1,18 de media mundial) agrava esta situación.

Un capitalismo inculto

En un OPNA dominado por califas, sultanes, jeques y presidentes vitalicios, alcanzar el mayor beneficio en menor tiempo posible y en favor de la propiedad privada de los clanes reinantes, desgarra el hábitat del resto de la población. Emiratos Árabes Unidos está construyendo colosales islas artificiales, -para albergar miles de chalés, centros comerciales, hoteles e incluso una Torre Trump-, en forma de palmera en el Golfo Pérsico, causando un gran desastre ecológico para la flora y fauna: Para formar tres islas extrajeron millones de metros cúbicos de arena acabando con la vida de peces y con el 70% de sus arrecifes de coral.

En 2013, los ciudadanos de Turquía consiguieron salvar el Parque Taksim Gezi de Estambul de convertirse en un centro comercial, pero no pudieron impedir que Tayyeb Erdogan construyera su faraónico palacio en unos 200.000 metros de bosque en Ankara.

Agua: de la crisis a al conflicto

El OPNA lleva 30 años sufriendo la sequía más prolongada de su historia conocida. Los niveles de agua en los ríos Éufrates, Tigris, Jordán o el Mar de Galilea han disminuido, amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas. El Mar Muerto ha perdido un tercio de su tamaño en las últimas dos décadas por el aumento de las temperaturas. En Siria, uno de los motivos del conflicto convertido en guerra ha sido la sequía que le azotó antes del 2011. También el agua fue el origen de la devastadora invasión de Iraq a Irán en 1980: Bagdad rompió el acuerdo de Argelia que el Sha impuso al país vecino en 1975 sobre el reparto del agua fronteriza de Arvand Rud. La muerte de un millón de personas de ambos lados durante ocho años de guerra tampoco resolvió la disputa. El lago iraní de Urumié (Aguas en arameo), uno de los lagos salados más grandes del mundo y declarada reserva de la biosfera por el Unesco, es otra víctima del calentamiento global: murió lentamente durante años, hasta que unas lluvias torrenciales en 2018 le devolvieron algo de la vida.

El proyecto de Etiopia en construir la Gran Represa del Renacimiento sobre el Nilo, que le convertiría en el principal generador y beneficiario de electricidad de África es también una fuente de tensión con Egipto que teme perder su hegemonía sobe la región. En Turquía el proyecto Gap, de construir 22 presas y 19 centrales de agua sobre Éufrates y Tigris, afectará a la vida de millones de iraquíes, sirios e iraníes, gestando nuevos conflictos.

Más hijos, menos recursos

El aumento descontrolado de la población de la OPNA de 127 millones de personas en 1970, a 320 millones en 2010 hará que a mediados del siglo y con este ritmo de crecimiento, esta región tenga 700 millones de habitantes. Siria pasó de 4 millones de habitantes en 1950, a 20 millones en 2010; en el Irán, la prohibición de los anticonceptivos por la teocracia islámica hizo disparar estas cifras: de 30 millones de habitantes en 1978 a 81 de hoy. Tayyeb Erdogan, al que le parecen pocos los 82 millones de “súbditos” actuales, propuso cambiar el Día Internacional de la Mujer trabajadora al «Día de la glorificación del Parto», animando a las mujeres a tener un mínimo de cinco hijos, confundiendo a las ciudadanas con máquinas de parir. Las feministas le obligaron a archivar este disparate.

Nefastas políticas

El cultivo caprichoso de ciertos productos: ¿Sabían que un kilo de sandía requiere unos 300 litros de agua? Irán, el tercer productor de esta delicia después de China y Turquía, cuando exporta 100 mil toneladas de esta fruta al año (a España, por ejemplo) habrá gastado 50.000 millones de metros cúbicos de agua.

