Elsa Coronado
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Once mujeres de la comunidad de Sepur Zarco denunciaron la esclavitud
sexual a la que fueron sometidas por el Ejército guatemalteco, y sus
victimarios fueron condenados el año pasado. A finales de los años setenta
reclamaron a los soldados por la desaparición de sus esposos, que exigían la propiedad
de sus tierras. En respuesta fueron violadas y forzadas a trabajar para los
soldados. Cuarenta años después la piedra de Sísifo sigue subiendo: la tierra
sigue sin pertenecerles, siguen viviendo la marginación y el olvido estatal, y
una niña de 13 años fue violada y embarazada. Una sentencia judicial las
respalda, pero aún no logran que el Estado cumpla con entregarles la propiedad.
Sepur Zarco no existe en el mapa de Guatemala. Como muchas comunidades del
país, es invisible, incluso en la cartilla geográfica oficial. La aldea está
ubicada a casi 400 kilómetros de la capital, en el municipio de El Estor,
Izabal. Decimos aldea, aunque oficialmente no está registrada como tal, porque
es una finca privada que en papeles le pertenece a ocho personas. Sin embargo,
está habitada desde hace más de medio siglo por indígenas quekchíes que la
consideran su heredad.
Sin embargo, en 2016 once mujeres de la comunidad lograron llamar la atención,
no solo de Guatemala, también a nivel internacional. Las mujeres
consiquieron una sentencia condenatoria contra un teniente coronel y a un
excomisionado militar, por los abusos sexuales y delitos contra la humanidad
que sufrieron en 1982, la desaparición forzada de siete hombres y el asesinato
de una madre y sus dos hijas. Todos estos crímenes fueron cometidos por
soldados con el conocimiento y la colaboración de los sentenciados. Además de
la condena a 240 y 120 años de
prisión para cada uno, emitida en
febrero del año pasado, el Tribunal A de Mayor Riesgo ordenó al Estado cumplir
con la “reparación digna” a las víctimas y a la comunidad. Esto significa que
las instituciones gubernamentales deben organizarse para llevar atención
médica, oportunidades educativas y, entre otras cosas, resolver el reclamo de
tierras que originó la muerte y desolación en el pueblo. Todo indicaba que
las autoridades por fin se ocuparían de sus necesidades.
Ese mandato judicial es la única oportunidad que tiene Sepur Zarco para
transformar su realidad. Pero lograr que se cumpla, es otra batalla que deben
enfrentar.
La
ruta hacia Sepur Zarco es una tragedia
Lo primero
que hay que saber de esta comunidad es que es un lugar lejano, aislado y en
consecuencia, de difícil acceso. Sus habitantes pagan, literalmente, el precio
de su lejanía. Para llegar al centro del municipio, en El Estor, deben hacer un
trayecto de casi 80 kilómetros. Empiezan en un picop, pasan por una balsa sobre
el río Polochic, en jurisdicción de Panzos, Alta Verapaz, y terminan, con
suerte, amontonados en un microbús que los lleva hasta El Estor. Para llegar a
la capital harían falta otros 320 kilómetros en la carretera Jacobo Árbenz
Guzmán.
La mayor
parte del camino es de una terracería que, según el estado del tiempo, se
convierte en un lodazal o en una polvareda amarillenta con zanjas y montículos
imposibles de evadir. El transporte no abunda. Es común ver que los picops van
sobrecargados con gente, animales y mercadería. Y que los microbuses llevan
pasajeros en los techos y colgados de las puertas.
Lo
dificultoso del trayecto es un hecho aceptado con resignación. El problema es
que la mayoría de los pobladores no puede darse el lujo de viajar con
frecuencia. Para ir y volver de El Estor hay que tener Q80 por persona solo
para el transporte. A la gente le resulta más barato (Q30) y menos complicado
ir y volver de Panzos.
