Nelson Rauda Zablah | Infografía: Andrea
Burgos
www.elfaro.net / 041217
Un grupo de voces discute en la YSKL, una
de las frecuencias radiales más tradicionales y de mayor alcance del país, si
existió o no una masacre en El Mozote. No estamos en la década de los 80, ni
siquiera en los 90 de inmediata postguerra, es 21 de octubre de 2017. Han
pasado 36 años desde la masacre y en El Salvador aún es común oír a quien no
cree que haya ocurrido el crimen o a quienes, si bien lo admiten, lo justifican
por la noción de que los masacrados eran de uno de los bandos en guerra: los
guerrilleros.
Los tertulianos quizá no sepan, y el resto
del país tampoco, que ya existe una cifra oficial de personas masacradas
por el ejército aquel diciembre de 1981 en El Mozote. El gobierno, obligado a
levantar el censo por una sentencia de 2012 de la Corte Interamericana de
derechos Humanos, no se ha tomado el tiempo para difundirlo. Quizá por eso los
tertulianos desconocen que ya es oficial una cifra preliminar de 978 personas
asesinadas, y que la mayoría de ellas, de los supuestos guerrilleros, eran niños:
553 menores de edad. De los cuales 477 tenían menos de 12 años. Entre ellos,
248 menores de seis.
En la radio, Marvin
Aguilar, un tertuliano habitual de radio y televisión que se
presenta como 'culturólogo', discute con Ulises del
Dios Guzmán, un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia investigado
por corrupción:
—¿Estamos todos de acuerdo en que hubo una
masacre? —pregunta Aguilar.
—No, yo no estoy de acuerdo en que hubo masacre —responde el exmagistrado.
—¿Y de qué murió esa gente? ¿De paludismo?
—No, yo no estoy de acuerdo en que hubo masacre —responde el exmagistrado.
—¿Y de qué murió esa gente? ¿De paludismo?
—Hubo un montón de muertos, que es otra
cosa —insiste Ulises del Dios Guzmán.
—¿Se resbalaron todos al mismo tiempo y se
rompieron la cabeza?
—No, yo no sé, pero masacre es cosa
diferente. Dicen, dicen que hay 800 muertos...
Desde la masacre han pasado casi cuatro
décadas, una sentencia de la Corte Interamericana y hay un juicio penal
abierto contra 18 altos mandos militares, pero expresiones de
incredulidad y negación como las del exmagistrado son comunes en El Salvador.
Por eso los números oficiales son importantes, porque el Estado se comprometió,
en los Acuerdos de Paz, a contabilizar las víctimas y respetar su memoria,
señalando hechos atroces como los de El Mozote e investigándolos. Pero prefirió
olvidarlo.
Tras negar la masacre entre 1981 y 2012,
el Estado salvadoreño reconoce ahora una cifra oficial de muertes que confirma
todas las versiones de quienes sufrieron aquel embate del Ejército. Tras un
proceso de verificación de los antiguos registros el Gobierno acepta que hubo
al menos 978 ejecutados en la masacre de El Mozote, la mayoría menores de edad,
93 mayores de 56 años, 478 de ellas mujeres y 488 hombres.
El Faro obtuvo estas cifras del “Registro
único de víctimas y familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos durante la masacre de El Mozote”, que administra directamente la
presidencia de la República. En el documento, fechado en septiembre de 2017, la
presidencia asegura que el conteo estaba en proceso desde mayo de 2012. Sin
embargo, fue la sentencia de la Corte Interamericana, de diciembre de 2012, la
que obligó al Estado a consolidar el registro y para finales de 2013, según
aseguran representantes de las víctimas, no había avances en su construcción.
Pese a tratarse de un registro público, el
Ejecutivo solo lo divulgó a través de la página web Transparencia Activa,
dirigida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, un día después de que este periódico recibiera una copia como
respuesta oficial a una petición formal de información, amparada por la Ley de
Acceso a Información Pública.
El registro de víctimas incluye, además de
las 978 personas ejecutadas, a 604 de sus familiares, a 47 sobrevivientes y a
29 personas que fueron desplazadas por los operativos militares que ocurrieron
el 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en El Mozote y lugares aledaños. En total,
El Salvador reconoce en este momento, según este registro, a 1,658 víctimas de
la masacre.