La destrucción de las milenarias técnicas de preservar el agua, como los Qanat (Canal es la deformación fonética de este término persa), que son depósitos subterráneos de agua y redes de su distribución: la extracción descontrolada de sus aguas mediante la excavación de más de 760.000 pozos en los últimos 25 años. En Bamián de Afganistán, los incesantes bombardeos de la OTAN han acabado con el antiguo sistema de almacenamiento subterráneo de Karez. En este país, con importantes caudales de agua, la poderosa mafia maderera, en cuarenta años de guerra y caos, ha talado el 60% de los árboles de sus bosques.

En ninguno país de la OPNA proteger el medio ambiente está entre las prioridades de sus gobiernos; en ninguno el transporte público es gratuito, y en la mayoría es deficiente, forzando a la población a usar millones de coches que emiten gases tóxicos durante interminables horas de caravanas que se forman en sus grandes ciudades, poniendo en manifiesto además la ineficiencia de sus alcaldes.

Ahwaz (Irán): reúne todos los males

Los 1,2 millones de habitantes de la capital de la provincia iraní de Juzestán -que alberga cerca del 90% de reservas petrolíferas del país-, respira el aire más nocivo del planeta: su Índice de Calidad es 372, cuando la Agencia de Protección Ambiental establece el numero 300 como indicador del aire más peligroso.

Para que esta región, que formó parte del mítico imperio Susa, ostente tal estatus, han tenido que converger los siguientes factores:

+ Ser gobernada por un capitalismo, además dictatorial, que además de dar la prioridad a los intereses empresariales por encima del bien común, persigue a los ecologistas independientes que exigen unas regulaciones básicas para las plantas de procesamiento de hidrocarburo y sus derivados.

+ Pertenecer a la minoría árabe del país, empobrecida, discriminada, y perseguida.

+ Haber sido zona de guerra durante la invasión de Iraq a Irán en los años ochenta. Las refinerías y los pozos de ambos países fueron atacados mutuamente con misiles durante ocho años.

+ Compartir frontera con Iraq, país bombardeado por EEUU y sus aliados desde 1991 hasta hoy (¡bajo el pretexto de luchar contra Daesh).

+ Introducir por parte de empresarios gubernamentales un cultivo no autóctono: la caña de azúcar. Con ello:

* Perjudicaron a los cultivos autóctonos como trigo y dátil.

* Desviaron ríos y drenaron pantanos para regar grandes plantaciones de azúcar, que consume una ingente cantidad de agua en su procesamiento, y que secaron los humedales de Falahiyeh y Horazim

* Condenaron a la pobreza absoluta a miles de familias campesinas, y vertieron deshechos contaminantes a las aguas que regaban las tierras cultivables de los agricultores pobres

* Generaron un aire irrespirable por la quema de las cañas, y a pesar de todo ello, aun así, el negocio fue un fracaso total, amen al mercado libre y la importación por otros empresarios el azúcar más barato de la India.

Para más inri, esta ciudad recibe fuertes tormentas de arena llegadas de un Iraq devastado y desertificado. En febrero del 2018, miles de ahwazíes fueron atendidos en los hospitales por respirar un polvo contaminado que causó el cierre de aeropuertos y escuelas durante días.

Según el Centro de Estadísticas de Irán, entre 1974 y 1994 cerca de 24 millones de iraníes abandonaron su residencia anterior huyendo de la sequía, los terremotos y las inundaciones.

Salvar el medio ambiente es imposible sin 1) parar las guerras y 2) desmantelar el sistema capitalista en favor de la propiedad pública y democrática sobre los medios de producción, y una distribución justa de los recursos.

Si Sócrates viviese hoy moriría de tristeza

Leonardo Boff

www.atrio.org / 141219

Vivimos el tiempo de los “pos”: pos-moderno, pos-capitalista, pos-neoliberal, pos-comunismo, pos socialismo, pos-democracia, pos-religioso, pos-cristiano, pos-humano y recientemente pos-verdad. Prácticamente todo tiene su pos. Tal hecho denota solamente que no hemos encontrado todavía el nombre que defina a nuestro tiempo, y estamos viviendo rehenes del viejo. Sin embargo, aquí y allá asoman señales de que algún nombre adecuado está por llegar. En otras palabras, no sabemos aún cómo definir la identidad de nuestro tiempo.