En ambos
casos las tarifas son casi imposibles de cubrir, porque la mayoría de la
población percibe ingresos que no superan los Q50 diarios por persona. El dato
surge de una encuesta realizada en 2016 por Mujeres Transformando el Mundo
(MTM), una de las organizaciones que apoya a las víctimas en su búsqueda de
justicia.
Lo grave de
esta situación es cuando ocurren las emergencias. En una comunidad cercana hay
una ambulancia del Ministerio de Salud, pero el enfermero, que a la vez es el
conductor responsable del carro, no puede hacer los viajes gratis. El gobierno
no le surte de gasolina, ni llantas o lubricantes. En una ocasión la
desesperación lo llevó a cruzar la ambulancia sobre un puente, para
obstaculizar el paso de los camiones cargados con la semilla de la palma de una
finca cercana. Lo que buscaba era que le ayudaran a comprar llantas nuevas para
el vehículo y lo logró. En menos de 24 horas la empresa Naturaceites le entregó
cuatro neumáticos y un estetoscopio.
Para evitar los bloqueos que perjudican su negocio, la empresa de aceite de
palma acepta fungir algunos deberes que corresponden al Estado. Por ejemplo,
ofrece asistencia prenatal a mujeres embarazadas, paga el servicio de energía
de algunas viviendas y ha colaborado con materiales para que se construya un
salón comunal.
Lo que no atiende son las emergencias que necesitan un traslado hacia el hospital
de Santa Catalina La Tinta, otro municipio de Alta Verapaz que está a 30
kilómetros de Panzos o 17 kilómetros de Telemán, una aldea de este municipio
verapacense. En esos casos, el enfermero que labora para el sistema de salud
pública, acepta hacer los viajes a cualquier hora del día o la noche, siempre y
cuando los necesitados tengan los Q200 para el combustible de la ambulancia.
Los padres de los niños por nacer cubren ese gasto con la venta de un cerdo que
crían a lo largo de la gestación.
La falta de caminos en buen estado también afecta el desarrollo comercial
del área y el progreso educativo de sus habitantes. Es difícil que un cartón de
huevos sobreviva el recorrido, o que los jóvenes tengan los recursos
suficientes para salir todos los días a estudiar el diversificado. En Sepur
Zarco solo se imparte el ciclo básico.
El 3 de octubre Plaza Pública realizó la travesía hacia la
comunidad. El trayecto se hizo en dos horas y media, desde El Estor. En esa
ocasión el desbordamiento del Polochic había creado una laguna profunda que
impedía que los vehículos pudieran llegar hasta la balsa, en jurisdicción de
Panzos. Dos lancheros de la comunidad La Playa, de ese municipio, cobraban Q10
por trasladar personas y Q15 por llevar motocicletas de un lado a otro lado de
la inundación. Moscas voluptuosas, del tamaño de una moneda de 10 centavos
pululaban sobre las aguas, la maleza y las personas sudorientas. En esa zona la
temperatura promedio es superior a los 30 grados centígrados.
“No queremos bolsas de agua, queremos un puente”, dijo uno de los balseros
cuando notó que una cámara grababa su actividad. “Nos han ofrecido el puente,
pero no han hecho nada”, reclamaba.
Como los carros no podían pasar, la alternativa era llegar a Teleman y
cruzar el río Tinajas, en jurisdicción de El Estor. Pero el puente había
colapsado y no había señas de que alguna institución llegara a repararlo. Los
aguaceros habían provocado que el afluente aumentara, sin embargo, la necesidad
de cruzar obligaba a motoristas y conductores de picops a enfrentar la
corriente.
Mientras los foráneos dudaban al ver el caudal, los conductores habituales
asumían con naturalidad la desgracia. Colocaban la doble tracción y se
sumergían sin miedo con pasajeros y carga. Casi la mitad del carro quedaba bajo
el agua. A paso lento, 100 metros se cruzaban en una curva irregular para
evadir lo más profundo. Eran 40 segundos de tensión hasta emerger. Al salir
nadie se detenía a analizar los daños. Desde ahí seguía el trayecto, unos
minutos más hasta encontrar el pueblo o salir de él.
