Por: Guillermo
Castro H.
La historia construye sus problemas desde los temores que
nos inspira el futuro, iluminando el pasado con una suerte de luz negra que
resalta de maneras insospechadas el perfil de los acontecimientos. Así ocurrió
en Panamá el pasado 11 de octubre pasado. Ese día se cumplieron 50 años del
golpe de Estado que en su momento abrió paso a negociación del Tratado Torrijos
Carter de 1977, cuya ejecución culminaría en 1999 con la eliminación de la
presencia militar norteamericana en Panamá y el traspaso del Canal de manos del
Estado norteamericano a las del panameño.
Ese medio siglo incluye, por cierto, la
agresión militar norteamericana de 1989 – cuyo XXX aniversario ocurrirá el
próximo año -, la cual, siendo una invasión por su forma, constituyó un golpe
de Estado por los objetivos que se propuso lograr, y logró. De aquí resulta un
dato curioso. El periodo 1968 – 1989 es aquel que – Immanuel
Wallerstein dixit – se inició con la primera gran fractura en
el consenso liberal desarrollista que vino a ser hegemónico en la geocultura
mundial tras la Gran Guerra de 1914 – 1945, para concluir con el derrumbe del
orden que sustentaba ese consenso al desintegrarse de su ala izquierda, la
Unión Soviética y lo que fuera el campo socialista en Europa Oriental.
Entender la razón de estas cosas
requiere verlas en su devenir. En Panamá, a todo lo largo del siglo XX, ese
devenir llevó a sus formas más extremas un proceso iniciado en el siglo XVI y
abrió, quizás, la posibilidad de encarar lo peor de sus consecuencias en el
XXI. Lo que se inició en aquel entonces con la conquista europea fue una
modalidad de organización del tránsito interoceánico a través del Istmo, que
concentró esa actividad en una sola ruta bajo control de la Corona española y
estableció una frontera interior que segregaba a todo el litoral Atlántico y el
Darién. Panamá pasó de este modo a ser organizado como país en una cuarta parte
de su territorio, y así permaneció hasta mediados del siglo XX.
Aquella concentración del tránsito en
una sola ruta concentró también en quienes la controlaban el poder económico y
político sobre el Istmo y su destino. La lucha por el control de ese poder vino
así a convertirse en un factor de primer orden en la vida política del
Istmo.
La intensidad y el ritmo de esa lucha
estuvieron asociadas, por otra parte, a la función singular cumplida por Panamá
en la economía regional. Este, en efecto, es el único país de la región que no
se define por lo que exporta, sino por los servicios que ofrece al comercio
exterior de los demás.
A ese hecho responde nuestra
organización territorial. Para todo fin práctico, Panamá nació como un enclave
transitista. Como tal se independizó de España en 1821 para integrarse en la Gran
Colombia bolivariana, de la que se separó en 1903 para acogerse a un régimen de
protectorado pactado con los Estados Unidos, y liberarse de esa tutela en 1999
para asumir, finalmente, el pleno ejercicio de las responsabilidades de la
soberanía.
El siglo XX panameño, en efecto, se vio
marcado por la disputa entre los Estados Unidos y Panamá por el control de la
renta generada por la operación del Canal interoceánico construido por el
gobierno norteamericano entre 1904 y 1914 al interior de un enclave militar-industrial
conocido como Zona del Canal. Esa disputa estuvo marcada por la negociación de
tratados entre ambos países, que modificaron primero los privilegios políticos
y económicos concedidos a Estados Unidos por el tratado de 1903, y finalmente cancelaron
este último, liquidaron la Zona del Canal y transfirieron la administración del
Canal al Estado panameño.
Importa notar, si, dos características
de este proceso. La primera consiste en que todos los mandatarios panameños que
firmaron esos Tratados – Harmodio Arias, José Remón y Omar Torrijos –
estuvieron previamente involucrados en golpes de Estado que de un modo u otro
abrieron paso a esas negociaciones. La segunda es que el Tratado Torrijos –
Carter, al resolver a favor de Panamá el control de la renta canalera, trasladó
al interior de la sociedad panameña la disputa por el control de la misma.
A cincuenta años del golpe de Estado de
1968 el Estado panameño controla el Canal, sin duda. Con eso, pasa a primer
plano el problema de quién controla el Estado. Esta no es una pregunta
retórica. En las vísperas del XXX aniversario del golpe de Estado que
restableció el orden liberal democrático en Panamá, y al cabo de una década de
notable expansión económica, el país sigue enfrentando una circunstancia en la
que se combinan un crecimiento económico incierto, una inequidad social
persistente y una degradación ambiental constante.
A eso ha venido a agregarse, en la
última década, un deterioro institucional que – a través de la creciente
demanda por la convocatoria a una Asamblea Constituyente – reclama ya una
trasformación del Estado que contribuya a culminar la construcción de una
sociedad democrática sustentada en una economía próspera, sostenible y
equitativa. Necesitamos, en breve, culminar la construcción de una República
con todos y para el bien de todos. Así de latinoamericano es hoy nuestro
problema fundamental.
Panamá, 19 de octubre de 2018.