Así ocurre con la expresión posverdad. Esta fue acuñada por un dramaturgo serbio-norteamericano, Steve Tesich, en un artículo de la revista The Nation de 1992 y retomada después por él al referirse irónicamente al escándalo de la Guerra del Golfo. El presidente Bush hijo, reunido con todo el Gabinete, pidió permiso para retirarse algunos minutos. Fundamentalista como era, iba a consultar al buen Señor. Dice, “de rodillas pedí al Buen Señor luces para la decisión que iba a tomar; tuve claro que debíamos ir a la guerra contra Saddam Hussein”. Las informaciones más seguras afirmaban que no había armas de destrucción masiva. Era una posverdad. Pero gracias al “Buen Señor”, contra todas las evidencias, reafirmó: “Vamos a la guerra”. Y, bárbaros, fueron y destruyeron una de las civilizaciones más antiguas del mundo.

El diccionario Oxford de 2016 la escogió como la palabra del año. La define así: “Lo que es relativo a la circunstancia en la cual los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las emociones y creencias personales”. No importa la verdad; sólo cuenta la mía. El periodista británico Matthew D’Ancona le dedicó un libro entero titulado “Pos-verdad: la nueva guerra contra los hechos en tiempos de fake news (Faro Editorial 2018). En él muestra cómo se da el predominio de la creencia y de la convicción personal sobre el hecho bruto de la realidad.

Es doloroso verificar que toda la tradición filosófica de Occidente y de Oriente, que significó un esfuerzo exhaustivo en la búsqueda de la verdad de las cosas, está siendo ahora invalidada por un inaudito movimiento histórico que afirma que la verdad de la realidad y la dureza de los hechos es algo irrelevante. Lo que cuenta son mis creencias y convicciones: sólo serán acogidos aquellos hechos y aquellas versiones, sean verdaderas o falsas, que encajan con estas creencias y convicciones mías. Ellas representarán para mí la verdad. Esto funcionó ampliamente en las campañas presidenciales de Donald Trump y de Jair Bolsonaro.

Si Sócrates, que dialogaba incansablemente con sus interlocutores sobre la verdad de la justicia, de la belleza y del amor, constatase el predominio de la posverdad, seguramente no necesitaría tomar la cicuta: Moriría de tristeza.

La posverdad denota la profundidad de la crisis de nuestra civilización. Representa la cobardía del espíritu que no consigue ver y convivir con aquello que es. Tiene que deformarlo y acomodarlo al gusto subjetivo de las personas y de los grupos, generalmente políticos.

Aquí son oportunas las palabras del poeta español, Antonio Machado, huido de la persecución de Franco: “¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”. Ahora vergonzosamente ya no es necesario buscar juntos la verdad. Educados como individualistas por la cultura del capital, cada uno asume como verdad la que le sirve. Pocos se enfrentan con la verdad “verdadera” y se dejan medir por ella. Pero la realidad resiste y se impone y nos da duras lecciones.

Bien observaba Ilya Prigogine, premio Nobel de termodinámica en su libro El fin de las certidumbres (1996): vivimos el tiempo de las posibilidades más que de las certidumbres, lo que no impide buscar la verdad de las leyes de la naturaleza. Zygmunt Bauman prefería hablar “de las realidades líquidas” como una de las características de nuestro tiempo. Lo decía más bien con ironía, pues de este modo se sacrificaba la verdad de las cosas (de la vida, del amor etc). Sería el imperio del everything goes: del todo vale. Pero sabemos que no todo vale, como violar a un niño.