Tierra, salud, educación
En Sepur Zarco viven 1,419 personas. Ese es el registro más actualizado que
existe, a partir del censo que elaboró MTM.
Lo primero que se nota al llegar a la comunidad es la soledad de las
calles. El silencio es tan marcado que parece un pueblo fantasma. Las casas son
todas de madera con techo de paja o lámina y muchas están incrustadas entre la
maleza o en pequeñas cordilleras. Los habitantes no tienen acceso a servicios
básicos como agua potable, sanitarios o desagües. Por eso no extraña que las
diarreas y vómitos sean los males que aquejan a la mayoría. En casi todas las
casas hay una radio, pero están lejos del uso de internet. En el pueblo solo
funciona la red de telefonía Tigo.
Desde la sentencia las mujeres de Sepur Zarco aguardan a que las
condiciones de su pueblo cambien. El Tribunal ordenó 15 medidas de “reparación
digna” en beneficio de las víctimas y la comunidad.
El ministerio de Salud debe construir un centro de salud, y el ministerio
de Educación (Mineduc), reparar las instalaciones de las escuelas de primaria,
facilitar becas de estudios para jóvenes, instalar un instituto bilingüe para
bachillerato e incluir en sus cursos de estudio la historia de lo que sucedió
en la comunidad. Ni el centro de salud ni el instituto se pueden construir en
este momento, porque las tierras son propiedad privada y el Estado solo puede
edificar en terrenos públicos.
El Mineduc no ofreció detalles del cumplimiento de los otros compromisos
que le asignaron. Lo único que se sabe es que la entidad autorizó a la Unión
Nacional de Mujeres de Guatemala (Unamg) la publicación e impresión de dos mil
ejemplares del cómic “La luz que vuelve”. Un texto que, en 38 páginas,
resume con viñetas y apuntes históricos la lucha campesina por la tenencia de
la tierra, el conflicto armado interno y la desaparición forzada de varios
líderes comunitarios. El texto será distribuido entre estudiantes del nivel
básico de Sepur Zarco y comunidades aledañas.
Mientras tanto, el proceso de legalización de las tierras está de nuevo en
pausa. María Luisa Rivera Castellanos, Alma América Morales Valladares viuda de
Botran, Venancio Botran Lancho, Carmen Ana Botran Lancho de Alejos, Aurora
Inocencia Valdizan Botran de Herrera, Ana Margarita Valdizan Botran de
Gutiérrez, Olga Valdizan Botran de Gutiérrez y María del Carmen Valdizan Botran,
que figuran como los dueños legales de Sepur Zarco, le aseguraron a la
Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), que tienen disposición de vender. Pero no
han dicho a qué precio.
La SAA informó que al recibir la propuesta económica realizarán su propio
avalúo y después elevarán la información al Organismo Ejecutivo, porque no se
sabe cómo o de qué entidad saldrán los fondos para hacer la compra. Si no se
puede comprar a través del Fondo de Tierras, podría hacerse a través del ministerio
de Desarrollo Social, del Programa Nacional de Resarcimiento o del Fondo
Indígena. Sepur Zarco es un terreno de 29 caballerías, 46 manzanas y 2,939
varas cuadradas.
Cronología del reclamo de tierras
La finca donde se ubica Sepur Zarco pertenece a ocho personas. Es un
terreno privado que el Estado debe adquirir para entregar en propiedad a las
familias, de acuerdo con la sentencia. Los líderes comunitarios informaron que
en 1964, aproximadamente, ocuparon la finca Sepur Zarco, ubicada en El Estor
Izabal. Afirmaron que eran hijos de mozos colonos que habían trabajado para los
propietarios de la finca. Por nacer en el lugar, adujeron el derecho sobre el
inmueble.
2007 se abrió el caso en
la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)
2009 La SAA realizó un
análisis jurídico y un estudio técnico, en el que se confirmó que había
traslapes con las fincas San José Panorama, China Migro y San Miguel Cotoxja.