30
años para encarar la verdad
Desde la denuncia de la masacre el 27 de
enero de 1982 en dos periódicos estadounidenses, se ha hablado de que las
víctimas en El Mozote fueron en torno de mil. El New York
Times dio en su reportaje de enero del 82 dos posibles cifras: 733 y
926, mientras que el Washington
Post solo dijo que eran varios cientos de civiles asesinados. Cuando
la Corte IDH emitió su sentencia en 2012, certificó 440 víctimas.
Ya en 1982 el New York Times reportaba que
entre el 30 y el 40% de los ejecutados eran niños. Ahora la cifra oficial
confirma que más de la mitad eran menores de edad: 553. El 56% del total de
muertos. Doce de ellos eran bebés no nacidos.
Las últimas han sido décadas de negación.
Tras ignorar los primeros reportes en 1981, tanto el gobierno salvadoreño como
el estadounidense no solo negaron sino atacaron las versiones de los periódicos
estadounidenses en el 82. Un día después de la publicación simultánea de esos
reportajes, el presidente Ronald Reagan envió al Congreso estadounidense una
garantía de que el gobierno de El Salvador “estaba haciendo un esfuerzo
coordinado significativo para respetar los derechos humanos internacionalmente
reconocidos”, como recogió el periodista Mark Danner en su libro Masacre: la
guerra sucia en El Salvador (Malpaso, 2016).
Entre 1982 y 2012, sucesivos gobiernos de
El Salvador negaron la masacre: primero una Junta Revolucionaria de Gobierno;
luego el presidente Álvaro Magaña, el gobierno Demócrata Cristiano de Duarte y
cuatro gobiernos de la derechista Arena.
Tan tarde como en 2010, ya con el FMLN en
el poder y 29 años después de la masacre, el gobierno de El Salvador todavía le
aseguró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la población civil
"en ningún momento del conflicto armado salvadoreño fue considerada un
blanco militar”. Para ese entonces, ya había abundante evidencia de la responsabilidad
estatal en la masacre, tanto por los reportes periodísticos, como en el informe
de la Comisión de la Verdad y en estudios de organizaciones no gubernamentales.
Pero el primer gobierno de izquierda, heredero de la guerrilla, mantuvo el
silencio y la negación.
Hubo que esperar hasta 2012 para que el
presidente Mauricio Funes reconociera oficialmente la masacre en un acto en el que llegó a las
lágrimas, y cinco años más para tener un dato oficial.
Los negacionistas han alegado por años que
es imposible que hubiera mil víctimas en un cantón en el que no vivía tanta
gente, pero lo cierto es que a la masacre se la conoce como El Mozote por el
caserío en el que hubo la mayor cantidad de víctimas. El operativo del Batallón
Atlacatl también abarcó otras seis ubicaciones: los caseríos de Ranchería, Los
Toriles y Jocote Amarillo; los cantones La Joya y Cerro Pando; y la cueva del
Cerro Ortiz. La suma de todas las víctimas asesinadas en esos poblados, calculada
durante décadas a partir del relato de los sobrevivientes, daba una cifra
cercana a mil, hoy corroborada por el registro oficial.
Un argumento incontestable para quienes
trataron de negar lo sucedido en El Mozote fueron siempre los cadáveres. Entre
1992 y 2015, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recuperó más de
400 osamentas de algunos de los sitios de la masacre. La sentencia de la CIDH
reconoció un número similar de víctimas ejecutadas: 440. La Fiscalía General de
la República, en 2013, también condujo exhumaciones cuyos resultados se han
sumado al dato final pese a lo accidentado del proceso, que incluyó reclamos de
las víctimas por la falta de asistencia psicológica a los familiares durante
las exhumaciones. Cada uno de los cadáveres, posteriormente identificados y
cuya fecha de muerte se ha comprobado que no es posterior a 1981, constituye
una prueba incuestionable del crimen.