La posverdad no se identifica con las fake news: estas son mentiras y calumnias difundidas a millones por los medios digitales en contra de personas o partidos. Tuvieron un papel decisivo en la victoria de Bolsonaro así como en la de Trump. Aquí se da por válido el descaro, la falta de carácter y una total falta de compromiso con los hechos. En la posverdad predomina la selección de aquello, verdadero o falso, que se adecúa a mi visión de las cosas. Su defecto es la falta de crítica y de discernimiento para buscar lo que es realmente verdadero o falso.

No creo que estemos ante una era de la “posverdad”. Lo que es perverso no tiene cómo sustentarse por sí mismo para fundar una historia. La palabra decisiva la tiene siempre la verdad cuya luz nunca se apaga.

*Leonardo Boff es filósofo y ha escrito Tiempo de Transcendencia: el ser humano como proyecto infinito, Sal Terrae, 2007.

Quiénes derrocaron a Evo

Luis Britto García

www.alainet.org / 061219

1

Estados Unidos encomienda a su encargado de negocios Bruce Williamson interferir en las elecciones de Bolivia. En forma incomprensible, Evo invita a la OEA como observadora. Irresponsablemente ésta, antes de los resultados oficiales, denuncia sin fundamentos un “cambio inexplicable de tendencia”, de una vez hace recomendaciones “de cara a una segunda vuelta” que no estaba planteada y ofrece un “análisis de integridad electoral” para el 12 de noviembre, que no ha sido entregado hasta hoy, seguramente porque no hay irregularidades que reseñar (El pizarrón Opinión > La Razón – Editorial: En Bolivia falta el informe de la OEA. 1-12-2012).

El infundado pronunciamiento sirve de excusa para que el ministro de la Defensa “sugiera” a Evo la renuncia. El 19 de noviembre, Prensa Latina recoge en la Paz acusaciones “que responsabilizan a Estados Unidos de orquestar y financiar con pagos a militares y policías, del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia. En ese encadenamiento de hechos, diversas fuentes aseguran que el general Williams Kaliman, quien presionó a Evo Morales a renunciar a la presidencia el pasado 10 de noviembre, fue remunerado por Estados Unidos con un millón de dólares. Kaliman recibió ese monto de manos de Bruce Williamson, encargado de negocios de la embajada estadounidense, mientras otros generales recibieron la misma cantidad y varios jefes de policía fueron pagados con 500 mil cada uno”.(https://www.prensa- latina.cu/index.php?o=rn&id=322108&SEO).

Tras haber “sugerido” en forma amenazadora al Presidente Evo Morales que renunciara y sacar al ejército a la calle para atacar al pueblo, Kaliman también se exilia, como era de prever, en Estados Unidos. Policía y ejército reprimen salvajemente a la población, no falta la dama que se autoproclama presidenta a pesar de que su partido no junta más de tres diputados. Parece el clásico golpe de Estado de derecha. Lo único que varía es el maquillaje para legitimar el crimen.

2

He estado varias veces en Bolivia; en una situación como la presente no tenemos más instrumento que el análisis crítico de los medios para formarnos una idea de lo que pasa. Las transnacionales de la información no sólo mienten, por momentos festejan. Lo nuevo en este tumulto es que no falta quien recoja voces de algunos movimientos étnicos que supuestamente se unen al coro imperial tratando de deslegitimar al mandatario triunfador en las elecciones. Así, según reseña el senador italiano Francesco Martone;

La antropóloga feminista boliviana de origen aymara Silvia Rivera Cusicanqui lo dijo muy claramente: Morales estaba en manos del «cholaje» anti-indio, militar, machista, colonizado, brutal, irracional y ecocida. «Es solo la máscara del indio y ha usurpado el valor simbólico de todas las luchas sociales». El mismo tenor se encuentra en Mensaje de Nación Qhara Qhara a Evo Morales: «Señor presidente, desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos: ¿dónde te perdiste? Porque no vives dentro de los preceptos ancestrales que dice que debemos respetar el muyu (círculo): solo una vez debemos gobernar. (…) Deja de enviar indígenas como carne de cañón para el respaldo de tus intereses y de los que te rodean, que ya no son los nuestros; deja de enviar matones a maltratar a nuestra gente; deja que vivamos en nuestra ley; deja de hablar en nombre de los indígenas que ya perdiste tu identidad» (http://www.other-news.info/noticias/2019/11/)/

