Susana González* Y Pablo Seguel**
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Lo que partió como una protesta por el
alza en la tarifa del Metro en Santiago, en una semana se transformó en la
mayor movilización en la historia del país. Sebastián Piñera pasará a la
historia como el mandatario que declaró una guerra imaginaria contra ciudadanos
desarmados con saldo de 3 mil 162 detenidos, mil 51 heridos de bala, 17
personas muertas por acción o inacción del gobierno. También lo será por haber
sido el presidente al que 1.3 millones de personas en las calles de Santiago y
un millón en regiones demostraron su repudio con la mayor manifestación de la
historia bajo la consigna: No son 30 pesos, son 30 años.
Los hechos. Al anunciar el alza de 30
pesos en la tarifa del Metro, que alcanzó 1.10 dólares, la respuesta no se hizo
esperar. Los estudiantes secundarios llamaron a evasiones masivas en este medio
de transporte el 7 de octubre, en una semana se realizaron al menos 52
manifestaciones de este tipo. El gobierno de Piñera no tardó en calificarlos de
delincuentes y manejó la situación como un problema policial y judicial.
El viernes 18 de octubre y con las
jornadas de evasión difundidas por diferentes medios, el gobierno decidió
cerrar el Metro y resguardar las estaciones con 90 por ciento de la policía de
Santiago, lo que colapsó el transporte público y aumentó la molestia en la
población.
Conforme pasaban las horas, el conflicto
se agudizó, las protestas se desplegaron en el centro de la capital y barrios
residenciales. A las 20 horas se inició el primer cacerolazo masivo, que
aumentó la tensión y comenzaron los primeros ataques incendiarios contra
estaciones de Metro. Mientras Santiago desarrollaba la mayor protesta de su
historia, Piñera comía pizza en el sector más acomodado del país. Se filtraron
fotografías y creció así la rabia.
A medianoche, sobrepasado por las
protestas, Piñera en cadena nacional tomó la fatídica decisión de declarar
estado de emergencia en Santiago y facultó al general del Ejército Javier
Iturriaga a restringir la libertad de movimiento y reunión.
La indignación ante dicha decisión
significó que al día siguiente el conflicto se extendiera al resto del país.
Diversos símbolos del neoliberalismo comenzaron a ser atacados, principalmente
contra el Metro, locales de las aseguradoras de fondos de pensiones (AFP),
bancos, peajes en autopistas, cadenas multinacionales como Walmart y supermercados.
La reacción nuevamente fue militar. Se
instauró el estado de emergencia en otras dos regiones, además se decretó toque
de queda, medida utilizada por última vez en Santiago en la dictadura
cívico-militar de Pinochet. Tras horas de silencio, Piñera informó el fin al
alza del pasaje del Metro, pero ya era demasiado tarde.
El domingo, con ocho fallecidos en las
manifestaciones y un millar de detenidos, Piñera se dirigió nuevamente al país.
En su discurso afirmó que el país se encontraba en guerra contra un enemigo
poderoso. La criminalización de las manifestaciones aumentó el descontento y
las protestas. Para el martes 22 de octubre, lo que se inició como una
manifestación contra el alza del Metro se transformó rápidamente en una protesta
nacional contra la precarización de la vida y las consecuencias sociales del
neoliberalismo profundizado en los últimos 30 años.
Los días siguientes se realizaron marchas
en las principales ciudades, una jornada de paro nacional entre el 23 y 24 y la
mayor movilización de la historia de Chile el viernes 25. El resultado: un
gobierno acorralado, sin iniciativa política y con la peor aprobación ciudadana
de un gobierno democrático (14 por ciento, según la encuesta Cadem).
¿Cómo
se gestaba ese malestar?
Chile es un país de ingresos medios altos,
con una baja tasa de pobreza y un alto índice de desarrollo humano (PNUD). Pese
a ello, la alta desigualdad excluye a los chilenos de los beneficios del modelo,
basado en la privatización de las diversas esferas de la vida (salud,
educación, pensiones, vivienda, agua potable, etcétera). Esto ha generado una
sensación de grave injusticia, desprotección y segregación social, reforzado
por una serie casos de corrupción estatal y política. Situaciones que no han
tenido espacio en una institucionalidad construida y diseñada para resguardar a
unos pocos y evitar transformaciones estructurales.
Luego de México, Chile es el país más
desigual de la OCDE. El ingreso promedio del 10 por ciento más rico de la
población es 19 veces mayor que el del 10 por ciento más pobre; 53.1 por ciento
de los trabajadores del país gana menos de 550 dólares al mes y 80 por ciento
de los mayores de 18 años está endeudado, y pagan millonarios créditos por
estudiar en la universidad y para cubrir necesidades de salud (Fundación Sol).
En promedio los aranceles universitarios son de 5 mil 500 dólares anuales,
razón de fuertes movilizaciones sociales en los 2006, 2011 y 2014.
El actual sistema pensiones que es
privado, ideado por el hermano del presidente, ha sido blanco de fuertes
críticas; 82 por ciento de los montos de las pensiones no alcanzan la línea de
la indigencia, más de 60 por ciento recibe una jubilación de entre 69 y 206
dólares; las pensiones de las mujeres son aún más bajas (Dictuc UC).
La privatización de los derechos en Chile
alcanza niveles absurdos. Es el único país que ha privatizado las fuentes de
agua dulce a grandes empresarios mineros y agrícolas, lo que genera graves
sequías en poblados del país con duras consecuencias.
La percepción sobre la corrupción ha
aumentado de la mano a la desconfianza en las principales instituciones del
país y del sistema económico. Casos de colusión empresarial en rubros como el
farmacéutico (2007-08), avícola (2016), papel higiénico (2014), se suman a una
serie de casos de corrupción política, judicial (2019), policial (2018) y
militar (2019).
La crisis está lejos de resolverse. La
élite empresarial y política, salvo excepciones, no tiene la capacidad de
responder el malestar de una ciudadanía que ha dicho basta. Los chilenos saben
que el sistema es injusto, que beneficia a unos pocos y que los costos del
mismo recaen en los trabajadores, por ello han dicho basta, no son 30 pesos,
son 30 años.
*Cientista política
**Historiador y sociólogo