Se estableció que había otros conflictos con las fincas China Pancala y
Manguito II. A través de un acta, entre todas las comunidades que residen en
esas fincas, se logró un consenso para resolver los traslapes.
2014 la SAA logró
comunicación con María Luisa Rivera Castellanos, identificada como
representante de los propietarios de la finca. Ella aseguró que están anuentes
a vender.
2016 una sentencia en
favor de las mujeres que denunciaron abusos sexuales y esclavitud doméstica,
contempla que el Estado debe garantizarles el derecho a la tierra, entre otros.
2016 se identificó que
existía un usufructo vitalicio sobre una de las copropietarias y un embargo
precautorio sobre la finca, los cuales ya fueron resueltos en el Registro
General de la Propiedad.
2017 Los
copropietarios tienen pendiente trasladar la “carta de oferta” con la cifra que
han establecido para la venta de la finca Sepur Zarco al Estado.
La lucha de las mujeres
En julio de 1982, el Ejército instaló un destacamento de recreo para los soldados en Sepur Zarco. Según los testimonios recogidos por MTM,
los pobladores que no huyeron fueron obligados a construir la nueva sede
militar con los materiales de sus casas, las iglesias y la cooperativa.
El 25 de agosto de ese año, durante la fiesta patronal de Panzos, desaparecieron
varios hombres. Las mujeres de la comunidad y poblados próximos al destacamento
pedían información de sus esposos, pero a cambio sufrieron violaciones sexuales
y fueron obligadas a cumplir turnos de trabajos domésticos durante varios
meses.
Rosario Xo, de 57 años, una de las mujeres que denunció los abusos sexuales
y la desaparición de su esposo, sueña con el momento en que le asignen un lugar
dónde vivir. Actualmente está como huésped de su hermana en la comunidad San
Marcos. “No hemos visto nada desde que ganamos el juicio”, se queja. “Queremos
el centro de salud, que todo sea más accesible. Necesitamos verlo ahora que
estamos vivas”, expresa a través de un traductor.
La mayoría de mujeres son ancianas. Las más jóvenes tienen 57 años, y están
aquejadas por diversas enfermedades. Su condición económica es precaria, como
la del resto de la población.
MTM no las
ha dejado solas. Su directora ejecutiva, Paula Barrios, está preocupada porque
se cumplan las medidas de reparación que, acentúa, son “transformadoras” en
beneficio de la niñez y juventud, porque en las condiciones actuales “no tienen
oportunidad de hacer un proyecto de vida”.
En la
actualidad, los jóvenes solo pueden aspirar a un trabajo en los campos de palma
de Naturaceites, que están a un par de kilómetros de la comunidad. Incluso si
se gradúa del diversificado, un joven no puede conseguir empleo con facilidad.
Eliseo, por ejemplo,
a sus 21 años tuvo que regresar a vivir al pueblo después de cuatro años de
trabajar en la capital. Su último empleo fue como vendedor ambulante de pollos.
Recapacitó, dice, y resolvió que eso no era lo que quería hacer el resto de su
vida. Ahora, asegura, “tengo una meta que cumplir”. Quiere graduarse de
bachiller para aplicar a una plaza como policía. Este año concluirá tercero
básico en el instituto vespertino de Sepur Zarco.
Al terminar
sus estudios volverá a la capital. Quizá encuentre un empleo como ayudante de
almacén. Necesita un salario que le ayude a cubrir los gastos de los estudios y
de un cuarto en donde pueda vivir.
Si no sale
de Sepur Zarco, no podrá cumplir su meta. La situación de las mujeres jóvenes
es más difícil y predecible. Casarse, tener hijos, atender el hogar.
El maestro
Everardo Choc, un mil usos en el instituto, –imparte los cursos de matemáticas,
ciencias naturales, artes plásticas, física y contabilidad a 166 alumnos–
reconoce que entre la población todavía existe la creencia de que la educación
solo puede ser aprovechada por los hombres. “Las mujeres se casan jóvenes y no
llegan más allá de tercero básico”, explica.