 El mismo autor cita otros movimientos sociales que con el pretexto de criticar a Morales se habrían colocado de hecho junto a quienes lo derrocan por la fuerza:

«¡Morales es un presidente machista!», gritó María Galindo, artista y activista GLBQTI y animadora del colectivo Mujeres Creando y del Parlamento de Mujeres. Que se tratase de un golpe de estado, dice Galindo, es solo parte de la realidad, el problema es que Morales se ha convertido, como diría Frantz Fanon en su «piel negra y máscara blanca», en un caudillo y una máscara al mismo tiempo. Morales no dudó en alimentar el conflicto, que luego degeneró en una «fascistización del proceso», que invisibilizó miles de jóvenes bolivianos y bolivianas, que salieron a las calles, quizás por primera vez en sus vidas, para desafiar el poder que Evo pensó que podría ser eterno. (http://www.other-news.info/noticias/2019/11/)

El brutal golpe de Estado contra un presidente elegido por la mayoría de los sufragantes sería, entonces, “sólo parte de la realidad”; habría una “fascistización del proceso”; no se trataría de que ejército, policía y fundamentalistas blancos humillan y asesinan indígenas; la cacería humana que los pistoleros desatan en Bolivia consistiría en realidad en que hay “miles de jóvenes bolivianos y bolivianas, que salieron a las calles, quizás por primera vez en sus vidas, para desafiar el poder que Evo pensó que podría ser eterno”. ¿Miente el senador italiano Martone? ¿Mienten los declarantes que él reseña? Simplemente transcribo informaciones para someterlas a juicio del perplejo lector.

3

Este conmovedor esfuerzo por maquillar un golpe de Estado fascista presentándolo como hechura, no de militares, policías, millonarios de derecha y funcionarios de la OEA sino como inspiración de “miles de jóvenes” se descompone a medida que profundizamos en los alegatos del mismo autor. En realidad, se trata, una vez más, de una agresión contra un Estado nacional que dispone de sus recursos naturales, y del enfrentamiento entre movimientos étnicos que reconocen dicha potestad soberana al Estado y movimientos étnicos que se la niegan porque se consideran únicos titulares de la misma en virtud de la concesión graciosa otorgada por “académicos autorizados y activistas ambientales” extranjeros. Así, según el mismo Martone: En algún momento las cartas cambian de color. Evo profundizó el extractivismo. Solón renunció porque ya no podía defender esas políticas extractivas. Moreno dividió la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia). Y eso provocó el aparecimiento y el enfrentamiento de la CIDOB «auténtica» y la CIDOB «oficialista». Poco después, siempre relacionado con TIPNIS, una delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza -instancia de la sociedad civil organizada con jueces y juezas de todos los continentes- realizó una visita de inspección para adquirir elementos directamente de las comunidades afectadas. Esa delegación compuesta por académicos autorizados y activistas ambientales, como parte de un tribunal ético compuesto por personas de reconocida prestancia ética y profundos conocedores de los Derechos de la Pachamama, fue intimidada por parte del gobierno e inclusive estuvo secuestrada por cocaleros afines al régimen de Morales. No hay duda que el objetivo de Morales al abrir ese camino era para facilitar a los cocaleros la ampliación de sus actividades asegurándose su apoyo político, al tiempo que abría la puerta a la explotación petrolera. (http://www.other-news.info/noticias/2019/11/)

El golpe no sería entonces episodio de pistolerismo imperial, no: sólo ejecutaría los benévolos deseos de un “Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza”, compuesto por extranjeros que debe decidir, en lugar del pueblo boliviano, a quién pertenecen los recursos naturales del país.