Este nuevo registro oficial cierra en todo
caso ese debate, y abre la posibilidad de que el Estado cumpla con las medidas
de reparación a las víctimas que le exige la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que en 2012 condenó a El Salvador por violar en El Mozote
derechos a la vida, a la libertad, integridad personal, propiedad privada,
protección judicial y convenios contra la tortura a los que El Salvador está
suscrito.
Los
pasos para llegar a un número final
Han existido tres registros de víctimas,
dice Wilfredo Medrano, miembro del consejo directivo de este nuevo registro
oficial de víctomas de El Mozote y abogado en la Oficina de Tutela Legal María
Julia Hernández, organización heredera del Socorro Jurídico, la oficina del
Arzobispado de San Salvador que monseñor Óscar Arnulfo Romero creó para brindar
asistencia judicial en El Salvador de la guerra civil.
Esa oficina creada por Romero levantó en
1989 el primer registro in situ con sobrevivientes y víctimas de El Mozote. La
información se recopiló en fichas que incluían nombre, edad, ocupación, padres,
donde vivían cuando fue la masacre, y dónde los mataron.
20 años más tarde, la Asociación Promotora
de Derechos Humanos de El Mozote trabajó para digitalizar ese archivo. A cargo
de ese trabajo estuvieron dos personas: la británica Anne Griffin, religiosa
católica, y el irlandés Daniel Ferguson, un voluntario. Esa base de datos fue
ampliada con el objeto de reactivar el caso de El Mozote ante la CIDH, donde había
estado detenido. La sentencia de la Corte interamericana se basó en aquel
listado de víctimas: 440 ejecutados, 48 sobrevivientes, 124 familiares de
víctimas ejecutadas, 29 personas desplazadas y otras 54 personas que se decían
víctimas pero aún no estaban acreditadas como tales. En total: 695 personas.
El tercer registro, el oficial, supera esa
cantidad en casi mil personas. Según la Presidencia, el trabajo para este
conteo empezó por un compromiso
verbal que adquirió Mauricio Funes en su discurso ante los actuales
habitantes de El Mozote del 16 de enero de 2012. Ese día, Funes pidió perdón en
nombre del Estado por los hechos de diciembre de 1981 y ordenó a la Fuerza
Armada que revisara su historia para no honrar a criminales de guerra. Prometió
además un censo para identificar víctimas.
Ese censo tuvo como punto de partida la
lista que se presentó ante la Corte Interamericana y ha estado sometido a
constantes revisiones y depuraciones. Su elaboración está a cargo de la
Dirección General de Estadísticas y Censos -Digestyc- y es supervisada por un
consejo directivo que reúne a representantes del Estado, de las víctimas y de
organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Para que una persona sea admitida en el
registro deben cumplirse tres condiciones. Uno, que esté razonablemente
identificada con documentos. Dos, que sea residente de alguno de los cuatro
caseríos y dos cantones identificados como los lugares de la masacre, o haberse
refugiado temporalmente en la cueva del Cerro Ortiz. Y tres, no haber
pertenecido, durante la guerra, a la guerrilla o al ejército.
Comprobar que cada caso cumple estos
requisitos ha requerido investigación documental y testimonial. Durante la
guerra, muchos registros como partidas de nacimiento se perdieron por los
ataques de la guerrilla a las alcaldías. "Para establecer la existencia de
una persona se requería una fe de bautismo, un documento, una constancia de una
alcaldía... cualquier cosa, pero mínima", explica Wilfredo Medrano, quien
es además uno de los acusadores particulares del caso penal por El Mozote.
Para suplir esas carencias, el consejo de
registro ha admitido declaraciones juradas, otros documentos de identidad,
testimonios judiciales, esquelas de exhumación, registros administrativos -en
los casos en que existen-,o discusiones
en asambleas de víctimas. Al ser una base de datos oficial, también se ha
tenido acceso a informes del Registro Nacional de las Personas Naturales, para
solventar casos de homónimos.
"Se estima que hay un número alto de
víctimas que no tienen los documentos que les estaban pidiendo para poder
acreditar la condición de víctima”, dice Esteban Madrigal, un abogado
costarricense del Centro por la justicia y el derecho internacional (CEJIL),
que sigue los temas de El Salvador para esta organización. Madrigal cree que
también esto es responsabilidad del Estado: “No tienen esos documentos
precisamente porque se habían incendiado las alcaldías. El Estado tiene que
proponer y resolver de la mejor forma esa situación”, asegura.