Esa es la
realidad que la sentencia de Sepur Zarco, pretende transformar.
La niña del vientre que crece
Después del juicio de las 11 mujeres que denunciaron la desaparición de sus
esposos y los abusos sexuales y la servidumbre doméstica, se esperaría que no
ocurran más vejámenes. Que las lecciones del pasado sirvan para construir un
futuro mejor, pero la realidad es distinta a lo que se espera.
En abril de 2017 el ministerio de Salud asignó de forma provisional
una clínica móvil con dos enfermeros, para que la población pudiera obtener
asistencia y medicina gratuita. Gracias a esa clínica, se descubrió que una
niña de 13 años estaba embarazada. La pequeña, de ojos grandes, cabello oscuro
hasta los hombros, que viste andrajos, hizo la fila el 30 de agosto, cuando los
doctores cubanos llegaron para realizar una jornada médica.
Los vecinos ya habían notado que su vientre crecía. Le preguntaban pero
ella nunca respondía. Aura, la enfermera, convenció a la pequeña para que se
subiera a la camilla, se levantara la blusa y se dejara revisar. Le midieron el
vientre y calcularon que llevaba cuatro meses de gestación.
Aura empezó a escribir los datos de la paciente y le creó una ficha médica.
Le entregaron un blíster de pastillas prenatales que a la semana siguiente
devolvió vacío. No se sabe quién fue el abusador, pero hay varios sospechosos.
La niña vive de la caridad de los vecinos del pueblo. Cuentan que su madre
tiene casi una decena de hijos que atender y ella, la niña embarazada, le
resulta difícil de controlar. En la clínica sospechan que tiene una enfermedad
mental. No retiene información, no responde a las preguntas. Ella está
presente, pero su mente está en otro lugar.
“Ella hace lo que quiere, llega sin invitación a las casas, se queda a
comer y solo se devuelve a su casa a dormir”, son algunas de las quejas contra
ella. La enfermera y otras mujeres sospechan que en una de esas visitas alguien
se aprovechó de su inocencia y la dejó embarazada. No se sabe si la niña
comprende su condición. Cuando encuentra una banca de madera, sin reservas se
recuesta boca abajo.
Ramos Sub, el alcalde o presidente (así le llaman, porque es la máxima
autoridad en ese lugar) dirige el Consejo Comunitario de Desarrollo, reunió a
las demás autoridades para plantear la situación de la niña. “No es justo que
la mamá de la muchacha se haga cargo sola del niño”, dice. El caso es más serio
de lo que piensa. La niña fue abusada sexualmente, y la ley Contra la Violencia
Sexual estipula que se le debe dar acompañamiento legal, médico y protección
estatal para evitar que los abusos se repitan.
Nada de eso ha sucedido. MTM ha tomado el caso y se ha topado con un Estado
que no ofrece opciones para niñas abusadas, embarazadas y con discapacidad. La
única solución que plantean es trasladarla a un hogar en Cobán en los próximos
meses. Mientras, la pequeña de ojos grandes, cabello negro y mirada perdida
camina sola por las calles. Su embarazo es de alto riesgo debido a su edad. El
enfermero que maneja la única ambulancia de los alrededores, dice que no podría
tener un parto natural debido a su edad y constitución física, porque eso
pondría en peligro su vida. Su futuro está en riesgo.
Olvidar el pasado
Aunque las 11 mujeres ahora sonríen y tienen un semblante más animado,
todavía hace falta que el Estado les provea atención médica y psicológica.
Porque, ¿cómo se supera una violación, o más bien las violaciones repetitivas y
la desaparición de un ser querido?
A Matilde Sub, de 57 años, todavía se le humedecen lo ojos con facilidad
cuando recuerda. Ese ardor que producen las lágrimas resulta contagioso.