4

Veamos cómo representan la destrucción del gobierno de Morales por una dictadura fascista otros simpatizantes de movimientos étnicos, como Francisco Javier Velazco Páez. Según Velazco, “El presidente boliviano, Evo Morales, acaba de renunciar luego de que el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Kaliman, sugiriera que dejara el poder luego de la votación presidencial del 20 de octubre que, según observadores electorales, fue fraudulenta. La medida de Morales, quien como jefe del sindicato de cocaleros lideró las protestas que derrocaron a otros presidentes, se produjo cuando las fuerzas armadas se declararon neutrales frente a tres semanas de manifestaciones cada vez más caóticas en varias ciudades que dejaron un saldo de muertos, heridos y destrozos materiales”. El lector informado sabe que los únicos “observadores electorales” que objetaron la elección de Morales fueron los de la Organización de Estados Americanos, con justicia motejada como Ministerio de Colonias de Estados Unidos; que a pesar de este vínculo de dependencia, la OEA no declaró fraudulenta la elección, sino que opinó que presentaba detalles “inusuales”; que las fuerzas armadas no “se declararon neutrales”, pues exigir la renuncia de un Presidente electo por el pueblo no es neutralidad, y menos reprimir por la fuerza desnuda la protesta popular y aceptar y legitimar una nueva presidenta votada por nadie. De tal manera un supuesto vocero de movimientos indígenas califica de “fraudulenta” una elección cuya legitimidad fue confirmada, primero, por los propios órganos soberanos electorales, y luego, por análisis independientes. Legitima el ultimátum de un militar golpista, invistiéndolo de “neutralidad”. Ni siquiera Augusto Pinochet tuvo defensores tan entusiastas y mendaces.

5

 Examinemos la explicación de Velazco Páez sobre el triunfo electoral de Evo en 2009 y su posterior derrocamiento una década más tarde:

En ese entonces, él invitó a los pueblos indígenas que comprenden la mayoría de la población, sometida durante siglos a la exclusión, a reescribir el documento político fundacional de la nación. El texto resultante le valió a ese sector fundamental de la población un reconocimiento, una representación y una autonomía sin precedentes, sacralizó la cosecha de coca como un patrimonio nacional e incluyó un lenguaje con un fuerte matiz ambientalista. Aunque escándalos de corrupción empañaron la imagen de su gobierno, su derrota en el referéndum fue en buena parte debida a las críticas surgidas en el seno de la alianza que lo llevó al poder, incluyendo a los propios pueblos indígenas que jugaron un papel central en su elección.

Difícilmente podría imaginarse más contundente requisitoria contra un movimiento progresista. Entre los crímenes del Presidente depuesto estarían haber invitado a los indígenas a que redactaran una constitución que “le valió a ese sector de la población un reconocimiento, una representación y una autonomía sin precedentes, sacralizó la cosecha de coca como un patrimonio nacional e incluyó un lenguaje con un fuerte matiz ambientalista”. En agradecimiento, su derrota en el referendo sobre la reeleción fue “debida a las críticas surgidas en el seno de la alianza que lo llevó al poder, incluyendo a los propios pueblos indígenas que jugaron un papel central en su elección”. En efecto –seguimos citando a Velazco- “Algunos importantes grupos y líderes indígenas que habían desempeñado un rol fundamental en la redacción de la nueva constitución y en la promoción de la revolución política anunciada por Morales, se convirtieron en sus críticos más sistemáticos y consistentes. Pese a que Morales continuó contando durante un buen tiempo con el apoyo de más del 60% de la población, sobre todo en áreas rurales, prominentes grupos de activistas indígenas chocaron repetidas veces con el gobierno en torno a proyectos de desarrollo que han afectado negativamente el ambiente y amenazado el modo de vida ancestral”. Según este punto de vista, ni la injerencia imperial de Estados Unidos, ni la derecha boliviana racista y fascista, ni el ejército golpista, ni la policía represora, ni los medios difamatorios habrían tenido nada que ver con el derrocamiento del Presidente electo. Los agentes del desastre habrían sido “prominentes grupos de activistas indígenas” por medidas “que han afectado negativamente el ambiente y amenazado el modo de vida ancestral”. Estos prominentes activistas se cuidaron bien de no derrocar los gobiernos de derecha que durante décadas no les otorgaron nada; en poco tiempo habrían demolido el gobierno de quien les concedió todo ¿Qué representatividad tienen esos “prominentes grupos de activistas indígenas”?