Cuando la búsqueda de documentos ha sido
insuficiente, los encargados del registro han optado por técnicas cualitativas.
"La Digestyc hace ciertas entrevistas familiares. También se han
establecido otras figuras de referentes comunitarios", explica Medrano.
Los referentes sirven para resolver casos en que hay posiciones encontradas.
Por ejemplo, un caso en que se pedía incluir a una persona como víctima de la
masacre, pero un referente comunitario aclaró que la persona había muerto en
otra circunstancia: "No, él murió ahorcado, eso es falso".
Las
deudas que persisten
Esta lista consolidada de víctimas de El
Mozote no se considera aún cerrada y podría incorporar todavía nuevos nombres,
pero Medrano asegura que se trata de un registro muy avanzado. El Estado cumple
así cuatro años tarde con una obligación impuesta en 2012: "La Corte
(CIDH) le otorgó al Estado un plazo de un año para consolidar y tener listo el
registro de víctimas", dice Madrigal.
La existencia del registro es un
prerrequisito para las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana, que
son independientes de cualquier resolución en que termine el juicio
penal que se sigue actualmente en El Salvador para determinar
la posible responsabilidad de 18 altos
mandos militares por la masacre. Algunas de las reparaciones que
ordenó la CIDH son económicas. Otras tienen que ver con el desarrollo en las
comunidades que fueron afectadas por la masacre.
El Faro pidió a la Presidencia un informe
de las reparaciones que han recibido las personas que aparecen en el registro
de víctimas de la masacre. El Ejecutivo, en su respuesta detalla 25 acciones de
infraestructura entre las que incluye mejoramiento de carreteras, proyectos de
energía eléctrica y agua, o reparaciones a escuelas y unidades de salud.
“Muchas de las reparaciones que el Estado
llama como tal son obligaciones generales que tiene, en términos de derechos
económicos, sociales y demás”, reclama el abogado Madrigal. La misma opinión
tiene Wilfredo Medrano: “Hay una confusión con que las políticas del gobierno
ordinarias son medidas (de reparación), que es un deber del Estado”, dice.
“Cuando vos me decís eso, yo no veo que haya mejorado la calidad de vida de la
gente a raíz de la sentencia”.
Krissia Moya, representante de las
víctimas en el consejo del registro, explica que por mucho tiempo le han dicho
al Estado que la salud y la educación son derechos de todo salvadoreño. Pero la
respuesta estatal ha sido que algunos de esos programas se implementan
específicamente en El Mozote a raíz de la sentencia de la CIDH. “Nos dijeron
que la unidad de salud (del programa) Ecos en El Mozote se construyó obviando
requisitos del número de población”, ejemplifica. La misma respuesta obtienen
en el área de educación: “Ellos dicen que escuelitas super pequeñas con 20 o 30
niños, se han mejorado como si fueran una escuela urbana. Políticamente,
siempre van a tener una justificación a todo”.
Para Moya, que trabaja con la Asociación
de Derechos Humanos de El Mozote, es fácil identificar áreas de la sentencia
que faltan por cumplirse. Por ejemplo, en oportunidades de educación. Los más
jóvenes sobrevivientes de la masacre rondan los 40 años y por eso han pedido
becas de estudio para sus hijos, no para ellos, aunque el vínculo de los
beneficiarios con las víctimas sea más lejano. Esto no ha ocurrido.
La asociación también pidió que se incluya
el relato de los hechos de El Mozote como un tema de estudio para todos los
estudiantes del país, algo que tampoco ha sucedido. El Salvador no se pone de
acuerdo para contar su historia.
La única reparación que todos coinciden
que ha avanzado es la económica. “Lo más fácil fue cumplir con la
indemnización”, dice Moya. Hasta mayo de 2017, el Estado había entregado 1.8
millones de dólares en indemnizaciones a 172 sobrevivientes y familiares de
víctimas ejecutadas. Aunque podría ser lo más sencillo, esos beneficiarios
corresponden solo al 27% del total de personas que deben recibir una
indemnización, según la sentencia de la CIDH.