Aunque no quisiera recordar, es inevitable. La herida no está del todo
sanada, porque su esposo nunca apareció. La ausencia y el recuerdo de los meses
que pasó en la montaña, del sufrimiento de los niños que no tenían qué comer, es
una herida que todavía supura.
Le duele mucho más que la reparación que merecen y que se ha ordenado
judicialmente sea tan tardada. Sin embargo, ahora se puede quejar sin miedo a
represalias.
Mariano Mez, un líder comunitario de Sepur Zarco, cuenta que su padre y su
hermano colaboraban con alimentos a la guerrilla a finales de la década de
1970. En una ocasión regresaban del campamento insurgente cuando se detuvieron
a comer un pedazo de sandía en las cercanías de un río. Un grupo de soldados
los vieron y dispararon sin darles oportunidad de hablar. Su hermano vivió para
contar la tragedia, aunque el sonido de los disparos le provocó sordera en uno
de sus oídos.
Su madre, una mujer de 90 años que fue testigo en favor de las 11 mujeres durante
el juicio, porque también fue obligada a la servidumbre doméstica en otro
campamento militar, obligó a todos sus hijos a volver al pueblo. No creía
que pudieran sobrevivir en la montaña, así que regresaron con la resolución de
vivir o “que los soldados nos acaben”. De esos años difíciles quedan la memoria
y dos fotografías pegadas en la pared de madera de la casa en donde viven. Una
es de Mariano Mez Chub, asesinado el 11 de agosto de 1983 y otra de Mariano
Mez, hijo, con un fusil en el regazo. Un recordatorio de su breve paso por el
movimiento guerrillero.
Aunque los hechos del pasado se están juzgando, todavía hace falta que la
comunidad comprenda la importancia del juicio y las consecuencias que les
traerá.
A finales de septiembre la comunidad participó en una reunión conciliadora
en donde un grupo de señoras pidió disculpas por haber desmentido, sin
argumentos, el testimonio de las 11 víctimas que participaron en el juicio.
Las señoras fueron invitadas a un programa de televisión en VEA canal, en
la capital, para contar “la otra versión” de los hechos. No se sabe quién las
convenció para rebatir a sus compañeras, pero la intención era clara: restarle
responsabilidad al teniente coronel Esteelmer Reyes y al excomisionado militar
Heriberto Valdéz Asig, que fueron condenados y están obligados a pagar un
resarcimiento económico a cada víctima y sus familias.
Después de las disculpas, la reunión terminó en abrazos y armonía. Las 11
mujeres aseguran que en sus testimonios dijeron la verdad. Saben que tienen que
enfrentar oposición, pero no están dispuestas a retractarse.
Matilde Sub reconoce que “muchos hubieran querido participar (en el
juicio), pero tuvieron miedo”. Ella, en cambio venció el temor y habló. Ahora
forma parte de la colectividad Jalok U´ (rostro transformado en quekchí), en
conjunto con las otras diez víctimas que denunciaron.
Ese colectivo ha sido premiado y nominado a distinciones nacionales e
internacionales.
En 2016 recibieron la Orden Monseñor Juan José Gerardi Conedera, que entregó
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). En octubre
de 2017 fueron nominadas al Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga la
Asociación Pro Derechos Humanos de España.
En Jalok U´, doña Matilde ha descubierto que su voz cuenta. Que su
testimonio no fue poca cosa y que puede marcar la ruta para que otros delitos
sexuales cometidos durante el conflicto armado, también sean juzgados. Incluso,
el impacto de su testimonio ha logrado que dentro de su comunidad se les
reconozca con voz y poder de decisión. Un legado que, se esperaría, pueda
alcanzar a sus nietas.
Mientras arman los planes de emprendimiento económico junto a MTM, para que
puedan cambiar su estilo de vida, doña Matilde concluye con una reflexión que
aprendió en su vejez: “Tenemos derecho a buscar o quejar por justicia. Cuando
fui a reclamar por mi esposo no me dieron el derecho. Ahora en adelante ya no
podemos recibir los abusos de los hombres”.