6

Pues, siempre según Velazco, “Los críticos organizaron marchas en contra del proyecto, que se desplazaron hacia la ciudad capital de La Paz y que fueron reprimidas por la policía, con saldo de numerosos manifestantes arrestados, hecho que generó un clamor de protesta entre otros sectores sociales en muchas partes del país y atrajo una no muy común atención internacional”. Las marchas entonces se habrían movilizado contra Evo, no contra los capitalistas externos o internos, ni contra el Imperio, ni contra los secesionistas, y como por casualidad atrajeron “una no muy común atención internacional” que, durante siglos, había permanecido ciega, sorda y muda ante los sufrimientos bolivianos.

7

En fin, mientras la opinión latinoamericana progresista condena el brutal asalto al poder y los gobiernos permanecen a la expectativa antes de reconocer la dictadura instaurada por la fuerza, algunos movimientos étnicos se apresuran a reconocerla pactando con ella. Así, Resumen Latinoamericano informa el 26 de noviembre de 2019 que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) avanza, con participación de la autoelegida Jeannine Añez, un “proyecto de ley para la pacificación del país” que suscriben “dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa; la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB); la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB); y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq)”. Por su parte, El ministro del Gobierno de facto, el racista Arturo Murillo, manifestó que “hemos logrado concluir nuestro acuerdo de pacificación del país».

(http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/11/26/).

8

Algunos movimientos étnicos se vanaglorian entonces de haber concluido la labor de “pacificación”, vale decir, de exterminio de la resistencia popular, que ni la embajada de Estados Unidos, ni el ejército, ni la policía, ni las bandas paramilitares dedicadas a la cacería de compatriotas, ni la presidenta autoproclamada, ni la derecha oligárquica habían podido culminar. Decimos bien: algunos. Ni están plegados a la derecha todos los movimientos étnicos, ni sus dirigencias representan necesariamente el parecer de sus miembros, y mucho menos el parecer de la diversa, compleja y mayoritaria población indígena. Al igual que las demás organizaciones humanas, no siempre dominan la verdad ni son inmunes al error. Prueba de ello, las contradicciones en que incurren. Movimientos étnicos apoyaron el golpe contra Rafael Correa, declararon su “autonomía e independencia” cuando la intentona secesionista de la Media Luna en Bolivia, se pusieron de acuerdo con Lenin Moreno para apaciguar las protestas contra su paquete neoliberal y ahora, de creerle a algunos medios, algunos de ellos “pacifican Bolivia”. Así como los hay progresistas y humanistas, parecería que también hay movimientos étnicos de maletín.

9

Aparte de sus estratégicos recursos de estaño y de gas, Bolivia tiene la que parece ser la mayor reserva mundial de litio, mineral imprescindible para la fabricación de baterías eléctricas. No nos dejemos distraer por cortinas de humo. De lo que se trata es de despojar al Estado Nacional de sus potestades de disponer de los recursos naturales, para traspasarlos al imperio, a las oligarquías locales y a algunos supuestos movimientos étnicos que no son nacionales ni mayoritarios. A las transnacionales les resulta más difícil y costoso negociar con Estados Nación que con movimientos. Nada garantiza que a su vez estos no negocien o concedan la explotación de dichos recursos de acuerdo con sus intereses parciales, sin tener en cuenta los de la Nación ni los del total de la población. De movimientos que legitiman golpes de Estado fascistas y racistas contra presidentes electos se puede esperar cualquier cosa.

Dime con quién andas y te diré quién eres.